nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, veintidós de septiembre de dos mil veinte.

Al primer otrosí del escrito folio N° 72.893: ocúrrase en la forma y ante el tribunal que corresponda.

Vistos:

El 2 de junio de 2020, comparece doña Gaby Setevenson Tarifeño, abogada, en representación de don nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado y de don Maximiliano Paluz Núñez, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en impedirle el ingreso a su domicilio y el acceso a los muebles y documentación que se encuentran en éste, lo que habría perturbado las garantías consagradas en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de trabajo y el derecho de uso y goce del inmueble que arrienda.

Los recurridos evacuaron el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que la compareciente indica que el 1 de junio de 2020, a las 11:00 horas aproximadamente, el recurrente llegó a su domicilio ubicado en domicilio reservado, que arrienda a la recurrida, luego de estar fuera veinte días por la pandemia, y lo encontró clausurado con una cadena y candados en la entrada para impedir su acceso y el de su familia, la puerta tenía otros candados y otra chapa, y salió una mujer que le señaló que no podía entrar debido a que ella era la nueva arrendataria. Al preguntarle sobre sus cosas, la mujer le respondió que se las habían llevado hacía como cinco días y que no le devolverían nada.

Indica que estos hechos fueron realizados por la propietaria y arrendadora del inmueble, doña nombre reservado, junto con su abogado don Maximiliano Paluz Núñez, en causa sobre juicio de arriendo rol C-28674-2018 del Décimo Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra en etapa de cumplimiento, en la que el demandado -y recurrente de autos- no ha podido cumplir con la restitución del inmueble debido a dificultades económicas provenientes del estallido social y la pandemia. Agrega que el 1 de junio de 2020 efectuó denuncia en contra de los recurridos, por apropiación indebida, robo en lugar habitado y otros delitos, por el sistema SIAU. Manifiesta que en el interior del inmueble se encuentran los bienes muebles del actor, a saber tres televisores de 42 pulgadas, living, comedor, refrigerador, microondas, licuadora, cocina, ropa de toda la familia, dos camas de una plaza y media, una cama de dos plazas, muebles de cocina, cuadros, lámparas, cinco notebook Asus, dos impresoras láser HP y mercadería de primera necesidad (alimentos), además en un cuarto en el patio mantiene dos motores nombre reservado, todo lo que avalúa en la suma de $14.000.000 aproximadamente, además de documentación relativa al trabajo del recurrente. Añade que hasta la fecha de interposición del recurso, el actor no ha podido ingresar a la propiedad, lo que le ha generado un perjuicio económico y moral por las pérdidas millonarias, así como daño moral y emocional debido a la angustia de todo el núcleo familiar, estrés e impotencia por no poder volver a su hogar, sumado a la situación sanitaria, además del problema de los notebook dado que el trabajo del recurrente, actualmente, es mediante teletrabajo, siendo su única fuente de ingreso y sustento de su familia. Asevera que la actuación de los recurridos es casi delictual, al despojarlo de todos sus bienes sin orden ni autorización judicial, puesto que el actor y su familia estuvieron fuera de su domicilio veinte días por motivo de la pandemia, y los recurridos señalaron al tribunal que el inmueble estaba abandonado, sacaron todas sus pertenencias, clausuraron el ingreso y contactaron a un receptor que no tenía autorización ni orden judicial para realizar esa gestión. Indica además que el Décimo Juzgado Civil de Santiago, en la causa de arriendo, resolvió que la actuación de los recurridos era contraria a derecho.

En cuanto a la vulneración de la garantía del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sostiene que la actuación de los recurridos afecta la libertad de trabajo del actor, puesto que se le impide ingresar a su domicilio donde se encuentran sus notebook, documentos y archivos, privándosele del ejercicio legítimo de su derecho de continuar trabajando y desarrollando su actividad comercial, siendo ésta su única fuente de ingreso en esta etapa de alerta sanitaria. Respecto del derecho de propiedad, establecido en el numeral 24 del referido artículo 19 de la Carta Fundamental, alega que su vulneración es evidente al privarlo del uso y goce del inmueble arrendado.

Por último, pide que se acoja el recurso y se disponga que se le permita continuar con su vida en el inmueble arrendado, tener la libre disposición de sus bienes muebles y documentación, que se encuentran en el interior de éste, en la misma forma y condiciones existentes antes de los hechos denunciados; se le permita continuar con el uso y goce en el inmueble arrendado; se prohíba a los recurridos realizar cualquier vía de hecho que impida ejercer la libertad de acceder a la propiedad arrendada; se decreten todas las medidas que la Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos alegados en esta presentación; con costas.

Acompaña al recurso, copia de la planilla de datos de la denuncia efectuada en el sistema SIAU y resolución del Décimo Juzgado Civil de Santiago de 29 de mayo último, de la causa rol C-28674-2018, cuyo texto es el siguiente “Al escrito de fecha 27 de mayo de 2020, a folio 36: A lo principal y al otrosí: Atendido el tenor del acuerdo arribado por las partes en el comparendo celebrado con fecha 14 de noviembre de 2018, agregado a folio 20 de la carpeta digital, y en especial que, sin previa orden del tribunal, la parte demandante acompaña a la presentación, acta suscrita por el receptor judicial don Carlos Ruiz Loma-Osorio, con competencia territorial correspondiente a otra Jurisdicción, respecto al inmueble objeto de la Litis ubicado en la comuna de La Cisterna, por lo cual, no habiéndose procedido conforme a Derecho mediante la solicitud del respectivo exhorto, se resuelve; no ha lugar a lo solicitado”.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, el 2 de septiembre en curso, don nombre reservado, por sí y en representación de doña nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, en autos rol C-28674-2018, se demandó el término del contrato de arriendo por no pago de rentas, siendo partes, la recurrida doña nombre reservado como demandante, y el recurrente don nombre reservado como demandado. Añade que en los autos señalados, el 13 de noviembre de 2018 se acordó que a más tardar el 30 de mayo de 2019, cinco meses antes del llamado estallido social, el demandado haría abandono del inmueble, pero llegado el día convenido, el demandado -abogado señor Gutiérrez-, no respetó el acuerdo. Señala que atendido lo anterior, el compareciente pidió el cumplimiento incidental del avenimiento, y el 18 de junio de 2019, según resolución Folio 14, el tribunal ordenó el lanzamiento del demandado, exhortándose al juzgado civil de turno para cumplir dicha orden, pero debido a que el abogado del demandado señaló en un incidente de nulidad un domicilio laboral inexistente, como se desprende del atestado receptorial que se acompaña, dicha diligencia se frustró porque el receptor judicial no pudo notificar la orden del tribunal. Añade que por resolución Folio 35, de 20 de noviembre de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, teniéndose por notificado por el estado diario al demandado de la resolución que ordena el lanzamiento y de las futuras que se dictasen y estuvieren comprendidas en el artículo 48 de dicho código. Aduce que el 5 de marzo pasado junto con la recurrida y una persona autorizada por el demandado señor nombre reservado, visitaron la propiedad para constatar las condiciones en que se encontraba y personalmente tomó una serie de fotografías que demuestran el estado de abandono en que estaba a esa fecha. Expresa que el 15 de mayo de 2020 pidió a un receptor judicial que constatara el estado de abandono del inmueble, lo que hizo; y ante el temor de que extrañas personas ingresaran al inmueble y se lo tomarán, se lo entregó materialmente a su dueña y demandante en los autos rol C-28674-2018. Señala que el 27 de mayo del año en curso, por medio de escrito Folio 45, dio cuenta del cumplimiento tardío de aquella parte del avenimiento arribado ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, escrito al se resolvió erróneamente, según su parecer, porque negó lugar a una supuesta petición -que jamás se formuló-, en vez de tener presente lo que se le informó.

En cuanto al derecho, específicamente respecto del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, señala que de las fotografías que acompaña en un otrosí, se advierte que al 5 de marzo del año en curso no había ninguno de los 5 notebooks que contienen los supuestos elementos de trabajo del abogado y demandado señor nombre reservado. En segundo lugar, en lo que atañe al numeral 24 del referido artículo 19, hace presente que el 13 de noviembre de 2018, por medio de la conciliación, se puso término al contrato de arriendo que ligó a las partes, quedando pendiente sólo cumplir las obligaciones que emanaron del acuerdo arribado, a saber, que el demandado señor nombre reservado abandonaría el inmueble a más tardar el 30 de mayo de 2019, que pagaría las rentas adeudadas desde el mes de octubre de 2018, y que entregaría el inmueble con todas sus cuentas básicas al día. Destaca que con el mérito del estampado receptorial de 15 de mayo de 2020, acompañado al Décimo Juzgado Civil de Santiago el 27 de mayo pasado, el demandando señor nombre reservado dio cumplimiento -aunque de manera tardía- a uno de los puntos del acuerdo arribado en estrados del mencionado tribunal.

Acompaña dieciocho fotografías del inmueble sublite, tomadas el 5 de marzo de 2020; estampado receptorial de 15 de mayo de 2020 respecto del estado de abandono del inmueble; estampado receptorial de 29 de julio de 2019, respecto de una notificación que no se pudo realizar a la misma abogada doña Gaby Stevenson Tarifeño, en representación del demandado, de la causa rol C-28674-2018 del Décimo Juzgado Civil de Santiago; acta de conciliación de 13 de noviembre de 2018, en autos rol C-28674-2018 del Décimo Juzgado Civil de Santiago; expediente digital de la causa rol C-28674-2018, del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Tercero: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, lo que se reprocha a los recurridos es haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios, que se hacen consistir en impedir al recurrente, a partir del 1 de junio de 2020, el ingreso a su domicilio ubicado en domicilio reservado, que arrienda a la recurrida, mediante la instalación de cadenas y candados en la entrada y cambio de chapa de la puerta, e impedirle la libre disposición de sus bienes muebles y documentación que mantendría en el interior del inmueble arrendado.

Por su parte, los recurridos niegan estos hechos en el informe evacuado, afirmando que constataron el estado de abandono del inmueble el 5 de marzo pasado, quedando constancia en fotografías, y que el mismo estado fue constatado por un receptor judicial el 15 de mayo último, del que se dio cuenta al Décimo Juzgado Civil de Santiago en la causa rol C-28674-2018, sobre término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas, juicio en que el recurrente de autos es el demandado.

Quinto: Que de los antecedentes aportados por el actor, descritos en el considerando primero de esta sentencia, no es posible establecer que los recurridos hayan incurrido en la conducta cuestionada en el recurso. En cambio, los documentos acompañados por los recurridos, pormenorizados en el fundamento segundo, permiten asentar que el recurrente abandonó el inmueble arrendado sin dejar en éste los muebles ni la documentación descrita en el recurso, toda vez que se observa tanto de las fotografías como de la certificación del abandono efectuada por un ministro de fe el 15 de mayo del año en curso.

Sexto: Que en estas condiciones, al no encontrarse establecido el primero de los presupuestos para la procedencia del recurso de protección, esto es, las acciones invocadas por el recurrente, el recurso intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido en representación de don nombre reservado en contra de doña nombre reservado y de don Maximiliano Paluz Núñez.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 5.457-2020 PROTECCIÓN.