nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTRO

Dejo constancia que se anunciaron y alegaron por el recurso la abogada doña Karla Mateluna Navarro y en su contra la abogada doña Verónica Ibarra Pizarro. En San Miguel, a 7 de enero de 2025, Carolina Cordero Jara, relatora.

San Miguel, siete de enero de dos mil veinticinco.

A los escritos folios N°s 21 y 22: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Daniel Iturra Álvarez, abogado, en representación de nombre reservado, cesante, domiciliada en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, en adelante SSMO, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Directora, nombre reservado, y de la Contraloría General de la República, en adelante CGR, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Contralor General, Dorothy Pérez Gutiérrez, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la resolución TRA No 120681/2/2024 de fecha 13 de agosto de 2024, del Complejo Hospitalario San José de Maipo, en adelante CHSJM, dependiente de la recurrida SSMSO, y la resolución exenta N°16.617, de 30 de octubre de 2024 de la CGR, que declaro vacante su cargo por salud incompatible, actos que estima infringen las garantías reconocidas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que con fecha 14 de agosto de 2024, se notificó por correo electrónico a la recurrente la Resolución TRA No 120681/2/2024, dictada el 13 de agosto de 2024 por el Complejo Hospitalario San José de Maipo, en adelante CHSJM, dependiente del SSMO. Mediante dicha resolución se declaró que la Sra. nombre reservado presentaba salud incompatible para el desempeño de su cargo, debido al uso de licencias médicas por un período continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar una declaración de salud irrecuperable. En consecuencia, se declaró vacante su cargo de profesional grado 9° en la escala única de sueldos, con una jornada de 44 horas semanales.

Refiere que la resolución, fundamentada en diversos artículos legales y normativas administrativas, fue cuestionada por la recurrente al considerar que carecía de una adecuada fundamentación. Posteriormente, con fecha 20 de agosto de 2024, la Sra. nombre reservado presentó una reclamación ante la CGR, en virtud del artículo 160 del DFL N° 29 de 2004, dentro del plazo legal. Sin embargo, la Contraloría rechazó la reclamación el 30 de octubre de 2024, basándose en la resolución exenta N°137/2/2024, que señalaba la recuperabilidad de su salud, a pesar de que la afectada presentó 390 días de licencia médica entre el 1 de abril de 2023 y el 29 de julio de 2024 por enfermedad común.

Relata que ingresó al CHSJM el 1 de abril de 2019, tras un proceso concursal, desempeñándose como jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas hasta el 31 de enero de 2023, momento en que solicitó un cambio de funciones. Pasó a desempeñar labores en teletrabajo como profesional de apoyo en el mismo departamento, con un ajuste en su remuneración que implicó cambiar del grado 7° al 9°. Dicha modificación fue respaldada mediante la Resolución N° 913, de fecha 12 de abril de 2023. Durante su desempeño, obtuvo evaluaciones sobresalientes, anotaciones de mérito y realizó diversas capacitaciones, destacándose por su profesionalismo.

Continua e indica que en 2023, la Sra. nombre reservado decidió trasladarse a vivir a la ciudad de Angol para facilitar la relación entre su hijo y su padre. Sin embargo, esta situación derivó en episodios de violencia intrafamiliar por parte del padre del niño, lo que motivó a la afectada a denunciar ante el SERNAMEG, recibiendo atención social, psicológica y jurídica. Durante el proceso judicial se dictaron medidas cautelares contra el agresor, las cuales no se cumplieron, situación de la que el SSMSO estaba al tanto. Las agresiones y la preocupación por la salud mental de su hijo afectaron significativamente a la recurrente, quien comenzó a experimentar trastornos del sueño, dificultades de concentración y afectaciones en su desempeño laboral. En marzo de 2023 inició tratamiento psiquiátrico, incluyendo terapia y reposo médico, manteniéndose con licencia médica desde el 1 de abril de 2023. Los diagnósticos emitidos por el psiquiatra tratante incluyeron episodio depresivo refractario, trastorno de estrés postraumático, trastorno de dolor persistente somatomorfo, fibromialgia y trastorno del sueño.

Expresa que el 29 de noviembre de 2023, el CHSJM notificó a la Sra. nombre reservado la no prórroga de su contrata para el año 2024, fundamentando su decisión en el uso de licencias médicas por más de 180 días en los últimos dos años y en la supuesta falta de necesidad de su cargo. La afectada impugnó esta decisión ante la Contraloría General de la República, señalando que no se cumplió el requisito de obtener un pronunciamiento de la COMPIN sobre la irrecuperabilidad de su salud. Además, argumentó que el cargo que desempeñaba seguía siendo necesario, como lo evidenció la designación de un subrogante.

La Resolución Exenta N° 137/2/2024, emitida el 22 de enero de 2024, concluyó que la Sra. nombre reservado presentaba un estado de salud recuperable, lo que contradice la decisión de declarar la vacancia de su cargo por salud incompatible. Asimismo, la afectada señaló que la decisión vulneró los principios establecidos en la Ley N° 21.675, que obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, adoptando medidas de protección y reparación para las víctimas, obligaciones que no fueron cumplidas por el SSMSO.

En virtud de los antecedentes médicos y legales presentados sostiene que su estado de salud no es incompatible con el ejercicio de sus funciones y que la decisión de las recurridas carece de fundamento médico y jurídico, solicitando que se rectifique conforme a Derecho.

Pide se acoja el recurso, se declaren las resoluciones recurridas, conjuntamente con todos los actos y el proceso administrativo que las sustentaron, adolecen de nulidad, resolviendo dejarlas sin efecto y ordenándose a la recurrida la reincorporación a sus labores antes de la separación de sus funciones, se paguen todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados y aplicándose los intereses legales correspondientes, entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso, bajo apercibimiento legal, con costas.

Segundo: Que informa al tenor de lo solicitado el Complejo Hospitalario San José de Maipo, quien solicita el rechazo de la acción constitucional de protección atendido que la declaración de vacancia del cargo de la recurrente por salud incompatible, se realizó conforme al marco legal vigente y con apego a las disposiciones aplicables.

En primer lugar, señala que la resolución impugnada se fundamenta en el artículo 151 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, que faculta al jefe superior de un servicio para declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo cuando el funcionario haya hecho uso de licencias médicas, continuas o discontinuas, por más de seis meses en un período de dos años, sin necesidad de una declaración de salud irrecuperable.

Asimismo, destaca que la Ley 21.050 introdujo una modificación al Estatuto Administrativo, exigiendo que, previo a la declaración de salud incompatible, se solicite a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) una evaluación técnica sobre la condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario. Sin embargo, argumenta que el pronunciamiento de la COMPIN no tiene carácter vinculante para el jefe del servicio, ya que constituye únicamente un antecedente técnico que debe ser considerado, sin limitar la facultad discrecional de la autoridad administrativa para tomar la decisión final.

Argumenta que la resolución está debidamente motivada, respaldada en fundamentos objetivos y alineados con los dictámenes obligatorios de la Contraloría. Rechaza cualquier imputación de arbitrariedad, señalando que la decisión se basa en el ejercicio de una potestad exclusiva de la administración, orientada al correcto funcionamiento del servicio público.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, sostiene que no se ha vulnerado la igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, ya que no se ha demostrado un trato diverso o discriminatorio hacia la funcionaria en comparación con otros empleados del servicio. Tampoco se considera que se haya afectado la libertad de empleo del artículo 19 N° 16, ya que la declaración de vacancia no impide a la recurrente ejercer otras actividades laborales. Respecto al derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24, arguye que el desempeño de una función pública no genera un derecho de propiedad sobre el cargo, ya que este se encuentra al servicio del Estado y del bien común.

Tercero: Que el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, adhiere a lo informado por el complejo hospitalario y solicita el rechazo de la acción constitucional.

Hace presente que en este caso, la exfuncionaria acumuló un total de 420 días de licencias médicas en un período de dos años, lo que impactó significativamente en la operación del Complejo Hospitalario San José de Maipo, ubicado a más de 500 kilómetros del domicilio en donde la recurrente residente, en la Región de La Araucanía.

Según el acto administrativo su prolongado ausentismo generó una alta rotación de personal en reemplazo, afectando la planificación y sobrecargando al equipo responsable de suplir sus funciones. Este impacto operativo fue uno de los argumentos principales para justificar la vacancia del cargo.

Adicionalmente, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) determinó que la salud de la funcionaria era recuperable, lo que habilitó al jefe superior del servicio para ejercer la facultad discrecional que otorga el Estatuto Administrativo. En este sentido, se solicitó previamente la evaluación de la COMPIN, cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido para garantizar que la decisión estuviera basada en un análisis técnico y objetivo.

Añade que el artículo 151 del Estatuto Administrativo precisa que las licencias médicas relacionadas con accidentes laborales, enfermedades profesionales y maternidad no se consideran para el cómputo de los seis meses requeridos por la norma. En este caso, no se alegó que las licencias médicas de la exfuncionaria estuvieran vinculadas a estas excepciones, por lo que se consideraron válidas para fundamentar la declaración de salud incompatible.

La normativa también señala que la declaración de vacancia es una de las formas de cese de funciones en el sector público, siempre que se cumplan los requisitos legales. Así, el uso reiterado de licencias médicas, sumado al dictamen de la COMPIN sobre la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, configuró el escenario normativo para que el jefe superior del servicio pudiera dictar la vacancia. Esta decisión no solo fue fundamentada en el marco legal, sino también en el impacto operativo que el prolongado ausentismo generó en el hospital, un establecimiento dedicado a garantizar servicios de salud a la comunidad.

En este contexto, arguye que la declaración de vacancia se presenta como una medida ajustada a derecho, que busca equilibrar el cumplimiento de las normas laborales del sector público con las necesidades operativas de un establecimiento de alta relevancia social.

Cuarto: Que, informa la Contraloría General de la República y en primer lugar alega la falta de legitimación pasiva, pues a su juicio la acción cautelar busca que la Corte revise y anule la decisión del Complejo Hospitalario San José de Maipo que declaró la vacancia del cargo de la actora, acto que ésta considera lesivo. Sin embargo, enfatiza que la Contraloría no participó en dicho acto administrativo, por lo que carece de legitimación pasiva en este recurso. En consecuencia, solicita rechazar la acción respecto de la Contraloría, ya que el conflicto debe resolverse exclusivamente con el hospital involucrado.

En relación con la actuación de la Contraloría, sostiene que la resolución emitida se ajusta plenamente al marco legal y constitucional aplicable. Dicha resolución fue dictada en el contexto de un procedimiento motivado por el reclamo de la actora, basado en antecedentes objetivos y en el ejercicio de las facultades propias de la Contraloría. La falta de acuerdo de la actora con el pronunciamiento no implica que este sea arbitrario o ilegal, ya que fue emitido respetando las normas y principios jurídicos vigentes.

En cuanto al fondo del asunto, hace una distinción entre las causales de salud irrecuperable e incompatible con el desempeño del cargo, reguladas en los artículos 151 y 152 de la ley N° 18.834. Estas causales son distintas, tanto en su naturaleza como en los procedimientos aplicables. En el caso de salud irrecuperable, se otorgan derechos específicos al funcionario, como un plazo de seis meses con goce de remuneraciones antes de la declaración de vacancia del cargo. Por el contrario, cuando se trata de salud incompatible, la normativa faculta al jefe superior del servicio a declarar la vacancia del cargo siempre que concurran los requisitos establecidos, entre ellos, el uso prolongado de licencias médicas y la declaración de la COMPIN sobre la recuperabilidad de la salud del funcionario.

Explica que en el caso específico de la actora, la COMPIN declaró que su salud era recuperable, lo que habilitó al jefe del servicio para determinar que su estado era incompatible con el desempeño del cargo, cumpliendo los requisitos legales pertinentes. El procedimiento seguido para declarar la vacancia del cargo se ajustó estrictamente a lo dispuesto por la normativa vigente, sin que se advierta una infracción al ordenamiento jurídico.

Finalmente, respecto de la alegación de vulneración a los principios establecidos en la ley N° 21.675, destaca que dicha normativa busca prevenir y erradicar la violencia de género, estableciendo principios que deben considerarse en toda actuación de las instituciones públicas. Sin embargo, en el presente caso, no se configura una vulneración de dichos principios, ya que la decisión adoptada se fundamentó en el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y no en un acto discriminatorio o arbitrario en razón de género. Por lo tanto, no puede atribuirse a la declaración de vacancia del cargo un carácter de violencia institucional conforme a lo dispuesto en la ley antes mencionada.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, los actos que se califican como arbitrarios e ilegales son las resoluciones TRA No 120681/2/2024 de fecha 13 de agosto de 2024, del Complejo Hospitalario San José de Maipo, dependiente de la recurrida Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y la resolución exenta N°16.617 de 30 de octubre de 2024 de la Contraloría General de la República.

La cuestión que corresponde dilucidar es si la Directora del Servicio de Salud tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo como lo hizo.

Séptimo: Que de acuerdo al mérito de los antecedentes que obran en autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por ciertos los siguientes antecedentes:

1.- Doña nombre reservado, prestó servicios en el Complejo Hospital San José de Maipo, grado 9°.

2.- La recurrente hizo uso de licencias médicas por un período de 420 días, esto es, superior a 6 meses en los últimos 2 años.

3.- Por Resolución Exenta N°137/2/2024, de 22 de enero del año 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur Oriente, declaró la salud de la actora como recuperable.

4.- Por resolución TRA No 120681/2/2024 13 de agosto de 2024, se declaró vacante el cargo por considerarse su salud incompatible con el desempeño de la función para la que fue contratada, al haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a los seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

5.- Por resolución exenta N°16.617, de 2024, se desestimó su reclamo de ilegalidad por parte de la Contraloría General de la República.

Octavo: Que el artículo 146 letra c) de la Ley N°18.834 establece que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (…) c) Declaración de vacancia”; y, el artículo 150 letra a) dispone que “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: (…) a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;…”.

A su turno, el artículo 151 de la ley en análisis prescribe: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Noveno: Que para que tenga lugar la declaración de vacancia en el cargo por salud incompatible deben concurrir los siguientes requisitos copulativos:

a) Que el funcionario haya hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses, sean continuas o no;

b) Que las licencias tengan lugar en los dos últimos años;

c) Que la licencia no tenga como causa accidentes en actos de servicios, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad;

d) Que la salud del funcionario haya sido declarada recuperable por la COMPIN competente.

Décimo: Que de lo reseñado se desprende que el servicio de salud recurrido ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

El control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos: a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza; b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada; c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad); y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder. Con todo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

Undécimo: Que es pertinente tener en consideración, además, que el acceso a la salud de los ciudadanos, representa un derecho asegurado en la Constitución Política de la República de Chile, el cual supone que los funcionarios que integran los Servicios de Salud, estén prontos a desempeñar las funciones que les corresponden. Es así como el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de así no hacerlo, incurrir en responsabilidades por falta de servicio, es decir, el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria, no ha permitido y, por el contrario, ha obstaculizado la labor permanente y continua a la está obligada la Administración del Estado. Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio, facultó al Jefe del Servicio a subsanar la situación a través de esta vía.

Décimo segundo: Que, en consecuencia, es dable concluir que los actos impugnados no son ilegales, por cuanto se fundan en lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N°18.834; tampoco son arbitrarios, puesto que expresan los motivos por los que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

En el presente caso la recurrente sostiene, de modo erróneo, que por haberse declarado por la COMPIN respectiva que su salud es recuperable, no procedía la declaración de vacancia que impugna, yerro que confunde u olvida que la autorización legal para la declaración de vacancia puede ser tanto porque la salud de la funcionaria es irrecuperable, como también que es incompatible, con las funciones que desempeña, según se aprecia de lo previsto en el citado artículo 150 letra a) del Estatuto Administrativo, que al aludir a dichas situaciones de salud, las separa con la voz disyuntiva “o”, que ratifica se trata de cuestiones distintas o diferentes.

De esta manera, se constata que el servicio recurrido se ha limitado a ejercer una facultad discrecional sin que se divise arbitrariedad en su ejercicio, a su turno, el organismo contralor ha rechazado la reclamación en que expresa los motivos por las que se arriba a dicha conclusión, motivos por los cuales el recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 5425-2024 Protección