nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

Foja: 56 cuarenta y seis En Santiago, a diez de enero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 5 comparece don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Puente Alto y dice:

Que, trabaja como chofer en la Empresa de Servicio de transporte de personas Santiago S.A. ingresando el 06 de mayo de 2017 y que al momento de recibir su remuneración de agosto de 2017, existe un descuento automático de Caja La Araucana por $101.451.- y esto se repite el mes siguiente, por la suma de $126.016.-, correspondiente a la remuneración de septiembre 2017, señala que no había contratado ningún crédito con Caja de Compensación La Araucana y que concurrió a las oficinas de ésta última, donde le informaron que el descuento procedía de un crédito social del año 2008, con Caja de Compensación Los Andes, por la suma de $2.755.048.-, señala que tuvo conocimiento el 21 de septiembre de 2017, ya que le hicieron entrega de los créditos personales y del detalle descontado.

Continúa diciendo que el crédito se solicitó en Caja Los Andes el 11 de abril de 2008, por la suma de $2.755.048.-, en cuarenta y ocho cuotas, que se pagaban mediante descuento de sus remuneraciones y que fue desvinculado de la empresa quedando en mora la cuota 21, es decir, quedó debiendo desde la cuota 21 a la 48, continúa indicando que la Caja La Araucana, hace los descuentos para remesar a la Caja Los Andes, fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833, sin embargo, debe tratarse de créditos exigibles y mientras siga prestando servicios, en la Empresa afiliada a determinada Caja y no para créditos morosos de trabajador que ha sido desvinculado, en estos casos corresponde que la respectiva Caja, inicie acciones judiciales, al efecto señala que se presentó demanda ejecutiva el día 30 de agosto de 2010, ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, que abandonó sin notificar; continua señalando que la acción se encuentra prescrita y que solo genera una obligación natural, cita el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y solicita como medidas que se ordene cesar las retenciones y descuentos por parte de la caja que excede sus atribuciones, que la conducta descrita es arbitraria e ilegal y se ordene restituir las cuotas descontadas, esto es: agosto por la suma de $101.457 y septiembre por la suma de $126.016.- Señala que se ha vulnerado la garantía contenida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Finalmente solicita se acoja el presente recurso de protección, y cesen las retenciones y descuentos de la Caja, que la conducta se declare arbitraria e ilegal y la restitución de las cuotas descontadas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso, don Jorge Cerda Godoy, abogado en representación de Caja de Compensación Asignación Los Andes, solicitando se rechace en todas sus partes, con expresa condena en costas, por las siguientes razones de hecho y derecho.

Manifiesta que el proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente que opera entre las Cajas de Compensación y Asignación Familiar, se denominan “descuento intercajas” señala además la informante, que la caja de Compensación Los Andes, solicitó se gestione descuento en las remuneraciones del afiliado nombre reservado, por compromiso contraído como crédito social, en virtud del proceso integrado de recaudación, Caja de Compensación Los Andes, ha solicitado a Caja La Araucana, gestione un descuento al afiliado, el origen de éste, es un crédito social de fecha 11 de abril de 2008, por la suma de $2.755.048.- el primer vencimiento 31 de mayo de 2008 en que se pagó las cuotas N° 1 a N°8, el 23 de marzo de 2009, recibió las cuotas de N° 9 a N° 20, más un abono de la cuota 21. Posteriormente, a través del sistema integrado de recaudación denominado, cobranza intercajas, recaudó $ 101.451.- en septiembre de 2017 y $126.016.- en octubre de 2017 por un total de $227.467.- en pago de las cuotas N° 21 a la N° 23 y que actualmente el recurrente adeuda $4.025.429.- Señala además, que la acción de protección, se encuentra caduca ya que el descuento se efectuó en agosto de 2017, tomando conocimiento el día que se pagaron sus remuneraciones.

Que, el sistema intercajas se implementó en virtud de las circulares de la suceso 2627-2010, 2714-2011, 2743-2011, 2839-2012, 2925-2013, entre otras y que el día 15 de abril de 2013 las Cajas de Compensación celebraron contrato de mandato y prestación de servicios de acuerdo al artículo 19 N° 7 de la Ley 18.833, articulo 22, diputación para recibir el pago artículo 1580 – al 1586, ambos del Código Civil.

Señala que la prescripción debe ser declarada judicialmente conforme al artículo 2493 del Código Civil, y no de pleno derecho.

Continúa diciendo que no se ha vulnerado el derecho de propiedad por que el crédito no ha sido declarado prescrito judicialmente.- Tercero: Que informa al tenor del recurso, doña Yasna Yusic Zalaquett, abogada en representación de Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, solicitando se rechace en todas sus partes, con expresa condena en costas, por las siguientes razones de hecho y derecho.

Que, conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 18.833, se estableció el sistema intercajas, debiendo ser deducidas por el nuevo empleador, sin necesidad de autorización por parte del trabajador.

Que, la prescripción debe ser declarada judicialmente, y que no opera por el mero transcurso del tiempo.

Señala además que la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación, distinta de la acreedora, corresponde a un procedimiento integrado de recaudación de deudas pendientes, y tiene por objeto evitar que los afiliados, dejen de pagar sus acreencias, afectando el fondo social y perjudicando al resto de los afiliados, esta forma de descuento, también ha sido validada por la Dirección del Trabajo, conforme a dictamen 4527/093/2011.

Por último, señala que no se ha vulnerado la garantía constitucional alegada, porque la deuda no ha sido declarada prescrita por Tribunal competente, y que su representada ha actuado dentro de las atribuciones legales de que se encuentra investida.

Cuarto: Que no se encuentra en discusión la facultad que puedan tener las diferentes Cajas de Compensación para adoptar acuerdos entre ellas en relación a la posibilidad que una haga el cobro de los dividendos adeudados por un trabajador que se cambia de Caja, por el motivo que sea. Este asunto no es objeto del recurso y no ha sido lo que ha producido la conculcación de garantías constitucionales que se reclama.

Quinto: Que el recurrente no discute que contrató en abril de 2008 un crédito social con la Caja de Compensación de Los Andes, el que no terminó de pagar por haber sido cesado –según el afirma- en su trabajo.

Sexto: Que según aparece de la documental acompañada en el proceso, el recurrente al suscribir el pagaré que da cuenta de la deuda contraída, firmó un mandato, autorizando a la Caja Los Andes para hacer el descuento de los “dividendos” en que se fraccionó el pago del crédito contratado, lo que debía hacerse en 48 cuotas a partir del mes siguiente al de la fecha del préstamo.

En tales condiciones, la Caja Los Andes –o la que fuera comisionada para el cobro- podían hacer el descuento de la cuota convenida y sólo de los dividendos pactados, esto es, entre el mes de mayo de 2008 y mayo de 2012 que corresponde al tiempo por el que se extendían las 48 cuotas pactadas y por el valor señalado para cada una de ellas, sin perjuicio de la facultad que tenía para hacer descuento sobre el finiquito, cuyo no fue el caso.

Séptimo: Que, como se advierte, los descuentos que cuestiona el trabajador a través del presente recurso, tuvieron lugar en agosto y septiembre de 2017, esto es, fuera del plazo señalado para el servicio de la obligación y en circunstancias que en agosto de 2010 se produjo la aceleración de la deuda, al haberse deducido demanda ejecutiva por el monto total del crédito insoluto.

Octavo: Que, en las condiciones anotadas, sucede que las sumas descontadas al recurrente en el año 2017, no corresponden a los dividendos convenidos, sin perjuicio que para la Caja Los Andes pudieran tener el valor de abonos a la deuda.

En consecuencia, si bien la Caja acreedora dispuso en su momento de un mandato otorgado por el trabajador para cobrar la deuda (por medio de retención del empleador) y está autorizada para delegar el cobro a otra Caja, ocurre que excedió las facultades que se le habían otorgado por el referido mandato, al disponer el cobro de sumas de dinero que no corresponden en la actualidad al pago de un dividendo y al haberlo requerido además, fuera del plazo que le estaba señalado para hacerlo.

Noveno: Que, la determinación de si la obligación se encuentra o no prescrita, debe ser realizada efectivamente por un tribunal, sin que pueda hacerlo esta Corte conociendo de esta acción constitucional por exceder a sus facultades, sin perjuicio de lo que cualquiera de las partes pueda hacer al respecto.

Décimo: Que, habiéndose constatado en consecuencia, la comisión de un hecho ilegal, porque el descuento no se encuentra autorizado por la ley ni por el contrato, el descuento realizado por Caja La Araucana en representación de Caja Los Andes es ilegal y debe ser dejado sin efecto, así como cualquier otro que con motivo del mismo crédito de 2008 se haya podido realizar con posterioridad.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso deducido en lo principal de fs. 5 y se ordena a Caja La Araucana y Caja Los Andes, que hagan la devolución de las sumas de $101.451 y $126.016, ilegalmente descontadas al recurrente en los meses de agosto y septiembre de 2017, como asimismo, de toda otra que con motivo del cobro del mismo crédito social del año 2008, se haya podido realizar durante la tramitación del presente recurso.

Para que la restitución sea íntegra, deberá aplicarse el reajuste que hayan experimentado tales sumas, de acuerdo a la variación positiva del IPC, entre la fecha del descuento y aquella en que se cumpla efectivamente la restitución.

Se ordena a las mismas Cajas señaladas, que se abstengan de realizar cualquier otro descuento de las remuneraciones del recurrente, con motivo del cobro del mismo crédito antes señalado.

Todo lo dicho, sin perjuicio del derecho que cualquiera de las partes pueda tener para comparecer en juicio civil.

Regístrese y archívese, es su oportunidad.

Redactó la Ministro Sra. Carolina Vásquez Acevedo.

Rol N° 5378-2017 prot No firman la Ministro señora Carolina Vásquez Acevedo y el abogado integrante señor Pablo Hales Beseler, no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal y ausente, respectivamente.