Protección contra Sociedad Agrícola Delifrut Limitada

En Santiago, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que en estos antecedentes comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Sociedad Agrícola Delifrut Limitada, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Paine en razón de los hechos que pasa a exponer.

Señala que se encontraba vinculado con la sociedad recurrida en virtud de un contrato de trabajo, desempeñando labores de cuidador y otras funciones agrícolas, contrato suscrito el 1 de noviembre de 2010, fecha desde la cual se le hizo entrega de una casa para vivir en ella, la que se encuentra emplazada en el mismo predio en que trabajaba.

Reclama que mediante un engaño, y aprovechándose la contraria de su calidad de analfabeto, se le instó a firmar un finiquito el 21 de agosto pasado, desalojándolo de la propiedad intempestivamente, para lo cual se le otorgó un plazo de 24 horas. En tal ocasión, no se le explicaron las causas del despido y le cancelaron una suma que califica de irrisoria.

Dice que en el domicilio del cual ha sido expulsado mantiene sus bienes, mascotas y enseres personales, que no cuenta con otro lugar para vivir, que se encuentra todavía en dicha vivienda porque debe ubicar trabajo para acceder a una nueva y que sigue siendo hostigado para que abandone el lugar.

Estima que las circunstancias relatadas importan una vulneración de su derecho de propiedad en el uso y habitación que posee sobre la vivienda, y que además se conculca su derecho a la integridad psíquica. No obstante, lo anterior, reconoce que no se celebró un contrato escrito, respecto del inmueble, pero se acordó que su presencia en el mismo resultaría beneficiosa, de lo que se desprende inequívocamente la intención de la recurrida de entregarle el bien raíz.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, indica que se afecta su integridad física y psíquica al someter a una persona con herramientas limitadas a actos arbitrarios en beneficio de la contraria y porque al separarlo de sus funciones se le ha despojado de su sueldo, hogar y dignidad.

Se refiere al derecho de propiedad reiterando que se amenaza y perturba el derecho real de habitación al que accedió por voluntad de la recurrida, sin que dicha privación le haya sido compensada ni se haya establecido a su favor un plazo razonable para hacer abandono de la propiedad, y alega que en el caso incluso se cumple el plazo para adquirir por prescripción el referido derecho.

Finalmente solicita que se haga lugar al recurso de protección, ordenando a la recurrida que se desista del plazo impuesto de 24 horas para hacer abandono del inmueble, “y se imponga la obligación a la recurrida de cumplir con lo que constitucionalmente y legalmente en derecho corresponda, de manera tal que no se vulneren los derechos reconocidos constitucionalmente y que en definitiva se me reconozca un plazo no menor a seis meses para hacer abandono de la propiedad, con costas”.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña Paula Guzmán Sajuria, abogada, en representación de la recurrida, solicitando que el presente recurso sea rechazado con costas.

Alega en primer término la improcedencia de la acción constitucional, atendido a que la materia respecto de la cual versa no corresponde a aquellas que protege el recurso, añadiendo que el recurrente ventila estos mismos hechos ante el Segundo Juzgado de Letras de Buin, proceso en el que impugna el despido del que fue objeto y en que se encuentra fijada la audiencia de juicio para el 21 de diciembre próximo.

Precisa que el recurso de protección es un remedio jurídico cuando, ante derechos constitucionalmente vulnerados, no existe un medio más eficaz para su protección, cuyo no es el caso, puesto que el actor ejerció las acciones laborales correspondientes, teniendo incluso la posibilidad de deducir una tutela laboral.

A continuación, refiere que no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario, puesto que se puso término a un contrato de trabajo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 N°1 del Código del Trabajo, firmándose el respectivo finiquito. Añade que el hecho que el recurrente sea analfabeto no lo torna una persona inhábil para contratar, habida consideración que en el respectivo juicio laboral no se ha alegado la nulidad del finiquito en cuestión.

Manifiesta que no existe en este caso perturbación ni privación de las garantías reclamadas como tales, recalcando que el recurso no explicita la manera en que las mismas habrían sido conculcadas, en específico, en cuanto a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política, dice que el recurrente todavía permanece ocupando la vivienda materia del recurso, sin que su parte haya ejercido acción alguna tendiente a que haga abandono del lugar, y que en todo caso, de hacerlo, tal circunstancia no podría calificarse como perturbación, porque tal interpretación llevaría a concluir que todo aquél que persiga la restitución de un inmueble no podría hacerlo del modo establecido por la ley.

En lo que respecta al derecho de propiedad, niega que el actor tenga un derecho de habitación sobre la vivienda que motiva la controversia, la que pertenece a la recurrida y respecto de la cual la recurrente no ha acompañado antecedente alguno en que conste la constitución de ese derecho, de manera que no se puede vulnerar un derecho de propiedad sobre algo que el actor no tiene de conformidad a la ley.

Alega que en la causa laboral, el recurrente ha calificado la entrega de la vivienda como una regalía y no como un derecho de habitación, por lo tanto existiría una incongruencia entre ambos planteamientos.

Tercero: Que el acto materia de la acción incoada, es aquel que se hace consistir en que al recurrente mediante un engaño, y aprovechándose la contraria de su calidad de analfabeto, se le despidió e instó a firmar un finiquito laboral el 21 de agosto pasado, para desalojarle intempestivamente de la vivienda que ocupa en la Parcelación San Francisco N° 9 de la comuna de Paine, otorgándole un plazo de 24 horas. En tal ocasión, no se le explicaron las causas del despido, le cancelaron una suma que califica de irrisoria, y se le ha despojado de su sueldo, hogar y dignidad.

Cuarto: Que corresponde entonces dilucidar si efectivamente el denunciado incurrió en hostigamiento y en propiciar vías de hecho relativas al término de una relación contractual laboral para instar de manera espuria con engaño y fraude por el desalojo del actor, dándoles un plazo mínimo para que dejara la propiedad.

Quinto: Que debe precisarse que este recurso constituye un arbitrio constitucional de naturaleza cautelar y extraordinario destinado a dar cautela respecto de hechos y derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en la instancia de su declaración, toda vez que la vía utilizada no es idónea para resolver materias que han de sujetarse a los procedimientos jurisdiccionales reglados para estos casos, con las necesarias etapas de discusión, y de formulación y crítica de la prueba aportada que posibilitarán el pronunciamiento de una sentencia debidamente informada.

Sexto: Que en la especie y de los antecedentes allegados, en relación al o los episodios que se denuncian por medio del recurso, de los elementos acompañados no se evidencia con la certeza necesaria la ocurrencia de las acciones reprochadas.

Séptimo: Que en rigor entonces no se encuentra justificado en esta sede en los términos que requiere la vía extraordinaria utilizada que se incurriera en actos reprochables e ilegítimos para el desalojo de la propiedad que habita el actor. Esto es, que efectivamente existiera un acto u omisión, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que prive, perturbe o amenace el ejercicio de alguna de las garantías o derechos constitucionales protegidos por esta acción.

Octavo: Que es así entonces que no se dan los supuestos de procedencia del medio cautelar propuesto, excediéndose la pretensión del recurrente, sin que corresponda entrar al análisis de los otros aspectos planteados por las partes.

Y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a lo principal de fojas 9 por nombre reservado.

Redacción del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare. Vuelvan los autos adjuntos a su custodia natural.

N° 5376-2018 – PROT.

No firma por encontrarse ausente la ministra señora Lazen.