nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Santiago, a seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Don nombre reservado acciona de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en atención a que el día diez de agosto del año en curso, a través de la página web del nombre reservado Judicial (www.pjud.cl), tomó conocimiento de que existían dos demandas civiles en su contra: la primera en causa rol C-18280-2010, sustanciada ante el 1° Juzgado Civil de San Miguel, caratulado “Fondo de Inversión Privado NPLFUND Two con nombre reservado”; y, la segunda, en causa rol C-50067-2011, del 2° Juzgado Civil de San Miguel, caratulada “Recaudadora S.A. con nombre reservado”, no prosperando ninguna de ellas, pese a lo cual ambas figuran actualmente en el Portal Institucional del nombre reservado Judicial.

Expone el recurrente que el hecho de aparecer su nombre y número de cédula de identidad –asociados a ambas causas- en la precitada página web le habría afectado en diversas oportunidades de trabajo e, incluso, lo podría afectar al momento de pedir algún crédito en el futuro o en su trabajo actual.

Solicita se elimine del nombre reservado Judicial toda información referente a sus datos personales, ya que aquello afecta su garantía constitucional del respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución.

Con fecha 1° de octubre de 2018 la Primera Sala de esta Corte tuvo por interpuesto el presente recurso de protección y solicitó informar, al tenor del mismo, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Con fecha 5 de octubre del año en curso, don nombre reservado, informa en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y señala que esa institución no tiene los privilegios informáticos para eliminar antecedentes de las causas que aparecen en el Portal del nombre reservado Judicial desde el módulo de consulta unificada. Agrega que los autos que son materia de recurso de protección actualmente se encuentran archivados según detalla: C-18280-2010 del Primer Juzgado Civil de San Miguel, en Legajo 303-2010; y C-50067-2011 del 2º Juzgado Civil de San Miguel, en Legajo 542-2011. Sostiene que según lo informado por ambos tribunales, dichas causas corresponden a lo que se conoce como ingreso masivo, por lo que tampoco sería posible realizar ningún tipo de eliminación.

Conforme lo ordenado por esta Corte, el 17 de octubre del presente, don nombre reservado, Jefe del Subdepartamento de Soluciones Informáticas, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial complementa el informe evacuado, expresando que todas las causas son públicas, salvo aquellas que se encuentren reservadas por ley o por decisión del tribunal y, en ese contexto, los tribunales tienen privilegios informáticos para poder reservar una causa y dejarla como no visible. Expone, que en este caso, tratándose de una causa visible en el Portal del nombre reservado Judicial, es el Comité de Trasparencia de la Corte Suprema quienes luego de analizar los casos deciden la pertinencia de quitar una causa del Portal.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental;

Segundo: Que, en la especie, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en que las causas rol C-18280-2010, del 1° Juzgado Civil de San Miguel, caratulada “Fondo de Inversión Privado NPLFUND Two con nombre reservado”; y la causa rol C-50067-2011, del 2° Juzgado Civil de San Miguel, caratulada “Recaudadora S.A. con nombre reservado”, pese a ser de aquellas masivas, estar archivadas y no haber prosperado ninguna de ellas, figuran actualmente en la página institucional del nombre reservado Judicial, apareciendo el recurrente –con su nombre y número de cédula de identidad- como demandado.

El objeto del presente recurso es que se eliminen ambas causas de la base de datos del nombre reservado Judicial;

Tercero: Que la cuestión jurídica a resolver en la presente acción constitucional consiste en determinar si la Corporación Administrativa del Poder Judicial cuenta o no con facultades para ordenar la eliminación de las causas precitadas de la página web del nombre reservado Judicial, por lo que debe analizarse, en primer lugar, el marco normativo aplicable en la especie y, a partir de ello, determinar si existe una actuación que pueda calificarse de ilegal o arbitraria que justifique la tutela cautelar que se ha impetrado por el recurrente.

En este sentido, conviene recordar que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República prescribe que “[s]on públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Relacionado con esa norma, el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental –que es aquel invocado por el recurrente-, recientemente modificado, asegura el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y protege los datos personales, pero estableciendo que será la ley la que determine la forma y las condiciones en que se efectuará el tratamiento de dichos datos y su protección.

Al respecto, debe también considerarse, para resolver el caso de marras, que la Ley 20.886, de 18 diciembre de 2015, que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, aplicable en la especie, dispuso en su artículo 2°, al definir el principio de publicidad, que “[l]os actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley”.

De hecho, la propia ley precitada, en su artículo 3°, al referirse al uso obligatorio del sistema informático indica que:

“Los jueces, auxiliares de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio.

Para el registro de las resoluciones y actuaciones en el sistema informático de tramitación se deberán aplicar adecuadamente las nomenclaturas pertinentes, según la etapa y estado procesal de cada causa, de modo tal que constituya un registro exacto de su tramitación, desde el inicio hasta su término.

La conservación de los registros estará a cargo del tribunal correspondiente a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales.

La carpeta electrónica y sus registros deberán ser respaldados informáticamente en forma periódica.

Si por cualquier causa se viere dañado el soporte material del registro electrónico afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no dispusiere de ella directamente.

Si no existiere copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido, y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso. Sin embargo, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución”.

Por último, debe también advertirse que el artículo 20 de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, prescribe que el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo puede efectuarse respecto de las “materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes” y, en esas condiciones “no necesitará el consentimiento del titular”;

Cuarto: Que, conforme lo ya sostenido en el considerando precedente, el sistema de tramitación electrónica del nombre reservado Judicial se encuentra regulado en un marco normativo suficientemente específico, y en él resalta el principio de publicidad de los actos de los Tribunales de Justicia, lo que por cierto se condice con el objetivo de publicitar y transparentar a la ciudadanía las actuaciones judiciales, permitiendo con ello un mayor accountability y robustez de la función judicial. Lo anterior, por cierto, con las excepciones que el propio legislador o los derechos fundamentales así lo demanden, en especial respecto de ciertas materias –v.gr. causas de familia- o por las condiciones de los intervinientes –v.gr. menores de edad-, donde existen otros principios e interés públicos en juego que, ponderados unos con otros, permiten dar mayor énfasis a la protección y reserva de ciertos datos personales por sobre el interés de la publicidad, lo que en ningún sentido se corresponde con el supuesto del caso sub iudice.

Por consiguiente, la mantención en el portal de ambas causas no puede calificarse ni de arbitraria ni de ilegal, pues no se corresponde a una acción u omisión caprichosa de la autoridad, sino que, por el contrario, a un actuar justificado en el cumplimiento de las obligaciones legales de tramitación digital y publicidad de las actuaciones judiciales;

Quinto: Que, a mayor abundamiento, no es posible apreciar –con los antecedentes acompañados al libelo constitucional incoado- la efectividad de las consecuencias de la supuesta vulneración de la garantía fundamental, a saber, la pérdida en el pasado de oportunidades laborales, la afectación en su trabajo actual o la dificultad para solicitar créditos en el futuro, todas ellas alegaciones que requieren de elementos de prueba suficientes para acreditar tales asertos, circunstancia que, en principio, escapa a la naturaleza cautelar y sumarísima del presente arbitrio cautelar.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 3 por don nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 5347-2018-Pro.

Redacción del Abogado Integrante señor Ignacio Castillo Val, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.

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