nombre reservado con INSTITUCION FINACIERA COOPERATIVA COOPEUCH LIMITADA

San Miguel, cuatro de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Makarena González Romero, en favor de nombre reservado, para interponer recurso de protección en contra de la Institución Financiera Cooperativa Coopeuch, representada por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en denegar en reiteradas ocasiones la solicitud de aprobación de un crédito de consumo, conculcando con ello las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como los derechos establecidos en la Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales, en específico en el artículo 17.

Expone que su representado ha intentado en múltiples ocasiones optar a un crédito de consumo por un monto de $1.000.000 ante la institución financiera COOPEUCH, de la cual es cliente hace dos años. Que la última vez que intentó esta solicitud fue “el día se ayer, martes 21 de septiembre del 2022” (sic), que contactaron a su representado por medio de una llamada telefónica a las 20:00 horas, en la cual sin motivo aparente nuevamente le rechazaron su solicitud, negándose a la petición de remitir tal negativa por correo electrónico, solo le dijeron que debido a su historial era imposible acceder a ello.

Afirma que el recurrente cuenta con trabajo y remuneraciones estables hace ya varios años, situación que acreditó anteriormente al acompañar la documentación solicitada por la institución recurrida al momento de simular créditos de consumo, y que consisten en liquidaciones de sueldo.

Refiere que en el año 2015 se convirtió en socio de COOPEUCH, cuando se le otorgó una cuenta vista costo 0, ofreciéndole otros beneficios como la opción de optar a créditos de consumo, respecto de los cuales se puede realizar una simulación de crédito por medio de su página web.

Sostiene que su cliente ha intentado en reiteradas oportunidades obtener un préstamo de dinero ante la recurrida, es así, que el 17 de agosto de 2021 simuló un crédito de consumo a través de la página web, y además se contactó vía correo electrónico con doña nombre reservado, ejecutiva de negocios Contact Center de COOPEUCH, por la cual pretendía la obtención de un crédito por $1.000.000, exigiendo la recurrida ciertos requisitos objetivos y copulativos al momento de recibir solicitudes por parte de sus clientes, los cuales son: remitir las 3 últimas liquidaciones de sueldo y fotocopia de su cédula de identidad por ambos lados. Y si la empresa empleadora del solicitante no tiene convenio con la Cooperativa debe, además, cumplir con siguientes requisitos: 1 año de antigüedad laboral, renta líquida mínima de $250.000, excelentes antecedentes comerciales (sin protestos ni morosidades), la empresa debe tener un mínimo de 5 años de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y la edad mínima 25 años. Luego de enviara toda la documentación solicitada va, al día siguiente, el 18 de agosto de 2021, recibió un correo electrónico en el cual indicaba: “(…)Una vez efectuada la revisión correspondiente, debemos informar que en conformidad a lo establecido en la Ley 20.555, y sus Reglamentos, la solicitud de crédito efectuada a nuestra institución ha sido rechazada bajo la causal "Incumplimiento de la política de riesgo de Coopeuch".

Señala que el no otorgamiento del producto solicitado carece de un fundamento capaz de explicar claramente el motivo del rechazo, toda vez que se cumplió cabalmente con los requisitos objetivos exigidos por la entidad recurrida, y lo que es más grave alude a un “incumplimiento de la política de riesgo de Coopeuch”, sin que los clientes puedan acceder a algún documento que explicite dicha política.

Acusa que se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, dado que se rechaza sin motivo alguno la solicitud de crédito de consumo, existiendo excelentes antecedentes crediticios de por medio.

Menciona que, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Decreto con fuerza de Ley Nº3, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mantiene información permanente y refundida sobre deudores de los Bancos, para el uso permanente de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización. Ahora bien, alude a que la información sobre el estado de su deuda, no es de aquella que corresponde a la información refundida que elabora la Superintendencia referida, debido a que la deuda que mantuvo fue totalmente pagada. Además, refiere que el artículo 17 de la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada señala que solo se podrán informar aquellos datos personales de carácter financiero o comercial cuando consten en documentos bancarios o comerciales que menciona, lo que en este caso no ocurre. Por su parte, el artículo 6 de la ley 19.628 establece como obligación legal para los responsables del registro o banco de datos personales, que el almacenamiento de dicha información, sólo puede realizarse con fundamento legal y cuando no estuvieren caducados, debiendo ser eliminados o cancelados, cuando su almacenamiento carece de dichas condiciones o requisitos; y, por otro lado, y en concordancia con lo anterior, en los artículos 12 a 16, se concede una serie de derechos a los titulares de datos, entre ellos, el derecho de eliminación cuando no se cumpla con lo señalado. Por su parte, el artículo 9 de la antes referida ley consagra la prohibición de realizar todo tipo de predicción o evaluación de riesgo comercial que no esté basada únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales informa.

Acusa que la deuda aludida se mantiene incorporada en un registro que no es aquél que mantiene Dicom, el Boletín Comercial o la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Actual Comisión para el Mercado Financiero.

Concluye que, por todo lo anterior, la recurrida al mantener, consultar y/o realizar evaluación crediticia y comercial en base a un registro que debe ser calificado como “clandestino” o al margen de la ley, incurrió en una conducta ilegal y arbitraria que afectó la garantía constitucional contemplada en el número 2, y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la protección de la igualdad ante la ley, la protección a la vida privada de las personas Solicita en definitiva que se ordene eliminar o cancelar los datos de la deuda histórica que contrajo y que estén almacenados en cualquier registro o base de datos, debiendo comunicarse lo resuelto a la Comisión para el Mercado Financiero, para que fiscalice el cumplimiento de dicha orden, y que, en definitiva, se le ordene a la recurrida informar de forma clara, en términos sencillos y de manera objetiva el motivo del rechazo de la solicitud de crédito, con costas.

El recurrente acompaña al recurso, entre otros:1. Copia de Informe Comercial de deudas Maat, que da cuenta del puntaje 950, sin información de créditos o deudas morosas.2. Informe de Deudas emitido por La Comisión para el Mercado Financiero de fecha 24 de agosto de 2021.3. Copia de correo electrónico emitido con fecha 06 de agosto de 2021, por la ejecutiva de cuentas del COOPEUCH donde comunica el rechazo de la solicitud de rebancarización.

Segundo: Que no habiendo evacuado informe la requerida, se prescindió del mismo mediante resolución de 17 de marzo del año en curso.

Tercero: Que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que en la especie, la acción de protección de derechos constitucionales se interpuso el 22 de septiembre pasado, presentación en la que señala que el acto arbitrario e ilegal que motiva el recurso le fue comunicado por correo electrónico el día 18 de agosto de 2021, quedando en evidencia que el presente recurso de protección fue interpuesto luego de transcurrido el plazo de 30 días corridos contemplado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, por lo que lo ha sido en forma extemporánea.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el recurso de protección es una acción tutelar de urgencia respecto de derechos indubitados, lo que no ocurre en la especie. En efecto, el recurrente no acreditó cuales serían los derechos que como socio de la entidad recurrida le correspondían, no acreditándose por ende, que tiene un derecho indubitado y preexistente, ello unido a que la pretensión del recurrente es materia que escapa al ámbito del presente recurso, toda vez que esta acción constitucional de naturaleza cautelar tiene por objeto resolver evidentes vulneraciones de garantías, cuyo no es el caso.

Por estas consideraciones, y de conformidad asimismo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto, por doña Makarena González Romero en favor de nombre reservado.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra Sra. Catalán.

Nº5336-2021-Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada con los Ministros Sra. M. Carolina Catepillán Lobos, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Sra. Celia Catalán Romero.