Protección contra la I

nombre reservado Miguel, siete de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, en su calidad de presidenta del Sindicato de Extensión nombre reservado de la comuna de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de nombre reservado, representada por su alcalde don Christopher White Bahamondes, por el acto arbitrario consistente en la prohibición de realizar actividad comercial en la calle nombre reservado y en contra de doña nombre reservado por sus oposiciones irregulares y sin fundamento probado al desarrollo del comercio en dicha calle, vulnerando las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°16 y N°21 de la Constitución Política de la República.

Expone que el sindicato se encuentra integrado por 120 personas, que tiene como finalidad el comercio de fines de semana y festivos de diversos productos y artículos de reducción usados, actividad que desarrollan hace aproximadamente 7 años.

Explica que con anterioridad, la alcaldesa de la comuna, doña Nora Cuevas, autorizó al sindicato para ejercer actividad comercial en la calle nombre reservado, en el tramo que va desde el segundo pasaje desde la Avenida nombre reservado, hasta la Avenida Lo Blanco y que, en los primeros dos pasajes de la calle se encuentra autorizado otro sindicato de comerciantes para desarrollar sus actividades.

Acusa que la alcaldesa en cuestión les habría removido dicha autorización, sin perjuicio de lo anterior, explica que continuaron trabajando sin mayores problemas hasta la llegada del nuevo alcalde en el mes de abril del presente año.

Detalla que desde finales del mes de agosto del año 2020 se les ha impedido ejercer actividad comercial por medio de inspectores municipales, vehículos de paz ciudadana y Carabineros de Chile. El municipio funda esta conducta en lo resuelto en recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel en causa Rol N°10640-2020.

Refiere que los argumentos y hechos sostenidos por doña nombre reservado, en calidad de recurrente en dicha acción cautelar, son falsos y añade que el sindicato nombre reservado no tuvo una defensa activa en dicha causa.

Explica que doña nombre reservado, vive en la calle nombre reservado, justo en el límite que divide los sectores donde los sindicatos de comerciantes ejercen sus actividades, por lo cual sostienen que no le afecta de ninguna manera su labor durante los fines de semana y que actualmente, existiendo otro alcalde en el cargo, no ha hecho ningún reclamo.

Expone que resulta ilógico que en una misma calle se permita legalmente el comercio y en la otra mitad se encuentre prohibido.

Indica que han presentado diversas solicitudes de autorización y reconocimiento al municipio y que el actual alcalde se encuentra llano a regular el sindicato y otorgar los permisos necesarios para ejercer su trabajo y su derecho al comercio, de una manera libre y protegida como la carta fundamental contempla.

Concluyendo que con esta denuncia y solicitud de aclaración, no existiendo en la actualidad las oposiciones o afectados que motivaron lo resuelto en el recurso de protección Rol 10640-2020, solicita se restablezcan los derechos vulnerados.

Respecto a la garantía del artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, indica que el sindicato tiene adquirido el derecho a la libertad de trabajo por el transcurso del tiempo y que es parte de su patrimonio al tener la sindicalización de su agrupación. En cuanto al derecho consagrado en el numeral 21, argumentan que se encontraban patentados para ejercer la actividad comercial que desarrollaban, la cual no era contraria al orden público. Por lo tanto, el acto administrativo de la municipalidad es ilegal, desproporcionado y atenta contra las garantías constitucionales mencionadas.

Finalmente, pide que se declare admisible el presente recurso, solicita a la Ilustre Municipalidad de La Cisterna (sic), la recurrida, realizar las diligencias pedidas y ordenar la suspensión del acto administrativo arbitrario, mientras que el presente recurso de protección no sea fallado en justicia, y se restablezca el imperio del derecho y la protección de las garantías constitucionales conculcadas antes indicadas, disponiendo formas y plazos, para el desarrollo de su trabajo y actividad comercial, sin que nuestros derechos se vean afectados, amenazas y/o perturbados por acto arbitrario de autoridad o de un particular.

Informa al tenor del recurso, don Santiago Trincado Moreno, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien solicita se rechace el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Indica que el recurso de protección se ha interpuesto de manera extemporánea, ya que se sostiene de manera literal que desde el mes de agosto de 2020 se les ha impedido realizar su trabajo, transcurriendo con creces el plazo para interponer la acción cautelar.

Argumenta la falta de legitimidad pasiva de su representada, en cuanto en el petitorio del recurso de protección se solicita se suspenda el acto administrativo, sin indicar en qué consiste, sin perjuicio de lo anterior, señala que se descarta de plano que un acto de tales características pueda haber emanado de doña nombre reservado, ya que no es funcionaria pública, ni tampoco tiene la facultad de emitir un acto administrativo.

Añade que, si por acto administrativo arbitrario la recurrente se refiere a las sentencias dictadas por esta Ilustrísima Corte y por la Excelentísima Corte Suprema en el recurso de protección interpuesto por su representada, dicha situación también le restaría legitimidad pasiva, ya que no puede dejar sin efecto fallos dictados por un tribunal. Así, complementa su argumento señalando que no existe ninguna petición concreta que alguna acción que deba hacer su representada respecto del presente recurso de protección.

Sostiene que no existe acto arbitrario, ya que la acción llevada a cabo por su representada se encuentra amparada en el legítimo derecho de deducir recurso de protección y que la acción realizada por la I. Municipalidad de nombre reservado se encuentra amparada en una decisión jurisdiccional, la cual fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, por lo que tiene efecto de cosa juzgada respecto de los hechos que se ventilaron en dichos autos y añade que dicha sentencia se encuentra en cumplimiento por esta Ilustrísima Corte. Así, indica que la recurrente pretende a través del presente recurso de protección que se deje sin efecto lo resuelto en aquella causa.

Finalmente, desmiente que su representada no se haya visto afectada por los hechos discutidos en el recurso de protección Rol 10640-2020 de la Corte de Apelaciones.

Informando al tenor del recurso don Sebastián Rosas Guerrero, abogado, director jurídico, en representación de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, pide que se rechace en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Alega la extemporaneidad de la presente acción constitucional y refiere que no existe un hecho o acto ilegal o arbitrario, ya que la medida adoptada por la Municipalidad en orden a impedir el comercio ilegal en la referida calle por parte de la recurrente se fundamenta en lo ordenado en la sentencia judicial ejecutoriada en los autos sobre protección caratulados “nombre reservado con Municipalidad”, conocidos por esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel en autos rol N°10640-2020.

Manifiesta que no se ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

En primer lugar, respecto al derecho a la libertad de trabajo señala que este no implica que exista un derecho al trabajo reclamable al Estado, por vía jurisdiccional. Continúa señalando que el argumento de la recurrente en orden a que ese supuesto derecho para ejercer el comercio en la calle se habría adquirido por el transcurso del tiempo y que el mismo ya habría ingresado a su patrimonio, no es efectivo. Indica que no se puede adquirir un derecho de tales características en un bien nacional de uso público que administra una municipalidad, puesto que de conformidad a la Ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, solamente pueden ser objeto de permisos o concesiones.

Respecto a la garantía consagrada en el artículo 19 N°21 de la carta fundamental, señala que no se ha vulnerado, ya que tal como se establece en dicha disposición el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, debe respetar las normas legales que la regulen. Explica que esto último, significa en el orden municipal que debe respetarse la normativa legal aplicable al comercio que se ejerce en un bien nacional de uso público, situación que no se verifica en el actuar de la recurrente, citando los artículos 5 letra c) y 36 de la Ley 18.695, artículo 589 del Código Civil y artículo 23 inciso 1° de la Ley de Rentas Municipales.

Por lo tanto, concluye que los permisos y concesiones son los únicos actos administrativos que legitiman jurídica y socialmente la ocupación de los bienes nacionales de uso público por parte de particulares, debiendo como contrapartida pagar los derechos municipales correspondientes. Señalando que la parte recurrente infringió la normativa aplicable, ya que ejerció actividad comercial en la calle nombre reservado careciendo de autorización y sin pagar los derechos municipales por su ocupación, ni la patente municipal, por lo tanto, su actividad se encuentra al margen de la legalidad vigente.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que se han amagado los derechos garantizados en los numerales 19 N°16 y N°21 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar una actividad económica.

Tercero: Que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Por lo que de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada.

Cuarto: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es que no se le permite ejercer el comercio en calle nombre reservado.

Quinto: Que en primer término corresponde hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad esgrimida por la recurrida, doña nombre reservado e I. Municipalidad de nombre reservado.

Sexto: Que conforme lo establece el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En la especie el recurso fue deducido el 22 de septiembre de 2021 y la recurrente, esgrime que los hechos que motivan el recurso se verificaron a fines de agosto del mismo año, sin que se precise la fecha exacta.

Por su parte la recurrida I. Municipalidad de nombre reservado, indicó que en cumplimiento al fallo de la Corte de Apelaciones decidió hacer un “copamiento” con personal municipal y colaboración de Carabineros de Chile, por lo que el 18 de agosto el alcalde decidió ir a la calle nombre reservado para conversar con vecinos informándoles que el comercio ilegal no sería tolerado y que el 21 de agosto el lugar sería copado con personal municipal, inspectores municipales y seguridad ciudadana, cumpliéndose dicha medida en la aludida fecha, concluyendo que el hecho que impidió el ejercicio de comercio ilegal a la recurrente aconteció el 21 de agosto pasado, por lo que al haberse deducido el recurso el 22 de septiembre último, este es extemporáneo.

Séptimo: Que lo aseverado por la municipalidad recurrida, encuentra su correlato en el oficio interno N° 358 de 18 de octubre de 2021, por el cual el Director de Seguridad Pública informa al Director de asesoría jurídica, Sebastián Rosas Guerrero, las acciones ejecutadas “en orden a no permitir comercio ambulante en calle nombre reservado a contar del 21 de agosto..”, adjuntando registro fotográfico.

En consecuencia, entre el 21 de agosto de 2021 y el 22 de septiembre del mismo año, transcurrió el plazo de 30 días para formular la presente acción, resultando extemporáneo el recurso deducido en autos.

Octavo: Con todo, y a fin de dar respuesta al recurrente, se emitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Así, del mérito de los antecedentes aparejados en autos, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por cierto, los siguientes hechos de relevancia jurídica:

a) Mediante sentencia de ocho de enero de 2021, recaído en los autos ingreso Corte N° 10.640-202, se acogió un recurso de protección deducido por doña nombre reservado por sí y en representación de los vecinos de calle nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de nombre reservado, disponiendo que la recurrida deberá “adoptar todas las medidas necesarias para fiscalizar y evitar, de manera eficaz, la instalación de comerciantes no autorizados en calle nombre reservado de la comuna de nombre reservado”;

b) Dicho fallo fue confirmado por la Excma. Corte Suprema, por resolución de uno de febrero de 2021;

Noveno: Que conforme lo reseñado precedentemente, se advierte que la medida adoptada por la recurrida, I. Municipalidad de nombre reservado, en orden a impedir el comercio ilegal en la calle tantas veces citadas, se cimienta en una sentencia ejecutoriada, por lo que no se divisa la existencia de un acto ilegal ni arbitrario y, consecuentemente, no se ha conculcado garantía constitucional alguna, ya en grado de privación, perturbación, amenaza, por lo que el recurso de protección será rechazado.

Décimo: Que de conformidad con el numeral 11° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la recurrente será condenada en costas, por estimar que no tuvo fundamento plausible para litigar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, con costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° 5.332-2021-Protección.

Redactó la ministra Claudia Lazen.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel, integrada por los ministros Adriana Sottovia Giménez, Claudia Lazen Manzur y el Fiscal Judicial Jaime Salas Astráin.