Recurso de protección

San Miguel, uno de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece nombre reservado, voluntario de la 7º Compañía del nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del nombre reservado con motivo de la resolución OF. INT N°NUM000 de 16 de octubre de 2024, emanada del Honorable Consejo Superior de Disciplina (HCSD) del Honorable nombre reservado (HCBPA), que confirmó la separación del recurrente, como miembro del correspondiente Cuerpo de Bomberos, por un plazo de 365 días.

Explica que ha sido voluntario de la 7° Compañía de nombre reservado desde diciembre de 2014. Añade que, a lo largo de su trayectoria, ha ostentado diversos cargos.

Indica que durante el año 2023 se vio afectado por una serie de actuaciones que han vulnerado sus derechos. Precisa que, a la sazón, el director de la Compañía de Bomberos, señor nombre reservado, le impidió postular a la reelección como consejero superior de disciplina y lo censuró durante una reunión telemática.

Añade que formuló un reclamo formal ante el capitán y el superintendente del aludido Cuerpo de Bomberos, dado que ejercía el cargo de consejero superior de disciplina. Refiere que se vio forzado a no continuar con la queja.

Señala que su postulación como consejero superior de disciplina fue presentada por el Honorable Directorio. Su candidatura fue aceptada y sometida a votación, resultando ratificado para el período 2023. No obstante, el director debía formalizar su cargo ante la Asamblea de la Compañía, lo cual nunca se llevó a cabo.

Manifiesta que a raíz de esos hechos comenzó una persecución en su contra. El Director elevó un oficio afirmando que tenía asuntos disciplinarios pendientes, lo que conllevó que dejase de ejercer el cargo para el cual había sido ratificado. Posteriormente, fue sometido a un Consejo de Disciplina por baja asistencia, siendo el único voluntario sancionado bajo ese argumento.

Denuncia que ese procedimiento disciplinario estuvo marcado por una serie de irregularidades: primero, solo participaron cuatro consejeros, en circunstancias que el Reglamento General requiere de la existencia de cinco miembros; segundo, algunos de los consejeros mantienen deudas con la Compañía desde 2022 y persisten hasta la fecha, lo que pone en duda su imparcialidad, afirmando que se ha transgredido el artículo 88 del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos.

Reprocha que, posteriormente, con fundamento en una supuesta deuda por falta de pago de un monto de $100.000, contraída en el año 2018 por confección de cortinas para la compañía, se le instruyó un segundo procedimiento disciplinario, en cuyo marco se dictó la Resolución N°NUM001 de 21 de agosto de 2024 por parte de la Sala N°1 del Honorable Consejo Superior de Disciplina, integrada por tres consejeros, que resolvió separarlo de la compañía por 365 días.

Sostiene que en contra de esa decisión apeló por los fundamentos que transcribe en su recurso, el que fue rechazado por el Honorable Consejo Superior de Disciplina, confirmando la medida, pese a reconocer que los hechos materia de la acusación se encuentran prescritos.

Estima que ha habido una grave vulneración de sus derechos fundamentales, dado que fue juzgado por un consejo que no cumplía con los quorums establecidos en el reglamento -que fue aplicado retroactivamente- ni con los cánones de imparcialidad exigidos para imponer sanciones, lo que se suma al hecho de haber sido sancionado sin fundamento por haber aceptado el pleno la prescripción, todo lo cual afecta su derecho a la igualdad y al debido proceso, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso quinto, de la Carta Fundamental.

Pide que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado Carlos Pérez Pardo, en representación del nombre reservado.

Primeramente, alude al marco legal que rige a la institución, esto es, la Ley N°20.564 y los diversos reglamentos y estatutos dictados en virtud de la autonomía que la ley le reconoce.

Luego, indica que el recurrente impugna una sanción que fue adoptada en un proceso justo, bilateral e imparcial.

Añade que el Consejo Superior de Disciplina conoció de una denuncia realizada por el Consejo de Oficiales Generales, tras recibir una carta de doña nombre reservado que reclamaba una deuda por confección de cortinas para el cuartel de la 7° Compañía de Bomberos, servicio contratado por el director de la época y recurrente de autos.

Sostiene que, hechas las investigaciones correspondientes, se llegó a la convicción de que, efectivamente, se celebró el contrato de confección, la compañía abonó un saldo para su realización, la señora nombre reservado entregó las cortinas y que se le entregaron fondos al recurrente para pagar el remanente adeudado, sin acreditar que lo hubiere hecho.

Explica que al recurrente se le juzgó como bombero y que cometió una falta grave consistente en “poner en riesgo el prestigio de la institución”, lo que se le informó desde su primera citación.

Indica que consta del proceso N°NUM001, que el recurrente fue citado a las audiencias que contempla el procedimiento, escuchado, se le permitió rendir prueba y se le sancionó, en primera instancia, por el Consejo de Disciplina y, en segunda, por el pleno. Menciona que la sanción aplicada no fue la más gravosa y que tuvo la oportunidad de recusar a los integrantes del consejo, cuestión que no hizo.

Finalmente, manifiesta que la sanción fue resuelta y revisada por el órgano competente y se encuentra motivada, por lo que descarta cualquier arbitrariedad y vulneración de derechos del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de derechos y garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar, restableciéndose el imperio del derecho, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión -contrario a la ley o arbitrario - que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos y garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso, en relación al procedimiento disciplinario enderezado en contra del recurrente, culminado por la resolución OF. INT N°NUM000, de fecha 16 de octubre de 2024, que confirma su separación de la institución recurrida por un plazo de 365 días.

Quinto: Que, en cuanto a las infracciones procedimentales que se denuncian, cabe destacar que el recurrente estima que no tuvo oportunidad de conocer los antecedentes que obraban en su contra, sin embargo el Honorable Consejo Superior de Disciplina, al pronunciarse sobre la apelación de don nombre reservado, hace presente, en su resolución, que en la respectiva audiencia indagatoria se dio lectura a los antecedentes en su contra, que tomó conocimiento de ellos y quedó registro en la declaración firmada por el recurrente. De esta manera, aparece que don nombre reservado conoció los cargos que se le formularon, prestó declaración, presentó prueba e impugnó lo decidido por la vía recursiva establecida en el Reglamento General del nombre reservado, de manera que ejerció su derecho a defensa sin impedimentos ni limitaciones, lo que lleva a descartar la concurrencia de alguna vulneración en tal sentido.

Sexto: Que, en cuanto a la falta de imparcialidad que se esgrime, habrá que tener presente que la resolución OF. INT Nº NUM000, haciéndose cargo sobre el punto, descarta tal reclamo por cuanto los consejeros nombre reservado y nombre reservado, quienes conformaban la sala Uno e intervinieron en la formación de la resolución NUM001, conforme a las normas reglamentarias, quedaron inhabilitados para el proceso de apelación; en tanto que los consejeros nombre reservado y nombre reservado no participaron en la formación de la resolución antedicha, por lo cual no han tenido impedimentos reglamentarios para pronunciarse sobre la apelación. Por tal razón, habrá de descartarse alguna ilegalidad y/o arbitrariedad en la constitución de los órganos que conocieron de procedimiento que concluyó con la sanción de separación ya señalada.

Séptimo: Que, respecto a la infracción a la norma de quorum exigido por el Reglamento General del nombre reservado para la constitución del Consejo Superior de Disciplina, cabe destacar que, del texto de la resolución cuestionada, se infiere que el órgano disciplinario se ajustó, para su integración, a lo establecido en el artículo 66 Nº 5 inciso 2º de dicho reglamento, que consagra que cada sala deberá estar compuesta por tres miembros titulares. En suma, no se vislumbra una actuación procesal, en esta materia, que pueda estimarse como ilegal y/o arbitraria.

Octavo: Que, en cuanto a la prescripción de los cargos y a la aplicación retroactiva del reglamento institucional que se alega, es posible apreciar, al revisar la resolución cuestionada, que el hecho que motivó el inicio del procedimiento disciplinario en contra del recurrente fue la presentación de una carta, en diciembre de 2023, por doña nombre reservado, de oficio modista, quejándose por el no pago de un trabajo de confección de cortinas y que la sanción se aplicó, no por falta de pago de una deuda pendiente, (obligación que, dicho sea de paso, finalmente se pagó por el Cuerpo de Bomberos), sino que por poner en riesgo la imagen y el prestigio de la institución bomberil, existiendo, entonces, una decisión fundada en un cuestionamiento ético y no estrictamente patrimonial, el que, además, fue denunciado en diciembre del año 2023, fecha en la que recién se puede estimar configurada la infracción reprochada al actor, esto es, aquella “que afecte seriamente el prestigio del Cuerpo o atente contra sus principios esenciales”. En consecuencia, con relación al hecho de la presentación de una carta reprochando la ausencia de pago no es posible sostener alguna forma de prescripción ni la aplicación retroactiva del Reglamento General del nombre reservado.

Noveno: Que por no verificarse, en consecuencia, la actuación ilegal o arbitraria denunciada, la acción constitucional de protección intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Sebastián Castro Jiménez, abogado, en representación de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Javier Castro Jofré.

Rol N° 5309-2024 Protección Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Danilo Quezada Rojas y señora María Alejandra Rojas Contreras y el abogado integrante Javier Castro Jofré, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.