nombre reservado con AFP MODELO S.A.

C.A. de San Miguel San Miguel, quince de julio de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que el 15 de diciembre de 2025 realizó su solicitud de devolución de fondos previsionales, ese mismo día desde la Administradora se le solicita documentación. Agrega que el día 18 de diciembre, envía documentación con carta explicativa, indicando la imposibilidad material de lo que se solicita.

Sin embargo, señala que el 19 de diciembre de 2025, recibe un correo electrónico que indicaba que su solicitud había sido rechazada, ya que el certificado de afiliación al sistema previsional fuera de Chile debe estar debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la vigencia informada en la Ley N°18.156.

Indica que el 22 de diciembre ingresó reclamo a la Superintendencia de Pensiones y que recibió un correo electrónico de respuesta, en el que se le señalaba que “Revisada la documentación enviada, lamentablemente no cumple con los requisitos establecidos por la normativa. A continuación, le explicamos el motivo: Motivo del rechazo:

La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que:

• No es un certificado de afiliación.

• No señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto.

• No está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda. …”.

Agrega que cumplió con los requisitos solicitados, acompañando íntegramente toda la documentación solicitada consistente, entre otros antecedentes, en su contrato de trabajo con cláusula de exención previsional, título profesional debidamente apostillado, cédula de identidad para extranjeros y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento electrónico verificable en línea.

Sostiene que la documentación presentada acredita de manera suficiente y verificable la afiliación vigente del recurrente a un régimen de seguridad social extranjero que otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo así íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, sin que dicha normativa exija la apostilla o legalización consular como condición para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Arguye que la negativa de la AFP Modelo S.A. ha vulnerado las garantías del artículo 19 N°2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad sobre los fondos de capitalización individual, además de infringir la igualdad ante la ley al imponer requisitos extralegales que generan una retención injustificada de su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a tramitar la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión en un plazo razonable.

Segundo: Que, al evacuar informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, fundando su defensa, en síntesis, en que el acto impugnado no reviste el carácter de ilegal ni arbitrario; en que el recurrente no dio cumplimiento a los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales; en que la documentación acompañada resulta jurídicamente insuficiente para acreditar afiliación a un régimen de seguridad social extranjero; y, finalmente, en que la actuación de la administradora se ajustó estrictamente a la normativa vigente, a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa y judicial aplicable, no verificándose vulneración alguna de garantías constitucionales.

Expone que el recurrente presentó el 16 de diciembre de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales invocando la calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156, acompañando diversos antecedentes, entre ellos su título profesional, una carta explicativa, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo celebrado con su empleador en Chile. No obstante, luego del análisis de dichos documentos, concluyó que no se acreditaba uno de los requisitos esenciales del régimen de excepción, cual es la afiliación efectiva a un sistema de previsión o seguridad social fuera del país, procediéndose al rechazo de la solicitud el 19 de diciembre de 2025.

Asimismo, hace valer que las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran legalmente sometidas a la fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, órgano que posee la atribución exclusiva de interpretar administrativamente la normativa del sistema con carácter obligatorio. En tal contexto, la recurrida afirma que se encuentra jurídicamente impedida de admitir documentación extranjera que no cumpla con las exigencias formales de legalización o apostilla previstas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no puede prosperar, por cuanto no se verifica una privación, perturbación o amenaza ilegítima de derechos fundamentales, atendido que su actuación se limitó a aplicar la ley y las instrucciones obligatorias del ente fiscalizador, sin margen de discrecionalidad, concluyendo con la petición expresa de que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección, con costas.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 30 de abril de 2026, informa que el 9 de abril de 2026 la recurrente realizó un reclamo a través del portal de atención ciudadana de la Superintendencia, por cuanto el rechazo en la devolución de fondos previsionales como técnico extranjero. Señala que el organismo respondió mediante correo electrónico de 10 de abril de 2026, el que acompaña y por el cual se informan los requisitos y aspectos relevantes de la Ley N°18.156.

En cuanto al marco normativo aplicable, la Superintendencia explica que la Ley N°18.156 regula una situación excepcional destinada a técnicos extranjeros afiliados a sistemas previsionales en sus países de origen, permitiéndoles eximirse de cotizar en Chile y solicitar devolución de fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley. Estos consisten en: mantener afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera. Añade que la normativa debe interpretarse restrictivamente, atendido su carácter excepcional.

Sostiene que, conforme a su interpretación administrativa y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el trabajador extranjero debe acreditar cobertura efectiva respecto de todos los riesgos previstos en la ley durante el tiempo trabajado en Chile, mediante certificación emitida por la institución previsional extranjera debidamente legalizada o apostillada. Asimismo, indica que el documento acompañado por el recurrente, consistente en un certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de apostilla o legalización y no cumple con las condiciones de autenticidad y suficiencia necesarias para acreditar válidamente la afiliación y cobertura previsional exigida por la ley.

Finalmente, la Superintendencia manifiesta que no ha habido afectación a los derechos fundamentales del recurrente, particularmente su derecho de propiedad y a la igualdad ante la ley.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Modelo constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°53-2026 Protección.