AGRICOLA SANTA MAGDALENA LIMITADA con DIRECCIÓN DE TRABAJO DE CONCEPCIÓN

En Santiago, a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que recurre de protección el abogado Gonzalo García Bustamante en representación de Agrícola Santa Magdalena Limitada, en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Melipilla, don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que consiste en la decisión adoptada a través de su ordinario N° 456, de fecha 20 de julio de 2018, que estimó como extemporáneo y no admitió a tramitación el recurso de reconsideración de multa presentado por su parte, el 24 de mayo de 2018, en contra de la Resolución de multa N° 8048/18/33.

Expone que mediante presentación efectuada el 24 de mayo del año 2018, solicitó, de conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo, la reconsideración administrativa de la multa impuesta por el recurrido mediante la Resolución N° 8048/18/33, la que fue notificada personalmente a su representada el 19 de abril de 2018.

Refiere que, desde esa fecha debe contarse el plazo de treinta días hábiles que tenía su parte para presentar la reconsideración administrativa y, en consecuencia, de acuerdo a cómo se computan los plazos conforme a la Ley 19.880, tenía plazo hasta el día 04 de junio del año 2018 para solicitar la reconsideración, y ésta fue efectivamente presentada el día 24 de mayo de 2018, es decir dentro de plazo. Sin embargo, mediante el Ordinario N° 456, del 20 de julio de 2018, la Dirección del Trabajo informó que no se dio curso a la solicitud de reconsideración debido a que ésta "No se presentó dentro de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación" y, por ello, señala que no le resulta posible admitir a tramitación la reconsideración de multa, absteniéndose de emitir un pronunciamiento respecto del fondo de la solicitud.

Afirma que la decisión adoptada por el recurrido es ilegal, porque contraviene lo dispuesto en la Ley 19.880. Señala que el artículo 1° inciso primero, de la norma precitada, dispone el ámbito de aplicación supletoria de dicha norma legal. Por su parte, el artículo 2° de la misma ley establece que sus disposiciones serán aplicables, entre otros, a los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y, por último, el artículo 25 dispone que "Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente." Señala que, de acuerdo a la normativa antes citada, el plazo de 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar la reconsideración vencía el 04 de junio del año 2018, por lo que su presentación no es extemporánea.

Agrega que el acto recurrido es, además, arbitrario, esto es, carente de fundamento, pues el citado Ordinario se limita a señalar que la solicitud de reconsideración "no es posible admitirla a tramitación...", sin indicar cuáles son los requisitos legales y en los que se fundaría la decisión de estimarla extemporánea, solo hace mención en un pie de página del Dictamen N°85946, de la Contraloría General de la República, de 31 de diciembre de 2013, que señala que el "plazo para interponer el recurso de reconsideración administrativa contemplado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos, contados desde su notificación".

Arguye que dicha interpretación del órgano contralor, ha sido ampliamente superada por la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, por no ser vinculante y por afectar garantías constitucionales - la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República - por lo que, invariablemente han fallado que dicho plazo es de días hábiles y no de días corridos como pretende la recurrida. Cita jurisprudencia en este sentido.

Concluye que la conducta del recurrido vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que desconoce arbitrariamente el plazo legal en toda su extensión.

Pide, en definitiva, que se adopten las medidas necesarias para dejar sin efecto el acto recurrido, debiendo, en consecuencia, la Inspección recurrida conocer del fondo de la solicitud de reconsideración de multa presentada;

Segundo: Que informa al tenor del recurso la abogada doña Anita Díaz Rosas, solicitando su rechazo en todas sus partes, señalando que la referida multa, le fue notificada a la actora personalmente el día 19 de abril de 2018. Indica que su solicitud de reconsideración fue recibida en las oficinas de la Inspección del Trabajo el 24 de mayo de 2018, esto es, seis días después de vencido el plazo de 30 días corridos desde la notificación de la multa, según la doctrina de la Dirección del Trabajo, en concordancia con lo expresamente dispuesto por la Contraloría General de la República en Dictámenes N° 64985 de 20 de noviembre 2009 y 17344 de 10 de marzo 2014.

Indica que su parte en forma reiterada, ha declarado extemporáneas las solicitudes presentadas fuera de los treinta días corridos, conforme al análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, puesto que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles en materia laboral, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil que establece que "los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados". Señala que esta situación se aprecia en diferentes artículos del Código del Trabajo, por ejemplo, en los arts. 162, inciso 2° y 7°; 168 inciso 1°; 171 inciso 1°; 201 inciso 4°; 223 inciso 4°; 282 incisos 1° y 4°; y, 503 inciso 3° -este último sobre reclamación de multas que establece que el plazo para reclamar judicialmente es de días hábiles. Sin embargo, en el presente caso, el legislador solo estableció que el plazo era de 30 días, por lo cual se debe entender que es de días corridos, ya que de lo contrario lo hubiera establecido expresamente.

Añade que la interpretación realizada por la Dirección del Trabajo respecto del plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo se ajusta plenamente a lo señalado por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 64985, de 20 de noviembre de 2009, el que fue posteriormente reiterado y ratificado por la Contraloría General de la República, con fecha 10 de marzo de 2014, mediante Dictamen N° 17344.

Agrega que la disposición cuestionada no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o hábiles y el hecho de que esta norma no haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un procedimiento en sede administrativa, no importa necesariamente, en la situación en estudio, que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la Ley 19.880, en cuya virtud "los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos".

Luego de citar jurisprudencia administrativa en tal sentido, concluye que la actuación de los Inspectores del Trabajo que dictaron el acto impugnado, se encuentra sujeta a las prerrogativas legales vigentes y, en cumplimiento al mandato legal investido, calificando la misma dentro de la más absoluta legalidad prevista y prescrita en los artículo 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, normas de la legislación laboral y ley Orgánica del Servicio.

Afirma que, en consecuencia, la actuación del Inspector del Trabajo recurrido no es arbitraria, pues no es fruto del mero capricho o de la sinrazón, sino que su actuación es sólo producto de la facultad que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo, tanto en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional, como respecto del ejercicio de la facultad dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo, y cumpliendo además, los dictámenes sobre la materia emanados de la Contraloría General de la República vigentes al momento de la dictación del Ordinario objeto del recurso.

Señala que en cuanto a la existencia de privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos y garantías señalados por el recurrente, en relación con la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, que no se percibe la supuesta vulneración invocada, menos aún, cuando el Servicio recurrido ha mantenido inalterablemente su postura respecto a la presentación de la solicitud de reconsideración de multa administrativa, que es de 30 días corridos, y que el tratamiento que se le ha dado, es el mismo que se la da a todo usuario en relación a la solicitud resuelta y que es motivo del recurso.

Hace presente, además, que su representada estaba obligada a regirse por la normativa e instrucciones vigentes a la época de su dictación y reconoce que con fecha 16 de octubre de 2018, la Contraloría General de la República, emitió el Dictamen N° 25891, mediante el cual reconsideró los dictámenes citados, N° 64985 y 17344, dejándolos sin efecto, señalando precisamente, después de un nuevo análisis del Código del Trabajo y variadas normas que tratan sobre los plazos, que atendido que el artículo 512 no establece si es de días corridos o hábiles, y, dado que se trata de un recurso dentro de un procedimiento administrativo, tiene aplicación lo dispuesto en la Ley 19.880, en cuanto a que los plazos de los procedimientos administrativos son de días hábiles. Sin embargo, señala, lo dispuesto en este reciente dictamen sólo puede tener aplicación hacia el futuro, no procediendo su aplicación retroactiva, y al haberse judicializado el Ord. 456, se ve imposibilitado de modificarlo conforme lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 19.880.

Por estos argumentos de hecho estima que la Resolución impugnada se ajustó plenamente a derecho al momento de su dictación y solicita considerar estos antecedentes al momento de decidir sobre la condena en costas, eximiéndola de dicha carga procesal, por actuar conforme a las instrucciones emanadas del órgano contralor que imperaban al momento de resolver;

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, como lo ha señalado en forma reitera la Excma. Corte Suprema desde el año 2014, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, explicitando además que se entienden inhábiles, sábado, domingo y festivo. Al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley 19.880, respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil;

Quinto: Que constituye un hecho no controvertido, y consta además de los documentos de autos, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 24 de mayo del año en curso, esto es, conforme con lo razonado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el día 19 de abril del mismo año aludido;

Sexto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, desde que al desconocer la autoridad recurrida el término de impugnación, en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio, que es necesario enmendar.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por el abogado Gonzalo García Bustamante en representación de Agrícola Santa Magdalena Limitada en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Melipilla, don nombre reservado, en consecuencia se deja sin efecto ordinario N° 456, de 20 de julio de 2018, que declaró extemporáneo y no admitió a tramitación el recurso de reconsideración de multa presentado el 24 de mayo de 2018, y se declara que tal impugnación fue presentada dentro de plazo por lo que la recurrida deberá admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente en contra de la Resolución de Multa N° 8048/18, de 13 de marzo de 2018 Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministro señora nombre reservado 5275-2018 PROT.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por las ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, señora María Carolina Catepillan Lobos y el abogado integrante señor Ignacio Castillo Val. Se deja constancia que no firma el abogado integrante señor Ignacio Castillo Val, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.