nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
- Fecha
- 28 de octubre de 2021
- Sala
- Quinta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 5254-2021, sentencia de 28 de octubre de 2021
Resumen
Se rechaza la protección contra la Municipalidad por el término anticipado de la contrata, al ser un cargo directivo de exclusiva confianza y estar el decreto debidamente motivado.
Texto íntegro
San Miguel, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno Vistos y teniendo presente:
Primero: Que don nombre reservado, profesor de educación física, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, representada legalmente por su alcalde don Luis Astudillo Peiretti, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°8275 de 12 de agosto de 2021, notificado el 23 del mismo mes, que puso término anticipado a su contrata. Sostiene que constituye un acto arbitrario e ilegal que transgrede las garantías constitucionales consagradas en los números 1, 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Señala el 18 de marzo de 2019, mediante el respectivo decreto alcaldicio, fue contratado por la municipalidad como encargado de las políticas de deporte comunal, asimilándose al grado 5° de la E.M.R., a contar del 1 de marzo de dicha anualidad, siempre que no excediera la contratación hasta junio de 2019 y mientras fueren necesarios sus servicios. Explica que la contratación se renovó durante todo el 2019, 2020 y, por el Decreto Alcaldicio 527/2021 hasta el 31 de diciembre del año en curso y mientras sean necesarios los servicios.
Refiere que durante su gestión recuperó infraestructura municipal que se encontraba abandonada, realizó alianzas con diversos clubes deportivos, implementó una política asociativa con variadas instituciones e implementó distintos torneos deportivos. Indica que producto del estallido social y de la pandemia tuvo que suspender toda la planificación de desarrollo del área, sin embargo que durante el peak de los contagios en 2020, estuvo en terreno entregando cajas de mercadería a los vecinos y vecinas de la comuna. Señala que fue desvinculado por haber sido contratado para cumplir labores de confianza política del ex alcalde, por haber suscrito documentos como encargado del Departamento de Deportes encontrándose vigente el Decreto N° 11.361/2019 que nombra al funcionario nombre reservado en ese cargo, por no haber sido aprobada ni materializada mediate decreto una política comunal para la que fue contratado, por tener remuneraciones análogas al cargo de director no obstante que en los hechos no ejercía ese nivel jerárquico, y ante la falta de entrega de un producto de las funciones asignadas. Asevera que el acto en cuestión vulnera su integridad psíquica y derecho a la honra por cuanto se le acusa de no haber realizado el trabajo para el cual fue contratado, no obstante que hasta la fecha la nueva administración no le ha solicitado un informe de sus labores y la política deportiva comunal. Expresa que se le desvincula porque la nueva administración estima que su labor era de confianza política del jefe superior del servicio, dejándolo en absoluta indefensión.
Sostiene que la recurrida ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley toda vez que don nombre reservado, quien fue nombrado como encargado de deportes y también se encuentra vinculado a la Municipalidad mediante el régimen a contrata, no ha sido desvinculado, así como tampoco otros funcionarios que realizan labores en dicho departamento. Expone que se ha infringido el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que taxativamente dispone quienes ostentan la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del Alcalde. Añade que también se ha transgredido su derecho de propiedad, por cuanto no existe causa legal que justifique el término de su contratación, lo que implica que se le priva de su derecho a permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre del año en curso, con las consecuencias que ello trae aparejado, a saber, no percibir su remuneración.
Solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°8275 de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, disponiendo su inmediato reintegro a las labores municipales que desempeñaba en los términos que establece la ley hasta la fecha de su vencimiento, y el pago de sus remuneraciones y demás montos adeudados por el periodo que la decisión impugnada lo privó de su empleo con los reajustes e intereses correspondientes, con expresa condena en costas.
Acompaña a su presentación, el Decreto Alcaldicio N° 3608, de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de 18/03/2019, y el Decreto Alcaldicio N° 8275 de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de 12/08/2021.
Segundo: Que don Marco Zepeda Risso, abogado, en representación de la recurrida Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, informa solicitando el rechazo del recurso. Señala que el recurrente fue vinculado a la Municipalidad en calidad de contrata asimilado al grado 5 de la E.M.R. para desarrollar labores como “Encargado de las políticas de deporte comunal” en virtud de diversos Decretos Alcaldicios, siendo el último, el N° 527 que dispuso su contratación en los mismo términos a contar del 1 de enero de 2021 y mientras fuesen necesarios sus servicios siempre que no excedieran del 31 de diciembre del mismo año. Explica que el grado en el que aquél fue contratado, equivale a un cargo directivo asimilable a un cargo de planta al cual solo optan los funcionarios de confianza, cita jurisprudencia administrativa al efecto. Señala que el recurrente fue incorporado a la gestión del ex Alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Sr. Juan Rozas Romero en calidad de contrata grado 5, para realizar tareas directivas específicamente como: “Encargado de las políticas de deporte comunal”, ejerciendo lo que la Contraloría determina como un cargo de naturaleza política o de gabinete, esto es, aquellos cargos de confianza política que dependen directamente del jefe superior del Servicio. Ello se desprende de la función para la cual se le contrató, en grado directivo en el que cumplía labores de confianza. Hace presente que el recurrente nunca estuvo contratado bajo otra calidad en el municipio que le permitiera generar una expectativa de contratación, es decir, siempre, realizó dicha labor de asesoría, dependiendo directamente del Alcalde, la misma por la que se le contrató en virtud del decreto N°3608 de fecha 18 de marzo del año 2019.
Sostiene que resulta tan evidente la dependencia directa que tenía el recurrente con el anterior alcalde de la comuna, que, en su función no dependía de ninguna otra unidad o dirección, pues ya existía otro encargado de Deportes en el Municipio el cual dependía, como es usual en los municipios, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mientras tanto, el actor solamente le rendía cuentas al ex alcalde y, era éste, el encargado de autorizar sus vacaciones y días administrativos, figura que desde el punto de vista administrativo aplica exclusivamente para los directores de confianza y así como al personal administrativo que depende de la máxima autoridad edilicia, tales como secretarias y otros.
En cuanto a la arbitrariedad del acto que dispuso el término de su contrata, indica que el decreto que la dispuso se encuentra adecuadamente fundado conforme lo exige la Ley 19.880 y que es evidente que el recurrente cumplía tareas directivas de confianza por lo que se encuentra en una situación diferente que el resto del personal. Agrega que siguiendo la jurisprudencia administrativa en los dictámenes N°28.664 y N°28.660, ambos del 2018 de la Contraloría General de la República, es facultad del Alcalde ponerle término de manera anticipada a su contrata.
Explica que el término de la contratación del recurrente constituye una facultad del Alcalde en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 letra c) de la ley 18.695, por lo que puede tomar la decisión de no renovar una contrata o poner término anticipado y que en ejercicio de esa facultad, se dictó el decreto N°8275 de fecha 11 de agosto de 2021, acto administrativo que contiene la decisión formal del municipio de prescindir anticipadamente de sus servicios, expresando la motivación y los hechos que fundamentaron el término de su contratación. Tales fundamentos, se enfocan principalmente en el cambio de lineamiento propuesto por la nueva administración, que no contempla una jefatura en el Departamento de Deportes, toda vez que existe el funcionario nombre reservado, nombrado por decreto N°11.361 del año 2019 como encargado del Departamento de Deportes desde el año 2019, siendo también absorbidas las funciones del Sr. nombre reservado por el Departamento de Desarrollo Comunitario, por lo que es perfectamente posible prescindir de las funciones que desarrollaba el servidor a contrata, Niega la vulneración de las garantías reclamadas por el actor, específicamente, respecto a la conculcación de la igualdad ante la ley, aduce que los funcionarios del departamento de deportes de la comuna que no fueron desvinculados no se encuentran en la misma situación de dependencia directa que poseía el señor nombre reservado, por el contrario, todos ellos dependían jerárquicamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Acompaña a su informe los siguientes documentos: a) Decreto N°11361 de 01/08/2019; b) Decreto N° 8275 de 11/08/2021; c) Certificado emitido por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda; y, d) Solicitud de permiso administrativo del Sr. nombre reservado autorizado por el Sr. Juan Rozas Romero, ex alcalde de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Tercero: Que de conformidad a lo que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción cautelar de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.
Cuarto: Que corresponde determinar la ilegalidad o arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N°8275 de 12/08/2021 dictado por don Luis Astudillo Peiretti alcalde de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.
Quinto: Que resulta necesario traer a colación los siguientes antecedentes:
a) En memorándum N°47/2019, el alcalde don Juan Rozas Romero solicitó la contratación del recurrente de protección;
b) Por Decreto N° 3608/2019 de 18/03/2019 nombre reservado, fue contratado asimilado al grado 5° de la E.M.R., en el Escalafón Profesional, a contar del 01 de marzo de 2019 y mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de junio de 2019, para desempeñarse como Encargado de las Políticas de Deporte Comunal, suscribiendo dicho acto administrativo el mencionado alcalde de la época;
c) Aquella decisión se renovó por decreto N°10.242 de 11/07/2019 y decreto N°13.968 de 27/09/2019;
d) Enseguida, por decreto N°18.102 de 23/12/2019 fue contratado a contar del 01/01/2020 y hasta el 31/12/2020, grado 5 de la E.M.R.;
e) Luego, por decreto N°527/2021, fue contratado en los mismos términos a contar del 01/01/20 mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31/12/2021;
f) Durante la mayor parte del desempeño del recurrente, existía otra persona que se desempeñaba como Encargado del Departamento de Deportes, don nombre reservado, Profesional grado 9° de la E.M.R. en virtud del Decreto N°11.361 de 02/08/2019;
g) Todas las contrataciones anteriores fueron suscritas por el ex Alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda don Juan Rozas Romero, en calidad de contrata grado 5 para realizar tareas, como “Encargado de las Políticas de Deporte Comunal”, con imputación del gasto al ítem 21 “Gastos en Personal” del presupuesto municipal vigente.
Sexto: Que el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dictada según DFL 1-19.704, publicado en el D.O 03/05/2002 dispone “Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario”.
Séptimo: Que de conformidad a la Escala de Sueldo Base y Asignaciones de los Funcionarios Municipales dispuesta por Ley 21.306 con vigencia desde el 01/12/2020, el grado 5 percibe la asignación Directiva Jefatura del artículo 11 transitorio de la Ley 20.922.
Octavo: Que del mérito de los antecedentes ponderados de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten establecer que el nombramiento del recurrente tuvo como finalidad asesorar al alcalde en materias de política de deportes en el desarrollo de su gestión, esto es, en labores de naturaleza política o de gabinete como las denomina la Contraloría General de la República que dependen directamente del jefe superior del servicio. En consecuencia, nombre reservado cumplía labores de la exclusiva confianza del alcalde como las define el ordenamiento jurídico.
Noveno: Que, en consecuencia, no aplica en el presente caso la regla administrativa de tener el funcionario municipal la legítima confianza que su contrata se renovaría puesto que el recurrente en su calidad de contrata municipal para desempeñarse como Encargado de las Políticas de Deporte Comunal, por periodos acotados, tenía un cargo directivo de la exclusiva confianza del alcalde que originariamente lo designó.
Décimo: Que de lo que se viene razonando, resulta que en la dictación del Decreto impugnado, no se incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna desde que se ello se verificó en virtud de las atribuciones que tiene el alcalde según lo que contempla el artículo 63 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades y se encuentra debidamente motivado, por lo que la presente acción no puede prosperar.
Y, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.
Redacción de la ministra Sra. Catepillán.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 5254-2021 Protección Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Sra. Ma. Carolina Catepillan nombre reservado, Sra. nombre reservado y fiscal judicial Sr. nombre reservado. Se deja constancia que no firma la ministro Sra. Mera, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar con permiso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.