nombre reservado con BATA CHILE S.A.

En San Miguel, a diecinueve de junio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos ingreso Corte N° 5240-2020 Protección comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, torre, comuna de San Miguel; quien por si interpone recurso de protección constitucional en contra de la empresa Bata Chile S.A por la acción ilegal y arbitraria consistente en haber el día 8 de mayo del año en curso suspendido su relación laboral en los términos de la ley 21.227 basándose en la cuarentena implementada en la comuna de su residencia atentando con su actuar su derecho a fuero maternal, basado en los artículos 174 y 201 del Código Laboral, y, consecuencialmente afectando las garantías constitucionales de la vida e integridad física y psíquica, derecho a la estabilidad laboral e igualdad ante la ley toda vez que con tal acto y encontrándose con 21 semanas de embarazo afecta sus ingresos disminuyéndolos en un 50%, adicionando a esto el estrés y crisis de angustia ocasionado durante estos días.

Refiere que desde el 19 de marzo se encontraba desarrollando sus labores en modalidad de teletrabajo cuando recibió un correo electrónico el 8 de mayo en que se le comunicaba la suspensión laboral en circunstancias que se encuentra con fuero maternal con fecha probable de parto el 25 de septiembre de 2020.

Agrega que la empresa sigue realizando funciones a través de “E- Comerce” y con atención presencial en otras zonas del país por lo que la decisión de terminar con la modalidad de trabajo a distancia pactada en un anexo de su contrato de trabajo y la consiguiente suspensión de su relación laboral resulta infundada y, por lo tanto, arbitraria.

Expresa que el numeral N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la vida e integridad física y psíquica protegiendo, además, la vida del que está por nacer lo que se condice con los pactos internacionales ratificados por Chile como son el Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos y sociales, al Convención sobre eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Señala que es una consecuencia de las normas que protegen el empleo de la mujer embarazada no solo el derecho a no ser despedido salvo autorización judicial, sino también a mantener las mismas condiciones de trabajo y de remuneración, lo que implica que no puede existir menoscabo, pues la estabilidad busca proveer de los medios económicos necesarios para el periodo de maternidad convirtiendo la decisión del recurrido en arbitraria al carecer de una justificación particular a su respecto ya que se funda en su puro interés económico aplicando tal decisión unilateralmente a ciertos trabajadores y no a los de mayores remuneraciones lo que se traduce en un acto de discriminación hacia su persona y su condición.

Por lo anterior solicita se acoja el presente recurso ordenado a la recurrida dejar sin efecto la suspensión unilateral su contrato, el pago íntegro de sus remuneraciones en iguales condiciones que el acto cuya ilegalidad alega sin perjuicio de las medidas que sean conducentes para el restablecimiento y protección de los derechos y garantías conculcadas.

Segundo: Que Carlos Vásquez Gómez, abogado, en representación de BATA Chile S.A. informa al tenor del recurso solicitando sea rechazado con costas.

Refiere que la trabajadora recurrente busca, según se desprende del petitorio de su libelo, que se deje sin efecto la notificación de la suspensión de la relación laboral realizada por su representada, decisión tomada de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 21.227.

Indica que con tal decisión no ha cometido ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda haber provocado una privación, perturbación o amenaza a los derechos o garantías constitucionales de la recurrente.

Primeramente, respecto a los artículos 174 y 201 del Código del Trabajo, señala que entiende se remiten al fuero maternal y que la citación de pactos internacionales respecto al cuidado especial de la maternidad y la infancia, y a que a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social obedece a lo establecido en el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución.

Agrega que, no obstante coincidir en que el fuero maternal se encuentra absolutamente resguardado en nuestro derecho positivo, su eventual vulneración no puede servir de base para un pronunciamiento favorable a la acción de protección en razón que no se trata de normas mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República ya que se vulneraría el principio de legalidad, recogido por la legislación civil y la propia Carta Fundamental el acoger una acción establecida y consagrada constitucionalmente, si precisamente se extienden sus alcances a aquello que no fue considerado en ella.

En cuanto a las otras garantías que expresa la recurrente como afectadas señala que, a pesar de que la recurrente se encuentra embarazada, no vislumbra como la disminución significativa de sus ingresos puede constituir un atentado a su libertad e igualdad más aun cuando lo anterior se realiza dentro del marco previsto por la Ley N° 21.227 Que precisamente el fin de dicha ley es proteger el vínculo laboral, precaviendo la ocurrencia de despidos, con todas las consecuencias inherentes a este hecho. En el caso en particular, la sra. nombre reservado se trata de una trabajadora contratada a plazo fijo (3 meses) el 13 de enero del año en curso. Durante ese período, y luego que se le notificase del próximo término de la vigencia de la relación laboral, ella manifestó encontrarse embarazada, único motivo por el cual debió seguir adelante el vínculo contractual entre la recurrente y la recurrida, puesto que el cierre de la mayor parte del comercio minorista (retail), ha perjudicado directamente a Bata Chile S.A.

De esta manera, al momento de decretarse la suspensión de la relación laboral, se trató de un acto absolutamente conforme a derecho, en el cual no fue la única persona involucrada sino que forma parte de un cúmulo de otros trabajadores pertenecientes a las oficinas administrativas de su representada y que, por el contrario ell haberla sustraído de la suspensión habría implicado efectivamente una desigualdad respecto de aquellas personas que se vieron (y continúan) sometidas al mismo régimen. Afirma que esas otras personas podrían válidamente argüir que se encuentran ahora en una posición desventajosa puesto que por mucho que no estén esperando un hijo, cuentan con ya con varios hijos que se ven igualmente afectados con esta figura, aunque lógicamente, se habrían visto más perjudicados de haber terminado el vínculo laboral.

De esta manera el recurrido da a entender que ella se encuentra en una posición bastante privilegiada al tener un hijo en su vientre, si se compara con otras personas que tienen varias cargas que alimentar pero no están embarazadas y lo que configura una odiosa desigualdad.

Preguntándose, a párrafo siguiente, en cuanto al derecho a la vida que estima conculcado la recurrente a raíz de la disminución progresiva de sus ingresos ocasionada por la suspensión laboral si todas las mujeres embarazadas, que a diferencia de ella no cuentan con un trabajo, también estiman que esa situación constituye una amenaza a la vida. Afirmando, a reglón seguido, que de seguirse la interpretación implicaría que la Ley Nº 21.227 es en sí misma atentatoria a la vida y que todas las personas respecto de las cuales se adoptaría esta decisión, se encontrarían igualmente en una situación en que se reducen sus ingresos porcentualmente por la fórmula de pago que establece esa normativa, personas que como ya dijo, tienen no tan necesariamente un hijo en camino, sino que tales hijos ya han llegado al mundo, con todo lo que ello implica. Sin embargo, esas personas deben aceptar la aplicación de la ley sin intentar siquiera argumentar en tal sentido, puesto que, si se tramitó y promulgó con extrema celeridad dicha norma legal, fue precisamente para resguardar sus intereses.

Finaliza su informe expresando que al momento de la dictación de la Ley Nº 21.227, que “Faculta el Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley Nº 19.728, en Circunstancias Excepcionales”, se indicó en el inciso segundo que no era posible el pacto de reducción de jornada para trabajadores con fuero. Sin embargo, nada se dijo respecto de la suspensión de los efectos del contrato regulado en el título primero de esa misma norma. Lo que, a su parecer, confirmaba que el legislador tuvo en consideración el caso de los trabajadores con fuero y estimó que sí era procedente la suspensión de la relación laboral de éstos, mas no en el caso de los pactos de reducción de jornada.

No obstante ello, al poco tiempo se dictó una ley 21.232 que vino a extender o modificar sus alcances. Entre esas modificaciones, se encuentra la incorporación de un artículo 6 bis que dispone “No se aplicarán las normas del presente Título I a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo”. Norma que entró en vigencia el 1 de junio del presente año, momento desde el cual Bata dejó sin efecto la incorporación de la sra. nombre reservado en el listado de trabajadores sujetos a suspensión de relación laboral.

Concluye, que de lo anterior se desprende que el actuar de Bata Chile S.A. no fue arbitrario, sino que se adecuó a la legislación vigente al momento de su aplicación, esto es , entre la primera semana de mayo y hasta que se dictó la Ley Nº 21.232 de manera que el efecto de suspensión de la relación laboral y de los beneficios establecidos mediante el tenor de la ley original era absolutamente procedente respecto de la recurrente, no habiéndose incurrido de modo alguno en afectación de sus derechos mediante la aplicación de la ley en cuestión por lo que incluso en el evento que se considerase que hubo algún tipo de afectación a su respecto por la sola aplicación ordinaria y lógica de la Ley Nº 21.227, ésta no se ha extendido más allá del primero de junio.

Así, el área de Recursos Humanos de la empresa, dejó sin efecto la suspensión, comunicándoselo a la Administradora de Fondos de Cesantía, mediante correo electrónico que acompaña ya está en permanente contacto con su jefatura directa (don nombre reservado) y otros trabajadores de la empresa.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que atendido el tenor de la ley 21.227 en el que no se divisa norma que lleve a concluir que el régimen extraordinario que ella introduce se superponga a la preceptiva del artículo 201 y siguientes del Código del Trabajo que rige el fuero maternal, condición especial que ha sido materia de protección por parte del legislador laboral, la correcta inteligencia de ambas normas lleva a privilegiar la interpretación que haga primar estas últimas disposiciones por sobre la señalada ley que contempla figura de suspensión temporal de la relación laboral, razón que impedía a la empleadora dar aplicación a ésta con respecto a la recurrente.

Sexto: Que en tal contexto y habida cuenta que la recurrida reconoce haber aplicado la figura de la suspensión normada en la ley N° 21.227 hasta la entrada en vigencia de su modificatoria N° 21.232 de uno de junio del año en curso, corresponde que el presente arbitrio sea acogido en lo que dice relación a los descuentos en las remuneraciones de la actora que se hubieren realizado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra Empresas Bata S. A., solo en cuanto se ordena a la recurrida gestionar el pago íntegro las remuneraciones de la actora, en la medida que éstas no lo hayan sido a partir del 8 de mayo pasado.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en los antecedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 5240-2020-Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales.