Protección contra Departamento de Extranjería y Migración por privar y/o perturbar en forma arbitr

San Miguel, siete de octubre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Compareció don Juan Pablo Collao Arenas, abogado, en representación de doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración por privar y/o perturbar en forma arbitraria e ilegal el derecho de los recurrentes a la igualdad ante la Ley, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que los recurrentes son todos solicitantes de Permanencia Definitiva, que iniciaron sus trámites de manera digital a través de la plataforma online denominada “SIMPLE” de la recurrida Departamento de Extranjería y Migración entre los meses de agosto y septiembre del año 2019. Sin embargo, la recurrida les da el primer aviso sobre el estado de sus trámites ocho meses después de enviadas sus solicitudes, otorgándoles un plazo de apenas cinco días para subsanar la documentación que había sido enviada, calificándola como insuficiente o incompleta. Señala que todas estas notificaciones fueron enviadas por la recurrida en el marco del Estado de Catástrofe decretado por el gobierno nacional con fecha 18 de marzo del presente año, como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Expresa que en cuanto a la recurrente doña nombre reservado, envió la solicitud de Permanencia Definitiva el día 23 de agosto de 2019 a través de la plataforma online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración, recibiendo respuesta recién el día 22 de abril de 2020, indicándose “el certificado de antecedentes del país de origen no se encuentra vigente y el certificado de vigencia del contrato no fue presentado”.

Respecto de doña nombre reservado, remitió la solicitud de Permanencia Definitiva el día 27 de agosto de 2019, también a través de la plataforma online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración, recibiendo respuesta el día 24 de abril de 2020, indicándose “la cédula de identidad emitida por el Registro Civil no contiene la información necesaria (debe presentar por ambos lados)”.

Refiere que tanto respecto de doña nombre reservado y nombre reservado, las fallas técnicas y de conexión sufridas por la plataforma online “SIMPLE” durante el mes de abril del presente año, les impidieron dar continuidad a sus trámites de Permanencia Definitiva, lo que puede desprenderse de las capturas de pantalla que acompaña al libelo. Es así como nombre reservado intentó subir los documentos requeridos en diversas oportunidades, sin éxito, hasta que finalmente logró hacerlo el día 12 de mayo de 2020, ya vencido el plazo otorgado, recibiendo, en consecuencia, el día 18 de mayo de 2020 una notificación indicando “Tramitación concluida. No cumple en el plazo otorgado”. De igual forma, nombre reservado denunció los inconvenientes del sistema digital a través de la mesa de ayuda del Departamento de Extranjería y Migración, quienes le ofrecieron disculpas por la situación y le ofrecieron postular nuevamente el día 30 de abril de 2020, sin embargo, recién el día 07 de mayo de 2020 y luego de innumerables intentos logró subsanar la única observación, una vez vencido el plazo otorgado. Con esa misma fecha, recibió la notificación de la autoridad, indicando “Tramitación concluida. No cumple en el plazo otorgado”.

En el caso de don nombre reservado, refiere que presentó su solicitud de Permanencia Definitiva a través de la plataforma online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración el día 05 de septiembre de 2019 y recibió respuesta el 19 de mayo del año 2020, señalándole “La hoja de identificación Pasaporte no se encuentra vigente. Certificado de Antecedentes del país de origen se encuentra sin la debida legalización o apostillado y no se encuentra vigente”.

En cuanto a la situación de don nombre reservado, indica que éste envió a través de la plataforma online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración su solicitud de Permanencia Definitiva el día 10 de septiembre de 2019 y que recibió respuesta de parte de la recurrida con fecha 26 de mayo de 2020, observándose “El Certificado de Antecedentes del país de origen no se encuentra vigente”.

Finalmente, en relación a la recurrente doña nombre reservado, expresa que ingresó a través de la plataforma online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración su solicitud de Permanencia Definitiva el día 11 de septiembre de 2019 y recibió respuesta recién el día 26 de mayo de 2020, en el siguiente tenor “El Certificado de Antecedentes del país de origen se encuentra sin la debida legalización o apostillado. El Certificado de Registro de visa no fue presentado. EL contrato de trabajo no se puede verificar”

Refiere que debido al Estado de nombre reservado era casi imposible coincidir el empleador y la notaría junto a los recurrentes, en atención a que muchas de las empresas se habían visto obligadas a cerrar sus puertas y continuar a través del teletrabajo, por lo que se requería un tiempo razonable y acorde a la calamidad que vive excepcionalmente, lo que impidió que los actores pudieran cumplir con la solicitud de subsanación requerida en el plazo indicado de cinco días, como ocurrió en el caso de doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Señala que en el caso de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, además, se les requirió el Certificado de Antecedentes Penales venezolano, cuyo proceso de emisión sólo puede hacerse un día a la semana y cuya apostilla se envía en un plazo de diez días, por lo que el proceso toma a lo menos tres o cuatro semanas. Añade sobre este requerimiento, que el Departamento de Extranjería y Migración otorga un plazo de cinco días para subsanar su omisión, a sabiendas que resulta imposible de cumplir, el que además resulta desproporcionado, dado que recién ocho meses después de formuladas las solicitudes se pronunció respecto de ellas.

Es así como los solicitantes se han visto imposibilitados de poder subsanar las observaciones, aun cuando cuenten con los documentos requeridos, ya que no se les permite hacerlo por encontrarse bloqueados para continuar con el trámite por encontrarse fuera de plazo.

Hace presente que pese a que el Departamento de Extranjería y Migración ha señalado que dada la contingencia actual y las dificultades técnicas del sistema digital, se realizarían igualmente las evaluaciones luego del plazo de cinco días ya referido, igualmente decidió concluir los trámites de los recurrentes, declarándolos desistidos de las solicitudes. Asimismo, en otros casos se ha pretendido imponer multas, pese a que la imposibilidad de cumplir con el plazo otorgado no resulta imputable a los recurrentes.

Añade que como consecuencia de la falta de adecuación de la plataforma digital, los recurrentes tampoco pudieron ejercer su derecho de solicitar ampliación de plazo para poder cumplir con los requerimientos de la recurrida, ya que aunque la Ley 19.880 contempla esta posibilidad en el artículo 26, el sistema online del Departamento de Extranjería y Migración simplemente no lo permite.

Alega que los recurrentes no recibieron ningún tipo de información sobre el avance de su trámite hasta pasados ocho meses de sus solicitudes, por lo cual no se cumplió en forma alguna el plazo de 48 horas que establece la Ley N° 19.880 que rige las Bases de Los Procedimientos Administrativos, así como tampoco se dio cumplimiento a los principios de celeridad, violándose en ese sentido el artículo 27 del referido cuerpo legal pues el procedimiento se ha excedido de manera evidente, del plazo de 6 meses desde su inicio hasta su resolución final.

Sostiene que, en razón a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, se le debió efectuar formalmente el requerimiento de entrega de información a los recurrentes tal como ocurre con las solicitudes en Gobernaciones Provinciales, pero indicando el referido plazo de 60 días, contemplado en la Circular N°12, después del cual, de no ser presentada la información requerida, se procedería a rechazar la solicitud o entenderse como desistida. Agrega que, otorgar el mismo plazo que contempla la referida Circular Nº 12, que instruye sobre el procedimiento para recepción de solicitudes de visación en Gobernaciones Provinciales centralizadas y que había sido el otorgado desde antes de la implementación del sistema online “SIMPLE”, garantizaría el deber de aplicar las mismas normas jurídicas para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, evitando así la violación a la vulneración del derecho ya señalado.

Añade que en el presente caso, a los recurrentes se le está dando un trato desigual por su calidad de extranjeros en la tramitación de la solicitud de Permanencia Definitiva, con respecto al resto de los administrados en relación a la tramitación de procedimientos administrativos, todo lo cual se deriva en la falta de adecuación del sistema online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración, a las normas y principios que deben regir los procedimientos administrativos y que se encuentran contemplados en la Ley N° 19.880, así como la falta de implementación de medidas que permitan que los extranjeros no se vean perjudicados en sus trámites, como consecuencia de las limitaciones a las que están sometidos en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, y el consecuente decreto de Estado de Catástrofe.

Finaliza solicitando se tenga por interpuesto el recurso de protección y en definitiva se acoja, ordenando al nombre reservado y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a:

1. Acoger a trámite las solicitudes de permanencia definitiva ya presentadas por los recurrentes dándoles continuidad hasta su resolución, y otorgándoles un nuevo plazo para que acompañen la documentación faltante, una vez finalizado el estado de catástrofe decretado por el Presidente de la República, o en su defecto otorgarles como en derecho corresponda, poder solicitar la ampliación de plazo contemplada en el artículo 26 de la Ley 19.880.

2. Que se condene en costas a la recurrida.

En escrito posterior, amplía el recurso deducido, haciendo presente que la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública dictó el 12 de junio de 2020, la Resolución Exenta Nº 2933 mediante la cual dispone la Medida Provisional de Extensión del Plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, en los casos que indica, producto de la emergencia sanitaria por brote de “Covid-19”, por el que se extendió a 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, en el siguiente tenor: “1. EXTIÉNDASE a 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880 que “Establece las Bases de Procedimientos de los órganos de la Administración del Estado, a contar del 01 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos al tenor de la norma anteriormente individualizada, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, según corresponda.”

Sostiene que dicha resolución no es más que una clara confirmación de lo que ha planteado en la presente acción constitucional, con respecto a la imposibilidad de los recurrentes de cumplir dentro del plazo otorgado para subsanar, en el contexto de Estado de Catástrofe y las limitaciones de movilización producto de las cuarentenas dispuestas.

Sin embargo, esta resolución sólo extiende el plazo a partir del 01 de junio de 2020, con lo que deja sin protección a los recurrentes, que fueron notificados antes de esa fecha, pero igualmente dentro del Estado de Catástrofe que fue decretado el día 18 de marzo del año en curso, violándose de manera clara la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

SEGUNDO: Por su parte, compareció don nombre reservado, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando el informe que le fuera requerido, solicitando el rechazo de la acción de protección impetrada.

Expresa que respecto de nombre reservado y doña nombre reservado, mediante comunicaciones de fechas 18 de mayo de 2020 y 24 de abril de 2020, respectivamente, ambas del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se les informó que sus solicitudes de Permanencia Definitiva no reunían los requisitos exigidos por la legislación vigente, en atención a que no adjuntaron la documentación señalada en los formularios de requisitos, y exigida por la plataforma- informática que recepciona estas solicitudes; el certificado de vigencia del contrato y el certificado de antecedentes de su país de origen, respecto de la Sra. nombre reservado, y la cédula de identidad por ambos lados en relación con la Sra. nombre reservado. Añade que, mediante las comunicaciones mencionadas, se otorgó a las extranjeras un plazo de cinco días hábiles para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, y que consta en los registros computacionales que ninguna acompañó los documentos faltantes dentro de plazo, por lo que se tuvo por desistidas sus solicitudes. Añade que respecto de ellas no se ha emitido resolución alguna que disponga su abandono del país o que decrete su expulsión.

Sostiene que en relación con nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se les comunicó con fechas 19 de mayo de 2020, 26 de mayo de 2020 y 26 de mayo de 2020, respectivamente, que sus solicitudes se encontraban incompletas, específicamente respecto de nombre reservado el certificado de antecedentes de su país de origen no se encontraba vigente y su pasaporte vencido; en relación con nombre reservado su certificado de antecedentes penales del país de origen no se encontraba vigente; y respecto de nombre reservado el certificado de antecedentes penales de su país de origen no contaba con la debida legalización o apostilla y no contaba con el certificado de registro de su visa. Indica que en todos los casos señalados, se otorgó a los solicitantes un plazo de cinco días hábiles para subsanar la omisión, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley 19.880, sin que exista registro a la fecha de haberse subsanado la solicitud de Permanencia Definitiva, por parte de ninguno de ellos.

Como alegación principal, respecto de todos los recurrentes, sostiene la extemporaneidad de la acción de protección, indicando que el supuesto acto ilegal y arbitrario que se impugna por el presente recurso consiste en no acoger a trámite las solicitudes de Permanencia Definitiva impetradas por los recurrentes, esto es, los actos administrativos que rechazaron someter a trámite sus solicitudes por no contener la documentación completa exigida por la Ley y el Reglamento de Extranjería y concedieron un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omisiones. Así las cosas, en el caso de la recurrente nombre reservado, su solicitud fue declarada inadmisible y notificada a la actora el día 22 de abril de 2020 y en relación a la Sra. nombre reservado, ésta fue declarada inadmisible y notificada el día 24 de abril de 2020, por tanto, la acción se ha intentado habiendo ya transcurrido el plazo fatal de treinta días contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales.

En subsidio, solicita el rechazo de la presente acción, indicando que la legislación migratoria vigente, remite al Reglamento regular los plazos, documentos y requisitos para obtener visas y permisos, dentro de ellos, la Permanencia Definitiva. Es así como el Decreto Supremo N° 597 de 1984, regula que es de carga del extranjero que sus solicitudes sean completas, adjuntando toda la documentación que se requiere para la visa o permiso que se persigue obtener.

Por su parte, el Ministerio del Interior, en quien está radicada la competencia para el otorgamiento de visaciones de extranjeros en Chile, está facultado para establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos, entre otros, los certificados de antecedentes penales del país de origen. Tal como reconoció la propia recurrente en su libelo, el Departamento de Extranjería y Migración difundió por diversos medios, el día 02 de mayo de 2019, que también sería exigible respecto de los nacionales de Venezuela, el certificado de antecedentes de su país de origen al momento de resolver las solicitudes que presentaran, el que debía estar vigente y debidamente apostillado. Por tanto, muchos meses antes de que los extranjeros presentaran su solicitud de Permanencia Definitiva, ya estaban en conocimiento de que debían adjuntar dicho documento, contando con tiempo más que suficiente para reunirlo previo a la presentación de su solicitud, la que, por otra parte, pueden formular dentro de los noventa días previos al vencimiento de su visa. En consecuencia, el plazo de cinco días que contempla la Ley, debe considerarse para acompañar el documento respectivo y no como un plazo para que el extranjero realice recién la solicitud del documento.

Añade que no puede ser carga de la autoridad migratoria, el tiempo y circunstancias propias de la obtención de documentos por parte de los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo los extranjeros supeditarse al proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, obteniendo los documentos con la anticipación necesaria, habiendo sido anunciado con meses de anticipación a la presentación de sus solicitudes.

Adiciona que la autoridad se pronunció respecto de cada una de las solicitudes de Permanencia Definitiva formuladas por los recurrentes, señalando a cada uno de ellos un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omisiones documentales, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley 19.880, sin embargo, al no cumplir éstos con las exigencias documentales dentro del plazo establecido, la única consecuencia posible era archivar las solicitudes y continuar con la aplicación de la legislación migratoria vigente, esto es, la eventual imposición de sanciones migratorias por residencia ilegal.

Hace presente que respecto de ninguno de los recurrentes se ha aplicado sanción migratoria, como abandono o expulsión, pudiendo éstos someterse al proceso de sanción mediante multa e ingresar una nueva solicitud de visa o Permanencia Definitiva.

Complementando su informe, conforme la ampliación formulada por el recurrente, sostiene que respecto de la Resolución Exenta N° 2933 de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría del Interior, ésta fue dictada por la autoridad competente, dentro de su facultades para proponer y ejecutar la política migratoria y dictar instrucciones para la mejor aplicación de la ley migratoria, siendo aquello facultad privativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no correspondiendo a otros órgano de la República la revisión de aquellas decisiones que se enmarquen en la definición de dichas políticas. Sin embargo, lo que ataca la recurrente en la presente acción, es la mera expectativa que tiene de que se aplique en su caso –en un procedimiento administrativo ya concluido- la ampliación de plazo que la referida resolución estableció.

Añade que la aludida ampliación, tomó en consideración que a nivel nacional la cúspide de contagios por coronavirus tuvo lugar en el mes de mayo pasado, alcanzando un peak el día 31 de mayo de 2020, de acuerdo al Informe Epidemiológico de 01 de junio pasado, fecha en que las comunas en cuarentena aumentaron, por lo que la autoridad migratoria tomó la decisión de ampliar los plazos para que los extranjeros pudiesen subsanar sus solicitudes incompletas o insuficiente, encontrándose facultada para aquello.

Finaliza reiterando que los recurrentes no poseen la calidad de interesados, ya que el procedimiento administrativo respecto de todos ellos ya se encontraba terminado al día 01 de junio de 2020 y que sólo mantienen una mera expectativa respecto de la posible aplicación del acto administrativo impugnado para su situación fáctica particular. Así las cosas, carecen los actores de un derecho indubitado que les haya sido quebrantado con ocasión de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenacen, perturben o priven el ejercicio legítimo de éste u otras garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, no gobernado por la razón o producto del mero capricho de quien incurre en él;

CUARTO: Que, a fin de precisar el ámbito del presente recurso, es necesario dejar establecido que los hechos en que se funda no han sido controvertidos por la parte recurrida, consistiendo básicamente en la negativa a tramitar las solicitudes de permanencia definitiva de los recurrentes, sea por no haber completado la documentación necesaria para ello, sea por haberlo hecho con posterioridad al plazo de cinco días que se les otorgó al efecto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 19.880. También es un hecho cierto que con posterioridad -12 de junio de 2020- se dictó la Resolución Exenta N° 2933 de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso la Medida Provisional de Extensión del Plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, en los casos que indica, producto de la emergencia sanitaria por brote de “COVID-19”;

QUINTO: Que, la resolución exenta que extendió el plazo para acompañar documentos o subsanar las faltas que hubiesen afectado a solicitudes como las de los recurrentes, es del tenor siguiente:

“Considerando:

1.- Que mediante el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, se decretó Alerta Sanitaria, con duración de 12 meses, con la finalidad de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCov). Dicho decreto fue modificado por los decretos N° 6 y N° 10, ambos de 2020, de la misma Cartera de Estado.

2.- Que, la situación descrita constituye una calamidad pública en los términos señalados en el Artículo 41 de la Constitución Política de la República, por lo que el Gobierno de Chile, mediante decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declaró Estado de nombre reservado por Calamidad Pública en todo el territorio nacional. Asimismo, mediante el decreto N° 107, de 2020, de la misma Cartera de Estado, se declaró zona afectada por catástrofe las 346 comunas del país.

3.- Que, en este contexto, el Ministerio de Salud, a través de diversos actos administrativos, dispuso medidas sanitarias por brote de Covid-19, entre las que se encuentran aquellas consistentes en cuarentena obligatoria y cordones sanitarios para distintas zonas del territorio nacional.

4.- Que, por su parte, el artículo 45 del Código Civil establece que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

5.- Que, en dicho contexto, la Contraloría General de la República, en su Oficio N° 3610, de 17 de marzo de 2020, establece que “A la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil norma de derecho común y de carácter supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permiten adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir de cumplimiento de ciertas obligaciones o plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico.

En la especie, el brote del Covid-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos, esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad”.

En este sentido, agrega que “(…) los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo”.

6.- Que, por su parte, el artículo 31 de la ley 19.880, que “Establece las Bases de Procedimientos de los Órganos de la Administración del Estado”, prescribe que “si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”.

7.- Que, en dicho contexto, y como es de público conocimiento, la pandemia por Covid-19 ha traído como consecuencia restricciones en el desplazamiento de la autoridad, la que ha dificultado dar cumplimiento dentro del plazo establecido para solicitud de residencia no reúna con los requisitos legales, al tenor de lo señalado en el artículo 31 de la Ley N° 19.880 anteriormente individualizado (…)

10.- Que, en virtud de lo razonado precedentemente, es un hecho público y notorio que la pandemia del Covid-19, constituye un caso fortuito o fuerza mayor, el cual ha afectado gravemente a nuestro país y sus habitantes, tanto nacionales como extranjeros, existiendo, a juicio de esta Subsecretaría, elementos suficientes para tomar medidas excepcionales, como la que se indica más adelante, con la finalidad de resguardar los derechos de los interesados.

11.- Que, según lo dispuesto por el artículo 52 de la ley N° 19.880 los actos administrativos, no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, lo cual se estima ocurre en este caso.

Resuelvo:

1.- Extiéndase, a 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la ley 19.880, que “Establece las Bases de Procedimientos de los Órganos de la Administración del Estado”, a contar del 1 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos al tenor de la norma anteriormente individualizada, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, según corresponda”.

SEXTO: Que, los reparos efectuados por la autoridad migratoria a los recurrentes son de fechas 22 y 24 de abril y 19, 26 y 26 de mayo del año en curso y en ellos se les otorgó el plazo de cinco días para subsanar las faltas o agregar los documentos necesarios para su tramitación, en conformidad a la normativa vigente, artículo 31 de la ley 19.880, lo que conduce –en una primera aproximación- a concluir que el acto administrativo concluyó cuando tales reparos no fueron subsanados en el referido plazo y, consecuentemente, que el recurso aparecería extemporáneo.

Sin embargo, tal conclusión inicial se ve contradicha por la posterior dictación de la resolución exenta antes transcrita, puesto que por ella se modifica el plazo legal cuyo transcurso sirvió de fundamento para tener por desistidas las solicitudes de los actores. En efecto, los fundamentos de la extensión del plazo contenida en la resolución exenta 2933 de la Subsecretaría del Interior se encuentran, básicamente, en la situación excepcional que vive el país a raíz de la pandemia que lo azota, que hizo necesario decretar por parte del Ministerio de Salud una alerta sanitaria por doce meses, cuarentenas obligatorias y cordones sanitarios en distintas localidades, así como el estado de nombre reservado por Calamidad Pública dispuesto por decreto supremo 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; ello ha llevado a la Contraloría General de la República a considerar que se vive una situación de caso fortuito que permite que los jefes superiores de los servicios puedan suspender o extender la duración de los plazos dispuestos para los actos administrativos considerando, además, la norma del artículo 52 de la ley 19.880, según la cual los actos administrativos no tienen efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para el interesado y no lesionen derechos de terceros. Toda esa fundamentación fue la que condujo a extender a 120 días corridos el plazo de cinco días establecido en el artículo 31 de la ley 19.880 para subsanar las faltas o acompañar documentos respecto de las solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reunieran los requisitos legales. Sin embargo, dicha extensión sólo debía regir a contar del 1 de junio de 2020;

SÉPTIMO: Que, habiendo sido los recurrentes notificados de los requerimientos para subsanar sus solicitudes de permanencia definitiva en la época en que ya se encontraba vigente el estado de nombre reservado, la alerta sanitaria, las cuarentenas y todas las demás situaciones que sirvieron de fundamento a la extensión del plazo, no se advierte el motivo por el cual no puedan verse favorecidos por ella en razón de la limitación contenida en la resolución exenta, que sólo la hizo regir desde el 1 de junio de 2020. Sobre todo si en cuenta se tiene que las normas de la Ley N° 19.880 son generales para los procedimientos administrativos, previstas para períodos de normalidad y no para situaciones de excepción como la descrita, pese a lo cual incluso dentro de dicha normativa se autoriza la suspensión o extensión de los plazos, conforme lo establece el artículo 26, en especial si no existe afectación de derechos de terceros.

OCTAVO: Que la limitación contenida en la resolución exenta, en cuanto señala el 1 de junio de 2020 como fecha inicial para la extensión a 120 días del plazo para subsanar las faltas o acompañar documentos a las solicitudes como las de los actores, resulta arbitraria, sin que las razones aducidas en el informe de la recurrida resulten convincentes para dotarla de razonabilidad, desde que escapan a las propias motivaciones que sirvieron de fundamento para la adopción de tal medida, latamente expuestas en la referida resolución, en ninguna de las cuales se alude siquiera tangencialmente a que la cúspide de contagios por coronavirus a nivel nacional tuviera lugar en el mes de mayo pasado, alcanzando un peak el día 31 de mayo de 2020, ni a los informes epidemiológicos que así lo habrían confirmado;

NOVENO: Que, en tal sentido, la limitación de la extensión del plazo a situaciones posteriores al 1 de junio de 2020, afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, puesto que arbitrariamente discrimina entre personas que debieron ser tratadas en igual forma porque se encontraban en la misma situación, esto es, con solicitudes rechazadas por defectos subsanables, otorgando a unas un plazo extendido que a otras se les negó por el hecho de haber sido notificadas entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Al constatarlo y teniendo en cuenta el mandato del artículo 20 de la Constitución Política, resulta imperioso para esta Corte restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección a los afectados;

DÉCIMO: Que, en razón de lo expuesto –y volviendo a lo reflexionado en el considerando sexto- el acto de la recurrida, que inicialmente pudo estimarse ajustado a derecho, devino en discriminatorio al fundarse en el trascurso de un plazo que fue posteriormente extendido mediante la dictación de la resolución exenta N° 2933 de la Subsecretaría del Interior, acto este último que aparece arbitrario en su época de vigencia, contaminando así la razonabilidad de la decisión en contra de la cual se recurre.

Estima esta Corte que la única forma de otorgar protección a los recurrentes frente a la discriminación anotada es la que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, para lo cual considera, además, que el artículo 52 de la ley 19.880 autoriza la retroactividad de los actos administrativos cuando ellos produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, cuyo es el caso;

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la decisión de la recurrida aparece contradictoria con sus propios actos, puesto que en la tramitación de las solicitudes de los actores excedió largamente lo establecido en el artículo 27 de la ley 19.880, que dispone que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”. No se invocó en la especie la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor para que solicitudes que debieron ser resueltas en febrero y marzo de 2020 lo hayan sido en abril y mayo del mismo año respectivamente, excediendo en un tercio el plazo legal.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, contra el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponiéndose lo siguiente:

La recurrida deberá reanudar la tramitación de las solicitudes de permanencia definitiva presentadas por los recurrentes, otorgándoles un plazo de 120 días para acompañar la documentación faltante, contados desde la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese y archívese los antecedentes en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Cienfuegos.

N°Protección-5211-2020.

Pronunciada por esta Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora Soledad Espina Otero y abogado integrante señor Rafael Isidro Pastor.