nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

San Miguel, tres de abril de dos mil veinticinco.

Al folio 13: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Ramón Ignacio Vergara Aguilar en nombre y representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, representada por su Directora nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consiste en la dictación de la Resolución TRA N°110228/53/2024, de 12 de noviembre de 2024, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a trabajar al Hospital Barros Luco Trudeau el día 21 de enero del año 2011, en un cargo de 44 horas regulado por las disposiciones de la ley N°18.834, realizando labores de secretariado. En dicho cargo se desempeñó hasta el 22 de enero de 2025, día en el que fue informada de su desvinculación, tomando conocimiento de la Resolución TRA N°110228/53/2024, que declara la vacancia de su cargo y de un documento signado como “Notificación por salud incompatible”, que indicaba como fecha de expedición el día 13 de enero de 2025.

Manifiesta que padece de lupus y que fue trasplantada renalmente, circunstancias conocidas por la recurrida. Agrega que, durante la relación laboral, en septiembre de 2019, tuvo un segundo trasplante renal. Sostiene que la enfermedad padecida por la recurrente generó ciertos inconvenientes de salud que dieron lugar a ciertas licencias médicas durante el transcurso de su vida laboral pero que, bajo ningún respecto, constituyen un impedimento para que ella trabaje normalmente. Precisa que, durante los años 2023 y 2024, sufrió diversas afecciones de salud, particularmente de salud mental, causadas, entre otros factores, por el trabajo que desempeñaba para la recurrida y el entorno laboral en el que se encontraba, por lo que se ausentó por un total de 303 días.

Indica que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana determinó que su salud era recuperable, en virtud de Resolución N°145482, de 7 de agosto de 2024.

Expresa que el jueves 23 de enero del año en curso tomó conocimiento que había sido desvinculada el 20 de enero, a pesar de que fue a trabajar los días 21, 22 y 23 del mismo mes.

Enfatiza que la resolución impugnada no se notificó de conformidad a las prescripciones de los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880, sino que la recurrente tomó conocimiento cabal de ella de manera informal.

Sostiene que la resolución de la COMPIN, en cuanto a la recuperabilidad de la salud de la recurrente, ratifica fehacientemente que ésta posee condiciones de salud completamente compatibles con el ejercicio de su cargo, por lo que el acto recurrido resulta arbitrario. Destaca que, al tratarse la COMPIN de un organismo técnico competente al efecto, su resultado es vinculante para el servicio público, por lo que, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, como ilegalmente ocurrió en la especie.

Pide se acoja el recurso, dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenar el pago de las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que medie entre la notificación de la resolución recurrida y la dictación de su sentencia, todo ello con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso María José Delpin Delgado, abogada en representación del Servicio de Salud Metropolitano Sur, solicitando su rechazo.

Indica que la actora siempre desempeñó sus funciones en el Hospital Barros Luco Trudeau, a contar del año 2008, en la calidad jurídica de contrata, y posteriormente, desde el 01 de julio de 2023, en la planta administrativos, grado 19°, del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Explica que los artículos 151 y 152 regulan la declaración de vacancia por salud incompatible y por salud irrecuperable, de forma tal que si el COMPIN determina que la funcionaria tiene salud irrecuperable tiene aplicación el artículo 152. Por el contrario, si califica que tiene salud recuperable tiene lugar el artículo 151, el que dispone que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Así, arguye que en el caso en concreto concurrieron todos los requisitos contemplados en el artículo 151 del Estatuto Administrativo para declarar la vacancia por salud incompatible: a) La recurrente hizo uso de licencias médicas por 303 días, superando con creces el plazo de seis meses exigido por el legislador; b) Las licencias fueron concedidas en los dos últimos años; c) La licencias no tuvieron su origen en accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad y d) La salud de la recurrente fue declarada recuperable por la COMPIN competente.

Destaca que en los 2 últimos años la recurrente presentó 303 días de licencia médica y registra un ausentismo histórico de 1226 días.

Asimismo, señala que no es efectivo que el acto respectivo no haya sido notificado, pues la carta certificada fue remitida al domicilio registrado por la recurrente en el Hospital Barros Luco Trudeau.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad del acto administrativo, manifiesta que esta institución como el Hospital Barros Luco Trudeau ha adoptado la misma decisión cuando otros funcionarios han estado en la misma situación.

Agrega que la Unidad de Gestión de Ausentismo Laboral emitió con fecha 10 de octubre de 2024 un informe en el cual se detalla los días de licencia por año y en el que consta, además, que se han efectuado visitas al domicilio de la actora para conocer su estado de salud, los requerimientos que la recurrente ha hecho al hospital, la reunión sostenida con la actora, la decisión de remitir los antecedentes para que se pronuncie la COMPIM y su resultado.

Finalmente, destaca que la Resolución TRA N°10228/53/2024, de 21 de noviembre de 2024, dictada por el director del Hospital Barros Luco Trudeau, fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el 8 de enero de 2025. Por ende, realizado el examen de legalidad por aquella institución se consideró que estaba ajustada a derecho.

Concluye que no existe un acto ilegal, pues el director del Hospital Barros Luco Trudeau, establecimiento autogestionado, en uso de sus atribuciones legales, en las cuales no puede inmiscuirse el director de este Servicio de Salud, según lo dispuesto artículos 31, 35 y 36, letra f), del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, cumplió con todos los requisitos impuestos por el legislador para la declaración de vacancia por salud incompatible y que no se vislumbra afectación a las garantías constitucionales en las que se sustenta el presente recurso de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es la Resolución TRA N°110228/53/2024, de 12 de noviembre de 2024, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba la actora, por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por el Hospital Barros Luco, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur mediante Resolución Nº145482 de 7 de agosto de 2024 declaró recuperable la salud de la recurrente.

Sexto: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 303 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la Resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Octavo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que el Hospital Barros Luco Trudeau, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Noveno: Que, al no existir acto arbitrario ni ilegal, el presente arbitrio no puede prosperar, resultando innecesario analizar y pronunciarse sobre la vulneración a algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº 520-2025