nombre reservado con AGUAS ANDINAS S.A.

San Miguel, diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la sociedad AGUAS ANDINAS S.A., representada por su Gerente General doña nombre reservado, por haber instalado, sin autorización de sus propietarios ni autorización de algún tribunal de la República, tuberías de acueducto en los predios de su propiedad, pretendiendo constituir de forma unilateral, una servidumbre de acueducto, vulnerando a su juicio la garantía contemplada en artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que son dueños de dos inmuebles colindantes entre sí, ubicados en la comuna de La Pintana, que carecen de construcciones y están destinados a actividades agrícolas, con una superficie de alrededor de 35 hectáreas, inmueble que es de dominio en común y por partes iguales, de los recurrentes y sus hermanos nombre reservado, y nombre reservado.

Ambos inmuebles han pertenecido a la familia nombre reservado desde que don nombre reservado los adquirió por escritura pública de 17 de octubre de 1963 y, conforme a los certificados de Gravámenes y Prohibiciones emitidos por el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, a ninguno de los predios, les afecta gravamen o servidumbre alguna.

Relatan que el 22 de marzo del año en curso, el comunero don nombre reservado inició en los inmuebles antes referidos un trabajo de limpieza del terreno y de ejecución de una excavación perimetral o zanja, a unos 50 cm. al interior de ellos, para formar un muro que los independizara de las calles Santa Rosa y Paicaví, con la finalidad de evitar botadura de basura y escombros en el lugar. Para tal efecto arrendó una máquina retroexcavadora que el mismo día inició su faena alrededor de las 10:00 horas, pero a poco de iniciado el trabajo, por Avenida Santa Rosa en dirección al sur, a unos 20 o 25 metros de la esquina con calle Paicaví, la máquina retroexcavadora golpeó algo duro que estaba oculto bajo la tierra observando que el sector comenzaba a mojarse y que salía un chorro de agua, que fue en aumento, hasta convertirse en una columna de agua, que inundó lo excavado y comenzó a escurrir por el potrero en dirección a San Bernardo.

Señala que, por la inundación, se dio aviso de lo ocurrido a Aguas Andinas S.A., enviando la recurrida un furgón con personal que logró evitar que siguiera corriendo el agua, dando término a esta emergencia, percatándose en ese momento que la retroexcavadora había pasado a llevar una cañería de fierro, de 200 milímetros de diámetro, que estaba oculta en el subsuelo del inmueble.

Refieren que durante el procedimiento de reparación de dichas cañerías, el Inspector de Aguas Andinas S.A. don nombre reservado, informó que a los predios les afectarían 2 servidumbres de acueducto, de tubos de 200 y 150 mm.

Sostienen que la instalación de aquellas tuberías constituye una perturbación al derecho del dominio de los inmuebles citados, en razón de que se han instalado en forma oculta, sin autorización ni conocimiento de los propietarios, y atraviesan los inmuebles en diagonal, con sentido oriente a poniente.

Argumentan que las citadas obras no pueden constituir servidumbres de acueducto, conforme a lo previsto en los artículos 880, 882 y 883 del Código Civil, y lo dispuesto en el artículo 69 y 82 del Código de Aguas, toda vez que Aguas Andinas S.A. no sólo ha procedido a instalar sin autorización convencional o judicial sus acueductos, sino que lo ha hecho de una manera clandestina, con el único objeto de evitar tener que incurrir en el pago de una indemnización pecuniaria en favor de los dueños de los predios, privándolos del uso legítimo de su propiedad, y perturbando el goce de sus derechos.

Solicitan que se acoja la acción, declarando que el acto de la recurrida es ilegal y arbitrario, ordenando que la recurrida adopte las medidas correspondientes para efectos de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en lo tocante a la constitución de servidumbre de acueducto, o en su defecto, extraiga, a su costa, toda tubería instalada en los predios, u otra medida que esta Corte estime de acuerdo al mérito de la acción, con costas.

Segundo: Que, informando por la recurrida, Camilo Sazo Gaete, abogado, solicita el rechazo del recurso y controvierte los hechos que lo fundan.

En primer término aduce que la acción es extemporánea, afirmando que existen antecedentes que hacen presumir que los recurrentes hace mucho tiempo sabían, o no podían menos que saber de la existencia de una tubería de agua potable en el subsuelo de su terreno, no siendo efectivo que los recurrentes se hayan enterado el pasado 22 de marzo.

Explica que, luego de acudir a las labores tendientes a ayudar a los recurrentes en la emergencia de 22 de marzo descrita en el recurso, personal especializado de la compañía pudo descubrir que dentro de los inmuebles de los recurrentes existían conexiones irregulares de agua potable, y que, precisamente, estas extraían agua potabilizada desde el subsuelo, agua que es producida y distribuida por Aguas Andinas a través de sus redes de distribución hacia los conjuntos habitacionales que se encuentran alrededor de estos predios agrícolas. Así, la ubicación de estas conexiones irregulares demuestra que los dueños de los predios no podían menos que saber que por debajo de su inmueble existía una red de agua potable.

Añade que en el deslinde mismo de uno de los inmuebles, que da hacia Avenida Santa Rosa, se encuentra una cámara de inspección de red de agua potable de gran envergadura, lo que hace completamente visible la existencia de infraestructura sanitaria, de modo tal que existen suficientes antecedentes de hecho como para sostener que los recurrentes debían al menos saber que existía infraestructura sanitaria bajo del terreno que les pertenece Sostiene que, en mérito de estos antecedentes, la recurrida pudo conocer sólo luego de ingresar a los inmuebles de los actores a raíz de esta emergencia, urge poder llevar a cabo una investigación más a fondo de todos los hechos, la que no puede hacerse en el contexto de un procedimiento cautelar de emergencia como lo es un recurso de protección, sino que debe hacerse en otra sede jurisdiccional, y en el caso de marras, los recurrentes intentan forzar una discusión jurídica de evidente índole civil, en una sede que le es completamente ajena.

En mérito de lo anterior, argumenta que el recurso de protección de autos debe ser rechazado, pues la acción constitucional no es la única vía a la cual el recurrente pudo haber acudido para que un Tribunal de la República conociera de su alegación y haya dado una solución, conforme a derecho, De otra parte, sostiene que el recurso no puede prosperar porque Aguas Andinas no ha incurrido en actuación ilegal alguna, ya que no ha construido ni instalado tuberías dentro del predio de los recurrentes y agrega que, según la información con que cuenta la compañía, la situación de hecho dentro de estos inmuebles -en lo que se refiere a las redes de agua potable existente en el lugar- se ha mantenido igual e inalterable por lo menos desde el año 1950, esto es, desde hace más de 70 años a la fecha y que, si bien todo apunta a que bajo la superficie de los terrenos de los recurrentes existiría una tubería de distribución de agua potable, dicha infraestructura no fue dispuesta por Aguas Andinas, sino que por el Estado, específicamente por el Departamento de Hidráulica, oficina que en aquel entonces existía y dependía del Ministerio de Obras Públicas. A mayor abundamiento, al momento de acudir a ayudar a los recurrentes se detectó que la tubería siniestrada correspondía a una de fierro fundido, material que no se utiliza hace décadas en la construcción de redes de agua potable. En suma, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Tercero: Que, respecto de la alegación de extemporaneidad, invocada por la recurrida, los argumentos y antecedentes esgrimidos en su informe son insuficientes para estimar, con certeza indudable, de que haya transcurrido el plazo de interposición de la acción constitucional de protección referido en el Autoacordado que regula la materia. En efecto, la mera alegación de la existencia de conexiones irregulares, para la obtención de agua potable, y que serían de conocimiento de la recurrente, no acreditan su data ni menos tener por cierto tal conocimiento, de manera de considerar transcurrido el plazo para interponer esta acción de protección. En la misma forma lo es el hecho de que en el deslinde de uno de los inmuebles, que da hacia Avenida Santa Rosa, se encuentre una cámara de inspección de red de agua potable. Así, y puesto que el hecho que ha motivado la interposición de esta acción lo fue el 22 de marzo recién pasado, lleva a estimarse por esta Corte que aquella ha sido interpuesta dentro de plazo, no configurándose la extemporaneidad alegada por la recurrida.

Cuarto: Que, para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso recordar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios y/o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado.

Por consiguiente, se trata de un procedimiento extraordinario, ágil, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Quinto: Que, así entonces, la acción de protección supone la existencia de derechos indubitados que posibiliten actuar de forma extraordinaria y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela. Ello le hace poseer una naturaleza jurídica diversa a aquel que posee las características de un procedimiento de lato conocimiento.

Sexto: Que, haciéndonos cargo primeramente de la existencia de derechos indubitados, ello no se cumple en la especie. Por cierto, se colige de los antecedentes de la causa que los predios han pertenecido a la familia de la actora desde el 17 de octubre de 1963, cuando fueron adquiridos por don nombre reservado mediante escritura pública de la misma fecha. Empero, por las cualidades de las tuberías de agua denunciadas por la recurrente (de fierro, usualmente utilizadas en las décadas de 1950 y 1960 del siglo XX para el transporte de agua) hacen estimar que su instalación pudo haber acontecido antes de aquella adquisición, y no necesariamente efectuada por la recurrida. Esto produce dos resultados: primero, deja en entredicho el basamento principal del recurso deducido ante esta Corte y, segundo, no hace sino concluir que la cuestión discutida debe ser ventilada en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, de los antecedentes expuestos en autos fluye que el conflicto de que se trata excede los márgenes de un recurso de protección, desde que la controversia expuesta dice relación con circunstancias de fondo, de un juicio con las características anteriormente expuestas. Desde ya, hay hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos respecto de los cuales las partes deben aportar elementos de prueba para su esclarecimiento. Por vía meramente ejemplar, la recurrente niega toda participación en la constitución de servidumbres de acueducto, en vista de que el Inspector de Aguas Andinas S.A., presente en el terreno al momento de denunciarse la rotura de una de las tuberías, adujo que a los predios sí les afectarían dos servidumbres de tal naturaleza. En ese contexto, es menester desenmarañar la posible concurrencia de tales servidumbres, la fecha de su constitución y las personas naturales o jurídicas que participaron en ellas como, de igual manera, su correcta ubicación y si es efectivo que se hallen, de forma irrefragable, dentro de los predios de la recurrente. Por lo demás, y teniendo en consideración tales coyunturas, las peticiones de la propia recurrente escapan a la naturaleza de esta acción cautelar, ya sea por su pretensión de que se constituyan por la recurrida servidumbres de acueducto o que se retiren las tuberías que transportan agua potable, en razón de que ello afectaría a una vasta población de la zona sur de Santiago.

Séptimo: Que, con todo, y de acuerdo a lo expuesto, el presente arbitrio no es la vía idónea para discutir lo propuesto, atendida la naturaleza cautelar de la acción de que se trata.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la sociedad AGUAS ANDINAS S.A.

II.- Que, cada parte asumirá sus costas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro (I) don Marcelo Ovalle Bazán.

Nº5142-2022-Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Patricio Martínez Benavides, señor Marcelo Ovalle Bazán y la abogada integrante doña Yasna Bentjerodt Poseck.

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