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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5100-20217 oct 2021

Protección contra Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior

Fecha
7 de octubre de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala
Segunda
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 5100-2021, sentencia de 7 de octubre de 2021

Resumen

Se acoge la protección solo para otorgar al recurrente 120 días corridos para acompañar la documentación solicitada, por la irrazonabilidad de aplicar el plazo del artículo 31 de la Ley 19.880 en contexto de pandemia; se rechaza en lo demás por haber perdido oportunidad.

Texto íntegro

San Miguel, siete de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don nombre reservado El Hayeck Jaddour, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interponer recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7, 9, 23, 24, 27 de la Ley 19.880.

Sostiene que su representado de nacionalidad Siria, ingresó al país en calidad de turista el 18 de febrero de 2016, estando dentro del país cambió su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile, teniendo actualmente un hijo de nacionalidad chilena.

Refiere que el 20 de agosto de 2020, previo al vencimiento de su visa como residente temporario, solicitó el beneficio de permanencia definitiva mediante solicitud N° 9329623, pero debido a la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la recurrida, el 25 de febrero del año en curso pidió una ampliación de la solicitud de permanencia definitiva por 180 días, lo que reiteró el 18 de agosto de 2021 debido a la excesiva demora en la tramitación de la misma.

Hace presente que el recurrente lleva esperando un año la respuesta a su solicitud, un plazo a todas luces excesivo considerando que la recurrida cuenta con todos los antecedentes necesarios para poder evacuar una resolución favorable.

Solicita que la recurrida se pronuncie sobre la petición de permanencia definitiva en el más breve plazo posible, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Mediante resolución de 10 de septiembre de 2021, se dispuso la acumulación del expediente ingreso corte N° 5244-2021 al presente rol.

En dicho ingreso, comparece nuevamente don nombre reservado El Hayeck Jaddour, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 número 2 y 16 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, en relación con el artículo 1°.

Cimienta el presente arbitrio en la circunstancia de que el 20 de Agosto del año 2020, y previo al vencimiento de su visa como residente temporario, solicitó el beneficio de permanencia definitiva, según consta en solicitud número 9329623, luego el 8 de septiembre de 2021 fue notificado que su solicitud está incompleta o es insuficiente, otorgando un plazo para subsanar de 5 días, señalando dicha comunicación que se tendrá por desistida la solicitud en caso de que no se acompañen los antecedentes solicitados dentro de plazo. Agrega que el plazo concedido es exiguo, poco razonable y arbitrario, considerando las circunstancias sociales y políticas actuales que ocurren en Siria.

Hace presente que la situación en Siria es actualmente gravísima desde el punto de vista humanitario, político, social e institucional, no siendo fácil conseguir parte de la documentación exigida, lo que implica una dificultad al momento de solicitar un certificado de antecedentes penales del país árabe, traducirlo y finalmente legalizarlo. Añade que actualmente no existe embajada de Chile en Siria y el consulado no se encuentra atendiendo personas de forma presencial considerando la situación del COVID-19.

Precisa que los certificados de antecedente penales no se consiguen por algún sistema digital o informático, sino que se deben solicitar de forma presencial y los entregan impresos, por lo que un plazo promedio para obtener un certificado de antecedentes penales desde Siria, traducirlo, enviarlo por correo postal y posteriormente legalizarlo en Chile demora, por lo menos, 45 días.

Manifiesta que su representado tiene posibilidades reales de conseguir el certificado en un plazo razonable, ya que familiares y conocidos en Siria prontamente viajarán a nuestro país, ya están realizando las gestiones para obtener el certificado y la traducción respectiva.

Concluye solicitando se le permita subsanar la solicitud en el plazo de 60 días hábiles, conservando la vigencia de toda la documentación ya presentada, adoptando además todas las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho en este caso.

Informando al tenor del recurso, don nombre reservado, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que pueda afectar en forma alguna los derechos fundamentales del recurrente, la acción ha perdido toda oportunidad, puesto que se ha resuelto la solicitud de permiso de permanencia definitiva del recurrente, otorgándole el beneficio.

Reconoce que el 20 de agosto de 2020 el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva, otorgándole un certificado de permiso de permanencia definitiva en trámite N° 9329623 y por comunicación electrónica N° 18348142, de 8 de septiembre de 2021, se le requirió complementar su solicitud, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, en plazo de 5 días y bajo el apercibimiento de dicha norma, enviando: imagen escaneada de la hoja de identificación de su pasaporte; certificado de antecedentes penales del país de origen vigente, legalizado o apostillado; certificado histórico de cotizaciones de AFP y certificado de cotizaciones de salud. Agrega que el apercibimiento corresponde a tenerlo por desistido de la solicitud, en caso de no cumplir con el envío de la documentación solicitada.

Recalca que el recurrente no ha remitido la documentación requerida para subsanar su solicitud, encontrándose vigente el plazo, por lo que no es posible pronunciarse sobre su solicitud sino hasta que se cumpla dicho requisito.

Asegura que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que ha cumplido con dar tramitación regular y progresiva al expediente de solicitud de permanencia definitiva del recurrente, poniendo a su disposición todos los documentos que acreditan su situación migratoria regular en el territorio nacional.

Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país, y en el presente caso no han transcurrido 6 meses desde su solicitud.

Asevera que el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad del recurrente, debiendo remitir la documentación requerida dentro del plazo otorgado, por lo que habiéndose sometido la solicitud a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería, y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley N° 19.880, se estima por esta autoridad migratoria que no ha existido vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos y forma señalada por la recurrente, motivo por el cual debe ser rechazada la acción en todas sus partes, atendido que la autoridad administrativa ha ceñido su actuar a las normas legales y reglamentarias vigentes, siempre dentro de la esfera de sus competencias.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que se han amagado los derechos garantizados en los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, a la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Tercero: Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada.

Cuarto: Que el primer recurso (ingreso Corte N° 5.100-2021) se dedujo por la omisión de la autoridad recurrida en pronunciarse sobre la solicitud de 20 de agosto de 2020 del beneficio de permanencia definitiva N° 9329623; dicho recurso ha perdido oportunidad, al haberse pronunciado la recurrida por comunicación electrónica N° 18348142, de 8 de septiembre de 2021.

Con todo, en lo que hace al recurso que se acumuló a aquél (ingreso Corte N° 5.244-2021), lo que se tilda de arbitrario e ilegal, lo constituye la circunstancia de habérsele requerido complementar su solicitud, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, esto es, en plazo de 5 días y bajo el apercibimiento de tenerlo por desistido de la solicitud, en caso de no cumplir con el envío de la documentación solicitada.

Quinto: Que se encuentra asentado en autos que la recurrida mediante Código de trámite 9329623, de 8 de septiembre pasado, le otorgó al recurrente el plazo de 5 días previsto en el artículo 31 de la Ley N° 19.880 para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, bajo apercibimiento de si no lo hiciere en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su petición.

Sexto: Que el artículo 31 de la Ley N° 19.880, sobre las Bases de Procedimiento de los Órganos de la Administración del Estado, señala: “Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.”

Por su parte, la Resolución Exenta N° 2933 de 12 de junio de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, resolvió extender a 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, a contar del 1 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos al tenor de la norma anteriormente individualizada respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúna los requisitos legales, según corresponda.

Séptimo: Que no puede soslayarse el contexto mundial de pandemia producto del Covid -19 y la circunstancia de que el recurrente de nacionalidad siria, debe solicitar sus antecedentes requeridos a dicho país, todo lo cual hace ilusorio el cumplimiento del plazo fijado y deviene en que la aplicación irrestricta del artículo 31 de la ley antes citada carece de razonabilidad vulnerando la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, teniendo en cuenta, además, lo instruido a través de la Resolución Exenta N° 2933 citada precedentemente.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en representación de don nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública solo en cuanto se le concede a la recurrente el plazo de 120 días corridos a contar de la presente resolución, para adjuntar la documentación solicitada el 8 de septiembre último.

Se desestima en lo demás el recurso de protección, al haber perdido oportunidad.

Redactó la ministra Claudia Lazen M.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N° 5100-2021 acum 5244-2021 Protección Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Adriana Sottovia Giménez y Claudia Lazen Manzur y el Abogado Integrante Adelio Misseroni Raddatz.