nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Y OTRO

San Miguel, doce de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, Directora de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Pirque; Francisco Rojas Díaz, Juez del Juzgado de Policía Local de Pirque, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el rechazo a la reconsideración presentada para renovar su licencia de conducir y, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por su Director Nacional, Omar Morales Márquez, a este último por la incorporación de anotaciones en la Hoja de Vida del Conductor del recurrente.

Señala que el 22 de mayo de 2025, en la causa Rol 2788-2025 del Juzgado de Policía Local de Pirque se denegó la renovación de su licencia de conducir sin que se detallaran los fundamentos que acreditaran su falta de idoneidad moral, ya que la última condena que se registra en la Hoja de Vida de Conductor es del año 2021, bajo el nombre reservado 2511-2014 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, por el delito de manejo en estado de ebriedad, la que se encuentra cumplida el 30 de julio de 2021 y cuya prohibición de obtener licencia se encuentra cumplida con fecha de 03 de agosto de 2021.

Agrega que, el 08 de octubre de 2021, la Ilustre Municipalidad de Quintero le otorgó la licencia de conducir hasta el año 2024, con la única restricción de conducir con lentes. Posteriormente, y haciendo uso de la prórroga legal para efectos de uso de licencia de conducir vencida, en mayo de 2025 se dirige hasta la Municipalidad de Pirque, en virtud de ser la municipio más cercano a su domicilio.

Añade que el 11 de noviembre de 2025 realiza, con el permiso de la directora del Tránsito, doña nombre reservado, la solicitud de reconsideración para que le otorguen la licencia de conducir, y en virtud de esta solicitud, con fecha 02 de diciembre de 2025 se le comunica por una funcionaria de la Municipalidad que podía retirar la licencia de conducir al día siguiente, no obstante, se encuentra con la sorpresa que le retienen la licencia vencida y le niegan la renovación. Refiere que fue a hablar con el Juez de Policía Local, don Francisco Rojas Díaz, quien les señala que no le volviera a solicitar la licencia de conducir, porque podría “perder la pega”, lo que estima es una discriminación y un maltrato.

Relata que desde el año 2021 se desempeña como peoneta en el traslado de enseres, frutas, verduras y mercaderías en camión, para lo cual, requiere de la licencia de conducir, por lo que carecer de ella afecta directamente su fuente laboral, y hoy se encuentra cesante.

En cuanto al Servicio de Registro Civil e Identificación, alega que dicho organismo procedió a registrar en su Hoja de Vida de Conductor las condenas de las causas nombre reservado 6853-2011 del 11° Juzgado de Garantía de Santiago y nombre reservado 2511-2014, del Juzgado de Garantía de Puente Alto, cuyas penas, de la primera, se encuentra prescrita y la segunda, se encuentra cumplida en el año 2021, en circunstancias que ninguna de las sentencias ofició ni ordenó el registro de condenas en este Registro.

Manifiesta que estos hechos han afectado sus garantías constitucionales, contempladas en los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Relata que la baja de sus ingresos lo ha afectado a nivel psicológico y que ha sido tratado como si fuere infractor de la ley, en circunstancias que su última condena es del año 2014. Destaca que cambió su vida a través del trabajo, desde una conducta procriminal a una conducta prosocial, siendo un aporte para la sociedad y rompiendo el círculo de la delincuencia, viéndose ahora afectada su libertad de ejercerlo. También, señala afectado su derecho de propiedad por cuanto la no renovación de la licencia de conducir se transforma transgrede su derecho de circular en vehículo dentro del territorio nacional.

Segundo: Que, nombre reservado, en representación de la parte recurrida, Ilustre Municipalidad de Pirque, pide el rechazo del recurso con costas.

Informa que el recurrente solicitó la renovación de su licencia de conducir en mayo de 2025 ante la Dirección de Tránsito, en virtud de la prórroga legal que permite circular con licencias vencidas, la que fue denegada el 22 de mayo de 2025, por anotaciones registradas en su certificado de antecedentes, lo cual fue reclamado ante el Juzgado de Policía Local de Pirque, en causa Rol 2788-2025, causa en que no se dio lugar al reclamo y confirmó la denegación de la licencia por el plazo de 01 año, fundado en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N°18.290, por falta de idoneidad moral. Agrega que dicha resolución no fue apelada, por lo que se encuentra firme, no siendo el recurso de protección la vía idónea para revisarla.

Manifiesta que la negativa se sustentó en antecedentes objetivos contenidos en la hoja de vida del conductor y en el certificado de antecedentes, en que se registran condenas previas por delitos vinculados al tránsito, entre ellos se encuentran delitos y/o faltas tales como:

A) Hurto falta previsto y sancionado en el artículo 494 bis del Código Penal en grado frustrado autor. Pena cumplida el 6 de noviembre de 2010.

B) Autor de la falta prevista y sancionada en el artículo 496 N°10 del Código Penal. Pena cumplida el 13 de agosto de 2011.

C) Autor de la falta contemplada en el artículo 50 de la Ley N°20.000. Con resolución 5 de agosto de 2011, del 11° Juzgado de Garantía de Santiago, declarada prescrita el 15 de abril de 2012.

D) Autor del delito de manejo en estado de ebriedad sin licencia de conducir, por resolución de 4 de junio de 2015 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, pena cumplida el 30 de julio de 2021.

E) Autor del delito consumado de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, por resolución de 26 de junio de 2015, del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

F) Autor de falta de respeto a la autoridad consumado, autor de porte de arma cortante o punzante, consumado, por resolución de 10 marzo de 2022, del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Sostiene que el 11 de noviembre de 2025 el recurrente realiza una reconsideración ante el Departamento de Tránsito y Transporte Público y el 2 de diciembre de ese año una funcionaria lo cita erróneamente para iniciar los exámenes para la obtención de la licencia de conducir, ante lo cual se le explicaron las razones y se ofrecieron las disculpas correspondientes. Agrega que el 3 de diciembre, la directora del Departamento de Tránsito entrega al recurrente la carta que rechaza la licencia de conductor en virtud de no reunir el requisito de idoneidad moral.

Manifiesta que la Dirección de Tránsito actuó conforme a la normativa legal, en especial lo dispuesto en los artículos 14 letras a) y b) y 16 de la Ley N°18.290, que obligan a calificar la idoneidad moral del solicitante a la vista de los antecedentes oficiales, motivo por el cual la autoridad administrativa no excedió sus atribuciones ni incurrió en arbitrariedad, limitándose a aplicar la ley en resguardo de la seguridad pública y de la comunidad.

Sostiene que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 letras a) y b) y 16 de la Ley N.º 18.290, la idoneidad moral del solicitante debe ser calificada por el Director de Tránsito a la vista de los antecedentes oficiales emitidos por el Registro Civil y que, en este caso, los antecedentes consignan condenas por delitos cometidos por el recurrente dentro de los últimos cinco años, lo que impide legalmente la renovación de su licencia de conducir. En consecuencia, la resolución impugnada no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino el cumplimiento estricto de un mandato legal expreso.

Argumenta que la acción de protección constituye un arbitrio destinado a garantizar y proteger derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, ya que para ello existe la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso. Afirma que la Municipalidad solo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, y que la vía elegida por el actor para resolver la controversia no es la correcta.

Alega, además, que el recurso de protección interpuesto resulta manifiestamente extemporáneo e improcedente, pues la resolución que negó la renovación de la licencia de conducir fue dictada por el Juzgado de Policía Local de Pirque con fecha 22 de mayo de 2025, en causa Rol 2788-2025, confirmando la falta de idoneidad moral del solicitante, quien no apeló dicha resolución.

Tercero: Que, nombre reservado, Subdirectora Jurídica (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación, evacua informe y solicita el rechazo del recurso, con costas, por no existir actuación arbitraria o ilegal del Servicio. Explica que, conforme a la Ley de Tránsito, las anotaciones que figuren en el Registro Nacional de Conductores y que también consten en el Registro General de Condenas se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido previamente a la eliminación de las anotaciones prontuáriales o del prontuario penal mismo, de conformidad con la ley. En consecuencia, sostiene que, cuando una causa resulte anotada tanto en el Registro Nacional de Conductores como en el Registro General de Condenas, debe procederse primero a su eliminación en este último registro y, sólo después de ello, podrá eliminarse del Registro Nacional de Conductores.

Informa que, en la Hoja de Vida del Conductor recurrente figuran las siguientes anotaciones:

· Denegación de Licencia de Conductor. Con fecha 03 de diciembre de 2025 ha sido denegada licencia de conductor tipo B al titular del RUN RUT reservado por la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Pirque por no reunir requisito de idoneidad moral, 005 días. Fecha de anotación: 03 de diciembre de 2025.

· Denegación de licencias de conductor. Con fecha 03 de diciembre de 2025 ha sido denegada licencia de conductor tipo B at titular del RUN RUT reservado par la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Pirque por no reunir requisito de idoneidad moral, 005 días. Fecha anotación: 03 de diciembre de 2025.

Indica que también constan las siguientes anotaciones penales:

a. nombre reservado N°6.835/2011 del 11º Juzgado de Garantía de Santiago, como autor de la falta contemplada en el artículo 50 de la Ley N°20.000. Por resolución de 05 de agosto de 2011 es condenado a multa de 1 Unidad Tributaria Mensual. Por certificado de fecha 13 de noviembre de 2022 del 11º Juzgado de Garantía de Santiago se informa que con fecha 15 de abril de 2012 se declara prescrita la pena.

b. nombre reservado N°2.511-2014, del Juzgado de Garantía de Puente Alto, como autor del delito de manejo en estado de ebriedad sin licencia de conducir. Por resolución de 04 de junio de 2015 fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, pena remitida. Multa de 1/3 de Unidad Tributaria Mensual, se tuvo por pagada la pena de multa con el día que estuvo privado de libertad, esto es el 28 de febrero de 2014. Prohibición de obtener licencia de conducir por el plazo de 2 años. Pena cumplida el 30 de julio de 2021. Por resolución de fecha 03 de agosto de 2021 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, en cuanto a la pena accesoria de prohibición de obtener licencia de conducir por el plazo de 2 años, esta se encuentra cumplida. Inhabilidad 541 días para cargos públicos. Vigilancia 541 días de medida alternativa.

Agrega que, constan en el prontuario penal del recurrente las siguientes anotaciones penales:

A. nombre reservado N°12.124-2010, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, autor de la falta de hurto prevista y sancionada en el artículo 494 bis del Código Penal en grado de frustrado. Condenado el 7 de noviembre de 2010, al pago de una multa ascendente a 1/5 Unidad Tributaria Mensual. La multa se tiene por cumplida con el día que estuvo privado de libertad por esta causa.

nombre reservado cuenta con beneficio de omisión de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N°19.628, otorgado con fecha 16 de diciembre de 2010.

B. nombre reservado N°2.502-2011, del 11º Juzgado de Garantía de Santiago por ser autor de la falta prevista y sancionada en el artículo 496 N°10 del Código Penal. Condenado el 02 de abril de 2011 al pago de una multa ascendente a 1 Unidad Tributaria Mensual, sustituida por 5 días de reclusión. Pena cumplida el 13 de agosto de 2011 de multa sustitutiva, de acuerdo a ORD: N°4349 de fecha 07 de mayo de 2012 emitida por el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto.

nombre reservado cuenta con beneficio de omisión de acuerdo al artículo 21 de la Ley N°19.628, otorgado con fecha 30 de enero de 2026.

C. nombre reservado N°6.853-2011, del 11º Juzgado de Garantía de Santiago por ser autor de la falta prevista en el artículo 50 de la Ley N°20.000. Condenado con fecha 05 de agosto de 2011 al pago de una multa ascendente a 1 Unidad Tributaria Mensual. Multa declarada prescrita. nombre reservado cuenta con beneficio de omisión de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N°19.628, otorgado el 12 de diciembre de 2022.

D. nombre reservado N°2.511-2014, del Juzgado de Garantía de Puente Alto, por ser autor de un delito de manejo en estado de ebriedad sin licencia de conducir. Condenado el 04 de junio de 2015 al pago de una multa ascendente a 1/3 Unidad Tributaria Mensual, la que se tiene por cumplida por el día que estuvo privado de libertad debido a esta causa y a 541 días de presidio menor en su grado medio. Se sustituye la pena privativa de libertad por remisión condicional por 541 días. Pena cumplida el 30 de julio de 2021, de acuerdo con resolución emitida por el Tribunal, de 03 de agosto de 2021, informando, además, que la pena accesoria de suspensión o prohibición de obtener licencia de conducir se encuentra cumplida.

nombre reservado cuenta con beneficio de omisión de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N°19.628, otorgado con fecha 06 de agosto de 2021.

E. nombre reservado N°105-2015, del 6° Juzgado Oral en lo Penal de Santiago, como autor del delito consumado de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 439 del mismo cuerpo normativo. Condenado con fecha 26 de junio de 2015 a una pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo. Pena cumplida, de acuerdo con Oficio N°4847 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago de fecha 23 de agosto de 2019. nombre reservado cuenta con beneficio de omisión de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N°19.628, otorgado con fecha 15 de marzo de 2020.

F. nombre reservado N°3.384-2020, del Juzgado de Garantía de Puente Alto, por ser autor de la falta de respeto a la autoridad y autor de porte de arma cortante o punzante, ambos en grado de consumados. Condenado con fecha 10 de marzo de 2022, al pago de una multa ascendente a 1/3 de Unidad Tributaria Mensual, la que se da por cumplida y a una multa de 1/3 Unidad Tributaria Mensual. Multa pagada el 29 de agosto de 2022, de acuerdo con certificado emitido por el Juzgado de Garantía de Puente Alto con fecha 15 de noviembre de 2022. nombre reservado cuenta con beneficio de omisión de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N°19.628, otorgado con fecha 12 de diciembre de 2022.

Asimismo, cabe hacer presente que el recurrente de autos no registra orden de aprehensión vigente y no figura en nómina de prófugos de la justicia.

Añade que, en caso del recurrente, al registrar seis anotaciones penales, para efectos de eliminarlas del Registro General de Condenas, y luego del Registro Nacional de Conductores, debe acogerse a los beneficios establecidos en el DL N°409 de 1932, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que Establece Normas Relativas a Reos, correspondiendo cumplir con control de firma voluntaria ante Gendarmería de Chile. Aclara que no es aplicable las normas del DS N°64, de 1960, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, Anotaciones y Otorgamiento de Certificados de Antecedentes, ya que, al referirse a simples delitos, la norma antes citada, exige que se trate de única anotación y que la pena aplicada no sea mayor de tres años, entre otros requisitos (artículo 8 letra g).

Por último, hace presente que el Servicio no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la omisión o eliminación de los antecedentes de la hoja de vida del conductor se fundamenta en los preceptos e instituciones legales ya explicados y que en el caso ha dado debido cumplimiento a su función registral encomendada por el legislador, actuando conforme a derecho.

Cuarto: Que informa al tenor del recurso Francisco Rojas Díaz, secretario abogado del Juzgado de Policía Local de Pirque, quien señala que el 22 de mayo de 2025, en su calidad de juez subrogante, confirmó la resolución del director de tránsito por falta de idoneidad moral ya que, la última condena era de 10 de marzo de 2022, de forma posterior al último otorgamiento de licencia de conducir en la Municipalidad de Quintero.

Asevera que el 3 de diciembre nuevamente le fue denegada la licencia por la directora de Tránsito, sin que el recurrente hiciera una solicitud al tribunal en forma escrita. Agrega que no se interpusieron recursos en su oportunidad contra la resolución de mayo y encontrándose los plazos vencidos, no procedía modificar la resolución.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico o arbitrario, o sea, carente de fundamento razonable o sustentado en una decisión injustificada, que provoque alguna de las situaciones antes indicadas y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la acción de marras se ha deducido en contra del rechazo a la reconsideración de la denegación de su licencia de conducir, de 3 de diciembre de 2025, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 31 de diciembre del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada toda vez que se encuentra dentro del plazo de 30 días que establece la normativa que regula la materia.

Séptimo: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo denunciado en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo a reconsiderar la denegación de la licencia de conducir del recurrente y a la mantención de determinadas anotaciones en su hoja de vida del conductor.

Octavo: Que, en lo concerniente al Servicio de Registro Civil e Identificación, el acto que se le atribuye consiste en haber mantenido determinadas anotaciones en la Hoja de Vida del Conductor del recurrente, las que, según éste, corresponderían a condenas cuyas penas se encuentran cumplidas o prescritas y respecto de las cuales las respectivas sentencias no habrían ordenado su incorporación al registro.

Sin embargo, de los antecedentes allegados al proceso aparece que la actuación del Servicio recurrido se ha limitado al ejercicio de las funciones que expresamente le encomienda la legislación en materia registral y de tránsito. En efecto, las anotaciones incorporadas al Registro Nacional de Conductores y a la Hoja de Vida del Conductor provienen de las comunicaciones efectuadas por los tribunales y de los organismos legalmente obligados a ello, correspondiendo al Servicio únicamente mantener y actualizar dichos registros conforme a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de su ley orgánica.

Asimismo, el informe evacuado da cuenta que la eliminación de tales anotaciones no depende de una decisión discrecional del Servicio, sino que se encuentra sometida al cumplimiento de los presupuestos legales establecidos para la eliminación de antecedentes del Registro General de Condenas y, posteriormente, del Registro Nacional de Conductores, circunstancias que no concurren en la especie. En consecuencia, no se advierte actuación ilegal o arbitraria atribuible al Servicio de Registro Civil e Identificación, desde que éste se ha limitado a dar cumplimiento a las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone.

Noveno: Que, en cuanto al actuar de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Pirque y del Juzgado de Policía Local de dicha comuna, de los antecedentes aparece que la solicitud de renovación de licencia de conducir fue rechazada por estimarse que el recurrente no reunía el requisito de idoneidad moral previsto en los artículos 13, 14 y 16 de la Ley N°18.290, decisión que fue oportunamente reclamada por el actor ante el Juzgado de Policía Local competente, el cual, mediante resolución de 22 de mayo de 2025, confirmó la negativa administrativa, resolución que quedó firme.

Además, de los antecedentes incorporados a estos autos consta que el recurrente fue condenado, con fecha 10 de marzo de 2022, por el Juzgado de Garantía de Puente Alto, como autor de la falta de respeto a la autoridad y de porte de arma cortante o punzante, antecedente posterior al otorgamiento de la licencia de conducir por la Municipalidad de Quintero (8 de octubre de 2021), y comprendido dentro del período de cinco años que el artículo 15 de la Ley N°18.290 ordena considerar para efectos de calificar la idoneidad moral del postulante. De este modo, no resulta efectivo lo sostenido por el recurrente en cuanto a que la decisión impugnada se habría sustentado únicamente en condenas antiguas cuyas penas se encontraban cumplidas o prescritas.

Si bien el recurrente dedujo posteriormente una solicitud de reconsideración ante la Dirección de Tránsito, cuya negativa constituye el acto impugnado en estos autos, lo cierto es que dicha presentación no tenía la aptitud para dejar sin efecto una resolución jurisdiccional firme que ya había resuelto la controversia relativa a la concurrencia del requisito de idoneidad moral.

En estas condiciones, la actuación de la autoridad administrativa se limitó a mantener una decisión previamente confirmada por el tribunal competente, sin que pueda estimarse que ello configure un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante la presente acción cautelar.

Décimo: Que, en la especie, lo que el recurrente pretende, en definitiva, es que esta Corte deje sin efecto la decisión adoptada por el Juzgado de Policía Local que confirmó la denegación de la renovación de su licencia de conducir, cuestión que excede manifiestamente el ámbito cautelar del recurso de protección y resulta incompatible con la naturaleza excepcional de esta acción constitucional.

Tampoco se advierte vulneración de las garantías constitucionales invocadas, desde que la afectación que el actor atribuye a su derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, al derecho de propiedad y a su integridad psíquica deriva de la aplicación de un procedimiento legalmente establecido y de resoluciones dictadas por autoridades competentes dentro del ejercicio de las potestades que la ley les confiere, sin que aparezca acreditado un actuar caprichoso, discriminatorio o contrario a derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Pirque, el Juzgado de Policía Local y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante Yasna Otárola Espinoza.

N°5072-2025 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las ministras María Teresa Díaz Zamora y Carmen Gloria Escanilla Pérez y la Abogado Integrante Yasna Otárola Espinoza.