nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

San Miguel, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, nacional de Venezuela, domiciliada en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con motivo de la Resolución Resolución Exenta N°24465671 de fecha 9 de octubre de 2024 que ordena el desistimiento de la carta de nacionalización, lo que afecta el principio de igualdad, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representada ingresó a Chile como turista y posteriormente cambió su condición migratoria a residente temporario al obtener una visa con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el país. Más adelante, realizó la solicitud de permanencia definitiva, la cual fue aprobada y se encuentra vigente hasta la fecha.

Indica que el 15 de noviembre de 2022, presentó una solicitud de nacionalización cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley, según consta en el comprobante de solicitud N° 57832919. Sin embargo, el 9 de octubre de 2024, recibió la Resolución Exenta N° 24465671, mediante la cual se declara desistida su solicitud de nacionalización, bajo el argumento de que el 29 de mayo de 2024 se le notificó por correo electrónico que su solicitud estaba incompleta y que debía subsanar la falta en un plazo de 60 días hábiles.

Niega haber recibido la notificación mencionada y argumenta que revisaba constantemente el portal de trámites de extranjería sin encontrar ninguna comunicación al respecto. Afirma que la primera información que recibió sobre la subsanación de documentos fue la propia Resolución Exenta de desistimiento. Alega que la situación se debió a un error informático no imputable a ella.

Asimismo, sostiene que el documento solicitado, consistente en una imagen escaneada de su identificación, ya había sido presentado correctamente al momento de la postulación, y lo vuelve a acompañar a la presente acción como prueba.

Considera que la resolución impugnada es arbitraria e ilegal, pues no se le brindó la oportunidad de subsanar la documentación requerida ni se le notificó debidamente del requerimiento, lo cual afecta gravemente sus derechos. Además, señala que el proceso administrativo se prolongó más de dos años, excediendo el plazo estipulado en la Ley 19.880, lo que la dejó en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. También argumenta que la decisión vulnera el principio de igualdad, ya que en casos similares el Servicio de Migraciones ha permitido a otros solicitantes subsanar documentación sin declarar el desistimiento de sus solicitudes.

En virtud de lo anterior, solicita se deje sin efecto dicha resolución y se adopte una decisión que se ajuste conforme a derecho, adoptando esta Corte las medidas o providencias necesarias para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de carta de nacionalización , ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable, o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del mismo por ser improcedente.

Indica que la recurrente ingresó a Chile el 17 de julio de 2008 a través del aeropuerto nombre reservado. Posteriormente, y tras cumplir con los requisitos legales, obtuvo la permanencia definitiva mediante la Resolución Exenta N°83430 de 7 de marzo de 2018, beneficio que se encuentra vigente.

Expone que el 15 de noviembre de 2022, presentó una solicitud de carta de nacionalización, registrada bajo el ID 57832919, utilizando como medio de notificación el correo electrónico correo reservado. Durante la tramitación, el 17 de julio de 2023, mediante comunicación electrónica Folio N°42528098, el Servicio Nacional de Migraciones le solicitó acompañar un certificado de antecedentes del país de origen vigente y un certificado del Servicio de Impuestos Internos que acreditara el cumplimiento de obligaciones tributarias. Se otorgó un plazo de 60 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud.

Añade que el mismo 17 de julio de 2023, dicha comunicación fue enviada al correo electrónico registrado, y el 27 de julio de 2023, la recurrente presentó la documentación requerida, lo que confirma que fue notificada correctamente. Posteriormente, el 29 de mayo de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones envió una nueva comunicación electrónica Folio N°59394966 al mismo correo, indicando que su solicitud seguía incompleta y solicitando una imagen escaneada de su documento de identificación del país de origen por ambos lados. También se otorgó un plazo de 60 días hábiles para subsanar, con igual apercibimiento.

Sostiene que la recurrente no envió los documentos solicitados dentro del plazo indicado. En consecuencia, mediante la Resolución Exenta N°24465671 del 9 de octubre de 2024, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por desistida su solicitud de carta de nacionalización.

Destaca que las comunicaciones electrónicas que sustentan esta decisión se realizaron correctamente al correo registrado por la recurrente, y que ésta no cumplió con lo solicitado dentro del procedimiento administrativo. Actualmente, la recurrente mantiene una condición migratoria regular en Chile como titular de un permiso de permanencia definitiva, lo que no obsta para que presente una nueva solicitud de nacionalización cumpliendo los requisitos y plazos establecidos.

Tercero: Que, informa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y señala que revisado el sistema de gestión documental, no existe registro de solicitudes de nacionalización pendientes de resolución, ni tampoco acto administrativo alguno que rechace una eventual solicitud.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que se tilda de ilegal y arbitraria la resolución que tuvo por desistido al recurrente sobre su solicitud de nacionalización.

Sexto: Que, según se desprende de los antecedentes, la recurrente no ha dado cumplimiento a lo solicitado por el Servicio recurrido el 29 de mayo pasado, habiendo transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, motivo por el cual no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la resolución que le tuvo por desistido de su solicitud, ya que con ello se ha dado aplicación a lo preceptuado en el artículo 31 inciso primero de la Ley N°19.880, motivo por el cual la acción de protección no podrá prosperar.

Séptimo: Que, por su parte, la intervención del Ministerio del Interior y Seguridada Pública en materia como la de marras sólo se inicia una vez evacuado el trámite previo ante el Servicio Nacional de Migraciones, de manera que no cabe imputarle omisión alguna al respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 5061-2024 Protección