Protección contra Director Regional del Servicio de Impuestos Internos Santiago Sur

Foja: 47 Cuarenta y Siete San Miguel, veinticuatro de septiembre del año dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 11, comparece nombre reservado, empresario, quien interpone recurso de protección en representación de Sociedad RPC de Seguridad Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos Santiago Sur, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por estimar que el recurrido vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2, 3 inciso 5º, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, la garantía de libertad económica y al derecho de propiedad, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en mantener el bloqueo de la empresa para suscribir convenios de condonación de multas e intereses en los expedientes de cobranza seguidos por la Tesorería General de la República en su contra, solicitando que se ordene al Servicio recurrido que se abstenga de impedir el bloqueo que la afecta y pueda suscribir convenios de pago con la Tesorería, con condonación de intereses y multas, conforme establece la Resolución Exenta Nº 698 de 2006, del Ministerio de Hacienda.

Segundo: Que en su recurso manifiesta que la sociedad que representa mantiene en plena tramitación un juicio por cobro de obligaciones tributarias en sede administrativa ante la Tesorería General de la República, en expedientes administrativos 10.002-2015 y 10.370-2014. Según sostiene la Tesorería, es requisito indispensable para los contribuyentes que pretendan pagar sus obligaciones que el deudor no presente exclusiones del Servicio de Impuestos Internos, conforme establece la Resolución Exenta Nº 698 ya citada. Por lo anterior, indica que solicitó al Director Regional recurrido, por presentación de 19 de junio de 2015, el alzamiento del bloqueo que le impide suscribir convenios con la Tesorería con condonación de multas e intereses en los respectivos expedientes de cobranza. Al respecto señala que mantiene una importante deuda tributaria que pretende finiquitar a la brevedad, por cuanto le impide postular a licitaciones públicas y otros servicios que requieren estar al día en materia tributaria, pero la medida de bloqueo que pide alzar le impide acceder a ello.

Agrega que el recurrido por Ord. DJU Nº 86 de fecha 2 de julio de 2015 da respuesta a su solicitud, señalando que atendido que a la fecha subsiste la calidad de querellada de su representada, no es posible acceder a lo solicitado, sin perjuicio de concurrir a la Tesorería General de la República para que, dentro de sus facultades, pueda suscribir un convenio de pago por la deuda que mantiene. Afirma que lo anterior no se adecua a la realidad, por cuanto el representante nombre reservado nunca ha sido formalizado ni condenado por delito tributario y ni siquiera existe una investigación en su contra por la Fiscalía, de lo que colige la desprolijidad de su redacción y fundamentación, requisito indispensable de todo acto administrativo, pues no se indica identificación o RIT de las causas penales en que constaría su estado de querellado. Alega que esta situación genera un estado de incertidumbre y arbitrariedad que impide acceder a los citados convenios con la Tesorería, provocando además un perjuicio de carácter económico, toda vez que no puede acceder a la condonación de intereses y multas, encontrándose embargados bienes de la empresa y retenidos fondos de las cuentas corrientes por un acto que califica como ilegal y arbitrario.

En cuanto a los derechos que estima infringidos, cita el artículo 5º de la Constitución, en relación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo. Asimismo, sostiene que es objeto de una discriminación arbitraria, toda vez que la autoridad no explica las causas criminales en que tiene la calidad de querellado. También invoca los derechos de propiedad a desarrollar actividades económicas, en el sentido que el acto del recurrido le impide acceder a la condonación de multas e intereses, arrancándole el derecho a rebajar la deuda y continuar con el giro de su empresa. Finalmente, alega que el recurrido se ha constituido en una comisión especial, al resolver una condición jurídica que solo cabe a los tribunales ordinarios de justicia, si antecedentes que legitimen su actuar; por lo que solicita que se acoja el recurso y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos perturbados, ordenando al Servicio de Impuestos Internos que se abstenga de impedir el alzamiento del bloqueo que afecta a la empresa y pueda suscribir convenios con condonación de intereses y multas en los términos ya planteados.

Tercero: Que la parte recurrida, a fojas 29, evacuó el informe solicitado y, luego de un resumen de los elementos más relevantes del recurso, señala que con ocasión de un proceso de fiscalización realizado por el Servicio logró establecer que una gran cantidad de contribuyentes, entre los que se encuentra la empresa recurrente, obtuvieron devoluciones de impuesto improcedentes a través de la rectificación irregular de los formularios 22 sobre impuesto anual a la renta, incrementando o incluyendo elevados costos directos de los bienes y servicios sin respaldo documental ni registro contable, aparentando una pérdida tributaria en la determinación de la renta líquida imponible para los años tributarios 2007 y 2008, obteniendo una devolución indebida de remanente de impuesto a la renta.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 13 de septiembre de 2013 interpone la primera querella, la que fue ampliada el 2 de diciembre de 2013 y 25 de julio de 2014, ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, especificando que la última ampliación se dirige precisamente contra el representante legal de la recurrente nombre reservado, por el delito tributario del artículo 97 Nº 4 del Código Tributario, encontrándose vigente el RUC Nº 1300791041-4, RIT Nº 7677-2013. Por otra parte, el 11 de enero de 2013 se inició un nuevo proceso de fiscalización, requiriendo a la sociedad recurrente los libros de ventas y compras, con sus respaldos documentales del período comprendido entre junio de 2011 a diciembre de 2012, formularios 29 de declaración y pago de IVA, formulario 22 de impuesto anual a la renta y libro mayor de 2011, los que revisados permitieron establecer una serie de irregularidades cometidas con el impuesto al valor agregado, tendientes a rebajar la carga tributaria, tales como la utilización de crédito fiscal superior al registrado en sus libros, con lo que disminuye el débito fiscal que debía declarar por operaciones de su giro, sin efectuar, además, el cálculo del crédito fiscal proporcional. Por lo anterior, notificó acta de denuncia Nº 3, realizando sus descargos ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero Metropolitano de Santiago, el 21 de abril de 2014, dándose inicio al procedimiento sancionatorio administrativo y origen a la causa RUC Nº 14-9-RUT reservado, RIT Nº GR-17-00010-2014, fallada el 2 de octubre de 2014, que negó el reclamo y confirmó el acta de denuncia, la que se encuentra firme y ejecutoriada.

Expresa que por presentación efectuada por el recurrente de autos don nombre reservado, con fecha 14 de octubre de 2014, se solicitó ante el Servicio el alzamiento de los bloqueos a que se encuentra sometida la sociedad que representa, respondiéndosele claramente que se encuentra en la nómina de los contribuyentes no condonables, por afectarle una exclusión tipo 6, esto es, por estar vigente la calidad de querellado, que impide al Servicio otorgar condonación de multas e intereses aplicados, pero no le impediría acceder a un convenio de pago en las condiciones que acuerde con el órgano recaudador. El 18 de junio del año en curso, el recurrente realiza una nueva presentación, pidiendo pronunciamiento sobre aquello ya resuelto con anterioridad, reiterándosele su condición de querellado.

Alega la inadmisibilidad del recurso por haber sido deducido extemporáneamente, por cuanto el Ordinario Nº 86 de 2 de julio de 2015 solo reitera una respuesta dada el 24 de octubre de 2014 por Ordinario Nº 4969, de manera que el acto recurrido no es más que un aplazamiento artificial del término de 30 días regulados en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Luego indica que el recurso no contiene una adecuada descripción y explicación de la afectación a los derechos fundamentales invocados, careciendo de claridad y precisión. Por otra parte, asegura que no existe un actuar ilegal y arbitrario de su parte, pues el artículo 3 Nº 2 de la Resolución Exenta Nº 698 de 2006 del Ministerio de Hacienda señala que el Servicio de Tesorería no puede condonar los intereses y sanciones por la mora en el pago de impuestos a los contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones que ahí se contemplan, lo que es informado periódicamente por el Servicio de Impuestos Internos. Este criterio se reafirma en la Circular Nº 21 de 19 de abril de 2013, que obliga a tener especial cuidado con contribuyentes que se encuentran querellados, procesados o sancionados por delito tributario, encontrándose la recurrente en dos de las situaciones descritas por la citada circular al ser querellada y sancionada por delito tributario, como se ha señalado. Agrega que las políticas de condonación están inspiradas en criterios básicos, entre los cuales el principal es el principio de generalidad, en el sentido que la condonación favorece a todos aquellos contribuyentes que posean un buen comportamiento tributario para que regularicen el pago de sus deudas y disminuyan la morosidad. Finalmente, en cuanto al alzamiento de la causal que lo afecta, señala que ella se levantará cuando dé íntegro cumplimiento a la pena impuesta o, en el caso de la querella, cuando sea sobreseído o cumpla la sentencia condenatoria, todo lo cual hasta la fecha no se ha producido.

Asegura que no existe alguna afectación de las garantías constitucionales del recurrente, por cuanto se ha dado un trato igualitario a todos los que se encuentran en una situación similar; asimismo, no vislumbra la forma cómo podría convertirse en una comisión especial; y en lo referente a las garantías de los numerales 21 y 24 del artículo 19, señala que no es posible establecer la forma como la recurrida puede afectar tales derechos, pues la recurrente continúa ejerciendo su giro y no se expresa una afectación al uso, goce o disposición de algún bien del actor.

Por último, insiste que el acto carece de ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto el artículo 3º numeral 2) de la Resolución Exenta Nº 698 ya citada, establece que El Servicio de Tesorería no podrá condonar los intereses y sanciones por mora en el pago de los impuestos a los contribuyentes que el Servicio de Impuestos Internos le informe, mediante una nómina, que se encuentren querellados, procesados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de la pena; de modo que la condonación es solo una mera expectativa para el recurrente y el recurrido ha actuado dentro del ámbito de su competencia y con estricta sujeción a la legislación vigente, sin afectar las garantías constitucionales del recurrente.

A su informe acompaña copia de la ampliación de querella presentada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 1300791041-4, RIT Nº 7677-2013, y copia de la resolución que la declara admisible; copia del fallo dictado por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, que confirma el acta de denuncia por delito tributario; cartilla SIIC del contribuyente; Resolución Exenta Nº 698 de 2006 del Ministerio de Hacienda; circular Nº 21 de 19 de abril de 2013; y ordinario Nº 4969 de 24 de octubre de 2014, en que consta la notificación personal del representante legal de la recurrente, con fecha 28 de octubre de 2014, documentos que fueron agregados a estos autos a fojas 44.

Cuarto: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluyen los derecho de igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

Así las cosas, de la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente.

Quinto: Que, del mismo modo, este recurso ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado.

Sexto: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

Séptimo: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente consiste en que el Servicio de Impuestos Internos mantiene el bloqueo de la empresa para suscribir convenios de condonación de multas e intereses en los expedientes de cobranza seguidos por la Tesorería General de la República en su contra, sin motivo o razón que lo justifique, toda vez que –a su entender- cumple con los requisitos para acceder a dichos beneficios tributarios.

Sin embargo, con el mérito de lo informado por el Servicio recurrido y de los documentos que acompaña para apoyar sus asertos, se desprende que la sociedad representada por don nombre reservado no cumple con a lo menos dos de las exigencias establecidas en la Resolución Exenta Nº 698 de 2006 del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre condonación de deudas para contribuyentes, toda vez que de que pesa sobre el representante legal de la recurrente una querella por delito tributario y ha sido también condenado por infracciones a la legislación tributaria por el Tercer Tribunal Tributario.

Octavo: Que en consecuencia, las explicaciones dadas por la recurrida por sí solas son suficientes para rechazar el recurso, con independencia de los demás cuestionamientos formales sobre la extemporaneidad del arbitrio incoado; pues resulta manifiesto que la recurrida no ha actuado en forma voluntariosa o caprichosa, sino que su actuar responde a un criterio general establecido en las resoluciones y circulares que gobiernan su actuar y que aplica a todo aquél que se encuentre en la misma situación fáctica, sin que por ello pueda entenderse que existe alguna afectación a alguno de los derechos fundamentales invocados, máxime si se considera que no concurre el presupuesto fundamental de procedencia de esta acción constitucional, a saber, que el órgano recurrido, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente consagrados en el artículo 19 de la Constitución; todo lo cual conlleva al rechazo del presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en representación de Sociedad RPC de Seguridad Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 506-2015 – PROT Redacción a cargo de la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora.

Pronunciada por los Ministros señor José Ismael Contreras Pérez y señora María Teresa Díaz Zamora, y por la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales.

En San Miguel, veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.