Protección contra Universidad Tecnológica Metropolitana

En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

El 23 de junio de 2019 don Miguel Fernández Fernández, abogado, interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, asistente social, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana, buscando la protección de los derechos consagrados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, los que estima conculcados al haberse retenido los dineros que ella debía percibir por concepto de devolución de impuestos declarados en la operación de renta correspondiente al año 2019.

Expresa que la actora financió parcialmente sus estudios superiores en la universidad recurrida mediante el fondo de crédito solidario, y que el 27 de mayo pasado al revisar la página web del Servicio de Impuestos internos, se percató que su devolución de impuestos por la suma de $1.012.724 se encontraba retenida por concepto de deuda con el fondo en cuestión.

Señala que la facultad de la Tesorería General de la República para efectuar esta clase de retenciones se encuentra regulada por el Decreto N° 297, de 19 de noviembre de 2009, del Ministerio de Educación, cuyo artículo 5° establece como requisito previo la notificación del deudor que será sujeto de la retención, la que, según dispone el artículo 3°, de no poderse practicar por carta certificada por no constar el domicilio del deudor, debe hacerse por aviso en un diario de circulación nacional. Indica que esta notificación no se practicó, sin que pudiera ignorarse el domicilio de la deudora ya que el mismo consta en los antecedentes en poder de la recurrida, por haber estudiado la afectada en la universidad recurrida. Esta omisión, le ha impedido ejercer el derecho a interponer el requerimiento de aclaración que el decreto establece.

Pide, se disponga la restitución a doña nombre reservado, de la suma de $1.012.724.- correspondiente a su devolución de impuestos correspondiente a la operación renta del año 2019, con costas.

Informando al tenor del recurso, la Universidad Tecnológica Metropolitana, alega en primer término la falta de legitimación pasiva de dicha institución, atendido a que por mandato legal la administración del fondo solidario de crédito universitario corresponde exclusivamente a su Administrador General, de conformidad al artículo 71 de la Ley N°18.591. En este orden de ideas, indica que la facultad de solicitar la retención de impuestos ante la Tesorería General de la República recae de manera exclusiva en el aludido administrador, como se deduce del artículo 12 del Decreto N°297.

En segundo lugar, sostiene que el artículo 3º del Decreto 297 nada señala respecto de la forma en que el Administrador debe imponerse del domicilio del deudor para determinar la forma de notificación. En todo caso, la deudora tiene registrada solamente una dirección en el sistema FSCU, al cual se le enviaron cartas, las que desde el año 2014 han sido devueltas, de manera que no consta cuál es su domicilio actual.

En lo relativo a la retención de la suma que le correspondía percibir a la recurrente por concepto de devolución de lo pagado por impuestos en la operación renta del año 2019, indica que ella se efectuó en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 19.989. Añade que la deuda se hizo exigible durante el año 2012, sin que se registre pago directo alguno, sino que sólo lo abonado mediante la retención de las sumas correspondientes a devolución de impuestos, la que desde el año 2017 se ha aplicado, sin reclamo de la deudora.

Insiste que, cumpliéndose en la especie todos los requisitos legales para efectuarla, la retención de impuestos no puede ser calificada de ilegal; de otra parte, tampoco es arbitraria, por cuanto existe una deuda pendiente cuyo cobro justifica la medida.

Alega, también, que la acción deducida resulta extemporánea porque el día 1 de febrero del corriente se publicó en el medio electrónico La Nación el estado de morosidad de la actora, avisando que su devolución de impuestos sería retenida, en tanto el recurso se presentó más de dos meses después de esta fecha.

Por último, señala que no existe privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales a que refiere el recurso.

Pide que se rechace el recurso de protección con costas.

La Tesorería General de la República, a la que también se pidió informe al tenor del recurso, manifiesta que efectivamente la declaración de impuesto a la renta 2019 de la recurrente arrojó un remanente, sin que se verificara la devolución de ese monto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 19.989, por haberse recibido en su oportunidad el certificado establecido en el inciso tercero del artículo 12 del reglamento de dicha ley, que acredita la notificación de la deudora.

Reclama que el recurso impetrado es inadmisible, puesto que la retención cuestionada se efectuó en cumplimiento de un deber legal, de manera que el acto impugnado no es imputable a su parte y no concurre uno de los presupuestos de procedencia de esta clase de acción, por carecer la informante de legitimidad pasiva.

Señala que tampoco existe en la especie alguna actuación ilegal o arbitraria, puesto que de los antecedentes acompañados por la Universidad, se desprende que la actora fue notificada mediante su inclusión en la nómina de deudores morosos respectiva y el ente recaudador se encuentra legalmente facultado para efectuar la retención aludida. Se refiere a la normativa aplicable en la especie y añade que la recurrente tuvo la posibilidad de hacer valer sus derechos ante el Administrador del Fondo Solidario y no lo hizo.

Expresa que resulta manifiesto que la actuación impugnada no plantea un problema de igualdad, puesto que el procedimiento cuestionado se aplica a todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación, es decir, a todos los deudores morosos del crédito solidario universitario, sin que por tanto exista discriminación alguna respecto de la recurrente.

Indica, además, que tampoco existe vulneración al derecho de propiedad, puesto que la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente no es un derecho absoluto, sino que es uno eventual que solamente se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales se encuentra que no haya una causa legal de retención, siendo la propia ley la que regula la privación de dicho bien, en el caso, ante la existencia de una obligación morosa por concepto de crédito solidario.

Por último, añade que la actora no puede alegar que desconocía la facultad de retención de la Tesorería, puesto que en años anteriores también se le retuvo sus excedentes de renta por el mismo concepto y menciona que existe jurisprudencia invariable de los tribunales superiores de justicia en el sentido que en este caso no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Solicita que se declare inadmisible el recurso y, en subsidio, se rechace por no ser arbitraria ni ilegal la actuación cuestionada.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en elación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a un acto u omisión arbitrario y/o ilegal de agentes determinados que provoque su conculcación, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de aquéllos y dispensar protección a la persona agraviada. De este modo, si no se comprueba la existencia de un acto u omisión arbitrarios y/o ilegales, resulta innecesario entrar a analizar los demás supuestos.

En cuanto a la cuestión previa de la oportunidad, se requiere sea interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, condición que en la especie se cumple a cabalidad por cuanto la recurrente tomó conocimiento del acto que denuncia, el 27 de mayo del año en curso, en tanto que el recurso lo dedujo el 23 de junio último.

También supone la existencia previa de los derechos que se dicen vulnerados, en el carácter de indubitados, porque esta no es la vía para declararlos.

Se requiere, asimismo, la posibilidad concreta de que el tribunal aún pueda actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz tutela, es decir, es necesario que la acción no haya perdido oportunidad.

Por último, valga considerar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, el presente arbitrio para reclamar la protección de los derechos fundamentales que indica, es “…sin perjuicio de otros derechos…”, esto es, su ejercicio no obsta a otras acciones que pueda hacer valer el recurrente, en la sede y en el procedimiento que señale la ley.

Segundo: Que, dicho lo anterior, procede analizar en primer lugar la alegación de la recurrida de carecer de legitimación pasiva, según se ha reseñado en lo expositivo.

Es del caso señalar que el artículo 70 de la Ley N° 18.591 creó el fondo solidario de crédito universitario para cada una de las instituciones de educación superior que reciben aporte del Estado con arreglo al artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°4, del Ministerio de Educación, de 1981. A su turno, el artículo 71 de la ley citada, dispone que el administrador general del fondo debe ser una persona distinta del Rector y es el encargado del recupero de dicha cartera, conforme lo dispone la Ley N°19.287 y su reglamento, contenido en el Decreto 297, del Ministerio de Educación, de 2009; y el encargado, además, de elaborar la nómina de deudores y deudas impagas, y notificar al deudor respectivo, según prescriben los artículos 4 y 5 de dicho reglamento.

Entonces, la recurrida, Universidad Tecnológica Metropolitana, carece de legitimación pasiva en este recurso de protección porque no tuvo intervención en la comisión del acto que se denuncia por esta vía.

Tercero: Que, en segundo lugar, tampoco se advierte la existencia de un acto arbitrario e ilegal, desde que el administrador del referido fondo, está facultado para informar a la Tesorería General de la República, en su oportunidad, los créditos impagos y solicitar a ese ente recaudador la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que le correspondiere al deudor de que se trata, atentos a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N°19.989 y el referido Decreto 297, de 2009. Esa información se entrega justificado que se encuentre el no pago del deudor y la retención se produce por una atribución legal, según se pasa a señalar.

Se descarta, así, la arbitrariedad e ilegalidad del acto denunciado.

Cuarto: Que, en efecto, en lo que respecta a la actuación de la Tesorería General de la República, ella se encuentra amparada en la ley, como antes se dijo, a saber, el artículo 1° de la Ley 19.989, que dispone: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N°19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.”

Quinto: Que, en lo concerniente a la falta de notificación que alega la recurrente, de los antecedentes consta –como informó la recurrida- que se publicó su morosidad en el Diario La Nación, el 1° de febrero de 2019, junto a los demás deudores y conforme lo ordena el reglamento ya aludido que regula la materia, por lo que se tiene que el procedimiento se ajustó a la normativa.

Sexto: Que, por último, valga considerar que los dineros correspondientes a la devolución del impuesto a la renta, sólo constituye una mera expectativa para el contribuyente, por lo que mal puede hablarse en este caso que la recurrente tenga un derecho de propiedad indubitado sobre los mismos.

Séptimo: Que, en razón de lo antes expuesto, el presente recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Se previene que la Ministra señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona concurre al rechazo del recurso pero teniendo en consideración únicamente que ha sido deducido en forma extemporánea, según las siguientes consideraciones:

Uno) Que, según consta de los antecedentes, la declaración de impuestos de la recurrente arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor, monto que la Tesorería General de la República debía restituirle en mayo de 2019, en el marco del proceso de declaración de renta del presente año, lo que no ocurrió por cuanto ese organismo procedió a retener el monto ascendente a $1.012.724.- en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° de la ley N°19.989.

Dos) Que la notificación a la deudora morosa se produjo, como dispone el ordenamiento jurídico, el 1° de febrero de 2019, mediante aviso publicado en el Diario La Nación.

Tres) Que, además, según informó la recurrida, desde el año 2017 se ha aplicado a la recurrente la retención de impuestos, sin que hubiese reclamado con anterioridad.

Cuatro) Que, entonces, en concepto de quien previene, al deducir el recurso el 23 de junio último, la recurrente lo ha hecho en forma extemporánea, ya sea que se considere la fecha de su notificación de la última retención, o las efectuadas desde 2017; con todo, la recurrente no pudo menos que saber la situación de morosidad que le afectaba, ya que los únicos abonos que registra a la deuda son los efectuados por la vía de retención de impuestos, y no es la primera vez a la que se ve enfrentada a esta situación.

Cinco) Que este presupuesto previo, la oportunidad, no concurre en la especie y torna innecesario entrar a analizar si el acto denunciado adolece de arbitrariedad e ilegalidad y si vulnera derechos fundamentales.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Tesorería General de la República y archívese en su oportunidad, si no se apelare.

N° 5058-2019 - PROT.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las ministros Sra. María Carolina Catepillan Lobos, Sra. Sylvia Pizarro Barahona y Abogado Integrante Sr. Adelio Misseroni Raddatz.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Adelio Misseroni Raddatz no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.