nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dejo constancia que alegó por el recurso el abogado Rogers Mariangel Oviedo y en contra de éste la abogada Claudia Ramírez Krause. San Miguel, 5 de diciembre de 2024.

San Miguel, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios 12 y 13: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Rogers A. Mariangel Oviedo, interpone recurso de protección en representación de nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de La Pintana, representada por su Alcaldesa señora Claudia Pizarro Peña, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°05470/2024, de 23 de septiembre del 2024, que rechazó la reposición interpuesta en contra del Decreto Alcaldicio N°5017/2024, de fecha 22 de agosto del 2024, por medio del cual esa autoridad edilicia mantuvo a firme la medida disciplinaria de término de la relación laboral del funcionario, lo que considera vulneratorio de sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad, asegurados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 10 de enero del año 2022, la recurrida dictó el Decreto Alcaldicio N°00223/2022, por medio del cual ordenó la apertura de un sumario administrativo en su contra, el que se extendió entre el 10 de enero de 2022 y el 22 de agosto del año 2024, esto es por más de 31 meses. Agrega que el sumario tiene una serie de vicios formales que afectan el debido proceso.

Alega la vaguedad e imprecisión del único cargo formulado y la falta absoluta de congruencia entre los hechos consignados en la formulación de cargos y aquellos señalados en la resolución final. En este sentido, explica que el 30 de noviembre del año 2022, se le imputó al actor la contravención de sus obligaciones funcionarias, específicamente la de la letra m) del artículo 58 de la Ley N°18.883 (sic), esto es, haber incurrido en acoso laboral; no obstante, luego, en su vista fiscal se agrega y hace constituir esa falta funcionaria como una contravención a la probidad administrativa, lo que evidentemente cambia el tenor de la acusación y la gravedad del cargo.

Refiere que se mantuvo rebelde y no contestó el cargo formulado, atendido que el mismo importaba, eventualmente, la imposición de una sanción menor. Sin embargo, posteriormente se lo vinculó con una supuesta falta a la probidad lo que agravó las posibles sanciones, culminando en definitiva con el término de su contrato.

Aduce que, además, se infringe el debido proceso, toda vez que de la indagatoria se desprende que en la unidad edilicia de que se trata existía un mal clima laboral, lo que no fue objeto de un término probatorio, lo que vulnera su derecho de igualdad ante la ley.

De otra parte alega la falta de proporcionalidad y de fundamentación suficiente del acto recurrido, señalando que la alcaldesa no respetó la propuesta fiscal en lo que se refiere a la sanción administrativa.

Esgrime también que en la resolución recurrida se juzgaron hechos del año 2021, con criterios propios del año 2024 y que a la fecha de ocurrencia de los hechos la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no había establecido expresamente la medida disciplinaria de destitución para los casos de acoso laboral.

Dado el excesivo tiempo transcurrido entre la denuncia y la resolución de término, denuncia el decaimiento del procedimiento administrativo, haciendo presente que los hechos a investigar ocurrieron el 22 de enero del año 2021, el sumario administrativo fue ordenado 1 año después, esto es el 10 de enero del año 2022 y la vista fiscal fue enviada a la Alcaldesa para su resolución el 14 de diciembre del año 2022, quien sólo emitió pronunciamiento de término recién el 22 de agosto de 2024, demora que estima excesiva, infringiendo con ello el artículo 27 de la Ley 19.880. Agrega que también se vulnera su derecho de propiedad, al impedírsele recibir sus remuneraciones, lo que es lesivo a sus derechos.

Finalmente, acusa ilegalidad del acto al no señalarse en la resolución recurrida los recursos que en contra la misma proceden, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 19.880.

Explica que la infracción al principio de igualdad ante la ley, se produce toda vez que la falta de fundamentación del acto recurrido genera un trato desigual, proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.

Solicita se acoja el recurso en todas sus partes, se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario; que ha decaído el acto y proceso administrativo en el que se funda, y se ordene a la recurrida dejar sin efecto tal acto y proceso administrativo, disponiéndose el reintegro del recurrente a sus labores, con el pago íntegro de sus remuneraciones durante el tiempo que ha estado separado de su cargo hasta su efectiva reincorporación, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacúa informe don Marcelo Santibáñez Prado, abogado, en representación de la I. Municipalidad de La Pintana.

Explica que el 5 de diciembre de 2022, la fiscal actuante notificó personalmente al señor nombre reservado de la formulación de cargos, sustentado en el hecho de haber infringido la norma dispuesta en el artículo 82 letra m) de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, norma que dispone: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: letra m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”, no presentando escrito de descargos el recurrente, y que por Decreto N°5017/2024 de 22 de agosto de 2024, se aprobó el sumario administrativo, resolviendo, en definitiva, aplicar la medida de término de la relación laboral al funcionario nombre reservado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 letra b) de la Ley N°19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 120 letra d) de la Ley N°18.883, en relación con el artículo 123 inciso 2° de la citada Ley N°18.883, por infracción a las letras g) del artículo 58 de la citada Ley N°18.883 y artículo 82 letra m) del mismo cuerpo dispositivo y el artículo 62 numera 10 de la Ley N°18.575, norma última que dispone: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo”.

Agrega que para ello se consideró la prueba aportada en la investigación, de la cual se extrae que el recurrente incurrió en actos de acoso laboral en contra de su denunciante, y que contaba con dos sanciones administrativas previas por infracciones al artículo 58° letras c) y g), siendo objeto de una sanción de censura y otra de suspensión de funciones por dos meses por su mal comportamiento en el desempeño de sus funciones, lo que fue considerado como agravante en la aplicación de la sanción que ahora se recurre.

En cuanto al fondo, niega la lesión al derecho de igualdad ante la ley del recurrente, toda vez que el procedimiento respetó todas las etapas legales, descartando la configuración de una comisión especial, como alega el recurrente. Además, aclara que la propuesta fiscal no es vinculante para la máxima autoridad alcaldía, según dispone el artículo 137 de la Ley N°18.883 y variada jurisprudencia administrativa que indica.

Afirma que el acto recurrido está debida y latamente fundado, según se advierte de sus considerandos, en el cual se aplicó una perspectiva de género en atención al comportamiento que mantuvo el recurrente durante toda la indagatoria, faltando el respeto constantemente a la denunciante y otros funcionarios ante la fiscal, lo que fue creando convicción sobre la veracidad de la denuncia.

Por su parte, rechaza la alegación de decaimiento del procedimiento, toda vez que en él se llevaron a cabo variadas diligencias y actuaciones, no siendo el mero transcurso del tiempo un vicio esencial que afecte la validez del mismo, según variada jurisprudencia administrativa y judicial que detalla.

Finalmente descarta el vicio de falta de apertura de término probatorio, toda vez que este se llevó a cabo normalmente, basando esta alegación el recurrente en la falta de un término para acreditar circunstancias en contra de la denunciante, a pesar de mantenerse rebelde en la causa. Además, descarta el vicio de ilegalidad por supuestamente no indicarse en el acto recurrido los recursos que proceden, toda vez que de su sola lectura se aprecia que se cumple con dichas menciones.

Por las razones expuestas, expresa que no ha existido vulneración de las garantías invocadas en el libelo, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley o arbitrario como consecuencia del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el recurrente dedujo recurso de protección impugnando el Decreto Alcaldicio 05470/2024, de 23 de septiembre del 2024, que rechazó la reposición interpuesta en contra del Decreto Alcaldicio N°5017/2024, de fecha 22 de agosto del 2024, por medio del cual la alcaldesa de I. Municipalidad de La Pintana decretó la medida disciplinaria de término de la relación laboral o destitución del recurrente.

Sexto: Que, como primer aspecto debe indicarse que el artículo 82 letra m) de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.”

Enseguida, el mismo texto legal refiere en su artículo 120 letra d) que: “Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: d) Destitución.”

Séptimo: Que, sin perjuicio que la decisión de la autoridad de desvincular a la parte recurrente tiene un correlato en las normas legales precedentemente citadas, ésta debe ejercerse con arreglo a la ley. Para verificar lo anterior es necesario acudir a la legislación que regula los actos de la Administración, en este sentido, la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 41 inciso cuarto, primera parte que: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Respecto de este extremo del recurso, es decir, la falta de fundamentación del acto recurrido, de su lectura se puede concluir sin lugar a dudas que cumple con el deber de motivación, toda vez que en él se explica detalladamente los hechos que motivan la apertura del sumario administrativo, las probanzas que permitieron adquirir convicción para la elaboración de cargos del persecutor, así como los fundamentos de hecho y derecho que su tuvo en cuenta para la aplicación de la sanción, existiendo congruencia entre los cargos y la sanción aplicada, lo cual se verifica igualmente en la resolución que rechaza el recurso de reposición administrativa, todo lo cual permite descartar la alegación de falta de fundamentación del acto recurrido.

Octavo: Que, lo razonado anteriormente permite concluir que la resolución impugnada no es ilegal, toda vez que observa lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, descartando con ello una infracción a la garantía de igualdad ante la ley en perjuicio de la recurrente.

Noveno: Que, en relación con este mismo derecho, de la revisión de las normas decisoria litis se concluye que ellas se encontraban plenamente vigentes al momento del hecho investigado como de la formulación de cargos y de la resolución sancionatoria. Al respecto es necesario consignar que la letra m) del artículo 82 de la Ley 18.883, fue incorporada a la normativa del ramo por la Ley 20.607, publicada en el Diario Oficial el 8 de agosto de 2012, descartando con ello la alegación del recurrente en orden a la aplicación de normativa no vigente en su perjuicio.

Décimo: Que, en relación con la alegación referida a que en autos operó el decaimiento del procedimiento administrativo, por el tiempo transcurrido en su sustanciación, se debe hacer presente que, tal y como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en variada jurisprudencia, dicha forma de término del procedimiento administrativo no puede tener como base el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, toda vez que este no es un plazo fatal, sino que, en el artículo 53 de la misma, debido a la idea de ineficacia que conlleva. Por tanto, debe ser asimilado a la figura de la invalidación de los actos contrario a derecho, el cual contempla un plazo de dos años para ejercer dicha acción. En ese contexto, es que se concluye, que no basta la sola demora, sino que dicho retardo debe ser, además, injustificado y a partir de la notificación de la formulación de cargos, pues es desde esta última que se inicia el contencioso administrativo propiamente, atendido que antes de ello el procedimiento puede incluso terminar por otras vías.

Así las cosas, habiéndose formulado los cargos al recurrente el 30 de noviembre de 2022, en tanto que la sanción aplicada es de 22 de agosto de 2024, en la especie no transcurrió el plazo de dos años de ineficacia referido anteriormente.

Por lo demás, los hechos a que se refiere la presente acción cautelar acaecieron durante la ocurrencia de la pandemia de Covid-19, emergencia sanitaria que indiscutiblemente tuvo el mérito de demorar todo procedimiento de esta naturaleza.

Undécimo: Que en consecuencia, por no advertirse la existencia de un acto arbitrario ni ilegal, por cuanto ha sido dictado por una autoridad competente, en el marco de sus funciones legales y debidamente justificado, sólo procede desestimar este recurso, sin que sea necesario entrar a analizar ni pronunciarse sobre alguna vulneración de derechos fundamentales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Rogers A. Mariangel Oviedo, en representación de nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de La Pintana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad, si no se apelare.

N°5057-2024 Protección.