Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior

San Miguel, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, fundado en la omisión que califica de ilegal y arbitraria consistente en no dictar una resolución exenta que ponga término al procedimiento administrativo iniciado el 11 de agosto de 2021, relativo al reconocimiento de la condición de refugiado.

Expone que el recurrente ingresó a Chile eludiendo el control migratorio para escapar de la crisis política, económica y humanitaria de su país, y que desde la fecha de su solicitud no ha recibido respuesta alguna, manteniéndose en una situación prolongada de incertidumbre.

Sostiene que la demora de más de cuatro años en resolver su solicitud vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880. Afirma que la Administración ha infringido los principios de celeridad, economía procedimental e inexcusabilidad, al no dictar una decisión terminal dentro de un plazo razonable, sin que exista caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique.

Solicita que se ordene a la autoridad recurrida pronunciarse sobre la solicitud de refugio dentro del plazo de 60 días o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, al evacuar informe, nombre reservado y Stephanie Pinto González, abogados del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo del recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Explican que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no registra ingreso regular al país, por lo que se infiere su ingreso clandestino, y que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado el 11 de agosto de 2021, procedimiento que aún se encuentra en tramitación. Añaden que, durante toda esa tramitación, el Servicio le ha otorgado visaciones temporales sucesivas por ocho meses, y que el 26 de mayo de 2025 se le concedió residencia temporal vigente hasta el 24 de enero de 2026. Señalan además que el 6 de enero de 2026 el propio recurrente solicitó una nueva prórroga de residencia temporal para solicitantes de refugio, la que actualmente se encuentra en etapa de análisis.

Sostiene que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, ya que el procedimiento de refugio se encuentra regulado por la Ley N°20.430 y su reglamento, modificados además por la Ley N°21.655, y que la demora obedece al alto volumen de solicitudes y a la complejidad de la tramitación, especialmente en la Región Metropolitana. Afirma que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, y que el recurrente mantiene una situación migratoria regular, sin que se haya dictado en su contra sanción migratoria alguna que afecte sus derechos fundamentales. Sobre esa base, concluye que no se advierte vulneración de la igualdad ante la ley ni de otra garantía protegida por la acción de protección, por lo que solicita su rechazo.

Tercero: Que, al evacuar informe, Vicente Ferretti Villar, abogado de la Subsecretaría del Interior, solicita el rechazo del recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Expone que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se rige por la Ley N°20.430 y su reglamento, correspondiendo al Subsecretario del Interior resolverla mediante resolución exenta, previa recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y con apoyo técnico del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones. Añade que, en el caso del recurrente, la solicitud fue presentada el 11 de agosto de 2021 y que actualmente ya se encuentra asignada para su debida tramitación ante dicho servicio, de modo que una vez concluido el procedimiento el acto terminal será debidamente notificado.

Sostiene que no existe omisión ilegal ni arbitraria, pues este tipo de solicitudes exige un análisis exhaustivo, dada la especial relevancia jurídica y práctica que supone reconocer la condición de refugiado, lo que explica una tramitación más extensa. Agrega que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal y que, además, la sola falta de resolución no configura por sí misma una afectación de garantías constitucionales, máxime cuando la propia Ley N°20.430 protege al solicitante mediante el principio de no devolución y permite mantener una residencia temporal prorrogable mientras la solicitud esté en trámite. Afirma que el recurrente no ha acreditado una vulneración concreta de la igualdad ante la ley ni de otra garantía tutelable por esta vía, y añade que acoger acciones como la presente generaría una discriminación indebida respecto de otros solicitantes en igual situación que esperan respuesta por la vía ordinaria.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto a la solicitud de la condición de refugiado formulado la recurrente.

Sexto: Que según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 20.430: “Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular.”

Asimismo, el inciso tercero de dicha disposición señala que: “La solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones.”

Posteriormente, el artículo 28 bis del mismo cuerpo legal señala que: “Una vez presentada la solicitud, se evaluará si ésta cumple con los requisitos formales estipulados en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley y si, de conformidad con el artículo 2º, es manifiestamente infundada.” A su vez, su inciso segundo dispone que: “En caso de cumplirse con aquellos requisitos, el Director del Servicio Nacional de Migraciones deberá dictar una resolución, la que será notificada al solicitante en el plazo máximo de tres días hábiles desde su dictación. El procedimiento para el reconocimiento de su condición de refugiado continuará, y se otorgará al solicitante y a los miembros de su familia que lo acompañen la visa de residente temporal”; y luego el inciso quinto indica que: “Cumplidos los requisitos formales de la solicitud, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado deberá emitir un informe técnico acerca de si la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, es manifiestamente infundada.”

Además, de conformidad al artículo 19 del mismo cuerpo legal: “El otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente.”

Séptimo: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, resulta concluyente que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en el actuar de las recurridas, ya que las mismas han dado la tramitación que en derecho corresponde a la solicitud de que se trata, obrando dentro del ámbito de las facultades legales y en el ejercicio de su competencia, motivo por el cual la acción en cuestión no puede prosperar Por estas consideraciones, de conformidad a lo expuesto, lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Acordada contra el voto del abogado integrante señor Rodrigo Azócar, quien fue del parecer de acoger el presente recurso respecto del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto dicho organismo deberá emitir el pronunciamiento que le corresponde respecto a la solicitud, previa verificación de los requisitos pertinentes que deban concurrir al caso, en un plazo máximo de noventa días corridos, por los siguientes fundamentos: 1° Que, de los antecedentes allegados, se constata que el recurrente no ha obtenido respuesta a su solicitud presentada el 11 de agosto de 2021. 2° Que, la decisión que ha de adoptarse por esta Corte debe centrarse en determinar si la omisión denunciada reviste el carácter de ilegal o arbitraria, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, atendidos los antecedentes acompañados y la normativa que rige la actuación de la autoridad recurrida. 3° Que, en atención a su requerimiento, el solicitante tiene derecho a obtener un pronunciamiento oportuno y debidamente fundado por parte de la autoridad competente. 4° Que, más allá del carácter fatal o no del plazo de seis meses consagrado en el artículo 27 de la Ley 19.880, lo cierto es que ha transcurrido más de cuatro años contado desde la petición de la recurrente, tiempo en el cual la recurrida ha retardado en resolver dicha solicitud, y no se ha acreditado razones de fuerza mayor o caso fortuito. 5° Que, en este escenario, la omisión de la recurrida se aparta de los principios de celeridad, conclusivo y de economía procedimental que deben regir en los procedimientos administrativos, establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 19.880. 6° Que, de lo expuesto resulta que, en definitiva, en la especie ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República. 7° Que, no obsta a la conclusión anterior el hecho de que al acoger el presente recurso la autoridad deba priorizar la tramitación administrativa del recurrente por sobre otros solicitantes, pudiendo constituir un potencial atentado al principio de igualdad ante la Ley antes citado. En efecto, el ejercicio de las acciones cautelares establecidas por la Constitución Política de la República, no puede ser vistos como un atentado a las garantías constitucionales y, en todo caso, esta Corte debe limitarse al examen de los antecedentes aportados, otorgando la cautela respectiva en aquellos casos que lo ameriten, careciendo de competencia para hacerse cargo de la cantidad de solicitudes que pueda tener la recurrida actualmente en tramitación.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°5043-2025 Protección