Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, nombre reservado, venezolano, interpuso un recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, notificado el 12 de diciembre de 2025.

Expone el recurrente que, en su calidad de trabajador extranjero de nacionalidad venezolana, solicitó a través del portal web de la Administradora la restitución de sus fondos previsionales, acompañando la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y declaración jurada notarial.

Señala que, pese a ello, su solicitud fue rechazada bajo el argumento de no haber acompañado un certificado válido, vigente y susceptible de validación que acreditara su afiliación a un régimen previsional extranjero. Agrega que concurrió personalmente a dependencias de la AFP, donde se le reiteró que los antecedentes acompañados no cumplían con las exigencias legales. Sostiene que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, toda vez que se encuentra afiliado a un sistema previsional extranjero que otorga cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, circunstancia que se acreditaría mediante la constancia electrónica del IVSS, la cual cuenta con mecanismos de verificación en línea.

Afirma que la recurrida ha efectuado una interpretación excesivamente formalista de la normativa al exigir requisitos no contemplados en la ley, como la apostilla o legalización del certificado, los que además resultarían de imposible cumplimiento atendida la situación de su país de origen. Concluye que la decisión impugnada vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, al impedirle disponer de sus fondos previsionales mediante la imposición de exigencias no previstas por el legislador.

Segundo: Que, en lo que respecta al informe evacuado por AFP PlanVital S.A., la recurrida solicita el rechazo del recurso, señalando que la solicitud de devolución de fondos presentada por el actor con fecha 12 de diciembre de 2025 fue correctamente rechazada por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156. Indica que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS y una declaración jurada, antecedentes que — conforme a la normativa vigente y a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°12.954— no resultan idóneos para acreditar el requisito de afiliación a un sistema previsional extranjero, por cuanto carecen de legalización o apostilla y no contienen una certificación emitida por la autoridad previsional competente que dé cuenta de manera específica de la cobertura durante todo el período trabajado en Chile.

Añade que las declaraciones juradas, aun cuando se encuentren autorizadas ante notario, no tienen valor probatorio suficiente para estos efectos, al no emanar de la autoridad competente. Señala, asimismo, que la Ley N°18.156 constituye una norma de carácter excepcional que debe ser interpretada restrictivamente, exigiéndose el cumplimiento copulativo de todos sus requisitos, entre ellos, la acreditación fehaciente de la afiliación a un régimen previsional extranjero mediante documentación debidamente legalizada. Sostiene que la Administradora se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y las instrucciones impartidas por el organismo fiscalizador, no pudiendo prescindir de dichas exigencias ni sustituirlas por mecanismos alternativos de verificación.

Finalmente, indica que el rechazo de la solicitud no implica una privación definitiva del derecho, sino que constituye un acto subsanable, pudiendo el afiliado presentar nuevamente su solicitud acompañando la documentación que cumpla con los requisitos exigidos, no configurándose en consecuencia ilegalidad ni arbitrariedad alguna en su actuación.

Tercero: Que, en relación con el informe de la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo solicita el rechazo del recurso, oponiendo en primer término que la materia sometida a conocimiento excede el ámbito propio de la acción de protección, por cuanto ésta no constituye una instancia idónea para declarar derechos controvertidos, especialmente cuando no existe un derecho indubitado, como ocurre en la especie respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

En cuanto al fondo, expone que la devolución de fondos previsionales para trabajadores extranjeros constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente cuando se cumplen copulativamente las exigencias del artículo 1° del citado cuerpo legal, entre ellas, la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que debe ser acreditado mediante certificación emanada de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada. Señala que, en el caso concreto, el recurrente no ha acreditado ante la Administradora ni ante ese organismo el cumplimiento de dichos requisitos, por cuanto la constancia electrónica acompañada carece de legalización y no constituye un documento idóneo para estos efectos, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa del Servicio.

Agrega que, además, no consta que el actor haya formulado un reclamo formal ante la Superintendencia respecto de los hechos denunciados, ni que exista un acto concreto imputable a dicho organismo que pueda ser objeto de la acción.

Concluye que la actuación de las recurridas se ajusta a derecho, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que el recurso debe ser desestimado.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición del actor -trabajador extranjero- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 12 de diciembre de 2025, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°5030-2025 Protección