Protección contra Ilustre Municipalidad de Paine

CIENTO TRES / 103 nombre reservado Miguel, veintiuno de abril de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 20 comparece don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine, representada legalmente por su Alcalde don Diego Vergara Rodríguez.

Señala como antecedentes previos que con fecha 14 de marzo de 2008 adquirió una propiedad en la comuna de Paine junto con sus respectivos derechos de agua. Los inmuebles eran predios agrícolas cuyas únicas edificaciones correspondían a un galpón de madera de 1625 metros cuadrados construido el año 1960 y un galpón de estructura de hormigón de 295 metros cuadrados construido el mismo año. Indica que las actividades desarrolladas en los predios desde esos años son la engorda de cerdos, engorda de ovinos y engorda de bovinos, actividades que considera todas las actividades anexas que señala. Refiere que también se desarrollan actividades de mantención de suelos y cultivos, incluidos regadío de los cultivos y control de fertiriego (dilución de agua y purín) utilizado en el campo a través de conductivimetros.

Indica el recurrente que con el objeto de modernizar sus instalaciones inició el año 2012 trámites ante el municipio mediante un permiso de edificación de obra nueva siendo observado por la autoridad municipal, la cual le solicitó fusionar los roles de las parcelas para continuar con la tramitación solicitada, frente a lo cual obtuvo del Servicio de Impuestos Internos la fusión de los roles 135-38 y 135-81, subsistiendo el primero de ellos. A continuación y a través de la su arquitecta doña nombre reservado presentó el día 20 de diciembre de 2013 la solicitud originando el expediente Nº 523/2013.

Refiere que el día 21 de enero de 2014 a las 13:54 la municipalidad envío el acta de observaciones de fecha 20 de enero de 2014 vía correo electrónico, sin que a la fecha se les haya notificado formalmente dicha acta, como requiere todo acto administrativo.

Señala que recurre en contra del Decreto Exento Nº 207 del año 2014 el que le fuera notificado con fecha 23 de enero de 2014, cuyo numeral primero declara “La inhabilidad de la obra destinada a actividad productiva, uso, producción y tratamiento de plantel porcino, emplazada en Camino Padre Hurtado, parcela Nº 10, lotes A y B, localidad de Chada, comuna de Paine en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del presente decreto”. Indica que el numeral segundo decreta: “opóngase sellos de clausura a las habilitaciones y construcciones que sirven o se utilizan para el funcionamiento del establecimiento antes aludido, como toda otra construcción en el terreno, que no cuente con las respectivas autorizaciones (Permiso de Edificación y Recepción Definitiva).”

Precisa el recurrente que la argumentación del referido del decreto indica “el propietario ha presentado solicitud de permiso ante la Dirección de Obras Municipales, pero a la fecha no han dado respuesta a todas las exigencias establecidas por norma”. Señala que la norma jurídica indicada por el decreto ha establecido plazos legales, los cuales sostiene, se encuentran vigentes a la fecha, invoca el artículo 1.4.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el cual reproduce, destacando que “En el evento que el interesado no subsane o aclare las observaciones en un plazo de 60 días, contados desde la comunicación formal del Director de Obras Municipales, éste deberá rechazar la solicitud de aprobación de anteproyecto o de permiso, en su caso y devolver todos los antecedentes al interesado, debidamente timbrados”

Sostiene que los actos que emanan de autoridad deben tener fundamento y constar por escrito. Respecto de los decretos exentos deben contener vistos que corresponde a los antecedentes tenidos a la vista, los considerandos que relaciona los antecedentes de hecho con el derecho y la parte resolutiva que viene a ser lo sancionado por la autoridad. Indica que el decreto recurrido solamente contiene vistos y resolución, lo que a su juicio produce indefensión a su persona “al amparo de la garantía que implica poder recurrir ante lo resuelto por la autoridad, pues, resulta evidente que la sola mención de la normativa legal en forma genérica no tiene ninguna posibilidad concreta de ser desvirtuada ante la resolución de la recurrida. Concluye que la autoridad ha vulnerado su obligación de fundamentar legalmente sus resoluciones dejándolo en la indefensión al no existir una cabal relación de los antecedentes que han servido de base a la decisión adoptada.

En cuanto al contenido de fondo del decreto impugnado sostiene que su desprolijidad queda de manifiesto pues en el primer vistos no se singulariza correctamente la parcela Nº 10. Luego en el segundo vistos se indica que al 23 de enero de 2014 su parte no ha dado respuesta a todas las exigencias establecidas por la norma, fundamentación que a su juicio resulta inadecuada y maliciosa toda vez que conforme al acta de observaciones de fecha 20 de enero de 2014 se le dan a conocer las observaciones de la Dirección de Obras Municipales, lo cual implica un plazo de 60 días para subsanar dichas observaciones. Refiere que con fecha 10 de febrero de 2014 se adjuntaron los antecedentes solicitados por la autoridad, no obstante existir aún plazo pendiente. Señala que en el tercer vistos se hace referencia a los ordinario 476/2013 y 732/2013 de 26 de julio y 18 de noviembre ambos de 2013 en que se le apercibe con el plazo de 6 meses que vencería el 22 de enero de 2014 para regularizar la totalidad de las construcciones emplazadas, lo que considera maliciosos por parte del Director de Obras Municipales, toda vez que si bien dichos plazos son perentorios para su parte, igualmente la autoridad está obligada a desarrollar sus actividades de observación dentro del mismo, resultando a su juicio, impresentable que dos días antes del vencimiento del plazo, esto es, el 22 de enero de 2014, notifique un acta de observación y que además se otorguen 60 días para su cumplimiento apercibiéndosele con la clausura e inhabilidad de la obra como lo hace el decreto impugnado.

Resulta a juicio del recurrente, más grave lo expuesto, cuando se analiza el documento signado con el Nº 3 en el recurso que obliga a su parte a acompañar informes de la Seremi de Agricultura, Seremi de la Vivienda, Seremi de Salud, tramitar una calificación ambiental o carta de pertinencia del SEIA, certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado, lo cual no solo resulta impracticable atendido el plazo de 6 meses, sino que de mala fe por parte de la autoridad, “pues evidentemente la Administración Pública no solo desarrolla una actividad única respecto de mi persona sino que se corresponde a variadas y diversas necesidades de la comunidad”.

El cuarto vistos a juicio del recurrente resulta francamente impresentable para una autoridad administrativa conforme todas las ideas previamente desarrolladas, al señalar: “El plazo establecido por la Dirección de Obras Municipales se encuentra vencido”. Concluye que en cuanto al fondo el decreto impugnado resulta vulneratorio a sus derechos y agraviante a un procedimiento administrativo legalmente tramitado.

Sostiene el recurrente que en lo que respecta a las atribuciones legales para ordenar la clausura y el desalojo de los animales con el auxilio de la fuerza pública, tal como le señaló el señor Director, en forma verbal, el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual reproduce, le confieren al Alcalde la facultad de declarar la inhabilidad de las obras hasta que se obtenga su recepción. Indica que las obras se encuentran construidas desde el año 1960 que corresponden a los galpones de chancheras y gallineros, lo que a su juicio no es un tema menor dado que se estarían inhabilitando las construcciones del plantel de cerdos que provienen del año 1960 que se pretenden regularizar. Indica que en lo referido al criadero, éste corresponde a una actividad primaria agrícola, emplazada en un terreno rural que conforme al dictamen Nº 31.300 de 2000 de la Contraloría General de la República la crianza y engorda de animales es siempre una actividad primaria. En este orden de ideas, indica el recurrente, la facultad del artículo 145 es para ordenar el desalojo de los ocupantes, que en este caso se refiere a los trabajadores del plantel y no a los animales. Sostiene que la interpretación que de dicha norma efectúa el Director de Obras es errada pues no se ajusta a las normas interpretativas de la ley establecidas en el artículo 20 y siguientes del Código Civil, las que reproduce.

Arguye que desde el punto de vista técnico, en las parcelas agrícolas se efectúa una actividad agropecuaria, la que contiene en su interior cultivos de almendros (arboles), cultivo de forrajeras como avena/maíz y la crianza de cerdos en su etapa de engorda, actividades que requieren un manejo diario que no puede separarse, toda vez que se pueden destruir los cultivos y que deben estar en constante riego, requiriendo los animales atención constante de alimentación y bebida, lo que difiere de la autorización de recepción de obras de las construcciones al interior de la parcela que data del año 1960. Por tanto, concluye que un eventual retiro de los animales en breve plazo, como dictaminó el decreto recurrido, se incurriría en una ilegalidad por parte del Alcalde, por carecer él mismo de las atribuciones legales para efectuarlo, lo que ocasionaría, una emergencia sanitaria de graves consecuencias.

Sostiene el recurrente que el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones enumera las actividades que se desarrollan en locales comerciales o industriales que pueden ser clausuradas, entre las cuales no se encuentra la de actividad primaria agrícola y donde la ley no distingue no es lícito al interprete distinguir pues de haberlo querido así el legislador los habría dicho de manera expresa. Señala que el Alcalde no está facultado para clausurar actividades agrícolas primarias debidamente emplazadas en zonas rurales que según su uso de suelo es de interés agropecuario exclusivo.

Indica que esta actuación del Alcalde es arbitraria e ilegal pues constituye una amenaza, perturbación y privación del derecho y garantía de igualdad ante la ley, artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que al decretar la inhabilidad de la obra destinada a actividad, uso, producción y tratamiento de plantel porcino y clausurar las habilitaciones y construcciones que sirven o se utilizan para el funcionamiento del mismo, bajo el argumento de que se cuentan con las respectivas autorizaciones, cuando en realidad lo que está haciendo es desconocer y vulnerar un procedimiento para obtención de los permisos referidos en los plazos y términos fijados por la misma autoridad, los cuales no se encuentran vencidos, lo cual, a su juicio conculca la garantía invocada.

En segundo término, señala el recurrente, su vulnera su derecho fundamental a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República. Sostiene que esta afectación se produce desde el momento en que habiendo adquirido un plantel porcino en funcionamiento desde la década de los 60 y con la intención de buena fe de modernizar las instalaciones y adecuarlas a nuevas tecnologías que permitan un mejor desarrollo de la actividad económica del predio, al autoridad bajo acciones ilegales y arbitrarias ha mermado e imposibilitado el desarrollo de la misma desde el momento en que sin fundamento, tanto en la forma como en el fondo, decretó la inhabilidad y clausura de la parcela 10, ya singularizada, lo que le ha impedido desarrollar su actividad económica, con el correspondiente perjuicio económico, laboral y eventualmente sanitario, desde el momento en que peligra la vida de a lo menos 3.500 porcinos.

En tercer lugar refiere el recurrente que se vulnera su derecho fundamental a no ser discriminado arbitrariamente en el trato que deben dar el estado y sus órganos en materia económica, artículo 19 Nº 22 de la Constitución Política de la República. Señala que el decreto impugnado vulnera esta garantía al decretar la inhabilidad y clausura de las habilitaciones y construcciones de la parcela 10 lo que constituye, a su juicio, una discriminación en materia económica hacia su persona, toda vez que habiéndolo notificado (legal o ilegalmente) de la concesión de un plazo de 60 días para dar cumplimiento a determinadas observaciones emanadas de un subordinado, como señala, a los tres días decreta la inhabilidad y clausura ya tantas veces referida.

En cuarto lugar, señala el recurrente que se vulnera su derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. Sostiene que el uso y goce de su propiedad ha quedado totalmente mermada, a lo menos en cuanto al uso y goce, desde el momento en que la autoridad administrativa municipal, arbitraria e ilegalmente coarta la posibilidad de funcionamiento (habilitación) e ingreso (clausura) y en consecuencia vulnera el ejercicio de este derecho de propiedad que consagra la Constitución.

Solicita declarar que el acto impugnado es ilegal y arbitrario y consecuencialmente dejarlo sin efecto, ordenando al recurrido se respete el procedimiento y plazos legales que se encuentran pendientes respecto de la petición de su parte para la obtención del permiso de edificación de obra nueva del predio ya singularizado.

Acompañó en el primero otrosí del recurso los siguientes documentos: contrato de compraventa repertorio Nº 1331-2008 de fecha 14 de marzo de 2008, anexo de certificación de avalúo detallado del SII online, acta de observaciones, Dirección de Obra de la Municipalidad de Paine de fecha 18 de abril de 2012, certificado de avalúo fiscal detallado 122/2012, SII online, acta de observaciones de la Municipalidad de Paine de fecha 20 de enero de 2014, solicitud de retiro/ingreso de antecedentes de la Dirección de Obras de Municipalidad de Paine, ordinario 476/2013 de la Municipalidad de Paine, ordinario 732/2013 de la Municipalidad de Paine, Decreto Exento 0207/2014 del 23 de enero de 2014 de la Ilustre Municipalidad de Paine. A fojas 44 se acompañó por parte del recurrente, Informe Técnico Agro Asai Consultores emitido por nombre reservado, Biólogo, con el objeto de fundar orden de no innovar solicitada con fecha 18 de febrero de 2014, la que fue denegada. A fojas 72 se acompañaron por el recurrente resolución exenta Nº 1114 de fecha 11 de octubre de 2013 de la Superintendencia de Medio Ambiente, resolución exenta Nº 115 de fecha 25 de febrero de 2014 de la Superintendencia de Medio Ambiente, Informe Visita Técnica Agro Service Limitada, a fojas 92 se acompañó por el recurrente resolución exente Nº 158 de la Superintendencia de Medio Ambiente de fecha 27 de marzo de 2014.

A fojas 62 evacúa informe Olga Alarcón Lastra, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Paine, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes por considerar en primer lugar que es improcedente, toda vez que a su juicio la procedencia del recurso de protección para la impugnación de los actos administrativos debe sujetarse a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 19.880, toda vez que con fecha 7 de febrero de 2014 el recurrente interpuso recurso de invalidación administrativa en conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 19.880, de forma tal que conforme a la primera de las normas citadas “no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.”, razón por la cual a juicio de la recurrida el recurso resulta improcedente para invalidar actos administrativos que vulneran derechos fundamentales.

En segundo término sostiene el recurrido en su informe que el decreto exento 0207/2014 de fecha 23 de enero de 2014 no es arbitrio o ilegal, toda vez que la facultad de clausurar no se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino que aquella potestad está dispersa en distintas normas jurídicas, como ocurre en el caso de marras que la facultad para clausurar el plantel porcino, la encontramos expresamente establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Señala que el recurrente reclama porque se le envió acta de observaciones el día 21 de enero de 2014 a las 14:35 vía correo electrónico, la que viene fechada 20 de enero de 2014, “sin que a la fecha nos hayan notificado formalmente esta acta, ello en contravención a los presupuestos de sustanciación básicos que exige el derecho administrativo”. Refiere que respecto a esta aseveración es efectivo el envío del acta vía correo electrónico pues la arquitecta de la recurrente fijó su correo en la solicitud de permiso de obra nueva. Indica que el artículo 1.4.9. de la ordenanza no establece ninguna formalidad en la notificación del acta de observaciones y que por su parte el artículo 46 de la Ley 19.880 solo establece la carta certificada para notificar actos administrativos, calificación jurídica que no corresponde al acta de observaciones. No obstante, indica, el artículo 47 de la ley 19.880 regula la materia en caso que la notificación no se hubiere practicado o fuere defectuosa, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad, lo que ocurre en la especie, a juicio de la recurrida.

Refiere que el plazo de 60 días que establece la ordenanza en su artículo 1.4.9, en caso alguno permite que el interesado pueda seguir funcionando, sino que es un plazo perentorio para que esta subsane las observaciones formuladas, bajo sanción de rechazar la solicitud por parte del Director de Obras y devolver los antecedentes. Lo que pretende el recurrente, señala el informe, es confundir a la Corte pues no se refiere a que el artículo 145 inciso final de la Ley permite expresamente declarar la inhabilidad de la obra hasta que se obtenga su recepción definitiva, lo que el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de Obras Municipales en conformidad al artículo 116 de la misma ley.

Respecto de los informes solicitados en el acta de observaciones y que el recurrente reclama, señala que dichos informes son absolutamente pertinentes y son solicitados al tenor de los dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Indica que el plantel porcino Tamar de Paine ha sido objeto de variadas fiscalizaciones por los organismos con competencia ambiental, no cumpliendo con la normativa vigente, lo que ha sido objeto de múltiples sanciones.

En cuanto a lo alegado en el recurso respecto a que las obras se encuentran construidas desde el año 1960 y que corresponden a chancherías y gallineros, señalando que se estarían inhabilitando las construcciones del plantel de cerdos que son de la misma fecha, indica el informe que solo se está exigiendo que cumpla con la normativa vigente para que pueda seguir funcionando de manera regular. Refiere que por el hecho que la crianza de cerdos sea una actividad primaria no lo excluye de tener las construcciones utilizadas para ese fin reguladas de acuerdo a las normas vigentes, sino que lo exime del pago de patente y en ese entendido la Municipalidad no estaría habilitada para decretar la clausura por no pago de patente. Aclara que a inhabilidad se está declarando en conformidad a lo establecido en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En cuanto a la dictación del decreto exento Nº 0207/2014 impugnado, sostiene el informe que se encuentra perfectamente ajustado a derecho ya que la ley es clara en señalar que: “Clausura de locales que no cuenten con la recepción definitiva total o parcial, o que en términos generales contravengan sus disposiciones, de la ordenanza general y las ordenanzas locales (arts. 116 y 145 LGUC). Respecto de lo sostenido por el recurrente en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto, indica que en dicha argumentación no se aplica ninguno de los presupuestos para que opere el recurso de protección, los cuales se debe basar en un accionar arbitrario e ilegal que afecte alguna garantía constitucional, lo que no ocurre en la especie.

Señala el informe que el recurso de protección interpuesto resulta improcedente toda vez que no se ha vulnerado ninguna garantía a través de una infracción arbitraria e ilegal. Respecto de la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República refiere el informe que la municipalidad ha actuado dentro de sus facultades establecidas en el artículo 145 de la LGUC, razón por la cual no existe ilegalidad en la dictación del decreto impugnado, el cual es plenamente fundado, coherente y ajustado a derecho.

En cuanto a la infracción denunciada respecto de la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 21, el informe señala que no existe tal vulneración en el actuar de la autoridad debido a que sólo se está exigiendo al dueño que cumpla la normativa legal vigente y una vez cumplida podrá seguir desarrollando su actividad económica.

En cuanto a la infracción a la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, que el recurrente estima vulnerada, el informe sostiene que no existe la infracción denunciada toda vez que el decreto exento cuestionado fue dictado por el Alcalde en uso de sus facultades a requerimiento del Director de Obras, el cual se encuentra ajustado a derecho.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado desestimando con expresa condena en costas el recurso de protección por ser improcedente, o en su caso, por no existir una acción u omisión arbitraria e ilegal por parte de su representada que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional del recurrente.

Se acompañó al informe los siguientes documentos: copia decreto exento 0207/2014 de fecha 23 de enero de 2014 de la Municipalidad de Paine, copia decreto exento Nº 290 de fecha 31 de enero de 2014 de la Municipalidad de Paine, copia providencia Nº 336/2014 de 7 de febrero de 2014, copia decreto exento Nº 396 de fecha 13 de febrero de 2014 de la Municipalidad de Paine, copia de citación a audiencia previa del interesado nombre reservado en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Paine, copia acta de audiencia previa realizada con el interesado nombre reservado de fecha 20 de febrero de 2014, copia de Informe Técnico emitido por el Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paine, don nombre reservado en relación a las construcciones existentes en la propiedad ubicada en Camino Padre Hurtado, parcela 10 lotes A y B, copia resolución exente Nº 1114 de fecha 11 de octubre de 2013 de la Superintendencia de Medio Ambiente, copia del acta de notificación del SAG de fecha 15 de julio de 2013, por la cual se cursa multa de 20 UTM por la contaminación en el vertido de RIL, que se efectuó en el predio vecino, copia ordinario Nº 008164 de fecha 18 de noviembre de 2013 y copia decreto exento Nº 451 de fecha 21 de febrero de 2014 de la Municipalidad de Paine que resuelve recurso de invalidación.

A fojas 28 se trajeron los autos en relación y se ordenó agregar en forma extraordinaria y en lugar preferente a la tabla del día jueves 3 de abril de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que de lo anterior se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, vulnerando una o más de las garantías protegidas, consideración básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha motivado el presente recurso.

TERCERO: Que en primer lugar es posible constatar con el documento de fojas 1 y siguientes que el recurrente adquirió los predios donde pretende desarrollar su labor productiva con fecha 14 de marzo de 2008 y los inscribió con fecha 7 de abril de 2008, es decir, con mucha anterioridad a los ordinarios 476/2013 de fecha 26 de julio de 2013 y 732/2013 de fecha 18 de noviembre de 2013 de la Ilustre Municipalidad de Paine que el comunicaban que disponía de un plazo de 6 meses para regularizarlos la totalidad de las construcciones emplazadas en domicilio reservado Lotes A y B de la localidad de Chada, comuna de Paine, por lo que en realidad dispuso de un tiempo mucho mayor.

CUARTO: Que respecto de la ilegalidad del acto que denuncia el recurrente basado en la falta de fundamentación del decreto exento Nº 0207/2014, se puede constatar que esto no resulta ser así toda vez que a través del visto y teniendo presente del acto administrativo impugnado, se relacionan todos los antecedentes recopilados con los fundamentos y normas legales que habilitan al alcalde a petición del Director de Obras Municipales a decretar la inhabilidad y clausura de la actividad industrial referida.

QUINTO: Que respecto a la alegación que efectúa el recurrente en cuanto señala que existía un plazo de 60 días vigente al momento de notificársele el decreto de clausura, cabe hacer presente que este plazo es para que el solicitante del permiso solucione los reparos formulados a su solicitud, por la Dirección de Obras en la respectiva acta de observaciones, y no como un plazo para concretar la clausura de los inmuebles por parte de la autoridad.

SEXTO: Que en cuanto a las alegaciones referidas a que el alcalde recurrido carece de facultades legales para clausurar actividades agrícolas primarias, es menester señalar que dicha autoridad ejerció la facultad legal que le concede el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación con el artículo 116 de la misma Ley, a petición del Director de Obras Municipales, respecto de la actividad primaria agrícola que pretende realizar el recurrente, la cual queda comprendida dentro de las señaladas por el artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y que pueden ser objeto de clausura por parte de la autoridad como ha ocurrido en la especie.

SEPTIMO: Que en lo referido a la denuncia del recurrente en cuanto a que el decreto exento 0207/2014 impidió alimentar y dar agua a los 3000 animales que se encontraban al interior del predio y que la máquina de tratamiento de purines estaba sin funcionar lo que constituía una amenaza de daño ambiental, se ha podido constatar que mediante Decreto Exento Nº 0396 de fecha 13 de febrero de 2014 se ordenó la suspensión en la ejecución de la clausura del plantel porcino de Tamar de Paine hasta el jueves 20 de febrero inclusive para verificar las condiciones en que se encontraban los animales, señalándose en estrados por los abogados de las partes que esta suspensión se mantenía vigente a la fecha de la vista de la causa.

OCTAVO: Que de lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que no ha existido un acto arbitrario o ilegal por parte de las recurridos, Alcalde y Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Paine que haya conculcado los derechos fundamentales invocados por el recurrente toda vez que sus actuaciones se han enmarcado dentro de facultades expresamente conferidas por la ley, ejercidas en un procedimiento regular y legalmente tramitado, razón por la cual habrá de rechazarse el recurso de protección intentado, como se dirá en la parte resolutiva, sin perjuicio de lo cual el Alcalde y Director de Obras recurridos cuando decidan ejercer la facultad contemplada en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de actividades similares, deberán tener presente el principio preventivo consagrado en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, en relación con el Decreto Nº 29 del Ministerio de Agricultura que contiene el reglamento sobre protección de animales durante su producción industrial, su comercialización y en otros recintos de mantención de animales, teniendo en consideración que en el caso en estudio de los documentos acompañados figura sanción impuesta por el Servicio Agrícola y Ganadero al recurrente con fecha 12 de junio de 2013 mediante resolución exenta Nº 1531, en la cual se constató vertido de RIL al predio vecino que produjo contaminación de las aguas de riego.

De conformidad además con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 20.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Abogado nombre reservado Sr. Juan Kadis Cifuentes N° 50-2014-PRO.

Pronunciada Por La Ministro Señora María Teresa Letelier Ramírez, Fiscal Judicial Señor nombre reservado Señor Juan Kadis Cifuentes.

En nombre reservado Miguel, a veintiuno de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.