Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

San Miguel, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, soltero, Ingeniero Comercial, venezolano, quien comparece representado por abogado habilitado y expone que encontrándose dentro de plazo legal interpone el presente Recurso de Protección, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservado, por privar, perturbar o ambas, de manera ilegal y arbitraria, su derecho a la igualdad ante la ley, previsto y sancionado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, señala que a partir del jueves 2 de mayo los extranjeros residentes en Chile deben realizar la solicitud de nombre reservado únicamente de manera online, debiendo acompañarse un certificado de antecedentes penales del país de origen, documento que es muy difícil de obtener en Venezuela, ya que el proceso de emisión y posterior apostilla digital sólo puede hacerse un día a la semana de acuerdo con su número de cédula, por lo que todo el proceso toma actualmente, a lo menos, de tres a cuatro semanas.

Habiendo presentado su solicitud de nombre reservado el 27 de enero de 2020, adjuntando toda la documentación requerida, incluso el certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente apostillado, la solicitud fue acogida a trámite, como consta del certificado de solicitud de nombre reservado que acompaña; sin embargo, no tuvo noticia alguna del trámite hasta diez meses después, el día 15 de diciembre del año 2020, cuando recibe un correo electrónico, mediante el cual, el Departamento de Extranjería y Migración le informa que su solicitud está incompleta y que no puede avanzar al siguiente trámite, por cuanto tiene “Certificado de antecedentes del país de origen: No Vigente: el documento se encuentra vencido de acuerdo a los plazos estipulados.” Ahora bien, para presentar el nuevo certificado, se le otorga el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley N°19.880, de Procedimiento Administrativo, es decir 5 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de esta notificación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, lapso que estima que “humanamente es imposible de cumplir”, atendidos los plazos que enfrenta en la administración venezolana y que son conocidos de la autoridad migratoria nacional.

Alega el recurrente, que le resulta aplicable la Resolución Exenta Nº 2933, publicada en el Diario Oficial el pasado 22 de junio, mediante la cual se dispuso la extensión por 120 días de los plazos del artículo 31 de la ley 19.880, antes citada, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o nombre reservado que no reúnan los requisitos legales, según corresponda.

También explica, que previo al cumplimiento del plazo otorgado, intentó solicitar ampliación de plazo a través de la plataforma online de la recurrida, sin éxito alguno, al no poder acceder a la página señalada, producto de la falta de adecuación de la plataforma informática, la que exige, cada vez, volver a iniciar un nuevo trámite sin existir una vía para un requerimiento o solicitud extraordinario dentro de procedimiento. En el mismo sentido, explica que en las localidades del país en que este trámite puede hacerse por escrito, rige el plazo de 60 días, para poder presentar los antecedentes adicionales que se requieran.

En cuanto al derecho, explica que la nombre reservado es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que las que imponen las leyes vigentes, correspondiendo aplicar la Ley N° 19.880, a la tramitación de esta solicitud, cuyo artículo 24 incisos segundo y cuarto, contemplan el plazo de 48 horas para la dictación de providencias de mero trámite y 20 días para la resolución definitiva, lo que debe entenderse en coordinación con el principio de celeridad y al principio previsto en el artículo 17 letra a) de la misma ley, que garantiza poder conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. De esta manera, entiende que habiéndose demorado diez meses en resolver su presentación y siendo la resolución dictada una providencia de mero trámite, se ha vulnerado la ley en su perjuicio.

En el contexto descrito, el recurrente entiende vulnerado su derecho a la Igualdad ante la Ley, al tener un trato ilegal y además, discriminatorio por haber efectuado su petición por vía telemática, de manera que se ha afectado el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República; el artículo 1º, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que las personas nacen iguales en dignidad y derechos; y, el artículo 57 del Código Civil que manda que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros.

Termina la presentación del solicitante, pidiendo que se acoja el presente recurso y ordenar informar al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre los actos ilegales y arbitrarios ya descritos; y, en consecuencia, se le ordene conceder el remedio solicitado y en general, adoptar todas las demás medidas que se estimen necesarias para esos efectos, con expresa condena en costas.

Evacuando el informe respectivo, comparece don Carlos Poblete Acuña, abogado en representación, de don nombre reservado, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando rechazar el presente recurso de protección en todas sus partes. Explica, que de acuerdo al sistema de datos del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Sr. nombre reservado, registra ingreso regular al territorio nacional, mediante aeropuerto nombre reservado, con fecha 22 de octubre de 2016, en calidad de turista. El 15 de diciembre de 2016, el extranjero solicitó ante este Departamento, visa de residencia temporaria para profesionales y técnicos, en la calidad de titular. Mediante Resolución Exenta N° 283332, de 15 de diciembre de 2016, del Departamento le otorgó al extranjero autorización para realizar actividades remuneradas durante el periodo de tramitación de su visa de residencia. Dicha autorización tuvo una vigencia de cuatro meses, entre el 15 de diciembre de 2016 y el 26 de febrero de 2017. Por Resolución Exenta N° 87379, de 10 de abril de 2017, del Departamento rechazó la solicitud de visación de residencia temporaria, por haber aportado antecedentes no fidedignos, en específico; por efectuar declaraciones falsas en lo que respecta al contrato de trabajo. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 64 N° 2 del Decreto Ley N°1094 que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile; Ley de Extranjería. Acto seguido, en conformidad a lo establecido en el artículo 142 bis del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, se ordenó el abandono del territorio nacional, en 15 días a partir de que la resolución se encontrare firme.

Con fecha 30 de noviembre de 2017, el Sr. nombre reservado interpuso recurso de reconsideración, lo que se resolvió por Resolución Exenta N° 161692, de 27 de abril de 2018, atendiendo a nuevos antecedentes se resolvió acoger la solicitud de reconsideración, dejando sin efecto la orden de expulsión; además, se le otorgó al visación de residencia temporaria en calidad de titular, por el plazo de un año. Esta visa estuvo vigente entre el 6 de junio de 2018 y el 6 de junio de 2019. Habiéndose vencido la visa el 6 de junio de 2019, el extranjero recurrente se encontraba en situación irregular desde esa fecha, en esa condición, procedió a solicitar el cálculo de multa correspondiente a través del sitio web. Mediante Resolución Exenta N° 15744, de 24 de enero de 2020, se le informó de la sanción pecuniaria equivalente al tiempo de residencia irregular en el país y trabajar sin autorización, conforme lo establecen los artículos 70 y 71 de la Ley de la Extranjería, otorgándose un plazo de 10 días hábiles, para reconsiderar atendido el artículo 79 de la misma ley. El recurrente no interpuso recurso de reconsideración, pagando la multa el 24 de enero de 2020. Tras pagar la referida multa y en virtud del artículo N° 31 de la Ley de Extranjería, el recurrente presentó el 27 de enero de 2020, solicitud de nombre reservado, vía internet.

El informante hace presente que una vez que ha caducado la vigencia de la Visa que ha habilitado a un extranjero para solicitar nombre reservado en Chile, éste puede permanecer en situación migratoria regular en el país mientras dure la tramitación de su procedimiento de solicitud de nombre reservado, por plazos de 6 meses, renovables sucesivamente y de manera ilimitada hasta que la autoridad resuelva su petición.

En cuanto a las alegaciones del actor relacionadas con la Resolución Exenta Nº2.933 de fecha 12 de junio de 2020 de la Subsecretaría del Interior, es efectivo que se extienden por 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, a contar del 01 de junio de 2020 para subsanar las faltas o acompañar documentos de aquellas solicitudes de residencia temporaria o nombre reservado que no reúnan los requisitos legales, por lo que dicha medida tuvo vigencia máxima hasta el día 29 de septiembre de 2020, lo cual fue informado por la página www.extranjeria.gob.cl y las diversas redes sociales del presente Departamento. Dicha fecha, 29 de septiembre, se entiende luego de contar los 120 días corridos desde el 1 de junio de 2020 Mediante Comunicación N° Folio 10860129 de fecha 15 de diciembre de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se comunicó al Sr. nombre reservado que su solicitud de nombre reservado no reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, en atención a que no adjuntó la documentación señalada en los formularios de requisitos y exigidos por la plataforma informática que recepciona estas solicitudes, a saber: no presentó la imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte, adjuntando, en cambio, fotografía que no corresponde al Sr. nombre reservado; De igual forma, tanto el certificado de antecedentes del país de origen como el certificado de vigencia del contrato se encuentran vencidos al momento de ser adjuntados por el extranjero en su solicitud de nombre reservado. Estos documentos y antecedentes son solicitados por la plataforma al momento de postular al beneficio de nombre reservado, documentos que son exigidos a través de circulares del Departamento y a la vez son comunicados a través de la página web de extranjería, de modo que es responsabilidad de cada solicitante el estar en posesión de los mismos antes de su postulación. Sin perjuicio de lo anterior, y mediante la misma comunicación, se otorgó al extranjero un plazo de 5 días hábiles para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, con el objeto de continuar con la tramitación de su solicitud, todo bajo apercibimiento de tenerse por desistida su petición, si así no lo hiciere.

Explica el informante que, a la fecha, el extranjero no ha remitido la documentación faltante o errónea para efectos de subsanar su solicitud de nombre reservado, por lo que, de acuerdo con lo señalado en el comunicado de fecha 15 de diciembre de 2020, su petición se tiene por desistida, conforme lo establecen los artículos 31 y 40 de la Ley N°19.880. Luego, habiéndose tenida por desistida su solicitud al no haber acompañado la documentación necesaria para la tramitación de la misma, el extranjero recurrente se encuentra actualmente en situación migratoria irregular. Finalmente, explica que no sea dictado resolución alguna que imponga sanción migratoria al extranjero, por lo que puede presentar una nueva solicitud de nombre reservado con los requisitos exigidos por la normativa vigente, posterior al pago de la multa por el tiempo de residencia irregular.

En cuanto al derecho, sostiene el informante, que no ha existido vulneración del derecho a la igualdad, puesto que la solicitud de nombre reservado presentada por el Sr. nombre reservado ha seguido la tramitación que le es propia de acuerdo con la normativa vigente. Indica, en la normativa vigente, el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y nombre reservado, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”. A la presentación de la solicitud de nombre reservado los extranjeros deben acompañar diversos documentos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, los que se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597: Artículo 127.- “A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y nombre reservado, deberán acompañarse: 1. Certificado de antecedentes para fines especiales; 3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; 4. Pasaporte; 5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”. A mayor abundamiento, la autoridad está facultada para solicitar al extranjero requirente, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597; Artículo 127.- “El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.” En este sentido, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su sitio web www.extranjeria.gob.cl señala como debe ser presentada cada solicitud de permiso de residencia. En el referido sitio web también se señala, de forma importante que: “Los Certificados de Antecedentes Penales o Judiciales del país de origen deben tener una vigencia no superior a 90 días desde la fecha de emisión. Todo documento emitido en el exterior debe estar apostillado o debidamente legalizado por el consulado de Chile del país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Además, cualquier documento que se encuentre en un idioma diferente al español o inglés debe estar traducido”.

Por lo anterior, el envío de la solicitud de permiso de nombre reservado del extranjero, debe ser completa y con documentos vigentes, ya que la autoridad, de conformidad al artículo 135 del Reglamento de Extranjería y producto del análisis de la información incorporada en la solicitud, determina la admisibilidad que permite pronunciarse sobre ella y mantener la regularidad migratoria del solicitante. Lo anterior, en relación a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de Extranjería; en el mismo sentido, cita los artículos 135 y 157, del mismo reglamente, que señalan: “Contra la presentación de las solicitudes a que se refiere el presente Título la autoridad receptora de ella entregará al recurrente un comprobante que certifique tal circunstancia, cuya validez será determinada de acuerdo a la solicitud de que se trate y proceso resolutivo de la misma, pudiéndose, a petición del extranjero, renovar su vigencia, si la solicitud se encontrare pendiente de resolución”; “En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes: 1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo; 2. nombre reservado o Tarjeta Especial de Tripulante; 3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro; 4. Título de Residencia; 5. Comprobante establecido en el artículo 135°; 6. Certificado de nombre reservado, y 7. Cédula de Identidad.”

Concluye entonces, que, por tanto, para acoger a trámite una solicitud de residencia y otorgar el comprobante a que hace referencia el artículo 135 precitado, es necesario que, del análisis de los antecedentes, el extranjero cumpla con todos los requisitos y envíe toda la documentación solicitada, en tiempo y forma. A mayor abundamiento, el artículo 63 de la Ley de Extranjería, establece que: Artículo 63.- “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 1.- Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 15; 2.- Los que con motivo de actos realizados o de circunstancias producidas durante su residencia en el país queden comprendidos en los números 1 ó 2 del artículo 15; 3.- Los que entren al país valiéndose de documentos de ingresos falsificados o adulterados o expedidos a favor de otra persona, y los que incurran en iguales falsedades con respecto a la documentación de extranjería otorgada en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 y de la responsabilidad penal a que haya lugar, y 4.- Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado”.

Con todo esto, el informante busca destacar la importancia de adjuntar y acompañar, en tiempo y forma, todos y cada uno de los documentos exigidos por la autoridad administrativa para efectos de postular al beneficio de nombre reservado, documentos que son solicitados para ser presentados coetáneamente con la solicitud en virtud de lo dispuesto en circulares del Departamento y sitio web de extranjería, siendo de responsabilidad exclusiva del extranjero, el tomar conocimiento y estar en posesión de ellos con anterioridad a su postulación.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales expone, que no se ha incurrido en una actuación u omisión que vulnere las garantías custodiadas por la acción constitucional de protección, sino que simplemente, el Sr. nombre reservado no acompañó la imagen escaneada de la hoja de identificación de su pasaporte y en cambio, adjuntó fotografía que no corresponde al solicitante. Por su parte, el certificado de vigencia del contrato de trabajo adjuntado por el recurrente, data de fecha 05 de agosto de 2019, es decir, que para la fecha de postulación de la nombre reservado, esto es, el día 27 de enero de 2020, dicho documento ya contaba con más de cuatro meses de antigüedad, no cumpliendo con el plazo de 30 días exigidos por la autoridad administrativa. Asimismo, el certificado de antecedentes de país de origen presentado por el extranjero al momento de su postulación, data de fecha 05 de mayo de 2019, vale decir, que al momento de presentar su solicitud, este documento contaba con más de 8 meses de antigüedad, no cumpliendo con el plazo de 90 días exigidos por la autoridad administrativa. Por lo anterior, y tomando en consideración lo señalado, es que la autoridad administrativa procedió a informar al extranjero de que su solicitud no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente para avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, dando oportunidad al extranjero para que, en el plazo de 5 días hábiles, subsane su solicitud a fin de darle curso progresivo a la misma, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley N°19.880. En consecuencia, no resulta efectivo que el Departamento de Extranjería y Migración haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria.

Respecto a los cinco días de plazo para corregir, explica que es un plazo que se encuentra en la ley, específicamente en el artículo 31 de la Ley Nº 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, el que dispone lo siguiente: Artículo 31.- “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”. En ese mismo orden de ideas, y en relación al cumplimiento de los plazos otorgados por la ley y reglamentos para subsanar las solicitudes, es menester señalar lo dispuesto por el artículo 135 del Decreto Supremo N°597, el cual en su inciso final dispone que: Artículo 135.- “Dichos plazos serán fijados por el Ministerio del Interior, y durante la tramitación de la solicitud, se podrá requerir al extranjero que comparezca personalmente ante la autoridad receptora o que envíe documentación pertinente para el análisis de su solicitud. El incumplimiento de estos requerimientos dentro del plazo establecido por la autoridad, permitirá a ésta actuar conforme lo dispuesto en los artículos 136° y 138° N° 5 del presente Reglamento”.

En cuanto a la imputación del extranjero recurrente en cuanto a que el plazo para subsanar se encontraba extendido en 120 días, de acuerdo a lo señalado por la Resolución Exenta N° 2.933 de fecha 12 de junio de 2020 de la Subsecretaría del Interior, aclara que en atención a las circunstancias actuales de pandemia, afectivamente mediante Resolución Exenta Nº 2.933 de fecha 12 de junio de 2020 de la Subsecretaría del Interior, se dispuso una medida provisional de extensión de plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley Nº 19.880, producto de la emergencia sanitaria por brote COVID – 19, extendiéndose a 120 días corridos el plazo establecido, a contar del 01 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o nombre reservado que no reúnan los requisitos legales, plazo que venció el día 29 de septiembre, ya que dicho plazo se contaba desde el día 01 de junio de 2020 y no era independiente para cada caso, por lo que, al serle requerido que subsane su solicitud en fecha 15 de diciembre de 2020, se le otorgó el plazo general y común aplicable, esto es, los 5 días hábiles antes referidos.

En resumen, sostiene el informante, no es el escaso plazo de cinco días el que ha originado el rechazo de la solicitud, sino que la no presentación desde un principio de los documentos exigidos por la ley. En el mismo sentido, la solicitud del Sr. nombre reservado, ha sido tramitada en conformidad al procedimiento aplicable a todas las personas, sin distinción de ninguna especie.

Termina el recurrido solicitando rechazar la acción de protección intentada, en todas sus partes, por cuanto no se ha cometido acto u omisión, ilegal o arbitrario, que resulte en la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguno de los derechos tutelados por la acción constitucional de protección.

Se trajeron los autos en relación Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, el recurrente refiere que se han amagado los derechos garantizados en el artículo 19 número 2) de la Carta fundamental, esto es, el derecho a la Igualdad ante la Ley; el que materialmente fue conculcado al ser tratado de una manera diferente sólo por haber presentado su solicitud por medios electrónicos, privándole del plazo de 60 días para adjuntar antecedentes, de que gozan quienes hacen la gestión por medios físicos; asimismo, el exiguo plazo de 5 días que se le ha otorgado para acompañar los antecedentes ha diluido a tal punto su derecho a presentar los antecedentes, que hace imposible de cumplir la gestión; y, finalmente alega que la demora que tuvo la administración en resolver su solicitud, de más de ocho meses, confrontada a los cincos días para reaccionar a lo resuelto, implica una desproporción en el trato que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.

Tercero: Que, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Por lo que, de acuerdo con lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada.

Cuarto: Que, en cuanto a la exigencia efectuada al Sr. nombre reservado, en el sentido de exigirle el certificado de antecedentes válido y otros documentos, se encontraba establecidas con anterioridad a la presentación de su solicitud, siendo de responsabilidad de cada solicitante tomar conocimiento y estar en posesión de los mismos, para poder acompañarlos debidamente, de lo que se desprende, que el plazo que tenía para acompañar sus antecedentes era todo el anterior a la presentación y no los cinco días que conforme a la legislación, la administración le dio, puesto que limitada por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, no puede hacer sino aquello que la ley le permite, que en la especie era aplicar el 31 de la ley N° 19.880, otorgando el plazo señalado o el artículo 26 de la misma norma, con tal que se hubiese pedido la ampliación antes del vencimiento del plazo, lo que el recurrente no hizo.

En consecuencia, no encontrándose completa desde un principio la solicitud del requirente, careciendo no sólo del certificado de antecedentes, sino que también habiendo incumplido requisitos adicionales como presentar un contrato de trabajo vencido, la administración actuó conforme a derecho al resolver como lo hizo Quinto: Que, en cuanto a haber actuado arbitrariamente la administración por el hecho de diferenciar un procedimiento que se hace por escrito y otro electrónico, en el sentido que en el escrito los plazos para corregir son de 60 días y en el electrónico de cinco, no se aprecia arbitrariedad alguna, puesto que ambas vías están abiertas para cualquier persona, sin discriminar en atención a ninguna calidad de ellos, sino que simplemente se trata de procedimientos distintos, atendidos los recursos de que dispone la propia administración. En el mismo sentido, no hay vulneración alguna en la interpretación que hace el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Resolución Exenta Nº 2.933 de fecha 12 de junio de 2020 de la Subsecretaría del Interior, que extiende por 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, a contar del 01 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos de aquellas solicitudes de residencia temporaria o nombre reservado que no reúnan los requisitos legales, considerando que dicha medida tuvo vigencia máxima hasta el día 29 de septiembre de 2020 y por tanto, no es aplicable al caso del Sr. nombre reservado, porque se trata de una interpretación y aplicación de la norma hecha de manera uniforme y sin discriminación alguna en perjuicio del recurrente.

Sexto: Que, no obstante todo lo expuesto, no pasa por alto para esta I. Corte, que producto de la pandemia toda la administración del Estado se ha visto sometida a situaciones extraordinarias que han impuesto desafíos de servicio público para los que no existían los medios ni la experiencia necesaria para una respuesta adecuada y oportuna; no obstante, dentro de ese contexto el servicio público ha seguido prestando su función, aunque en ocasiones se ha retrasado respecto de los plazos establecidos en la ley, que obviamente han sido pensados y diseñados para situaciones de normalidad, de manera que, no se comparte el reproche que hace el recurrente al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por haberse demorado más de ocho meses en resolver su solicitud, puesto que se entiende corresponde a las capacidades con que se contaba para atender al requerimiento de Residencia Definitiva planteado por el extranjero.

Que, el entendimiento del plazo tomado por la administración para resolver, no deviene en la aceptación pura y simple de las consecuencias que de ello se deriven, puesto que, pone de manifiesto que habiéndose necesitado ocho meses para revisar antecedentes que desde un inicio fueron absolutamente mal presentados, como fotografías cambiadas y certificados vencidos, se está estableciendo una diferencia arbitraria con el administrado al exigirle el cumplimiento de un plazo, cuyo cumplimiento, resulta un hecho público y notorio es imposible de lograr, atendida la propia situación de pandemia que justifica el atraso de la administración y a lo que se agrega las conocidas dificultades que existen en su país de origen para obtener la documentación requerida.

Que, en el contexto antes descrito se impone bajo una noción del principio de Igualdad ante la Ley, entendida la igualdad como proporcionalidad, otorgar al requirente un tiempo que le permita, prudentemente, dar cumplimiento a lo que se le exige. Así las cosas y habiendo el propio recurrente estimado que necesita 30 días para obtener el certificado de antecedentes, ese plazo se considera aceptable para los fines del procedimiento respectivo.

Séptimo: Que, de este modo, es posible concluir que para salvaguardar el imperio del derecho y la debida protección del principio de Igualdad ante la Ley, previsto y sancionado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, se debe conceder al recurrente el plazo de 30 días corridos para aportar los antecedentes necesarios para la debida resolución de su petición.

Octavo: Que, de acuerdo a lo antes razonado, el recurso de protección ha de ser acogido.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debiendo este último otorgar el plazo de 30 días corridos a contar de la notificación de la resolución respectiva, para que el recurrente acompañe nuevamente toda la documentación que sea necesaria para la adecuada resolución de su petición de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de Abogado Integrante Señor Marco Arellano Quiroz.

Nº 5-2021-Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las ministras Sra. Carolina Vásquez Acevedo, Sra. Adriana Sottovia Giménez y Abogado Integrante Sr. marco Arellano Quiroz.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante señor Arellano, por haber cesado en sus funciones como abogado integrante.