nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

San Miguel, diez de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 26 y 27: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de Anshony nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando dejar sin efecto el Decreto Exento N.º 1828, de 28 de noviembre de 2025, notificado el 1 de diciembre de 2025, que rechazó su solicitud de carta de nacionalización, por estimarlo ilegal y arbitrario y vulneratorio de la garantía de igualdad ante la ley.

Expone que el recurrente ingresó a Chile como turista, obtuvo posteriormente residencia temporal y residencia definitiva, cumpliendo los requisitos para solicitar la carta de nacionalización.

Señala que el decreto fundó el rechazo en una supuesta investigación en calidad de imputado por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares, de fecha 4 de octubre de 2021, circunstancia que estima improcedente, por cuanto el recurrente no registra condenas penales en Chile, agregando que obtuvo un certificado del Ministerio Público que da cuenta de que únicamente figura como denunciante o víctima.

Sostiene que la autoridad desconoce el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, incorpora exigencias no contempladas en el Decreto Supremo N.º 5.142 de 1960 ni en el artículo 86 de la Ley N.º 21.325, y ejerce de manera arbitraria la facultad discrecional para resolver estas solicitudes, rechazando una petición respecto de una persona que cumple todos los requisitos legales.

Agrega que el acto recurrido vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, al presumir su responsabilidad penal sin sentencia condenatoria, impedirle desvirtuar los antecedentes considerados por la autoridad e interpretar extensivamente la figura de la indignidad, prevista únicamente para la cancelación de cartas de nacionalización ya otorgadas.

Asimismo, sostiene que la autoridad confunde la carta de nacionalización con la nacionalidad por gracia, incorpora causales de rechazo no previstas por el legislador y ejerce funciones propias del Ministerio Público y de los tribunales de justicia al tratar al solicitante como culpable sin condena firme.

Destaca que el recurrente tiene más de cinco años de residencia en Chile, mantiene residencia definitiva, no registra antecedentes penales, posee contrato de trabajo indefinido y arraigo familiar, al ser padre de dos hijas chilenas.

En definitiva, solicita acoger el recurso, dejar sin efecto el decreto recurrido, retrotraer el procedimiento administrativo a la etapa de análisis de la solicitud de carta de nacionalización y ordenar a la autoridad efectuar una nueva revisión conforme a derecho, con costas.

Segundo: Que, el Servicio Nacional de Migraciones evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, por estimar que no concurren los presupuestos constitucionales ni legales para su procedencia, al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal atribuible a dicho Servicio.

Expone que Anshony nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó carta de nacionalización el 30 de junio de 2022, mediante la plataforma web del Servicio, quedando registrada con el ID N.º 70630188.

Señala que, cumplidas las etapas de análisis, el 16 de octubre de 2025 remitió el expediente administrativo al Ministerio del Interior, mediante Oficio Ordinario N.º 51631, y que, posteriormente, el 28 de noviembre de 2025, el Ministro del Interior, en su calidad de autoridad competente para dictar el acto terminal del procedimiento, rechazó la solicitud mediante Decreto Exento N.º 1828.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver las solicitudes de carta de nacionalización ni dictó el acto administrativo impugnado, correspondiéndole únicamente recibir las solicitudes, tramitarlas y remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para su resolución.

Agrega que, desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.325, el Servicio constituye un órgano descentralizado, distinto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que carece de legitimación pasiva en el presente recurso.

Asimismo, señala que la normativa aplicable en materia de nacionalización corresponde al artículo 84 de la Ley N.º 21.325, al Decreto Supremo N.º 5.142 de 1960 y al artículo 1°, Título IV, N.º 4, de la Ley N.º 16.436, disposiciones que atribuyen al Presidente de la República, por delegación del Ministro del Interior, la facultad de otorgar o denegar las cartas de nacionalización.

En consecuencia, sostiene que, una vez remitidos todos los antecedentes a la autoridad competente, no existe actuación del Servicio que pueda calificarse de arbitraria o ilegal, solicitando el rechazo del recurso respecto de dicha autoridad por falta de legitimación pasiva.

Tercero: Que, el Ministerio del Interior evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, sosteniendo que el Decreto Exento N.º 1828, de 28 de noviembre de 2025, que rechazó la solicitud de carta de nacionalización de Anshony nombre reservado, fue dictado conforme a derecho y se encuentra debidamente fundado.

Expone que el otorgamiento de cartas de nacionalización constituye una facultad expresamente conferida al Ministerio del Interior, conforme a los artículos 84 de la Ley N.º 21.325, 1° y 2° del Decreto Supremo N.º 5.142 de 1960 y 1°, Título IV, N.º 4, de la Ley N.º 16.436, correspondiendo al Servicio Nacional de Migraciones únicamente tramitar las solicitudes y proponer su resolución. Añade que las solicitudes de carta de nacionalización constituyen una manifestación del derecho de petición, por lo que la autoridad no se encuentra obligada a acceder a ellas, sino que debe ponderarlas conforme a los requisitos y estándares aplicables.

Respecto de la alegación de arbitrariedad, sostiene que el acto impugnado no es ilegal, por haber sido dictado por la autoridad competente y en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, ni arbitrario, por cuanto contiene una fundamentación suficiente, basada en un análisis exhaustivo de los antecedentes y en informes técnicos elaborados por la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones.

Señala que el verdadero cuestionamiento del recurrente dice relación con la valoración efectuada por la autoridad y no con la existencia de un acto ilegal o arbitrario. Agrega que, si bien el recurrente no registra condenas penales, sí existen antecedentes relacionados con una investigación en calidad de imputado por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares, los que fueron ponderados como elementos relevantes para resolver la solicitud, sin que ello importe atribuirle responsabilidad penal ni vulnerar el principio de presunción de inocencia.

Expone que el otorgamiento de la carta de nacionalización constituye una concesión constitucional otorgada por gracia, cuya naturaleza es esencialmente discrecional, correspondiendo a la autoridad valorar el mérito del solicitante, una vez cumplidos los requisitos legales.

En tal sentido, afirma que no existe norma que establezca un estándar de convicción para rechazar este tipo de solicitudes, por lo que resulta procedente considerar antecedentes distintos de una sentencia condenatoria al ejercer dicha potestad discrecional. Añade que la acción de protección pretende sustituir la valoración propia de la autoridad administrativa por una distinta apreciación del recurrente, afectando la facultad que la ley confiere al Ministerio para resolver estas solicitudes.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, pues la autoridad ha rechazado otras solicitudes de nacionalización en circunstancias similares y la Excma. Corte Suprema ha reconocido que, tratándose de una gracia, resulta procedente ponderar antecedentes relativos a la conducta del solicitante al resolver estas peticiones.

Cuarto: Que, la Policía de Investigaciones de Chile evacúa informe señalando que, revisados los sistemas institucionales, el recurrente no registra órdenes de detención, arresto, expulsión o arraigo vigentes en contra del recurrente.

Agrega que, conforme a lo informado por la Oficina de Enlace PDI-SERMIG, la solicitud de nacionalización se encuentra notificada de un rechazo y que la entrevista ante la PDI fue realizada el 30 de mayo de 2025.

Finalmente, hace presente que, de conformidad con el artículo 157 N.º 8 de la Ley N.º 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que la acción deducida se funda en la supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, derivada del rechazo a la solicitud de carta de nacionalización del recurrente.

Séptimo: Que la carta de nacionalización constituye un beneficio que el Estado de Chile concede por gracia, mediante decreto supremo firmado por la autoridad competente, lo que implica que su otorgamiento no configura un derecho indubitado del solicitante, sino una facultad discrecional de la Administración, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales.

Octavo: Que, en consecuencia, la decisión de rechazar la carta de nacionalización fue dictada en aplicación de normas legales y reglamentarias vigentes, de manera que no se advierte que la autoridad migratoria haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad en su actuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de Anshony nombre reservado en contra del Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4998-2025 Protección.