SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES TENSACON S.A. con : INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE BUIN

En Santiago, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 24 de enero del año en curso presenta recurso de protección el abogado Guillermo Ignacio González Robinson, en representación convencional de la Sociedad de Constructores Tensacon S.A., sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, no indica profesión u oficio, todos con domicilio en domicilio reservado, lado oriente, comuna de Paine, quien lo deduce en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, servicio representado por su Inspectora Comunal doña nombre reservado, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliado en domicilio reservado, por estimar que el actuar de la recurrida, consistente en la dictación de la Resolución de Multa N° 1348/18/27 de 25 de julio de 2018, constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta los derechos y garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que con fecha 19 de julio de 2018 una fiscalizadora de la Inspección Comunal recurrida asistió a dependencias de la empresa y realizó, en un mismo acto, dos procesos de fiscalización en terreno, producto de dos comisiones distintas, a saber: a) Fiscalización N° 101 que finalizó con la Resolución de Multa Administrativa N° 1348/18/27 de 25 de julio de 2018, notificada el 08 de enero del año 2019 y b) Fiscalización N° 636, que terminó con la Multa Administrativa N° 1348/18/28 de 25 de julio de 2018, notificada por carta de 09 de octubre de 2018, y que actualmente es materia de reconsideración estando pendiente su resolución. Luego con fecha 06 de agosto del mismo año, la misma fiscalizadora, realizó una nueva fiscalización que terminó con la Resolución de Multa Administrativa N° 1348/18/29 de 07 de agosto de 2018, notificada 21 de noviembre de 2018, respecto de la cual existe una reclamación judicial pendiente. Refiere que las tres resoluciones de multa establecen la existencia de infracciones al Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud y al artículo 184 del Código del Trabajo.

Agrega que, en forma paralela, con fecha 26 de julio de 2018 la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana dio inicio a un procedimiento administrativo de Sumario Sanitario, en virtud de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud, el que culminó mediante la Resolución Exenta N° 6538 de 20 de septiembre de 2018, que le aplicó una multa, la que le fue notificada con fecha 23 de noviembre de 2018.

Sostiene que, como se desprende de lo expuesto, dos órganos del Estado han fiscalizado respecto de un mismo sujeto regulado el cumplimiento de las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo, y una de ellas, la recurrida, ha realizado además dos fiscalizaciones paralelas, con fiscalización en terreno el mismo día y hora, y generado una tercera fiscalización en días posteriores, nuevamente por la misma materia, dictando tres resoluciones de multa.

Afirma que la resolución de multa contra la cual se recurre (N° 1384/18/27) deviene en ilegal y arbitraria por cuanto tiene su origen en la misma fiscalización que la resolución de multa (N° 1348/18/28), es decir, mismo día y hora, mismo funcionario y mismas dependencias, y ambas versan sobre infracciones al Decreto Supremo 594 de 199 del Ministerio de Salud, en otras palabras, tienen idéntica naturaleza.

Argumenta que esta forma de proceder va en contra de las propias instrucciones dada a los fiscalizadores en “Manual” contenido en Circular 88 de 05 de julio de 2001, que establece disposiciones para evitar duplicaciones en las sanciones, lo que es concordante con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ley 19.880, no existiendo tampoco norma alguna que permita el fraccionamiento como ocurrió en la especie, donde a partir de una misma fiscalización se generan dos resoluciones de multa, lo que, a su juicio, da cuenta de una evidente desviación de poder. Añade que a ello se agrega que, a esta fiscalización, que dio origen a dos multas, se realiza otra fiscalización, que dio lugar a la tercera resolución de multa, argumentado que, si se había generado una fiscalización, las posteriores deberían haberse acumulado a la primera.

Reitera que los hechos infraccionales contenidos en la resolución de multa recurrida se encuentran comprendidos en las otras dos resoluciones de multa, haciendo presente que, si bien tienen su origen en fiscalizaciones posteriores, fueron notificadas con anterioridad a la que se impugna y están produciendo sus efectos. Agrega que además la resolución de multa del Seremi de Salud, la que también está produciendo sus efectos, comprenden los mismo hechos y normas base.

Sostiene que la garantía de igualdad ante la ley, para el caso concreto, implica que la Inspección Comunal recurrida, al momento de llevar adelante su proceso de fiscalización deba dar estricta observancia a las disposiciones legales y de carácter interno fijada por el jefe superior de Servicio, lo que se traduce en dar cumplimiento a las reglas del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, Código del Trabajo, leyes N° 19.880 y 18.575, y las instrucciones contenidas en Circular N° 88 de 05 de julio de 2001 de Dirección del Trabajo y manual de fiscalización de 2017, ya que de contrario se estaría dando un trato diferenciado al administrado en el actuar de la administración.

Refiere que también se infringe la garantía 19 N° 3 por cuanto el debido proceso en sede administrativa importa por una parte la debida coordinación a nivel interno de los órganos de la administración para evitar duplicidad de fiscalizaciones, como a nivel extra órgano en tanto se vinculan en el ejercicio de sus potestades, evitando superposición de competencias cuando versan sobre las mismas materias, lo cual se establece como un deber en los artículos 3 y 5 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Denuncia también infracción al principio non bis in idem, argumentando que la recurrida el día antes de notificar la resolución de multa contra la que se reclama fue puesta en conocimiento del resultado del sumario ante la Seremi de Salud, por lo cual antes de haber notificado la resolución de multa debió observar lo dispuesto en los art. 3 y 5 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que implicaba dejar sin efecto aquella por estar afinado el sumario por los mismo hechos, sujeto pasivo y norma base.

También estima que se amenaza la garantía constitucional del derecho de propiedad, en tanto la sanción pecuniaria que conlleva excede en 3.5 veces el valor de la sanción impuesta por la Seremi y en 3 veces el valor de la otra resolución de multa que se originó en la misma fiscalización, y que tiene su origen en un acto administrativo viciado.

Pide, en definitiva, acoger la presente acción constitucional y dejar sin efecto la Resolución de Multa N° 1348/18/27 de 25 de julio de 2018, con costas.

Segundo: Que, el 23 de febrero del año en curso evacua informa el abogado Felipe Ignacio Moreira Díaz, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, solicitando su rechazo por carecer de todo fundamento, con costas. En primer término, alega que la acción de protección no resulta ser la vía idónea, por cuanto lo que hace el recurrente es atacar o cuestionar el mérito de una resolución administrativa de multa, solicitando sea dejada sin efecto, cuando el ordenamiento jurídico contempla como recurso natural en contra de tales resoluciones la reclamación judicial conforme el artículo 503 del Código del Trabajo. Agrega que tan claro es aquello que con la misma fecha de interposición de la presente acción la recurrente presentó tal reclamo ante el Primer Juzgado de Letras de Buin, el que se encuentra en actual tramitación.

En segundo lugar, afirma que no existe ilegalidad en el actuar de la Inspección Comunal al dictar la resolución de multa que se impugna, pues ésta ha sido dictada en cumplimiento del mandato legal contenido en la letra a) del artículo 1° del DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo y artículo 505 del Código del Trabajo, haciendo referencia que conforme el artículo 23 del DFL en comento los hechos constatados por los fiscalizadores constituyen una presunción legal de veracidad. Indica que tampoco hay arbitrariedad en su actuación, ajustándose a los parámetros razonables y normales de las atribuciones entregadas por ley al ente fiscalizador, agrega que el Manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, obligatorio en el ejercicio de sus funciones, establece que cada resolución de multa administrativa puede contener hasta 9 sanciones, razón por la cual la multa N° 1348/18/28 debió efectuarse en forma separada. Por su parte, en cuanto a la sanción impuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, refiere que aquella es posterior a la fecha en que se constataron todos los hechos descritos en la multa recurrida, por lo que a contrario sensu de lo señalado por la recurrente, no existe ningún tipo de relación entre ambos procesos.

En tercer lugar, sostiene que no existe amenaza, privación o perturbación a las garantías constitucionales a que alude la recurrente. Indica que no existe un trato discriminatorio o diferenciado para con la recurrente, sino que fue fiscalizada como cualquier otro empleador, conforme al procedimiento y protocolo vigente, haciendo presente que la Circular N° 88 que cita el recurrente fue dejada sin efecto a través de la Orden de Servicio N° 5 de 20 de julio de 2017. En la misma línea, agrega, que tampoco hay una vulneración al debido proceso, reiterando que las infracciones debieron consignarse en formularios distintos porque así lo exige el Manual aplicable, que las multas no contienen la misma información y que no son excluyentes entre sí. Asimismo, afirma que no hay vulneración al derecho de propiedad por cuanto las multas se ajustaron a la cuantía legal, atendido lo dispuesto en los artículos 505 bis y 506 del Código del Trabajo.

Refiere que la Resolución de Multa N° 1348/18/27 se generó con motivo de la comisión de fiscalización N° 1306/2018/101 de 13 de febrero de 2018, constatándose por la fiscalizadora 9 hechos infraccionales que se detallan. Agrega que, además, a raíz de la misma fiscalización, también se aplicó la multa N° 1348/18/28, de fecha 25 de julio del año 2018, por infracciones distintas a las anteriores.

Indica que, luego con fecha 07 de agosto de 2018 y constatándose una vez más una serie de negligencias en el actuar de la recurrente, se le impusieron nuevamente una serie de sanciones, cuyas causas u orígenes son radicalmente diversas de las anteriores.

Simultáneamente, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana con fecha 26 de julio del mismo año, ejecutó un procedimiento administrativo de Sumario Sanitario que culminó con la Resolución Exenta N° 6538 de fecha 20 de septiembre de 2018; es decir, a posteriori a la fecha en que se constataron todos los hechos descritos en la multa recurrida, por lo que a contrario sensu de lo señalado por la recurrente, no existe ningún tipo de relación entre ambos procesos.

Finalmente solicita el rechazo, con costas, del recurso.

Tercero: Que conforme expone el recurrente, el acto impugnado mediante esta vía recursiva de protección, es la Resolución Administrativa de Multa N°1348/18/27 de fecha 25 de julio de 2018, notificada el 08 de enero de 2019, emanada de la recurrida.

Cuarto: Que el recurso de protección señala como garantías vulneradas la de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, como igualmente el Principio Non Bis In Idem.

EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN Quinto: Que, procede rechazar la alegación de la recurrida, en cuanto manifiesta la improcedencia de la presente acción cautelar de protección, debido a la existencia de instancias administrativas y jurisdiccionales ordinarias para reclamar la aplicación de multas por parte de la Inspección del trabajo, por cuanto el artículo 20 de la Carta Fundamental habilita para ocurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva en caso de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que describe “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes …”. Lo expuesto ha sido ya resuelto por tribunales superiores, e implica que la acción de protección procede, aun cuando existan otras vías para restablecer el imperio del derecho, como por ejemplo recursos en contra de los actos administrativos de los órganos del estado contemplados en el Código del Trabajo leyes especiales, o aún, otras acciones jurisdiccionales. (Corte de Apelaciones de Concepción Rol: 10.155-2015).

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO Sexto: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Séptimo: Que en el caso de marras, la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, por medio de su fiscalizadora, doña nombre reservado, a través de la Resolución de Multa N°1348/18/27 de 25 de julio de 2018, procedió a sancionar a la recurrente “Sociedad de Constructores TESACON S.A”, por constatar hechos constitutivos de al Decreto Supremo N°594 de 1999 del Ministerio de Salud y al artículo 184 del Código del Trabajo, que fueron detalladas en la resolución aludida precedentemente y que conllevaron la aplicación de las multas correspondientes.

Octavo: Que, conforme dispone el artículo 505 del Código del Trabajo, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, corresponde a la Dirección del Trabajo y; a su vez el artículo 1° letra a) del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que a la Dirección del Trabajo le corresponderá particularmente: “a) la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”.

La calificación jurídica que de los hechos hace la Dirección del Trabajo, en cuanto autoridad administrativa y que corresponde a los previstos por el legislador, no puede por sí misma constituir un acto ilegal o arbitrario, pues forma parte de la actividad administrativa.

Lo anterior, sin perjuicio de que si se incurre en un error en la calificación de los mismos, ello pueda ser controlado por el juez conociendo de una reclamación judicial, conforme lo autoriza el artículo 503 del Código del Trabajo o a través de la reconsideración administrativa que prevén los artículo 511 y 512 del mismo estatuto, que resulta ser la vía adecuada para resolver el fondo de la controversia ventilada en esta sede.

Noveno: Que de esta manera, cabe concluir que el recurso de protección incoado en estos autos, no puede prosperar y debe ser desestimado.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el recurso de protección, se declara, que se RECHAZA el deducido el abogado Guillermo Ignacio González Robinson, en representación de la Sociedad de Constructores Tensacon S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Carlos Castro Vargas Rol Nº 498-2019 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Ana Cienfuegos Barros y señor Luis Sepúlveda Coronado y Abogado Integrante señor Carlos Castro Vargas.