nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, ciudadana venezolana, Licenciada en Administración, representada por la abogada María Angélica Brown Oropeza, e interpone recurso de protección en contra de AFP Provida S.A., representada por don nombre reservado, fundado en que la recurrida rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo de la Ley Nº18.156, acto que estima ilegal y arbitrario.

Expone que durante su permanencia laboral en Chile efectuó cotizaciones previsionales, encontrándose afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), reuniendo los requisitos del artículo 1° de la citada ley para acceder al beneficio de devolución de fondos previsionales contemplado en su artículo 7°.

Señala que presentó ante AFP Provida la correspondiente solicitud de devolución acompañando contratos de trabajo, anexos de contrato, certificado de afiliación al IVSS y título profesional apostillado, siendo informada posteriormente, mediante correo electrónico, que aquella era rechazada por “falta de constancia de afiliación vigente”, la cual debía encontrarse apostillada en el extranjero o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Refiere que actualmente ha regresado de manera definitiva a Venezuela y que no obtendrá pensión en Chile, por lo que los fondos acumulados constituyen parte de su patrimonio. Agrega que la exigencia de apostilla resulta imposible de cumplir, no por una conducta imputable a su parte, sino debido a circunstancias extraordinarias derivadas de la ausencia de representación diplomática y consular venezolana en Chile y, además, porque la Circular Nº433 DG-04677 del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), de 21 de junio de 2021, impediría la autenticación, legalización o apostilla de determinados documentos vinculados al sistema previsional venezolano, entre ellos aquellos emitidos por el IVSS.

Sostiene que el certificado acompañado contiene mecanismos de verificación electrónica que permiten comprobar su autenticidad mediante el portal oficial de dicha institución, satisfaciendo así la finalidad perseguida por la legalización documental. Afirma, además, que otras administradoras de fondos de pensiones habrían aceptado instrumentos similares para tramitar devoluciones de fondos previsionales de trabajadores extranjeros.

En cuanto a los fundamentos de derecho, invoca los artículos 1° y 7° de la Ley N.º 18.156; el artículo 45 del Código Civil, en cuanto configuraría una situación de fuerza mayor que impide obtener la apostilla exigida; y los artículos 19 Nº2 y 24 de la Constitución Política de la República, denunciando la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, al exigírsele requisitos que estima no contemplados en la ley y al impedírsele disponer de fondos que considera de su dominio.

Alega que la actuación de la AFP constituye un acto actual y permanente susceptible de ser corregido mediante la presente acción cautelar, citando además diversa jurisprudencia de Cortes de Apelaciones que, según sostiene, habrían acogido pretensiones similares.

Solicita que se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, se tenga por válida la documentación acompañada, se ordene a AFP Provida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho respecto de su solicitud dentro del plazo que el tribunal determine, y se adopten todas las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales invocadas.

Segundo: Que evacuó informe AFP Provida S.A., representada por la abogada Ana María Herrera Brummer, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas. Sostuvo en primer término la improcedencia de la acción cautelar por tratarse de una materia de lato conocimiento y carácter controvertido, toda vez que la controversia radica en determinar si la recurrente cumple o no los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, cuestión que, a su juicio, excede el ámbito de conocimiento propio del recurso de protección y requiere un procedimiento declarativo ordinario.

Respecto del fondo, expone que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales en calidad de técnica extranjera y que mediante resolución de 18 de diciembre de 2025 dicha solicitud fue rechazada por cuanto acompañó una constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que no constituía un certificado de afiliación vigente, carecía de firma de su emisor, no acreditaba cobertura efectiva respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además no se encontraba apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Señala que, conforme al Convenio de la Apostilla vigente en Chile desde el 30 de agosto de 2016, así como a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos extranjeros deben encontrarse apostillados o legalizados para producir efectos probatorios en Chile. Añade que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, especialmente los Oficios N°s.5.376, 12.954 y 21.880, exige que el trabajador extranjero acredite mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente que cuenta efectivamente con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile, precisando además que las declaraciones juradas otorgadas por el propio afiliado, aun autorizadas por notario y apostilladas, carecen de idoneidad para suplir dicha acreditación.

Agrega que el contrato de trabajo acompañado por la recurrente, de 15 de abril de 2024, no contiene manifestación alguna relativa a la voluntad de mantener afiliación a un sistema previsional extranjero, requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, constando dicha declaración recién en un anexo suscrito el 21 de octubre de 2025, lo que, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, constituye una manifestación extemporánea e insuficiente para cumplir la exigencia legal.

Sostiene asimismo que la actora posee residencia permanente en Chile, antecedente que, según la doctrina administrativa invocada, resulta relevante para efectos de la aplicación restrictiva del beneficio excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

En cuanto al derecho, argumenta que el sistema de capitalización individual regulado por el Decreto Ley N°3.500 destina los fondos previsionales exclusivamente al financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, siendo la devolución de fondos a técnicos extranjeros una excepción de interpretación estricta, cuya procedencia exige el cumplimiento copulativo de todos los requisitos legales. Invoca además diversas sentencias de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones pronunciadas durante los años 2024 y 2025, en las cuales se habría resuelto que las exigencias de apostilla, legalización, acreditación de cobertura efectiva y manifestación expresa de voluntad de mantener afiliación extranjera encuentran fundamento en la ley y en las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, descartándose en tales casos la existencia de actos ilegales o arbitrarios por parte de las administradoras de fondos de pensiones.

Concluye que en la especie no concurre ninguno de los presupuestos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por cuanto no existe acto ilegal ni arbitrario, tampoco agravio constitucional alguno ni afectación a las garantías invocadas por la recurrente, solicitando en consecuencia se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, informó la Superintendencia de Pensiones, indicando que no registra reclamos previos ante dicho organismo vinculados con los hechos materia de autos y que el rechazo a la petición de fondos previsionales efectuado por la extranjera fue fundado en la falta de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada.

En cuanto a la materia del recurso, expone que conforme al sistema previsional chileno, la regla general consiste en la obligación de cotizar para todos los trabajadores que prestan servicios en el país, cualquiera sea su nacionalidad, constituyendo la Ley N°18.156 una excepción aplicable únicamente a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que acrediten copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°, esto es, encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue cobertura frente a enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el respectivo contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que el artículo 7° del mismo cuerpo legal sólo permite la devolución de fondos previsionales respecto de quienes acrediten íntegramente tales presupuestos.

Refiere que, de conformidad con las atribuciones conferidas por el D.L. N°3.500, el D.F.L. N°101 de 1980 y la Ley N°20.255, corresponde a la Superintendencia interpretar administrativamente la normativa previsional e impartir instrucciones obligatorias a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Explica que, en ejercicio de dichas facultades, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que la cobertura previsional extranjera se acredite mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente o por representación diplomática actuando en su representación, debidamente legalizada o apostillada, y que dicha certificación indique de manera específica la cobertura efectiva respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, sobrevivencia y vejez durante todo el período en que el trabajador prestó servicios en Chile.

Añade que, conforme a su jurisprudencia administrativa uniforme, no basta la exhibición de documentos que describan genéricamente las prestaciones de un sistema previsional extranjero ni cartolas de cotizaciones, sino que debe acreditarse específicamente la cobertura efectiva del trabajador durante todo el período laboral respectivo. Indica además que la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no satisface tales exigencias, por cuanto carece de firma, apostilla o legalización, no acredita cobertura específica ni precisa si las prestaciones de salud comprenden beneficios médicos y pecuniarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en el Convenio de la Apostilla.

Aclara que tanto Chile como Venezuela son Estados parte de dicha Convención y que la exigencia de apostilla constituye el mecanismo legal previsto para otorgar eficacia en Chile a documentos emitidos en el extranjero. Hace presente asimismo que la jurisprudencia judicial reciente ha respaldado dicho criterio administrativo, citando las respectivas sentencias.

Finalmente, informa que mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, impartió instrucciones generales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, ratificando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS y las declaraciones suscritas por los propios trabajadores no constituyen documentos idóneos para acreditar la cobertura previsional exigida por la Ley N°18.156, concluyendo que la interpretación sostenida por AFP Provida se ajusta a la normativa legal y administrativa vigente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Quinto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, y en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales si se cumplen los requisitos del artículo 1°, en particular acreditar afiliación a un sistema extranjero que cubra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato contemple su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, como se informó en autos, la Superintendencia de Pensiones ha emitido instrucciones que refuerzan la verificación del cumplimiento de dichos requisitos.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales, pues esta consistió en una mera constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que no constituye un certificado de afiliación vigente, carece de firma de su emisor, no acredita cobertura efectiva respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además no se encuentra apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Noveno: Que, por lo expuesto, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, ya que la negativa responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado.

Décimo: Que de esta forma, es posible afirmar que las decisión adoptada por la AFP recurrida se encuentra fundada en instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, dictadas en el ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y regulación, lo que excluye el carácter ilegal o arbitrario del acto recurrido, pues tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado la normativa legal y administrativa obligatoria, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que puedan ser cautelados por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°4977-2025 Protección