nombre reservado con COMITÉ DE ADELANTO COMUNIDAD LAS TRANQUERAS

En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 24 de enero del año en curso, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la organización denominada Comité de Adelanto Comunidad Las Tranqueras, representada por su Presidente, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por establecer un control de acceso y cierre de calles del sector Las Tranqueras de la Población Ciudad del Este en la comuna de Puente Alto, sin contar con las autorizaciones ni someterse al procedimiento legalmente requerido, lo que estima constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los numerales 2, 3 inciso quinto, 4, 5, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Manifiesta que su propiedad se encuentra dentro de un loteo de mayor extensión en la Población denominada Ciudad del Este, en el sector llamado Las Tranqueras, de la comuna de Puente Alto, con acceso por calle Las Tranqueras, que comprende 163 propiedades. Indica que dicho loteo solo tiene acceso y salida por dicha calle, y todas las calles, pasajes y áreas verdes en su interior, son bienes nacionales de uso público.

Expone que el loteo para estas 163 propiedades consideró un único bien común, denominado caseta de seguridad instalado en la boca del loteo, en la intersección de las calles Las Tranqueras con Parque del Este. En relación con dicha caseta, los vecinos se rigen por la ley de copropiedad inmobiliaria y la única entidad facultada para administrarlo, conforme al reglamento de copropiedad, es la Junta de Vigilancia Las Tranqueras, regida por la ley N°19.537, y no la recurrida, que es una organización funcional distinta, regida por la ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, por lo que no puede disponer de la mentada caseta, ni menos establecer condiciones de acceso para los bienes nacionales de uso público.

Refiere que el 28 de diciembre de 2018 se instaló en la caseta de vigilancia una empresa de seguridad contratada por la recurrida y a los pocos días colocaron una barrera de acceso electrónica para los vehículos, que se acciona con un dispositivo que se entrega a quienes paguen $30.000 mensuales. Agrega que las personas que no disponen del dispositivo deben someterse a un interrogatorio del empleado de la empresa, debiendo indicar su nombre, el del propietario y dirección a que se dirige, además se anota la placa patente, sin distinguir si se trata de una visita o de un residente. Refiere distintos eventos ocurridos en el mes de enero del presente año en los que manifiesta haber tenido inconvenientes con el funcionamiento de dicho acceso, por cuanto se le impidió o entorpeció el ingreso de las personas que prestan servicios que había requerido (“uber”; sushi; entre otros) o de visitas e incluso de su persona y otros integrantes del hogar.

Añade que dentro de las disposiciones de la recurrida, está la de realizar control de acceso a los peatones al igual que a los automovilistas; que tomó conocimiento de un documento de la recurrida denominado “Listado de eventos”, que define que cuando un propietario realice una actividad con más de 10 personas, debe llenar un formulario con el nombre y rut de las personas y entregarlo en la caseta de vigilancia; y que existe otro documento, denominado “compromiso de pago servicio de guardias”, señala que la obligación de pagar los $30.000 mensuales tendrá como excepción acreditar gastos por enfermedad de importancia o quedar desempleado y la calificación la hará la directiva, lo que importa entregar datos personales sensibles.

Agrega que es importante señalar la situación que existía antes del 28 de diciembre de 2018 para demostrar que era diferente a la posterior a esa fecha, cuando se entregó el loteo estaba construida la caseta de vigilancia y la junta de vigilancia de entonces contrató los servicios de una empresa de seguridad que realizaron un control similar al actual, pero se fueron al poco tiempo tras la interposición de un recurso de protección, y un par de empleados de esa empresa se quedaron usando la caseta, admitiéndose tácitamente su presencia ya que contribuían a dar la impresión de un lugar seguro, no eran invasivos, levantaban la barrera sin realizar consultas y se limitaban a anotar patentes y situaciones que les pudiesen parecer sospechosas.

Asevera que el control de acceso que realiza la empresa contratada por la recurrida transgrede garantías constitucionales, tanto por la instalación de barreras como por los interrogatorios realizados por los guardias, actuar que constituye un acto ilegal y arbitrario. La instalación de las barreras automáticas para acceder al loteo sólo por quienes dispongan de un dispositivo que los habilite previo pago, como la instrucción entregada a los guardias y la forma de proceder de éstos, constituye una medida arbitraria, consistente en impedir la libre circulación por calle Las Tranqueras y el resto de calles y pasajes interiores, afectando su derecho de acceder y salir de su propiedad sin turbaciones y su derecho a la privacidad, entregándole datos a la organización y a los dependientes de la empresa de seguridad que no ha consentido en entregar y cuya manipulación posterior desconoce.

Añade que la recurrida, sin ser el órgano que debe administrar la caseta de guardias, contrató una empresa para realizar un control de acceso en bienes nacionales de uso público sin cumplir con las exigencias legales; que han tomado acuerdos sin sujeción a la ley de copropiedad inmobiliaria ni al reglamento de copropiedad, sobre el único bien común existente, la caseta de vigilancia. Tampoco se ajustaron a la normativa que faculta a los vecinos a solicitar a la autoridad el control de acceso y cierre de calles. La administración de los bienes nacionales de uso público corresponde a la Municipalidad donde están emplazados, facultando la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidad al alcalde, con acuerdo de su Concejo Municipal, el autorizar el control de acceso y cierre de calles, cumpliendo con requisitos de quórum e informes, que no le consta hayan existido.

Los actos señalados infringen la ley N°20.499 que Regula el Cierre de Calles y Pasajes por Motivos de Seguridad Ciudadana que establece en su artículo 5º letra c) respecto de los bienes nacionales de uso público, que las municipalidades podrán autorizar el cierre o medidas de control de acceso a calles, pasajes, o conjuntos habitacionales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, cumpliéndose una serie de requisitos que señala, lo que no ocurrió en este caso. También infringen la Ordenanza N°19 de junio de 2011, sobre Cierre de Calles y Pasajes de la Municipalidad de Puente Alto, ajustada en julio de 2015 a la ley N°20.499, la cual reguló la situación de este tipo de loteos y establece una serie de condiciones y compromisos para lograr la autorización, a las que tampoco se ha dado cumplimiento. Adiciona que además existe infracción a la ley 19.628, de protección de datos personales, ya que se interroga a las personas al ingreso de la población y para eximir temporalmente de pago, se deben entregar datos sensibles, y con el sistema de apertura electrónica de las barreras, se puede determinar los horarios en que un vehículo entra y sale del lugar.

Indica que el proceder de la entidad recurrida, además, es arbitrario porque se argumenta que el control es para proteger a los vecinos de los delincuentes, sin embargo, se interroga a toda persona, dándole el tratamiento de sospechosos a todos quienes crucen por el control.

Respecto a los derechos que afirma han sido vulnerados, en cuanto a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), indica que ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias, menos podrá una organización como la recurrida someter a los vecinos que no forman parte de ella a condiciones para hacer uso de sus derechos constitucionales o restringirles los mismos, discriminación que consiste en dar un tratamiento distinto a quienes están porque se preste el servicio de vigilancia respecto de los que no lo están.

En cuanto a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales (art. 19 Nº 3, inciso 5), se siente amenazado cuando la recurrida establece que corresponderá a su Directiva resolver sobre eximirlo o no del pago del servicio de vigilancia, previa evaluación de los antecedentes de su vida íntima.

En relación con el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de su persona y familia (art. 19 N°4), el sistema de control de acceso implantado por la recurrida vulnera la privacidad e intimidad, ya sea que el interrogatorio sea verbal, o bien, teniendo el dispositivo de acceso donde el registro es automático, toda vez que cada dispositivo está asociado a una patente y domicilio, en ambas situaciones existiría injerencia en aspectos de su vida personal.

En cuanto al derecho relativo a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, (art. 19 Nº 5), el control realizado desde el exterior de su casa supone conocimiento de situaciones que ocurren en su interior y no ha sido consentido, al saber quién entra, sale, o qué cosas recibe.

Respecto del derecho a la libertad personal (Artículo 19 Nº 7 letra a), no siendo materia de la protección del artículo 20 de la Constitución, lo menciona por la gravedad de los actos impugnados, se vulneran su derecho y el de sus visitantes de trasladarse con libertad en bienes nacionales de uso público.

En cuanto al derecho de propiedad (artículo 19 Nº 24), la instalación de la barrera que se alza automáticamente para quienes paguen el servicio y el interrogatorio realizado a quienes no lo hagan como a toda visita, afecta, perturba, limita y amenaza el derecho de propiedad sobre muchos derechos de los titulares que no han consentido en su vulneración, entre otros, la privacidad, la libertad, la intimidad, la inviolabilidad del hogar, la protección de sus datos personales, la libertad de tránsito y en su caso particular, limita el libre acceso a su domicilio de su familia y visitas. Sostiene que dentro del derecho de propiedad se ha incluido el derecho que se tiene para usar los bienes nacionales de uso público con arreglo a la ley, por lo que es procedente amparar su uso ante cualquier acto ilegal o arbitrario que impida, perturbe o amenace dicho derecho. Respecto de la contribución obligatoria por concepto de gastos para la mantención de la caseta, las barreras automáticas, y servicio de vigilancia, la condición de pago para otorgar los servicios que no ha consentido, resulta atentatoria a su derecho de propiedad ya que se le obliga a pagar o sufrir las consecuencias perniciosas del control de acceso y a destinar dinero al pago de un servicio que no ha consentido.

Conforme a lo expuesto, solicita que se acoja el recurso, declarando que es ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, dejando sin efecto toda limitación a la libre circulación de personas y vehículos hacia y desde la población donde se encuentra su propiedad, sin restricciones para acceder a los bienes nacionales de uso público, como son las calles, pasajes y cuatro plazas del sector; o cualquier otra medida que la Corte estime pertinente para el restablecimiento del derecho, con costas.

Con fecha 20 de febrero de 2019 se agregó informe evacuado por don nombre reservado, en su calidad de presidente del Comité recurrido. En primer término, alega el recurso se ha interpuesto en forma extemporánea, ya que el mismo recurrente indica que el 28 de diciembre de 2018 se instaló en la caseta de vigilancia la empresa de guardias, que el año 2002 se contrató una empresa de seguridad y desde esa fecha existen las barreras, siendo lo único modificado por el comité, el mecanismo de apertura debido a las malas condiciones en que se encontraban y atendido que se modificó el Código del Trabajo en cuanto establece que los trabajadores no deben operar cargas superiores a 25 kilos, peso que superaban las barreras anteriores.

En segundo lugar, alega que se encuentra en trámite ante la I. Municipalidad de Puente Alto la solicitud para que autoricen el cierre de la calle, existiendo informe de los departamentos de Tránsito, de Urbanismo y de Seguridad Pública, encontrándose pendientes el de Bomberos y Carabineros.

Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso interpuesto, atendido que están actuando acorde con lo establecido en la ley 20.499 y la Ordenanza Municipal N° 19, y temporalmente debido a los reiterados robos que han sufrido, están mejorando el sistema de ingreso y vigilancia, sin que se esté restringiendo el libre acceso a los propietarios, visitas, familiares y servicios habituales, ni el libre acceso a las plazas.

Con fecha 14 de marzo del presente se agregó informe evacuado por el alcalde de la I. Municipalidad de Puente Alto, don nombre reservado. En éste se expone que, conforme lo informado por la Dirección de Obras Municipales, a través de memorándum N° 175, de 21 de febrero de 2019, el Barrio Las Tranqueras corresponde a un loteo DFL Nª 2 con construcción simultánea denominado Ciudad del Este II-Lote D, con siete etapas de construcción, y que uno de los accesos a dicho conjunto habitacional se realiza por Camino Las Tranqueras, perteneciente a la séptima etapa recibida.

Agrega que la Dirección de Inspección General, a través de memorándum 141 de 22 de febrero de 2019, señala que constató la existencia de ingreso al Bario Las Tranqueras con barreras instaladas, mediante funcionamiento eléctrico, controladas por un portero ubicado en una caseta en que se efectúa un breve control de ingreso a las personas y vehículos que ingresan al lugar. Por su parte, el Departamento de Organizaciones Comunitarias de ese Municipio, a través de memorándum 12-2019, de 4 de marzo de 2019, se pronuncia sobre la existencia del Comité de Adelanto Comunidad Las Tranqueras, constituido el 11 de julio de 2018 y con vigencia hasta el 9 de septiembre de 2021.

Respecto a autorizaciones para limitar el ingreso de personas y vehículos en el lugar, sólo cuenta entre sus antecedentes, la solicitud Nº [cuenta reservada], de 13 de septiembre de 2018, mediante la cual dicho comité requiere autorización para la colocación de portones de acceso en calle Las tranqueras a través del procedimiento dispuesto en la ley 20.499 y la ordenanza 19 del municipio, que autoriza el cierre de calles y pasajes, encontrándose pendiente su tramitación debido a la falta de los informes de Bomberos, Carabineros y del certificado de ministro de fe que señala el porcentaje de aprobación por parte de los vecinos. Precisa que, respecto de las barreras puestas en el lugar, no posee información respecto de si formaban parte de la recepción del loteo.

Adiciona, que la Dirección de Tránsito en memorándum Nº 48, de 07 de marzo de 2019, señala que el cierre con las barreras en calle Camino Las Tranqueras, se encuentra técnicamente bien emplazado.

Finalmente indica que de cumplirse con todos los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 19, de 17 de junio de 2011, sobre ocupación y cierre de vías y áreas que constituyen bienes nacionales de uso público, y resultar autorizado el portón de acceso a la villa, tal normativa no contempla de manera alguna el ejercicio de un control de personas y de vehículos que transiten por las arterias que la conforman.

Con fecha 22 de marzo de 2019 se agregan antecedentes remitidos por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, correspondiente a copia de la solicitud de reconsideración de multa interpuesta por don nombre reservado con fecha 09 de octubre de 2018, y de la resolución por la que se rechaza dicho recurso. En lo pertinente, el reclamante alega que no tiene la calidad de empleador, señalando que hace más de 10 años era empleado de una empresa de seguridad que prestó servicios en un control de acceso en calle Las Tranqueras, población Ciudad del Este, Puente Alto, terminándose con el servicio producto de un recurso de protección, sin embargo él con un compañero se quedaron en el lugar recibiendo aportes voluntarios de los residentes y agregándose otras personas para realizar el control de acceso con el tiempo, sin embargo no existía ninguna relación de carácter laboral.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, como cuestión previa y antes de entrar al fondo del recurso planteado, se debe consignar que la acción cautelar intentada ha de entenderse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un arbitrio constitucional del que todo afectado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que conculquen el legítimo ejercicio de alguna de las garantías o derechos que dicha Carta protege, puede valerse, con el objeto de que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y para asegurar la debida protección del afectado y ello es, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Segundo: Que, asimismo, antes de entrar a analizar el recurso es necesario hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad del recurso sostenido por la recurrida y, de los antecedentes que obran en autos, se desprende que el día 28 de diciembre de 2018 el recurrente toma conocimiento de la instalación en la caseta de vigilancia de una empresa de seguridad contratada por la recurrida, luego el día 3 de enero de 2019, a raíz de un problema con un servicio solicitado por él, es informado de las nuevas instrucciones para el acceso al interior de la población de residentes y terceros ajenos, los que serán sometidos a un control previo a su acceso y días después – 7 de enero de 2019- se instaló una barrera de acceso eléctrica para vehículos que se acciona mediante un dispositivo que se otorgaba a quienes cancelan el servicio de vigilancia, por lo que el recurso intentado ha sido interpuesto dentro del plazo de treinta días contados desde que tomó conocimiento de los actos por los cuales reclama el recurrente en su acción cautelar.

Tercero: Que, como ha sostenido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, “la acción de amparo constitucional procede al existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, carente de fundamento racional o contrario a la ley” siendo ésta la condición básica sin la cual aquélla no puede prosperar.

Otro requisito exigido para su procedencia, verificado el primer presupuesto, “estriba en una conculcación de determinados derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio y a dispensar protección a la persona agraviada.” (Rol CS n°1827-10).

Cuarto: Que el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal consiste en establecer un control de acceso y cierre de calles del sector La Tranqueras de la Población Ciudad del Este en la comuna de Puente Alto, sin contar con las autorizaciones legalmente requeridas, ni someterse al procedimiento que la normativa sobre la materia prescribe y especialmente respecto de la forma de realizar dicho control.

El recurrente señala que para ingresar al conjunto habitacional Ciudad del Este en la comuna de Puente Alto, específicamente al sector denominado Las Tranqueras, donde tiene su domicilio, debe hacerlo por calle Las Tranqueras único acceso de salida y entrada y en dicho acceso está instalada una caseta de vigilancia –desde que se levantó la población- y desde el 28 de diciembre es ocupada por una empresa de seguridad contratada por la recurrida y a los pocos días se colocó una barrera de acceso eléctrica, la que se acciona mediante un dispositivo que se entrega a quienes paguen el costo del servicio que es de $30.000 mensuales, las personas que no cuenten con dicho dispositivo deben someterse al control que lleva a cabo el personal de la empresa de seguridad, a quienes deben indicar su nombre, nombre del propietario y domicilio al cual se dirigen, además que se anota la patente del vehículo en que circulen, junto con lo anterior no se respeta el horario en que deben permanecer los dispositivos abiertos.

Estima el recurrente que tanto la instalación de las barreras como el control que denomina interrogatorio de los guardias cuyos datos son necesarios para acceder a los bienes nacionales de uso público y a las propiedades, trasgreden garantías constitucionales, que latamente señala en su presentación.

Quinto: Que en el recurso se denuncian infracciones a la ley 20.499 que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, por cuanto en este cuerpo legal se exigen una serie de condiciones para que la autoridad municipal otorgue la autorización para tales fines, a saber: a)Informe de las unidades de tránsito y de Obras Municipales; b) informes de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna; c) que la solicitud esté suscrita por a los menos el 90% de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que será objeto del cierre. La autorización requiere el acuerdo del concejo municipal y será fundada, debiendo indicar el lugar de instalación de los dispositivos de cierre y control; las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que se aplicará.

Asimismo se denuncia infracción a la Ordenanza Nº19 de la Municipalidad de Puente Alto que en su artículo 4º establece los requisitos para obtener autorización para la ocupación y cierre de calles y pasajes ciegos que no convergen a Avenidas o calles principales y que son: 1. Solicitud para la autorización de cierre dirigida al Alcalde, presentada por a los menos tres personas que tengan la calidad de mandatarios de los vecinos. Esta solicitud debe ser firmada por propietarios o sus representantes que represente al menos el 90% de los inmuebles ubicados en la calle o pasaje de que se trate; 2. Presentación de un proyecto de cierre; 3.Compromiso autorizado por un Ministro de Fe habilitado al efecto, de los solicitantes con la Municipalidad de Puente Alto respecto de las obligaciones que impone el artículo 8º; 4. Solicitudes a Carabineros y Bomberos en los términos consignados en la ley Nº20.499.

Estas normas se han infraccionado -expresa el recurrente- por cuanto no existe en la actualidad la autorización de la municipalidad para el cierre y control de acceso de calle Las Tranqueras.

Por otra parte tilda de arbitrario el actuar de la recurrida, por cuanto bajo el pretexto de dar seguridad a los vecinos del interior de la población, carece de un fundamento lógico, ya que conociendo la normativa para el cierre de calles, que es materia de mayor interés, resuelven no acatarla y hacer exigencias a los vecinos, mediante requerimientos de información desproporcionados.

Sexto: Que la autoridad municipal señaló que la autorización para limitar el ingreso de personas y vehículos a la Villa, mediante la colocación de portones de acceso en calle Las Tranqueras, a través del procedimiento de la ley 20.499 y de la Ordenanza Nº19 de la Municipalidad de Puente Alto, se encuentra en tramitación debido a la falta de los informes de Bomberos, de Carabineros y del certificado de Ministro de Fe que señala el porcentaje de aprobación de parte de los vecinos. Agrega que la Dirección del Tránsito manifestó que el cierre con barreras en la calle Camino Las Tranqueras se encuentra técnicamente bien emplazado. En su informe alude a los Memorándum Nº141 de la Dirección Inspección General y Nº12-2019 del Depto. de Organizaciones Comunitarias.

Del Memorándum Nº141 de la Dirección Inspección General de 22 de febrero de 2019, se desprende que en fiscalización a barrio Las Tranqueras se detectó que en el lugar hay barreras instaladas de funcionamiento eléctrico las que son controladas por un portero que se ubica en una caseta, donde hace un breve control de personas y vehículos que ingresan, se les solicita nombre de la persona y domicilio al que se dirige y a los vehículos se les registra su número de patente.

En Memorándum Nº12-2019 de la Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias a la Directora de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Puente Alto, se indica que la autorización para colocar portones de acceso a calle Camino Las Tranqueras, se encuentra en tramitación, faltan los informes de Carabineros, del Cuerpo de Bomberos y el certificado de la Ministro de Fe que señale el porcentaje de aprobación del mismo o bien un certificado emitido ante Notario en ambos casos con las firmas de todos los vecinos.

Séptimo: Que de los antecedentes expuestos, resulta ser efectivo que la autorización para el control y cierre de calle Camino Las Tranqueras acceso único al Barrio Las Tranqueras se encuentra en tramitación y, por ende, en tales condiciones, no podría limitarse el acceso a los residentes en los términos expuesto en la acción cautelar, esto es, obligando a los propietarios a contar con un dispositivo para que las barreras se levanten de manera automática, previo pago de una suma mensual por los servicios prestados por la empresa de vigilancia o, de lo contrario, quedar sujeto a un control discrecional que implica acceder a datos de índole privado y respecto de lo cual no ha consentido el recurrente.

Octavo: Que la instalación de un sistema de barreras de funcionamiento eléctrico que se activa mediante un dispositivo -similar al Tag- implica en la práctica el cierre del libre acceso al Barrio Las Tranqueras en Ciudad del Este de Puente Alto y a los bienes nacionales de uso público que en él encuentran emplazados, sin que exista autorización en tal sentido de la autoridad municipal encargada de otorgarla, previo la tramitación requerida en la ley 20.499 y en la Ordenanza Nº19 de la Municipalidad de Puente Alto, por lo que dicho acto deviene en ilegal. Asimismo, el control que se lleva a cabo respecto de quienes no cuentan con el dispositivo necesario para activar las barreras, importa quedar sujeto a proporcionar datos que pueden resultar sensibles para los propietarios, quienes no pueden verse limitados en el acceso a sus inmuebles por tales requerimientos.

Noveno: Que el acto que se atribuye a la recurrida, Comité de Adelanto Comunidad Las Tranqueras, representada por su presidente don nombre reservado, en la medida que contraviene lo dispuesto en los dos cuerpos normativos indicados en el considerando anterior, en tanto cuanto no se tramite en su totalidad la solicitud Nº2879256 de 13 de septiembre de 2018, para el control y cierre de calles presentado en la Municipalidad de Puente Alto y se obtenga la autorización pertinente, perturba el legítimo ejercicio de derechos protegidos en el artículo 20 en relación al 19 de la Constitución Política de la Republica.

Décimo: Que el actuar contrario a derecho de la recurrida ha perturbado la garantía prevista en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República en cuanto se exige el pago de una cantidad de dinero mensual para poder disponer de un dispositivo que permita accionar las barreras de cierre instaladas en el acceso a calle Las Tranqueras del Barrio del mismo nombre de la Ciudad del Este de la comuna de Puente Alto, sin que haya sido consentido el referido pago por el recurrente, lo que afecta su patrimonio pues se le obliga a hacer un desembolso para tener libre acceso a su propiedad y a los bienes nacionales de uso público ubicado en el citado Barrio Las Tranqueras, sin que se haya autorizado aún por la autoridad respectiva – Municipalidad de Puente Alto- el control y cierre de acceso a la calle Las Tranqueras.

Asimismo, con el control que se ejerce por los guardias instalados en la caseta de vigilancia, respecto de quienes no cuenten con el dispositivo para activar las barreras de acceso al Barrio Las Tranqueras, consistente aquel en la entrega de datos personales para ser autorizado a ingresar a la Población donde tiene su domicilio particular, vulnera el derecho al respeto y protección de la vida privada consagrado en el Nº4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se le está impidiendo tener el control de la información personal en el sentido de decidir a quién excluye de ella o a quien desea proporcionarla.

Undécimo: Que la discusión sobre el uso de la caseta de vigilancia -instalada desde la construcción de los inmuebles que forman parte del conjunto habitacional Ciudad del Este de Puente Alto- , único bien de uso común, escapa a la competencia de este recurso de protección, acción constitucional de carácter cautelar, destinado a la adopción de medidas urgentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Duodécimo: Que, conforme a lo razonado en las consideraciones precedentes y habiéndose constatado la existencia de un acto ilegal, y que éste ha afectado derechos protegidos por la Constitución Política de la República en una relación causa-efecto con el acto ilegal que se denuncia, esta Corte se encuentra en situación de adoptar la medida conducente al restablecimiento del imperio del derecho y necesariamente la acción cautelar constitucional deberá ser acogida.

Y visto, además, el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Comité de Adelanto Comunidad Las Tranqueras, representada por su presidente don nombre reservado, solo en cuanto se deberá permitir al recurrente y su familia circular libremente hacia y desde de la población donde se encuentra ubicado su inmueble y usar de los bienes nacionales de uso público del sector, sin necesidad de contar con el dispositivo para accionar las barreras eléctricas existentes en el acceso al Barrio Las Tranqueras ni quedar sujeto al control de los guardias de seguridad, todo ello mientras no se autorice el control y cierre de calles por la Ilustre Municipalidad de Puente Alto de acuerdo a solicitud ingresada a tramitación bajo el Nº 2879256 de 13 de septiembre de 2018.

Se previene que la Ministro señora Cienfuegos estuvo por acoger íntegramente el recurso, dejando sin efecto toda limitación a la libre circulación de personas y vehículos hacia y desde la población señalada, por tratarse del régimen natural que rige los bienes nacionales de uso público, siendo excepcional la limitación cuya autorización se encuentra pendiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro María Teresa Díaz.

N° 497-2019-Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora María Teresa Díaz Zamora, señora Ana Cienfuegos Barros y señor Luis Sepúlveda Coronado. No firma la Ministro señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.