nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE EL MONTE

En San Miguel, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, auxiliar de servicio, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de El Monte, representado por su Alcalde don Francisco Gómez Ramírez, relacionador público, por estimar ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, consistente en la no renovación de su contratación en la referida Municipalidad, estimando que ello importa una privación, perturbación y/o amenaza de su legítimo ejercicio de las garantías constitucionales previstas en los Nº 2º, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita dejar sin efecto el acto administrativo que no renovó su contrata y ordenar su inmediata reintegración o reincorporación a sus funciones habituales en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de El Monte, en las mismas condiciones que estaba desarrollando, con expresa continuidad de sus remuneraciones, goce íntegro de remuneraciones ordinarias, extraordinarias, asignaciones, bonos y todo otro beneficio que le hubiere correspondido percibir, desde la fecha de la desvinculación hasta su efectiva reincorporación, con expresa condenación en costas.

Alega que en julio de 2006 ingresó a prestar servicios como auxiliar de servicio para la Municipalidad de El Monte, emitiendo boletas de honorarios desde ese año hasta el 2013. En ese año pasa a contrata a plazo fijo hasta diciembre de 2018. Entre enero y mayo de 2019 es contratada prestando los mismos servicios bajo el Código del Trabajo, pasando en junio de 2019 nuevamente a contrata a plazo fijo de la Ley 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud) hasta diciembre de 2019, siendo renovada dicha contrata entre enero y marzo de 2020, y luego por el mes de abril del mismo año, mayo a julio de 2020 y después de agosto a diciembre de 2020. Ese año correspondía elegir al nuevo Alcalde y Concejales, pero se postergaron hasta abril de 2021 dichas elecciones. En 2021 fue contratada a plazo fijo por la Ley 19.378, primero entre enero y abril y posteriormente por los meses de mayo y junio de 2021. La razón esgrimida en el municipio para este tipo de contratación radicaba en las elecciones municipales de abril y la incertidumbre que eso generaba en el ente municipal, pero afirma que, desde julio de 2006 al 30 de junio de 2021 he prestado servicios a la recurrida en forma ininterrumpida, nunca ha sido objeto de calificaciones ni ha recibido reparos por la forma de cumplir sus obligaciones y prestar sus servicios.

Indica que el 29 de junio de 2021 se dictó el Decreto Alcaldicio N°626 que dispone no renovar su contrata bajo la modalidad de plazo fijo de la Ley 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud), Categoría F, Nivel 10 de la carrera funcionaria en virtud de “las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo”, ordenándose la notificación personal, realizada el 1 de Julio de 2021, dejando establecido que no se encuentra sometida a sumario ni investigación sumaria de los cuales emanen antecedentes serios de que pueda ser alejada de la Municipalidad. Este acto administrativo contiene argumentos de tipo presupuestario, que estima arbitrarios e infundados, dado que no entrega antecedentes sobre las mermas en los ingresos, ni ítems de ingresos del presupuesto supuestamente afectados, ni explica antecedentes concretos acerca de los compromisos financieros que se encontrarían en riesgo, calificándolo de un argumento genérico, que impide a un funcionario municipal conocer el raciocinio de la decisión de no renovar la contrata bajo este supuesto argumento, generando indefensión, según ha establecido la Corte Suprema en causa Rol N° 20.863-2018 que cita. En segundo lugar, señala que el considerando 5° del acto municipal alude a un Ordinario N°57, de 9 de junio de 2021, del Jefe de Administración y Finanzas, que informaría acerca de la delicada situación financiera del “municipalismo” y la Municipalidad de El Monte, solicitando medidas de reducción de gastos. Sin embargo, la referencia al estado financiero del “municipalismo” no tiene relación directa con la Municipalidad de El Monte directamente, mientras que el referido Ordinario no fue acompañado al Decreto Alcaldicio N°626, ni es parte integrante del mismo, lo que la vuelve a dejar en la indefensión al desconocer su contenido, en contra de los principios de transparencia y publicidad, además de la obligación de fundamentación de los actos administrativos conforme dispone la Ley 19.880. También la recurrente señala que el Decreto invoca como argumento un “Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral del Cuarto Trimestre del año 2020” (sic), elaborado por el Director de Control, relativo al área de salud, que obliga a la Administración a adoptar medidas tendientes a establecer un equilibrio financiero municipal, pero sostiene que se trata de un informe pretérito del presupuesto del año 2020, que no se refiere a circunstancias financieras concretas, actuales o presentes que puedan motivar su desvinculación. Agrega que el Decreto Alcaldicio plantea que la decisión de no renovar la contrata no es antojadiza ni caprichosa porque estaría motivada por la delicada situación financiera del municipio, lo que obliga a la adecuación de nuevas condiciones presupuestarias y de dotación, obligando reducir la dotación de la Atención Primaria de Salud de la Ley 19.378, pero nuevamente no se entregan antecedentes concretos de la situación financiera del municipio, haciendo referencia a circunstancias futuras inexistentes a la fecha de dictación del acto. Refiere que los demás considerandos del Decreto hacen referencia a circunstancias formales relativas a facultades de la autoridad municipal, a la transitoriedad de la contratación a plazo fijo, a la Ley 19378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud y a la titularidad del Alcalde. Al respecto invoca el principio de confianza legítima, citando doctrina y jurisprudencia administrativa y de la Corte Suprema al efecto, afirmando que durante 15 años prestó servicios en calidad de honorarios, contrata a plazo fijo, bajo el Código del Trabajo y luego nuevamente a contrata a plazo fijo, siendo requeridos sus servicios semestral o cuatrimestralmente, generando la expectativa de que se renovaría por este segundo semestre de 2021 su contratación en los términos que se venía haciendo, vulnerando con ello los derechos y garantías constitucionales ya indicadas, y solicitando reestablecer el imperio del derecho, adoptando las medidas necesarias para que se respeten los derechos y garantías vulneradas, en la forma ya indicada.

Segundo: Que informa la Municipalidad recurrida, reconociendo, en primer término que mediante Decreto Alcaldicio N° 433, de 4 de mayo de 2016, se contrató a la recurrente mediante la modalidad "plazo fijo", conforme al artículo 14 de la Ley 19.378, estatuto para funcionarios de la salud, resultando aplicables en forma supletoria las normas del estatuto para funcionarios municipales de la ley 18.883, siendo posteriormente contratada bajo la misma modalidad de plazo fijo por una serie de otros decretos que detalla y acompaña, los que van desde el 10 de febrero de 2016 al 30 de junio de 2021. Refiere que tras la imposibilidad de contratar nuevamente a la recurrente, mediante Decreto Nº 626, de 29 de junio de 2021, se resuelve no renovar el contrato a plazo fijo que expiraba el día 30 de junio de 2021, lo que funda, principalmente en razones de índole presupuestaria, aduciendo que el artículo 14 de la ley 19.378 establece que el personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido, disponiendo que estos últimos ingresan previo concurso público de antecedentes, según las normas de esta misma ley, estimando legalmente imposible transformar un empleo a plazo fijo en indefinido por disposición expresa de la ley, puesto que el mecanismo del concurso público como única posibilidad.

Señala que la actuación de la municipalidad de El Monte, no es arbitraria ni ilegal, porque ha observado estrictamente los artículos 14 y 48 de la Ley 19.378 y articulo 11 de la Ley 19.880, afirmando que la no renovación del contrato a plazo fijo obedece a una prerrogativa legal prevista en el artículo 48 de la Ley 19.378, y señalando que el Decreto señalado cumple con las exigencias previstas en la ley, dado que contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión.

Por último, expone que de acuerdo al principio de legalidad que rige los actos de la administración, no es posible que la Municipalidad de El Monte exceda sus facultades y prerrogativas legales, llevando más allá de lo legalmente admisible las contrataciones a las que la ley confiere el carácter de temporales y definidas, ni considera admisible que se pretenda atribuir el carácter de ilegal a un actuar sustentado en la ley y a una decisión fundada conferirle el carácter de arbitrario puesto que, insiste, el Decreto 626, de 29 de junio de 2021, se encuentra debidamente fundamentado, eliminando cualquier atisbo de arbitrariedad o de un actuar caprichoso e irreflexivo como pretende establecer el recurrente, por lo que solicita que se declare que la actuación de la Municipalidad de El Monte, no es ilegal ni arbitraria.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o lesione ese ejercicio.

Cuarto: Que atendida la naturaleza y finalidad de la acción, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien la ejerce acredite la existencia de un derecho que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siendo también esencial, que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional, cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que en relación con la condición jurídica de la recurrente, el artículo 14 de la Ley N°19.378 que establece un Estatuto sobre Atención Primaria, señala: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresaron previamente concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación.”

Sexto: Que, en lo que interesa al caso en estudio, el artículo 16 del mencionado estatuto establece que "El personal contratado en forma indefinida tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente terminar por alguna de las causales señaladas en esta ley"; el artículo 31, en tanto, con el que se inaugura el párrafo 1° del Título II, sobre "Aspectos constitutivos de la Carrera Funcionaria", señala que "La carrera funcionaria deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso a la capacitación; la objetividad de las calificaciones y la estabilidad en el empleo; reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario, en conformidad con las normas de este Estatuto", y el artículo 32, dispone que "El ingreso a la carrera funcionaria se materializará a través de un contrato indefinido, previo concurso público de antecedentes, cuyas bases serán aprobadas por el Concejo Municipal", concurso al que se refieren diversas normas contenidas en el mencionado párrafo 1°. Por último, en el párrafo 3° del mismo Título, el artículo 48 regula las causales por las cuales los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella, entre las cuales la letra c), contempla "El vencimiento del plazo del contrato”, siendo un hecho no controvertido que los servicios de la recurrente siempre fueron prestados bajo la modalidad de contrato a plazo fijo.

Séptimo: Que las exigencias relacionadas con la fundamentación del acto administrativo que la recurrente le haría aplicable el “principio de confianza legítima”, son normativas de derecho público que resultan inaplicables al caso sub judice, atendido que la Corporación recurrida ha sido creada en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior y no forma parte de la administración del Estado.

Octavo: Que, por tal motivo, el acto que se cuestiona por medio del presente recurso, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, fundado en el incumplimiento del deber de motivación que exige la Ley N°19.880 en relación con los actos administrativos, ya que la recurrida ha ejercido una facultad contenida explícitamente en el artículo 48, letra c) de la Ley 19.378, causal de término de la relación laboral que no exige un deber de fundamentación, dado su carácter meramente potestativo. Aun así, el Decreto Alcaldicio que se impugna explica detalladamente las razones presupuestarias que justifican no prorrogar el contrato a plazo fijo que vinculaba al recurrente con la Municipalidad de El Monte.

Noveno: Que, teniendo en consideración que la argumentación jurídico-fáctica de la acción constitucional intentada descansa sobre la base de infracciones relacionadas con contratas del sector público, a cuyo estatuto jurídico sí le son aplicables la doctrina de la confianza legítima y los preceptos de la Ley N°19.880, a contrario de lo que acontece en la situación de la recurrente, las razones que justifican la impugnación del acto no pueden ser calificadas en esta sede como arbitrarias, ni menos ilegales.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado.

Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial Troncoso Bustamante quien estima que no obstante la facultad legal que le asiste al Municipio recurrido de poner término a la contrata, tanto por su carácter transitorio como por la rigidez que impone la planta funcionaria fijada por ley, las sucesivas y continuas contrataciones han generado en la recurrente la legítima expectativa de estabilidad y continuidad en sus funciones, en tanto no haya variado su condición de conducta en el desempeño de sus tareas, así como la necesidad de sus servicios. Luego, la resolución que pone término a la contrata debiera hacerse cargo de modo completo y sustantivo de la decisión que motiva la no renovación de la contratación, lo que en este caso no aconteció, lo que torna en tal medida el acto en ilegal y arbitrario, en opinión de esta disidente.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 4963-2021-Protección.