nombre reservado con CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO

San Miguel, trece de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Nicolás Baeza Palomino, abogado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, representada por su secretario general nombre reservado, en favor de nombre reservado, educadora de párvulos, por la medida disciplinaria que puso término a su relación laboral, acto que califica de ilegal y arbitrario y que vulneraría las garantías establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Detalla que la recurrente fue contratada por la recurrida el 17 de junio de 2014, desempeñándose en calidad de educadora de párvulos hasta el 21 de noviembre de 2025, fecha en que fue desvinculada conforme a la causal del artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, suscribiendo el respectivo finiquito el 2 de diciembre de 2025.

Explica que dicho despido se fundó en una investigación realizada por la recurrida, en razón del uso de la licencia médica N°085227672-K, emitida el 19 de abril de 2023 por 13 días, periodo durante el cual la recurrente viajó al extranjero. Precisa que esa licencia fue concedida por enfermedad común, con reposo laboral total.

Señala que aquella licencia médica, al igual que otras anteriores, fue otorgada por una enfermedad real que padece la recurrente, consistente en una tendinitis bilateral crónica que afecta específicamente sus muñecas. Agrega que en su calidad de educadora de párvulos es habitual realizar trabajos de manualidades, así como tomar niños en brazos para luego bajarlos, movimientos que afectan dicha articulación y que la obligan en ocasiones a hacer uso de licencias médicas para recuperarse y desarrollar su trabajo con normalidad, labor que ha ejecutado para el mismo empleador por más de 10 años.

Añade que la licencia médica no fue rechazada ni cuestionada, sea en su forma, en el fondo o en su autenticidad, toda vez que la recurrente efectivamente padece la enfermedad referida, circunstancia que también es de conocimiento de su empleador.

Afirma que su salida del país durante el uso de aquella licencia corresponde a un hecho único, realizado de buena fe, sin advertir incumplimiento alguno de sus funciones. Sin embargo, nada de ello fue considerado por el empleador, que adoptó la sanción disciplinaria más severa, resultando aquella completamente desproporcionada, más aún si se considera que durante todo el tiempo en que ejerció sus funciones mantuvo una hoja de vida intachable y que la situación específica que motivó la sanción corresponde a un hecho aislado, ocurrido hace más de 2 años.

En cuanto a las garantías vulneradas, invoca en primer término la del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, relativa al debido proceso. Sostiene que ha sido juzgada por una comisión especial, la que ha procedido a invalidar actos consolidados mediante la aplicación de procedimientos y sanciones inexistentes al momento de ocurrencia del hecho que se le reprocha, operando en forma retroactiva.

Agrega que la causal legal invocada para aplicar la medida disciplinaria resulta improcedente, ya que la licencia médica produce un efecto jurídico específico, cual es la suspensión de la relación laboral, de manera que mal podría haber incurrido en falta de probidad en el ejercicio de sus funciones si el vínculo laboral se encontraba suspendido.

Añade que la misma garantía se vio vulnerada al aplicarse una medida disciplinaria excesiva, faltándose al principio de proporcionalidad, pues no se consideró su fiel desempeño durante la totalidad de la relación laboral, reflejado en una hoja de vida intachable, ni tampoco que no existió ánimo de engañar con el fin de obtener una licencia médica para viajar al extranjero.

En segundo lugar, invoca la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Explica que la perturbación se encuentra en el acto ilegal y arbitrario consistente en la medida disciplinaria de destitución o despido, adoptada en un procedimiento viciado, que la ha dejado desprovista de su sustento económico e incluso sin las indemnizaciones que pudiesen corresponderle, tales como la indemnización por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo, todo ello a una edad en que se tornan complejas sus posibilidades de encontrar un nuevo empleo.

En cuanto al plazo de interposición, sostiene que la acción se ha deducido a pocos días de firmado el finiquito y dentro de los treinta días desde que se comunicó la medida disciplinaria de destitución.

Solicita que, acogiéndose el recurso, con costas, se disponga el cese de la actividad ilegal y arbitraria, dejando sin efecto la medida disciplinaria de despido y ordenando la reincorporación de la recurrente a sus funciones.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Guillermo Caro Molina, abogado y Director Jurídico, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, solicitando su rechazo, con costas.

Como cuestión previa, precisa que su representada es una corporación de derecho privado que administra y opera establecimientos municipalizados de educación, salud y atención de menores de la comuna de Puente Alto, financiada principalmente con fondos públicos provenientes del gobierno central y local, y que quienes trabajan en ella cumplen una función pública.

En cuanto a los hechos, detalla que el 22 de mayo de 2025 se recibió un correo electrónico de la Oficina General de Partes de la Contraloría General de la República, al que se adjuntó un oficio con la nómina de personas con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica. En ese listado figuraban funcionarios que, gozando de licencias médicas, habrían salido del país entre los años 2023 y 2024, de acuerdo con registros de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que por Resolución N°467/2025 de 23 de mayo de 2025 se instruyó una investigación interna para indagar los hechos denunciados, designándose como fiscal a nombre reservado, y que dicho procedimiento fue resuelto por la Secretaría General de la Corporación mediante Resolución N°1036/2025 de 10 de octubre de 2025, que ordenó el término de la relación laboral de la recurrente por falta de probidad. Añade que la afectada dedujo recurso de reposición en contra de dicha resolución, el que fue rechazado.

Sostiene que la investigación cumplió con todos los requisitos del debido proceso, pues se escuchó a la recurrente, se tomaron sus declaraciones, se recibieron medios de prueba, se le formularon cargos, los que no contestó, y se le notificó la resolución que resolvió la investigación, deduciendo ella misma reposición en tiempo y forma.

En cuanto a la admisibilidad, alega la extemporaneidad de la acción, pues la resolución que ordenó el término de la relación laboral se dictó el 10 de octubre de 2025 y fue notificada por correo electrónico ese mismo día, en tanto el recurso de protección se presentó el 22 de diciembre siguiente, habiendo transcurrido más de 30 días.

Agrega que la recurrente pretende atacar por la vía constitucional la comunicación del término de la relación laboral, en circunstancias que el medio idóneo es la acción del artículo 168 del Código del Trabajo, en el evento de estimar injustificado su despido, el que en concepto de esa parte se ajusta a derecho. De lo anterior deriva que la acción constitucional carece de oportunidad.

Añade que no puede calificarse de arbitrario el ejercicio por el empleador de las prerrogativas emanadas de su poder de dirección, especialmente cuando la investigación se generó por instrucción de la Contraloría General de la República.

En cuanto al fondo, señala que se puso término a la relación laboral con la recurrente por falta grave a la probidad. Sostiene que el uso del tiempo de licencia médica remunerada con recursos públicos para fines ajenos al restablecimiento de la salud constituye una conducta que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa contemplado en los artículos 52 de la Ley N°18.575 y 58 letra g) y 123 de la Ley N°18.883, generando descrédito institucional y quebrantando la confianza pública.

Cita al efecto la Ley N°20.880 y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, conforme a los cuales el principio de probidad resulta aplicable a quienes laboran en las corporaciones municipales, prescindiendo de la calidad jurídica de quien ejerce la función y de la naturaleza de la entidad en que se desarrolle.

Reproduce lo resuelto en la investigación, en cuanto se aceptó la proposición del investigador interno contenida en la Resolución N°2 de 3 de octubre de 2025, estableciéndose que la recurrente cometió una falta grave a la probidad al haber desnaturalizado la licencia médica N°3, folio 085227672-K, concedida el 19 de abril de 2023 por 13 días, con reposo entre el 20 de abril y el 3 de mayo de 2023, otorgada por enfermedad común, con la característica de reposo laboral total y con indicación de su domicilio como lugar de reposo, en circunstancias que viajó al extranjero, específicamente a Brasil. En consecuencia, se aplicó la medida disciplinaria de destitución, traducida en la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo. Explica que la recurrente fue notificada de la resolución que resolvió la investigación el 10 de octubre de 2025 y que dedujo reposición, la que fue rechazada.

Respecto de la alegación de desproporción de la sanción, señala que la propia licencia médica acompañada fija expresamente como lugar de reposo el domicilio de la trabajadora, de modo que el viaje al extranjero durante ese periodo constituye una infracción al principio de probidad administrativa, habiéndose aplicado la medida considerando la gravedad de los hechos y el deber de observar rectitud y honradez en el ejercicio de la función pública.

En cuanto a la invocación del artículo 19 N°3 de la Constitución, afirma que la decisión sancionatoria se basó en hechos comprobados y con respeto de todas las garantías del debido proceso, acreditándose mediante la Resolución N°214 del Subprefecto Jefe (S) del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán que la funcionaria salió del país el 21 de abril de 2023 durante su licencia médica.

Respecto de la alegación de incompetencia, fundada en que la calificación del cumplimiento de una licencia médica correspondería exclusivamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sostiene que si bien dicho organismo es la autoridad competente para resolver sobre la validez médica de una licencia, ello no obsta a que la Corporación, en su calidad de empleadora, ejerza sus facultades disciplinarias para determinar si la conducta desplegada constituye una infracción al principio de probidad administrativa.

Precisa que la recurrente se encuentra sujeta al régimen laboral del Código del Trabajo, por lo que el artículo 121 del Estatuto Administrativo que aquella invoca no le resulta aplicable.

Agrega que la Excelentísima Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que el control que se ejerce por esta vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un procedimiento disciplinario, como lo es la proporcionalidad de la sanción aplicada, sin perjuicio de que el control judicial abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación. Concluye que su representada no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, según se denuncia en la acción constitucional intentada, la recurrente califica de arbitraria e ilegal la dictación de la Resolución Exenta N°1036, de 10 de octubre de 2025, que aplicó la medida de destitución, disponiéndose la terminación del contrato de trabajo de la recurrente conforme al artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo.

Quinto: Que, en forma previa al examen de las alegaciones de fondo, corresponde hacerse cargo de la extemporaneidad opuesta por la recurrida, quien sostiene que el plazo de 30 días corridos que establece el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales debe computarse desde el 10 de octubre de 2025, fecha de la Resolución N°1036/2025 y de su notificación por correo electrónico.

Dicha alegación será desestimada. En efecto, la propia recurrida da cuenta de que en contra de la referida resolución la recurrente dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado mediante la Resolución N°1188/2025 de 18 de noviembre de 2025, sin que se haya informado la fecha en que esta última fue notificada. A ello se suma que el acto que en definitiva produjo la privación que se reclama, esto es, el término efectivo del vínculo laboral, se materializó el 21 de noviembre de 2025, con la notificación de la carta de término de contrato. Así, computado el término desde esa fecha, la acción fue deducida dentro de plazo, correspondiendo emitir pronunciamiento sobre lo demás alegado.

Sexto: Que el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular y, por su parte, el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Séptimo: Que del mérito de los antecedentes que se han tenido a la vista, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción de destitución, consistió en hacer uso indebido de una licencia médica otorgada para fines particulares. En efecto, la recurrente viajó fuera del territorio nacional, durante el tiempo que gozaba de licencia médica, conducta que resulta ajena a la finalidad de esta, que permite no sólo obtener días de descanso, sino que además, beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de forma regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, lo que permite configurar una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la aplicación de la medida de destitución por la autoridad municipal, se realizó actuando dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general.

De esta forma, la alegación de falta de tipicidad de la parte recurrente pierde sustento, por cuanto pese a que el pronunciamiento efectuado por la Superintendencia de Seguridad Social en el mes mayo de 2025, precisando criterios sobre viajes al extranjero, fue posterior a los hechos que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el disvalor que se sanciona encuentra su reconocimiento en normas anteriores y de superior jerarquía, como lo son la Constitución Política de la República y leyes especiales, de modo que la autoridad no ha infringido los principios de legalidad, reserva legal ni tipicidad al calificar la conducta de la funcionaria como una infracción grave al principio de probidad administrativa y, en razón de ello, aplicar la sanción que le permite la legislación vigente.

En relación a esto último cabe consignar, para los efectos de desestimar la alegación de falta de proporcionalidad del castigo aplicado y de aplicación automática de la sanción más grave prevista por el ordenamiento jurídico para un funcionario público, que el legislador ha establecido de manera expresa que, asentada la existencia de una infracción grave al principio de probidad administrativa, la autoridad respectiva se encuentra obligada a imponer como sanción la destitución del servidor público involucrado, constatación de la cual se deduce que no concurren en la especie los vicios alegados en esta parte.

Octavo: Que, además, la sanción cuestionada fue adoptada en un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas legales que resultan aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente, sin que se advierta, ilegalidad o arbitrariedad durante la tramitación del procedimiento sancionatorio que amerite acoger la acción constitucional, en los términos que pretende la recurrente. En cuanto a la afectación del debido proceso, cabe precisar que pudo ejercer todas las actuaciones y recursos que la ley franquea, y acceder a esta de haberlo querido, a saber, posibilidad de evacuar descargos, rendir prueba a su favor, impugnar la decisión y de ser escuchada ante las instancias correspondientes.

Noveno: Que, por último, se debe tener presente que la vía cautelar de protección no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo, por lo que no resulta procedente que en esta instancia jurisdiccional se revise la valoración de la prueba, la ponderación de la decisión propuesta por el funcionario a cargo de la investigación ni la medida finalmente adoptada si, efectuado el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración, no aparece vicio de ilegalidad o falta de razonabilidad de la actuación (causas Rol N° 18.823-2019, N° 97.284-2020, N° 150.201-2020, N° 135.620-2022 y N° 137.862-2022, Rol Nº 54.911- 2025, Excma. Corte Suprema, entre otras).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4935-2025 Protección.