nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

San Miguel, a diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 13: No ha lugar.

Al escrito folio 14: Téngase presente, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensión Planvital S.A., representada legalmente por doña nombre reservado, por el acto arbitrario consistente en la negativa a entregar sus fondos previsionales, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N° 20 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó una solicitud en línea el 15 de octubre del presente año para el retiro de sus fondos desde la recurrida. Sin embargo, la administradora rechazó ingresar la solicitud, argumentando que no era posible verificar mediante el código QR la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debido a que la página web del instituto no se encontraba operativa.

Indica que en su solicitud no pudo adjuntar la constancia de afiliación al IVSS que exige la Superintendencia de AFP, ya que este documento solo puede obtenerse a través de la Embajada de Venezuela en Chile, actualmente cerrada por motivos políticos. En su lugar, acompañó la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, un documento verificable en el portal oficial del instituto, según consta en su parte inferior.

Agrega que a pesar de lo anterior, la recurrida rechazó el documento presentado, señalando que no se puede admitir por la falta de operatividad de la página web destinada para este propósito. Esto, a pesar de que la constancia electrónica cumple con el requisito legal de demostrar afiliación a un sistema de previsión social extranjero, conforme a la ley 18.156 y la circular N°533 de la Superintendencia de AFP.

Argumenta que la negativa de la AFP constituye una vulneración de sus derechos fundamentales, debido a que el cierre de la embajada venezolana, un hecho público y notorio, impide acceder al documento exigido. La constancia presentada cuenta con la legalización correspondiente y permite verificar su afiliación al sistema venezolano de previsión social.

Solicita que se validen los documentos entregados, ya que su rechazo lo deja en una posición de indefensión jurídica, vulnerando su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta de AFP.

Pide que se ordene que la recurrida tenga como válida la Constancia de Afiliación del I.V.S.S. presentada y que le haga entrega de la totalidad de sus fondos previsionales, teniendo en consideración la grave crisis política, económica, social y la vulneración de los derechos humanos que existe en su país de origen.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando su rechazo, con costas.

En primer término indica que el recurso interpuesto no es procedente, ya que la acción constitucional no constituye la vía adecuada para resolver el conflicto, dado que no existe un derecho indubitado. Afirma que en este caso es necesario un procedimiento declarativo ante un tribunal competente, que permita a las partes presentar pruebas y antecedentes para determinar la procedencia del beneficio previsional solicitado. Asimismo, corresponde a la Superintendencia de Pensiones resolver en primera instancia los conflictos entre afiliados y administradoras de fondos de pensiones.

Enseguida, sobre el caso concreto, explica que el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N°18.156, la cual fue rechazada. Esto se debió a que el anexo de contrato de trabajo proporcionado por el recurrente indicaba que el trabajador cotizaría en el régimen previsional chileno, y además no acreditó cumplir con los requisitos copulativos establecidos por la ley, entre ellos: ser técnico o profesional extranjero, estar afiliado a un sistema previsional fuera de Chile con una certificación válida y haber expresado su voluntad de mantener esa afiliación en el contrato.

Expone que la normativa, contenida en la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que para solicitar la devolución de fondos previsionales es necesario presentar documentación que cumpla con formalidades específicas. La administradora rechazó la solicitud del recurrente tras constatar que no cumplía con dichos requisitos. Este rechazo no fue arbitrario ni ilegal, sino fundado en las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Añade que la ley establece un procedimiento claro para estas solicitudes, que incluye la presentación de un formulario y los documentos requeridos, los cuales son revisados por la Fiscalía de la administradora. En este caso, el rechazo fue motivado por la falta de documentación suficiente y verificable. Además, refiere que este rechazo es subsanable, permitiendo al afiliado ingresar una nueva solicitud con la documentación adecuada.

Señala que la devolución de fondos previsionales es un régimen excepcional que altera la regla general del sistema previsional chileno. Por tanto, las disposiciones de la Ley N°18.156 deben interpretarse de manera restrictiva.

Finalmente afirma que la administradora actuó conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, la cual reitera que se deben cumplir todos los requisitos copulativos para autorizar una solicitud de este tipo, incluyendo la presentación de documentación debidamente legalizada. Así, el rechazo se ajusta a estas normativas y puede ser corregido mediante la presentación de una nueva solicitud que cumpla con las observaciones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, sobre el particular, es preciso traer a colación la regulación esencial y pertinente, que se encuentra en el Decreto Ley N°3.500, cuyo artículo 17 el impone a “los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres”, la obligación de “cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”. Luego, su artículo 34 indica que “los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones ser inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estar destinados s lo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”. Finalmente, el artículo 61 expresa que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión”.

Quinto: Que dicha regulación permite afirmar que el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley y para las contingencias sociales descritas en ella.

Sexto: Que, por su parte y de forma excepcional, el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Asimismo, en el artículo 7 se indica que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley “.

Séptimo: Que, como se aprecia, la devolución de cotizaciones que faculta el artículo 7 está sujeta al cumplimiento de los presupuestos descritos en el artículo 1 y, sobre el particular, mientras el recurrente sostiene cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, el recurrido lo niega.

Octavo: Que, en efecto, la sola circunstancia de que el recurrente exhiba una constancia de afiliación al instituto venezolano de los seguros sociales y, que a su vez, se encuentre cotizando en Chile, como surge de la cláusula 15 letra b) de su contrato de trabajo, no permite tener por acreditado el cumplimiento de la normativa transcrita, en particular, su voluntad de permanecer afiliado al régimen previsional en el extranjero y que sea éste, el que le otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensión Planvital S.A.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°4929-2024 Protección.