nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

San Miguel, dos de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 20 y 21: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, Cristián Alejandro Zenteno Cereceda, abogado en favor de nombre reservado, chilena, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la no renovación de su contratación para el año 2026, comunicada verbalmente el 19 de noviembre de 2025, acto que estima vulnera las garantías reconocidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a prestar servicios para la recurrida el 9 de marzo de 2020, como educadora de párvulos, siendo su última destinación el CESFAM Maipo, materializándose su contratación mediante continuos y sucesivos contratos a honorario, a plazo fijo por regla general de 2, 3 o 6 meses cada uno, regidos por la Ley N°19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, lo que importó un número importante de renovaciones sucesivas. Agrega que cumplía una jornada de 44 horas semanales, que fue siempre bien evaluada y felicitada por su desempeño, y que la decisión de no renovación se adoptó sin evaluación previa ni fundamento alguno.

En cuanto al derecho, alega que se verificó en la especie la confianza legítima de que su contratación se renovaría y se transformaría en indefinida, invocando los dictámenes de la Contraloría General de la República N°22.766 y N°53.844, ambos de 2016, este último que haría aplicable dicho criterio a las contrataciones a plazo fijo regidas por la Ley N°19.378, sosteniendo que concurren los requisitos exigidos por esa jurisprudencia administrativa, esto es, al menos dos renovaciones y la inexistencia de un acto administrativo que explicite los fundamentos de la decisión de no renovar.

Asimismo, denuncia la falta de fundamento de la decisión, señalando que el artículo 11 de la Ley N°19.880, aplicable por remisión del artículo 4° de la Ley N°19.378, así como la jurisprudencia administrativa, exigen expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten los derechos de los particulares, lo que no se habría cumplido, pues la comunicación verbal carece de toda motivación.

Sostiene que las renovaciones sucesivas del contrato a plazo fijo lo transforman en uno de duración indefinida, por aplicación supletoria del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, citando en su apoyo la sentencia jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema conforme a la cual, superado el plazo máximo de un año del artículo 14 inciso segundo de la Ley N°19.378, debe aplicarse la norma laboral que produce dicha transformación.

Añade que durante el desempeño de sus funciones fue objeto de graves actos de acoso laboral por parte de sus superiores jerárquicos, oportunamente denunciados ante la Contraloría General de la República, lo que vulnera su integridad física y síquica.

Concluye que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la integridad síquica del artículo 19 N°1, atendida la inseguridad que se le ha provocado y la afectación a su proyecto de vida; a la igualdad ante la ley del N°2, en relación con otros trabajadores a quienes se habría renovado el vínculo; y el derecho de propiedad del N°24, sobre las remuneraciones derivadas del contrato que estima transformado en indefinido.

Solicita que se deje sin efecto la no renovación, se ordene su reincorporación en carácter indefinido y el pago de las remuneraciones no percibidas hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que, informa al tenor del recurso el abogado Santiago Cole Osses, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que la recurrente prestó servicios bajo contratos a plazo fijo regidos por el artículo 14 de la Ley N°19.378, y que nunca tuvo un contrato de carácter indefinido, por cuanto no ingresó previo concurso público de antecedentes, única vía que dicha ley contempla para acceder a la contratación indefinida y a la carrera funcionaria, conforme a sus artículos 14, 31 y 32.

Señala que el término del vínculo se ajustó a la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, esto es, el vencimiento del plazo del contrato, y que la pretensión de la recurrente importaría transformar su contrato a plazo en uno indefinido, lo que resulta improcedente. Agrega que la Ley N°21.308, llamada “ley de alivio”, contempló de modo excepcional el paso a la calidad indefinida mediante concurso interno, cumpliendo ciertos requisitos, lo que confirma que esa transformación no opera de pleno derecho.

Sostiene que el principio de confianza legítima dice relación con los funcionarios a contrata y no con los contratados a plazo fijo, de naturaleza distinta, y que el dictamen N°53.844, de 2016, invocado por la recurrente, en realidad validó el cese del vínculo por el vencimiento del plazo conforme al artículo 48 letra c) citado, sin formular observaciones.

Afirma que la causal de vencimiento del plazo no requiere fundamentación, que la recurrente fue notificada personalmente por carta de término de contrato el 20 de noviembre de 2025, y no verbalmente el 19 de noviembre como se alega, y que no resulta aplicable la exigencia de motivación del artículo 11 de la Ley N°19.880, propia de la modalidad a contrata.

Invoca la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema conforme a la cual la reiteración de contratos a plazo fijo en la atención primaria de salud no transforma el vínculo en indefinido.

Afirma que no se han vulnerado las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución por la no renovación de un contrato a plazo fijo.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Cuarto: Que, la parte recurrente funda la acción cautelar en el hecho de habérsele comunicado el término de su vínculo con la recurrida, regido por la Ley N°19.378, argumentando que dicha decisión carece de fundamento, que le asiste la confianza legítima de mantenerse en sus funciones y que las sucesivas renovaciones de sus contratos a plazo fijo habrían transformado el vínculo en uno de carácter indefinido.

Quinto: Que, cabe considerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N°19.378, aplicable en la especie, en atención a lo previsto en el artículo 3° de dicha ley, por haber desempeñado la recurrente sus funciones en establecimientos municipales de atención primaria de salud. La primera norma citada dispone que el personal de dichas instituciones puede ser contratado a plazo fijo o indefinido, y agrega que, para los efectos de esa ley, son funcionarios con contrato indefinido los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con sus normas. A su turno, el artículo 48 letra c) del mismo cuerpo legal señala que los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella, entre otras causales, por el vencimiento del plazo del contrato.

Sexto: Que, conforme a lo anterior, la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y el término de su vínculo con la recurrida se ajustó a la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, esto es, el vencimiento del plazo del contrato. La pretensión de que las sucesivas renovaciones a plazo fijo transformen el vínculo en uno de carácter indefinido importaría, en la práctica, acceder a dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para ello, en particular el concurso público de antecedentes exigido por los artículos 14 y 32 de la misma ley, lo que resulta improcedente. En este sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, al sostener que la contratación a plazo fijo en la atención primaria de salud municipal no tiene la aptitud de conducir al funcionario a la carrera funcionaria ni a la estabilidad en el empleo, por ser el concurso público la única vía prevista al efecto (Rol CS N°55.087-2024).

Séptimo: Que, tampoco resulta atendible la alegación fundada en el principio de confianza legítima, desarrollado por la jurisprudencia administrativa a propósito de los empleados a contrata, cuya naturaleza difiere de la contratación a plazo fijo regida por la Ley N°19.378. A ello cabe agregar que la causal de cesación aplicada se encuentra expresamente contemplada en la ley, de modo que su aplicación, ajustada al estatuto que rige la relación, no puede estimarse contraria a una expectativa legítima ni constitutiva de un cambio sorpresivo de conducta de la Administración.

Octavo: Que, además, la causal legal invocada no requiere de una fundamentación especial por parte de la recurrida, sino únicamente la ocurrencia del vencimiento del plazo convenido, sin que la exigencia de motivación propia de otras modalidades de vinculación resulte trasladable a la especie. De este modo, el hecho que motiva la interposición de la acción no constituye una actuación arbitraria ni ilegal, presupuesto indispensable de la acción de protección.

Noveno: Que, en lo relativo a los actos de acoso laboral denunciados y a la afectación de la integridad síquica que de ellos se haría derivar, su calificación no corresponde a esta sede cautelar, toda vez que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello, mediante las correspondientes acciones de lato conocimiento, entre ellas la acción de tutela laboral.

Décimo: Que, descartada la ilegalidad y la arbitrariedad del acto recurrido, resulta innecesario entrar a analizar y pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales a que se alude en el recurso.

Undécimo: Que, por las razones antes expresadas el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4917-2025 Protección.