nombre reservado con CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO

San Miguel, dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 12: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que Omar Ariel Astorga Báez, abogado, en favor de nombre reservado, profesora de educación general básica, interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, representada por su Secretario General, nombre reservado, por la actuación que considera arbitraria e ilegal, consistente en la dictación de la Resolución N°1037/2025, de 10 de octubre de 2025, que dispuso la destitución de su representada por falta grave a la probidad, y la Resolución N°1187/2025, de 18 de noviembre de 2025, que rechazó la reposición deducida y confirmó la sanción, actos que estima vulneratorios de las garantías de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada hizo uso de la Licencia Médica N°3, RUT reservado, extendida el 23 de octubre de 2023 por la facultativa nombre reservado por enfermedad común –un episodio depresivo leve–, con reposo laboral total por treinta días, entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre de 2023, con lugar de reposo en su domicilio. Añade que, encontrándose con dicha licencia vigente, viajó a la República Argentina entre el 5 y el 15 de noviembre de 2023. Precisa que el viaje constituía un regalo de su hijo, adquirido con anterioridad a la licencia, y que lo emprendió siguiendo, en lo sustancial, la finalidad terapéutica del reposo prescrito para una patología de naturaleza psiquiátrica.

Relata que, a partir del Oficio N°E8280/2025, de 22 de mayo de 2025, en que la Contraloría General de la República remitió una nómina con funcionarios con permanencia en el extranjero mientras hacía uso de licencia médica entre los años 2023 y 2024, la recurrida instruyó investigación sumaria por Resolución N°468/2025, de 23 de mayo de 2025, la que concluyó con la Resolución N°1037/2025, que aplicó la medida de destitución conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, y que, deducida reposición, ésta fue rechazada por Resolución N°1187/2025.

En cuanto al plazo, sostiene que la interposición de la reposición interrumpió el término para deducir la acción jurisdiccional, conforme al inciso segundo del artículo 54 de la Ley N°19.880, reiniciándose su cómputo desde la notificación del acto que la resolvió, esto es, desde el 18 de noviembre de 2025, de modo que el recurso resulta oportuno.

En cuanto a su trayectoria en la institución, señala que se desempeña como profesora de educación general básica con mención en matemáticas en el Colegio Andes del Sur, dependiente de la Corporación Municipal de Educación de Puente Alto. Detalla que desde el 1 de marzo de 2017 hasta la actualidad, no tiene anotaciones disciplinarias en su hoja de vida, manteniendo un excelente desempeño profesional.

Asevera que, de manera previa a la licencia médica de 23 de octubre de 2023, sufrió una serie de situaciones de salud, personales y profesionales que determinaron que en septiembre de 2023 fuera diagnosticada con trastornos del sueño, lo que culminó en que el 23 de octubre de 2023 padeció una crisis, siendo atendida por la doctora que finalmente le otorgó licencia médica diagnosticándole depresión leve. Luego, el 30 de octubre de 2023 fue diagnosticada con trastorno de adaptación.

Señala que, al momento de otorgársele la licencia médica, el viaje ya estaba agendado y tomó esa oportunidad como una terapia para desconectase.

En lo sustantivo, alega, en primer término, que la confirmación de la destitución por Resolución N°1187/2025, de 18 de noviembre de 2025, se dictó dentro del período en que, conforme a los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336 y a las instrucciones del Oficio N°E64479/2025 de la Contraloría General, no podían decretarse ni aplicarse medidas disciplinarias expulsivas sin sumario instruido por dicho Órgano Contralor, lo que no ocurrió en la especie.

Asimismo, denuncia que el procedimiento administrativo no ponderó adecuadamente la proporcionalidad de la sanción ni analizó las circunstancias personales excepcionales del caso, limitándose a aplicar la sanción de destitución en la totalidad de los casos sin realizar un análisis pormenorizado de las situaciones específicas.

Aduce vulneración del principio de legalidad y tipicidad, pues al tiempo de los hechos regía la Circular SUSESO N°3427 de 2019 que, tratándose de licencias por patologías psiquiátricas estimaba conveniente que el trabajador realizara actividades recreativas y no contemplaba prohibición de viajar al extranjero, prohibición introducida sólo por el Dictamen SUSESO N°127271 de 2025, posterior a los hechos, lo que evidenciaría un período de oscuridad normativa reconocido por la jurisprudencia.

Sostiene la ausencia de los elementos constitutivos de la falta de probidad, por cuanto no hubo deshonestidad, fraude, simulación de enfermedad ni dolo: la licencia respondió a una dolencia real y debidamente diagnosticada, y el viaje se hallaba pactado con antelación, sin que se acreditara perjuicio al servicio ni aprovechamiento del cargo. Agrega que la recurrida confunde el incumplimiento del reposo con la falta de probidad, e incurre en un concepto arbitrario de “desnaturalización” de la licencia que conduciría a un verdadero arraigo domiciliario del trabajador enfermo.

Añade que la comprobación de los hechos ha sido insuficiente y defectuosa, precisando que la investigación sumaria se sustentó únicamente en dos elementos probatorios: el cruce de datos administrativos efectuado por la Contraloría General de la República, que detectó discrepancias entre los registros de licencia médica y los registros de movimientos migratorios, y la declaración prestada por la recurrente en el curso del procedimiento investigativo. Estima que ello es insuficiente para dar por acreditada la existencia de dolo, intención fraudulenta, ni aprovechamiento indebido del cargo.

A su turno, sostiene que en la especie se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, afirmando que al aplicar el test de proporcionalidad respectivo (juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), la sanción resulta desmedida e implica la pérdida de trabajo, afectación a su subsistencia, destrucción de la carrera profesional de la actora, inhabilitación por 5 años para trabajar en la Administración del Estado, estigmatización profesional, afectación a su dignidad y daño emocional.

Finalmente, invoca vulneración del principio non bis in idem, pues los mismos hechos ya fueron sancionados por la COMPIN mediante el rechazo de la licencia y la consiguiente obligación de reembolso de las remuneraciones, descuento que ya se materializó.

Solicita, en definitiva, que se acoja la acción, se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas, se disponga la reincorporación de la recurrente y el pago de las remuneraciones no percibidas o, en subsidio, la aplicación de una sanción proporcional, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Guillermo Caro Molina, abogado y director Jurídico de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Hace presente que su representada es una corporación de derecho privado que administra establecimientos municipalizados, financiada con fondos públicos, cuyos trabajadores cumplen una función pública.

Expone que la investigación se originó a raíz del Oficio N°E82804/2025 de la Contraloría General, que adjuntó la nómina de funcionarios con salidas al extranjero durante el uso de licencias médicas entre 2023 y 2024, instruyéndose por ello el sumario que culminó en la destitución de la recurrente por falta de probidad.

Añade que se instruyó investigación interna por Resolución N°468/2025, de 23 de mayo de 2025, para investigar los hechos denunciados por Contraloría General de la República, designándose como fiscal al Sr. nombre reservado.

Detalla que el sumario administrativo fue resuelto por la Secretaría General de Corporación Municipal, por resolución N°1037/2025, de 10 de octubre de 2025, que ordenó el término de la relación laboral de la recurrente, por falta a la probidad. Refiere que la actora presentó un recurso de reposición en contra de lo resuelto, el que fue rechazado.

Afirma que el sumario administrativo cumplió con todos los requisitos del debido proceso, ya que se escuchó a la recurrente, se recibieron medios de pruebas, se le formuló cargo, se evacuaron los descargos y se le notificó lo resuelto.

En cuanto a la admisibilidad, alega que el recurso es extemporáneo, pues la Resolución N°1037/2025 fue datada y notificada el 10 de octubre de 2025 y la acción se dedujo el 18 de diciembre de 2025. Asimismo, sostiene que la vía idónea para impugnar el término de la relación laboral es la acción del artículo 168 del Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, argumenta que acto no transgredió garantía constitucional alguna, desde que el empleador ejerció sus facultades disciplinarias en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría.

En lo de fondo, sostiene que el uso del tiempo de licencia médica remunerada con recursos públicos para fines ajenos al restablecimiento de la salud –como un viaje al extranjero– vulnera gravemente el principio de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución y desarrollado en las Leyes N°18.575, N°18.883 y N°20.880, principio que la jurisprudencia de la Contraloría General y de la Dirección del Trabajo ha hecho aplicable, por primacía de la realidad, a los trabajadores de las corporaciones municipales. Afirma que el procedimiento respetó el debido proceso, que se ponderaron los descargos y antecedentes acompañados, que no concurren atenuantes y que la sanción es proporcional, no correspondiendo a esta vía revisar el mérito de la decisión disciplinaria.

Solicita, por todo ello, el rechazo de la acción, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con la dictación de la Resolución N°1037/2025, de 10 de octubre de 2025, que dispuso la destitución de la recurrente por falta grave a la probidad, y la Resolución N°1187/2025, de 18 de noviembre de 2025, que rechazó la reposición deducida y confirmó dicha sanción.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, ha de tenerse presente que la recurrente dedujo en sede administrativa recurso de reposición contra la Resolución N°1037/2025, el que fue resuelto por la Resolución N°1187/2025, notificada el 18 de noviembre de 2025. Conforme al inciso segundo del artículo 54 de la Ley N°19.880, planteada la reclamación administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el que vuelve a contarse desde la notificación del acto que la resuelve. De este modo, el término de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado de la materia comenzó a correr el 18 de noviembre de 2025, encontrándose el recurso –deducido el 18 de diciembre de 2025– interpuesto dentro de plazo, lo que conduce a desestimar la objeción de admisibilidad.

Sexto: Que tampoco resulta atendible la alegación de improcedencia de la destitución en razón de la elección presidencial del año recién pasado, considerando que el artículo 156 de la Ley N°10.336 permite su aplicación en el caso de que el sumario se haya instruido previo decreto de la Contraloría General de la República y en virtud de las causales contempladas por el Estatuto Administrativo, supuestos ambos que concurren en el caso en examen.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción fue hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje al extranjero, lo que genera afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la recurrida al aplicar la medida de destitución, actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general, teniendo especialmente presente que el artículo 8 de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionaros públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo.

En efecto, en ninguna instancia la recurrida cuestionó la validez o extensión de la licencia, sino que lo que realizó fue investigar la conducta disciplinaria de la recurrente y determinó que comprometía la probidad funcionaria, lo que generó su responsabilidad.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, consta de los antecedentes que el procedimiento disciplinario fue substanciado con respeto a las normas del debido proceso, asegurando el derecho a defensa, ya que la recurrente fue oída al prestar declaración y se le permitió presentar descargos, además de recursos respecto de las decisiones adoptadas, por lo que no se observa en esa tramitación alguna ilegalidad.

Noveno: Que, de igual forma, la Corte Suprema ha sostenido en su jurisprudencia reiterada que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada a la recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas de la Excma. Corte Suprema roles N°18.823-2019, N°97.284-2020, N°150.201-2020, N°135.620-2022 y N°137.862-2022, entre otras).

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4909-2025 Protección