nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO

San Miguel, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña María Jesús Miras Núñez, abogada, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, por estimar que el acto consistente en la dictación de la Resolución N°993/2025, de 8 de octubre de 2025, que dispuso su destitución, y la posterior Resolución N°1182/2025, de 18 de noviembre de 2025, que rechazó su reposición por extemporánea, resultan ilegales y arbitrarios.

Expone que su representada se desempeñaba como docente desde el año 2017 en un establecimiento educacional dependiente de la recurrida, registrando una trayectoria intachable, sin sanciones previas y con evaluaciones satisfactorias. Señala que se instruyó un sumario administrativo en su contra por haber hecho uso de una licencia médica mientras salió del país por motivos personales, hecho que reconoce, pero cuya relevancia jurídica controvierte.

Sostiene que el procedimiento disciplinario adoleció de graves vicios, especialmente en lo relativo a la notificación de la resolución que puso término al sumario, ya que su representada habría sido indebidamente notificada por carta certificada sin haberse intentado previamente la notificación personal conforme lo dispone la normativa aplicable, lo que determinó que su recurso de reposición fuese erróneamente declarado extemporáneo, vulnerando con ello su derecho a defensa y al debido proceso.

Alega además que la recurrida aplicó indebidamente normas propias del derecho administrativo, tratándola como funcionaria pública, en circunstancias que su vínculo laboral es de naturaleza privada, sujeto al Estatuto Docente y supletoriamente al Código del Trabajo, por lo que la sanción aplicada carecería de fundamento jurídico suficiente.

Agrega que la medida disciplinaria adoptada resulta desproporcionada, al no haberse ponderado circunstancias atenuantes como su irreprochable conducta anterior, la ausencia de perjuicio efectivo al servicio y el hecho de que la relación laboral se encontraba suspendida durante el período de licencia médica. En tal sentido, estima que la sanción de destitución constituye un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria.

Finalmente, denuncia la vulneración de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la medida de destitución, se ordene su reincorporación y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, o en subsidio, la aplicación de una sanción proporcional.

Segundo: Que, al informar la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, solicita el rechazo del recurso, con costas, señalando que la institución es una corporación de derecho privado que administra servicios públicos municipales y que sus trabajadores, si bien no revisten formalmente la calidad de funcionarios públicos, cumplen una función pública, encontrándose sujetos al principio de probidad en el ejercicio de sus labores.

Expone que el sumario administrativo se inició a raíz de antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República, en los cuales se daba cuenta de que diversos funcionarios habrían salido del país mientras hacían uso de licencias médicas, lo que motivó la instrucción de la investigación correspondiente.

Indica que durante el procedimiento se respetaron plenamente las garantías del debido proceso, otorgándose a la recurrente la posibilidad de prestar declaración, formular descargos y aportar antecedentes, los cuales fueron debidamente ponderados por la autoridad administrativa.

Señala que se acreditó que la recurrente, estando en uso de licencia médica con indicación de reposo total, salió del territorio nacional por motivos personales, configurando con ello un uso indebido de dicho instrumento, lo que constituye una falta grave al principio de probidad, justificando la aplicación de la sanción de destitución conforme a la normativa vigente.

Asimismo, indica que el recurso de reposición fue deducido fuera de plazo, conforme al cómputo legal aplicable, razón por la cual fue correctamente declarado inadmisible.

Agrega que el recurso de protección resulta improcedente, por cuanto la recurrente pretende cuestionar aspectos de mérito del sumario administrativo y la proporcionalidad de la sanción aplicada, materias que deben ser conocidas en sede laboral mediante las acciones que el ordenamiento jurídico contempla, no siendo esta acción cautelar la vía idónea para tales efectos.

Finalmente, sostiene que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno y que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita el rechazo íntegro de la acción.

Tercero: Que la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio. En consecuencia, para que esta acción prospere, es necesario que concurran copulativamente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, la afectación de una garantía constitucional protegida y una relación de causalidad entre dicho acto y la vulneración denunciada, todo ello sin perjuicio de las demás acciones que el ordenamiento jurídico contempla para la resolución de controversias de lato conocimiento.

Cuarto: Que, en la especie, el acto impugnado consiste en la dictación de resoluciones mediante las cuales se dispuso la destitución de la recurrente en el marco de un procedimiento disciplinario instruido al efecto, así como la declaración de extemporaneidad de su recurso de reposición.

Quinto: Que de los antecedentes acompañados aparece que la recurrente participó en el procedimiento sumarial, prestando declaración, reconociendo haber salido del país durante el período en que se encontraba haciendo uso de licencia médica, formulando descargos y ejerciendo las impugnaciones administrativas que estimó pertinentes, de modo que no se advierte la existencia de una privación manifiesta de su derecho a defensa.

Sexto: Que las alegaciones de la recurrente relativas a la supuesta errónea determinación del plazo para interponer el recurso de reposición, así como aquellas que dicen relación con la normativa aplicable a su vínculo laboral, constituyen materias que suponen un análisis detallado de normas legales y de la apreciación de hechos controvertidos, cuestiones que exceden el ámbito propio de esta acción cautelar, destinada a restablecer de manera inmediata el imperio del derecho frente a vulneraciones evidentes.

Séptimo: Que, en efecto, la controversia planteada se vincula, en lo sustancial, con la calificación jurídica de los hechos investigados en el sumario, la determinación del régimen normativo aplicable y la proporcionalidad de la sanción impuesta, materias que corresponden a un examen de fondo propio de procedimientos de lato conocimiento, cuya resolución no resulta compatible con la naturaleza de la acción de protección.

Octavo: Que, por otra parte, no se encuentra controvertido que la recurrente salió del territorio nacional mientras hacía uso de una licencia médica con indicación de reposo total, circunstancia que fue debidamente establecida en el procedimiento administrativo respectivo.

Noveno: Que el uso de una licencia médica para fines diversos de aquellos para los cuales fue otorgada, como lo es la realización de un viaje al extranjero por motivos personales, importa una utilización indebida de dicho beneficio, afectando la finalidad del reposo prescrito, lo que constituye una conducta susceptible de ser sancionada en el ámbito disciplinario.

Décimo: Que, atendido lo anterior, no corresponde a esta Corte, por la vía del recurso de protección, revisar la ponderación efectuada por la autoridad administrativa respecto de la gravedad de los hechos y la sanción aplicada, desde que ello implicaría sustituir el criterio de dicha autoridad en materias que le son propias, lo que resulta improcedente en esta sede cautelar.

Undécimo: Que tampoco se advierte, en la especie, la existencia de un actuar arbitrario o ilegal manifiesto por parte de la recurrida, toda vez que el procedimiento disciplinario fue sustanciado conforme a las normas aplicables, con respeto a las instancias de defensa, sin que las eventuales discrepancias en la interpretación de dichas normas permitan configurar, por sí solas, una vulneración de garantías constitucionales susceptible de ser corregida mediante esta acción.

Duodécimo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el ejercicio de derechos fundamentales amparados por la acción de protección, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°4908-2025 Protección.