nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, venezolana, interpone recurso de protección en contra de AFP Habitat S.A., fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, decisión que le fue comunicada mediante correo electrónico de fecha 1 de diciembre de 2025.

Expone la recurrente que, en su calidad de trabajadora extranjera de nacionalidad venezolana, solicitó la restitución de sus fondos previsionales acompañando los antecedentes exigidos por la normativa, entre ellos contrato de trabajo, anexo contractual con cláusula de mantención de afiliación previsional extranjera, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada autorizada ante notario y su título profesional debidamente apostillado. Sostiene que, no obstante haber dado cumplimiento a los requisitos legales, la recurrida rechazó su solicitud fundándose en la falta de legalización o apostilla del certificado de afiliación y en la supuesta expiración de su vigencia, lo que —a su juicio— constituye una exigencia formal excesiva que desatiende el propósito de la Ley N°18.156, cual es permitir a los trabajadores extranjeros disponer de sus fondos previsionales cuando cuentan con cobertura en su país de origen. Añade que, en el caso concreto, existe una imposibilidad material y jurídica de obtener la legalización consular de los documentos provenientes de Venezuela, atendida la inexistencia de relaciones diplomáticas y consulares entre dicho país y Chile, lo que configura un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

En este contexto, argumenta que el certificado electrónico del IVSS acompañado permite verificar la afiliación mediante código en línea, otorgándole suficiente valor probatorio, por lo que la negativa de la AFP se fundaría en una interpretación arbitraria y formalista de la normativa. Concluye que dicha actuación vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de sus fondos previsionales mediante la imposición de requisitos no previstos expresamente por el legislador.

Segundo: Que, AFP Habitat S.A. solicita el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo, en primer término, la improcedencia de la acción de protección por cuanto ésta constituye una vía cautelar destinada a amparar derechos indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, circunstancias que —afirma— no concurren en la especie. Indica que la recurrente pretende, mediante esta acción, obtener el reconocimiento de un derecho que se encuentra sujeto al cumplimiento de requisitos legales específicos, cuya concurrencia no ha sido acreditada, cuestión que, de existir controversia, debe ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto a los hechos, señala que la recurrente presentó el 20 de noviembre de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera, acompañando diversa documentación, entre la cual se incluían certificados del IVSS y de la Embajada de Venezuela, los que fueron observados por encontrarse vencidos y carecer de legalización o apostilla. Precisa que, mediante informe legal interno de fecha 25 de noviembre de 2025, se determinó que no se cumplía el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento, mediante certificación válida, vigente y debidamente legalizada.

Sostiene que la Administradora se encuentra obligada a verificar el cumplimiento estricto de dichos requisitos conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dictado por la Superintendencia, no pudiendo sustituir la falta de acreditación mediante verificaciones alternativas, como la revisión de plataformas digitales extranjeras. Añade que la ley invocada tiene carácter excepcional, por lo que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo el cumplimiento copulativo de todos sus requisitos, y que la circunstancia alegada por la recurrente relativa a dificultades para obtener documentación no la exime de dicha carga.

Concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario, por cuanto la AFP se limitó a aplicar la normativa vigente, reconociendo en todo momento la titularidad de los fondos previsionales, pero negando su restitución por falta de cumplimiento de los presupuestos legales, razón por la cual el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que, en relación con el informe de la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo fiscalizador expone que el sistema previsional chileno se estructura sobre la base del principio de obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores que prestan servicios en el país, con independencia de su nacionalidad, constituyendo la Ley N°18.156 una normativa de carácter excepcional que permite, en determinados casos, la exención de cotizar o la devolución de fondos previsionales, siempre que se cumplan copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°. Precisa que, conforme a la normativa administrativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia uniforme de ese organismo, la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste de manera específica que el trabajador ha contado con cobertura efectiva en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

En el caso de autos, señala que la documentación acompañada por la recurrente no cumple con tales exigencias, por cuanto la constancia de afiliación al IVSS tenía una vigencia limitada que se encontraba expirada al momento de presentar la solicitud de devolución, y el certificado electrónico acompañado carece de firma, legalización o apostilla, además de no especificar la cobertura efectiva ni el período durante el cual ésta se habría otorgado. Agrega que, conforme a la Convención de La Haya sobre Apostilla y a las normas del Código de Procedimiento Civil, la legalización o apostilla constituye el mecanismo previsto para que documentos extranjeros produzcan efectos en Chile, no siendo posible prescindir de dicha exigencia. Asimismo, destaca que la cobertura previsional en el extranjero debe ser efectiva durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, requisito que no puede entenderse cumplido mediante documentos genéricos o insuficientes. Concluye que, atendido el carácter excepcional de la Ley N°18.156 y la falta de acreditación de sus requisitos en la forma exigida, la actuación de la AFP se ajusta a la normativa vigente y a la interpretación administrativa obligatoria de ese organismo, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad en el rechazo de la solicitud.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición de la actora -trabajadora extranjera- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 1 de diciembre de 2025, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por la actora al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por la parte recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°4900-2025 Protección