NUEVA SALESIANOS LIMITADA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO SUR

San Miguel, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Gabriel Alejandro Lara Parra, abogado, en representación de Nueva Salesianos Limitada, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, fundado en la omisión que califica de ilegal y arbitraria consistente en la dilación injustificada en la tramitación y conclusión de la investigación administrativa seguida bajo Ley N°21.643, expediente N°E238797/2025.

Expone que el 19 de agosto de 2025 la empresa recibió comunicación electrónica de la Dirección del Trabajo informándole de una denuncia interpuesta por la trabajadora nombre reservado en el marco de la Ley Karin, dirigida en contra de nombre reservado, Médico Veterinario de la empresa. Señala que, en esa misma oportunidad, la autoridad requirió la adopción inmediata de medidas de resguardo consistentes en la separación física entre las partes involucradas y la derivación de la denunciante a atención psicológica temprana, instrucciones que la empresa afirma haber cumplido de manera inmediata y de buena fe.

Añade que, conforme al artículo 211-C del Código del Trabajo y al artículo 17 del Decreto Supremo N°21, la investigación administrativa debía concluir en un plazo máximo de treinta días, término que venció el 25 de septiembre de 2025, sin que hasta la fecha se hubiese emitido informe, resolución ni pronunciamiento formal alguno sobre el fondo de la denuncia o sobre la mantención de las medidas de resguardo. Refiere asimismo que, al intentar obtener información del estado del procedimiento por la vía de transparencia, la Dirección del Trabajo respondió mediante Oficio Ordinario N°2000-68132/2025 que estaba impedida de entregar antecedentes por esa vía y que el titular debía concurrir presencialmente a la Inspección correspondiente, gestión que luego efectuó sin obtener tampoco información alguna, bajo invocación genérica del principio de confidencialidad.

Sostiene que esta omisión es ilegal y arbitraria, por contravenir abiertamente el plazo máximo y el principio de celeridad que rigen las investigaciones administrativas de la Ley N°21.643. Afirma que el legislador concibió este procedimiento como breve, reglado y sujeto a un término perentorio de treinta días precisamente porque de su resultado dependen medidas de resguardo y eventuales consecuencias laborales graves para todas las partes involucradas. Añade que la inactividad absoluta de la autoridad, unida a la negativa reiterada de entregar incluso información mínima sobre el estado del procedimiento, ha dejado al empleador en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, obligándolo a mantener indefinidamente una medida de separación física que afecta directamente su facultad de administración, organización y disciplina.

Refiere además que dicha dilación vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a desarrollar cualquier actividad económica lícita y al derecho de propiedad, pues la mantención indefinida de la separación de funciones del Médico Veterinario, quien realiza los procedimientos quirúrgicos y atenciones de mayor complejidad, constituyendo la principal fuente de ingresos del establecimiento, ha generado una merma económica relevante y sostenida, afectando el normal desenvolvimiento del negocio sin que exista resolución formal que lo justifique.

Solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión, se ordene a la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur cerrar y concluir formalmente la investigación dentro del plazo que esta Corte determine, que se disponga la notificación formal y oportuna a todas las partes involucradas del resultado de la investigación y de toda resolución o decisión que se adopte en su mérito, que se pronuncie expresamente sobre el resultado del procedimiento y sobre la mantención, modificación o término de las medidas de resguardo, y que se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Ángela Andrea Valenzuela Chávez, Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Sur (S), en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido por Nueva Salesianos Limitada, con costas.

Expone que la denuncia Ley Karin fue presentada presencialmente por la trabajadora nombre reservado el 14 de agosto de 2025, en contra de nombre reservado, médico veterinario de la empresa, por hechos que describió como hostigamiento, llamados de atención violentos, trato amenazante, humillaciones frente al público y afectación a su salud mental, todo ello en el contexto de su relación laboral.

Señala que el 19 de agosto de 2025 la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur dispuso como medidas de resguardo la separación de espacios físicos entre las partes involucradas y la derivación de la denunciante a atención psicológica temprana mediante el respectivo organismo administrador de la Ley N°16.744. Añade que posteriormente, mediante correo electrónico de 28 de agosto de 2025, los antecedentes de la denuncia fueron remitidos a la Unidad de Derechos Fundamentales de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, asignándose el proceso al fiscal laboral nombre reservado, encontrándose la investigación actualmente en curso.

Sostiene, en primer término, que el recurso de protección es improcedente, por cuanto ha sido utilizado como un sustituto procesal de las acciones y procedimientos administrativos ordinarios previstos en la Ley N°19.880. Afirma que la empresa recurrente no enfrenta una afectación real y efectiva de una garantía fundamental indubitada, sino que reclama de la supuesta demora en la investigación, cuestión que no constituye por sí sola un conflicto constitucional tutelable por esta vía cautelar. Añade que, conforme al principio de impugnabilidad del artículo 15 de la Ley N°19.880, los actos administrativos pueden ser impugnados mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, e incluso mediante solicitudes vinculadas al silencio administrativo, por lo que la sede constitucional no sería la vía idónea para discutir el asunto planteado. Sobre esa base, concluye que el arbitrio desnaturaliza la finalidad del recurso de protección y debiera ser rechazado sin necesidad de entrar al fondo.

En subsidio, niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario. Explica que la demora en la investigación se debe a circunstancias constitutivas de fuerza mayor derivadas del aumento exponencial de denuncias con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N°21.643, sin que dicha implementación haya ido acompañada de mayores recursos humanos o presupuestarios para el Servicio. Señala que la Dirección del Trabajo debió absorber una carga significativamente superior con la misma dotación, agravada además por licencias médicas del personal y por el hecho de que, a nivel nacional, sólo se contrataron veinte abogados de apoyo, uno de los cuales fue asignado a la Dirección Regional Metropolitana Oriente, donde además trabajan sólo siete fiscalizadores para atender esta demanda.

Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, los plazos que rigen las actuaciones de la Administración no son fatales, sino de ordenación interna, de manera que su vencimiento no impide que las actuaciones se practiquen con posterioridad, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse. Asimismo, afirma que el silencio administrativo positivo no resulta aplicable en este caso, dado el carácter fiscalizador de las funciones involucradas, y que, en todo evento, la empresa ni siquiera habría solicitado un pronunciamiento en tal sentido.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la empresa. Sostiene que no existe infracción a la igualdad ante la ley, pues la sobrecarga que explica la demora es generalizada y responde a una realidad estructural común a múltiples investigaciones, no a una discriminación singular en contra de la recurrente. Agrega que tampoco se ha afectado el derecho de propiedad ni la libertad de desarrollar actividad económica, toda vez que las medidas de resguardo decretadas son eminentemente transitorias y pueden ser modificadas si cambian las circunstancias que les dieron origen, previa solicitud del empleador, gestión que no fue formulada por la empresa en el procedimiento administrativo.

Tercero: Que, a folio 10, la parte recurrente puso en conocimiento un antecedente sobreviniente y relevante para la resolución del recurso, consistente en la notificación por parte de la Dirección del Trabajo, Dirección Regional Metropolitana Oriente, del Oficio Ordinario N°1360-6821-2026, de 30 de enero de 2026.

Expone que dicho oficio, emanado de la Fiscalía Laboral de la Dirección del Trabajo, informó la conclusión del procedimiento administrativo seguido bajo el expediente N°E238797/2025, originado en una denuncia por acoso y violencia en el trabajo de fecha 14 de agosto de 2025, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, por haberse verificado la existencia de un juicio pendiente fundado en los mismos hechos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, causa RIT O-1133-2025. Añade que, en el mismo acto, la autoridad administrativa señaló expresamente que no denunciaría judicialmente los hechos, atendida la existencia del referido proceso laboral en curso.

Indica que en el referido Oficio Ordinario N°1360-6821-2026 se dispuso el alzamiento de las medidas de resguardo que se mantenían vigentes, consistentes en la separación de los espacios físicos, la redistribución de la jornada y la provisión de atención psicológica temprana a la denunciante a través del organismo administrador de la Ley N°16.744. Señala además que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 211-D del Código del Trabajo, se instruyó a la empresa notificar el término del procedimiento y el alzamiento de dichas medidas a las personas denunciadas, quedando responsable de su recepción y notificación.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, conforme a los antecedentes de autos es posible advertir que lo reclamado mediante la presente acción, está constituido por la conducta que habría asumido la recurrida por no respetar los procedimientos y plazos a los que se encuentra sujeto en los casos de investigación por acoso sexual, conforme lo dispuesto en el artículo 211 letra C inciso 2° del Código del Trabajo, lo cual habría vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 3 inciso 6°, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, de conformidad con lo informado por la recurrente, el procedimiento administrativo seguido ante la Dirección del Trabajo finalizó totalmente el 30 de enero de 2026, por lo que no existe, en consecuencia, afectación de garantías constitucionales o acto que velar por esta vía de protección.

Séptimo: Que, así las cosas, encontrándose finalizado el procedimiento administrativo ante la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, no corresponde adoptar ninguna de las medidas solicitadas por la recurrente en su presentación, como tampoco que esta Corte entre al fondo de este asunto, ya que el presente recurso de protección ha perdido eficacia y oportunidad.

Octavo: Que, en consideración a lo expuesto corresponde desestimar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Nueva Salesianos Limitada en contra de Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°4881-2025.