Protección contra Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Futbol Prof

San Miguel, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Claudio Alejandro Palamara Abarca, abogado, recurre de protección en favor de don nombre reservado, socio fundador y accionista del Club Lautaro Buin, en contra de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, por haber suspendido la participación del equipo de fútbol del campeonato Primera B 2021 mediante resolución de 15 de abril pasado, acto arbitrario e ilegal que conculca las garantías de los números 2°, 3°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que en febrero del año en curso el equipo de fútbol Lautaro de Buin -Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP) desde el año 2019- obtuvo el título de campeón de la Segunda División Profesional del futbol chileno, adquiriendo el derecho a competir en el torneo de la Primera división B, también conocido como Ascenso Betsson. Señala que el equipo debía iniciar su participación el 18 de abril en curso, no obstante, mediante el acto recurrido se decretó la suspensión preventiva de su participación.

Expresa que el 7 de abril último Lautaro de Buin fue notificado de la denuncia presentada por la Asociación de Futbol Profesional (ANFP), ante su Tribunal Disciplinario, en la que solicitó la expulsión del equipo por haber cometido la infracción contenida en el artículo 85 letra f) de su reglamento, a saber, la presentación de documentación falsa o adulterada. Señala que la tramitación se inició ante la Primera Sala del Tribunal Disciplinario, instancia en la que el equipo de Buin opuso excepción de incompetencia por considerar que los hechos que se le imputan debían ser conocidos por la justicia ordinaria, y solicitó la nulidad de todo lo obrado por falta de personería del denunciante. Refiere que las incidencias fueron rechazadas de plano, decisión respecto de la cual el equipo de futbol apeló, concediéndose el recurso para ante la Segunda Sala del mismo tribunal, en ambos efectos.

Señala que, con posterioridad, y pese a encontrarse sin competencia para ello, la Primera Sala disciplinaria, de manera ilegal y arbitraria, concedió un recurso de apelación subsidiario interpuesto por la denunciante en contra de la resolución que no dio lugar a la petición de la suspensión preventiva del campeonato del equipo Lautaro de Buin, decisión que fue revocada por el órgano superior mediante la resolución que da origen al presente recurso. Hace presente que el club deportivo solicitó alegatos respecto de ambas apelaciones, no obstante, éstos no fueron concedidos.

Afirma que la decisión es arbitraria e ilegal, por cuanto vulnera normas internas establecidas en los Estatutos de la ANFP, las bases del campeonato de Primera B 2020 y el Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP. Argumenta que la resolución recurrida fundó la suspensión en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, en circunstancias que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, sólo procede la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Libro Primero del Código de Enjuiciamiento. Alega que la decisión desvirtúa la naturaleza de una medida precautoria toda vez que bajo esa figura impone desde ya una sanción. Esgrime que la decisión transgrede el artículo 5° del Reglamento de la Asociación, que reglamenta los clubes que pueden participar de sus competencias y torneos, así como también los artículos 5 y 6 de las bases del Campeonato Nacional de Primera B, y el artículo 553 del Código Civil que establece que los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria para todos sus miembros.

Reclama que la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley al no aplicar las normas jurídicas contempladas para las personas que se encuentran en la misma situación que el equipo respecto del cual su representado es accionista. Añade que la igualdad ante la ley impone la prohibición a toda autoridad de realizar diferencias arbitrarias. Denuncia que el órgano disciplinario conculcó la garantía a un debido proceso, específicamente, el derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo, esto último, atendido que el Tribunal de disciplina se ha abocado un asunto que solo es competencia de un tribunal ordinario, transgrediendo, además, el artículo 76 de la Carta Fundamental, y las disposiciones 2° y 3° del Código Procesal Penal que establecen la proscripción del juzgamiento por comisiones especiales y el principio de exclusividad de la investigación penal, respectivamente.

Añade que la Constitución establece el respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de su persona y su familia. En tal sentido, indica que el acto recurrido, sin siquiera una investigación previa, vulnera abiertamente la honra del club Lautaro y de la persona del señor nombre reservado, como asimismo de todos quienes son seguidores y fans del equipo. Por último, esgrime que se conculca el derecho de propiedad sobre toda clase bienes corporales e incorporales por cuanto la aplicación de una pena en forma anticipada, idéntica a la sanción solicitada en definitiva, transgrede su derecho a participar en el campeonato de fútbol de la Primera B, derecho que ya está incorporado a su patrimonio, y consecuentemente con ello, contrajo obligaciones para ejercer tal derecho como lo son; arrendamiento de estadios, contratación de servicios para el correcto desarrollo de los partidos, personas e insumos médicos y de aseo, entre otras.

Pide que se acoja el presente recurso y se declare que se deja sin efecto lo resuelto por la Segunda Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP, en la resolución de 15 de abril de 2021, declarando, en definitiva, que el mencionado Club sí puede participar en la competencia deportiva mientras no medie sentencia firme y ejecutoriada de organismo competente que se lo impida por causa legal fundada;

Segundo: Que el 23 de abril pasado se acumuló a la presente causa, el Rol N° 518-2021. En dicho ingreso don Raúl Mauricio Acuña Moraga, abogado, en representación de don nombre reservado, jugador de fútbol profesional, capitán del equipo de fútbol profesional Lautaro Buin SADP recurre de protección en contra de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por la decisión adoptada el 15 de abril pasado, reclamando la vulneración de las garantías de los números 2, 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A lo ya explicado por el recurrente señor nombre reservado, añade que la denuncia en contra del equipo de futbol en el cual se desempeña fue presentada por el Secretario del Directorio de la ANFP, careciendo de atribuciones para ello y excediendo el mandato contenido en el artículo 54 del Reglamento de la ANFP. Detalla que el personero acusa al Club Lautaro de Buin de presentar documentación falsa y adulterada en el año 2020, -acción tipificada en el artículo 85 del Reglamento de la ANFP- señalando que el club deportivo, respecto de los jugadores nombre reservado y nombre reservado mantendría dobles contratos, situación que no se encuadra en la hipótesis de falsedad o adulteración invocada.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución impugnada y la inobservancia del debido proceso, además de lo ya señalado hace énfasis en que la medida fue dictada sin siquiera investigar la veracidad de los hechos denunciados. Esgrime que lo que correspondía era que el Secretario Ejecutivo presentara una denuncia en sede penal y que la Segunda Sala dispusiera la suspensión sólo si los hechos hubiesen resultado ciertos en esa primera sede.

Afirma que la resolución es arbitraria toda vez que la AFP ni el mencionado Secretario han denunciado, ni se ha sancionado por la recurrida, a otros equipos de futbol respecto de los cuales se vertieron las mismas acusaciones en distintos medios de comunicación. Añade a las alegaciones del señor nombre reservado que la solicitud incoada por el denunciante, acogida por el tribunal, no cumple con los presupuestos que el inciso cuarto del artículo 47 del Código de Procedimientos y Penalidades de la AFP prevé.

Sustenta la vulneración de los números 2 y 3 en las mismas consideraciones expuestas por el accionista del club don nombre reservado. En cuanto a la infracción del derecho a la honra, indica que el escarnio público de que han sido objeto, tanto el jugador como el equipo donde se desempeña han liquidado el respeto a su privacidad y honra, dañando seriamente su imagen. Respecto de la libertad de trabajo y su protección, refiere que se ha violentado la protección laboral del jugador ya que se le está minando la posibilidad de obtener ingresos y remuneraciones toda vez que no puede jugar por el club en que se encuentra contratado, ni tampoco por otros. Refiere que como consecuencia de la medida está sin recibir ingresos por la participación en el club, tanto él como jugador, y todos los distintos estamentos del equipo. Por último, en relación a la vulneración del derecho de propiedad, afirma que se conculcó su derecho adquirido a participar en el campeonato, ya incorporado en el patrimonio del jugador, lo que deviene además en la imposibilidad de cumplir con las distintas obligaciones económicas que contrajo, en razón del campeonato.

Pide que se acoja el presente recurso y se declare que se deja sin efecto lo resuelto por la Segunda Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP, en la resolución de 15 de abril de 2021, declarando, en definitiva, que el mencionado Club sí puede participar en la competencia deportiva, y por ende todos los jugadores y en especial su ilustre Capitán, señor nombre reservado, mientras no medie sentencia firme y ejecutoriada de organismo competente que se lo impida por causa legal fundada;

Tercero: Que el 03 de mayo de 2021 se acumuló a la presente causa, el ingreso N° 694-2021, correspondiente a un recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, jugador del club deportivo, en contra del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por el mismo acto expresado en los recursos ingresos 485 y 518, ambos del 2021, e invocando las mismas garantías esgrimidas el otro jugador señor nombre reservado, en virtud de fundamentos prácticamente idénticos. A lo ya expresado, el recurrente añade que, en el contexto del procedimiento disciplinario, el 27 de abril pasado la Unidad de Control Financiero de la ANFP informó al Tribunal Disciplinario que Lautaro de Buin ha dado fiel cumplimiento a los requisitos exigidos en la ley 20.019 y su reglamento, pago de remuneraciones a sus trabajadores y pago de cotizaciones previsionales, documento que refuerza la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión adoptada.

Agrega a los argumentos relativos a la carencia de facultades del denunciante, a saber, don nombre reservado, Secretario del Directorio de la ANFP, lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento de Penalidades de la ANFP, donde no se le menciona como alguien facultado para requerir el inicio de un procedimiento disciplinario. Señala que la Segunda Sala, al actuar a petición de un personero que carece de legitimación activa para tales fines, desconoce el imperio de las normas estatutarias de la institución tornándose en una comisión especial sin apego a las normas de debido proceso constitucional y normativa interna de la ANFP, de la cual el recurrido forma parte.

Profundiza en la ilegalidad de la decisión refiriendo que el Código de Procedimiento de Penalidades de la ANFP no contempla ninguna medida cautelar de suspensión de participación en campeonatos, en efecto, la referida suspensión solo se contempla como sanción en el artículo 62 del mismo cuerpo normativo. Argumenta que la medida es de suyo improcedente por cuanto en el caso de Lautaro de Buin no existe sentencia condenatoria firme decretada por el tribunal de penalidades de la ANFP. Esgrime que en la especie se dictó una condena preventiva aplicando una medida que es considerada como ultima ratio por los propios estatutos de la ANFP. Hace presente que ya han transcurrido 3 encuentros en que su representado no ha podido jugar.

Solicita que se deje sin efecto resolución de 15 de abril de 2021 dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, declarando en definitiva, que su defendida sí puede participar en la competencia deportiva durante la tramitación de la denuncia que se impetró en su contra, mientras no medie sentencia firme y ejecutoriada del organismo competente que le declare culpable de alguna infracción estatutaria que se lo impida por causa legal fundada y se ordene a la recurrida adoptar por sí, o bien, promover que se adopten por quien corresponda; todas las medidas que resulten necesarias para restablecer la equidad deportiva y la reincorporación de Lautaro de Buin en la competencia del torneo de la categoría Primera B del Fútbol Profesional de Chile, reagendando los partidos y retrotrayendo el estado de cosas al inmediatamente anterior al del acto ilegal y arbitrario contra el cual se recurre; y se condene al recurrido al pago de las costas;

Cuarto: Que por resolución de seis de mayo en curso se acumuló también, el Rol N° 876-2021, en que el abogado, don Víctor Toledo Machuca, en representación de don nombre reservado, accionista de la sociedad Lautaro Buin SADP, Buin, recurre de protección en contra de don nombre reservadoödinger, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (“ANFP” o la “Asociación”) y el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por haber incurrido –los recurridos- en conductas que han privado y/o perturbado, en forma ilegal y arbitraria, las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con la dictación resolución de 15 de abril de 2021.

Previa reseña de la historia del club, esgrime que la resolución impugnada por la presente vía se dictó sin bilateralidad y sin sentencia condenatoria en sede penal. Indica que las solicitudes planteadas por el recurrido Sr. nombre reservadoödinger son realizadas con extralimitación de sus funciones de secretario ejecutivo de la ANFP, a quien califica de intruso procesal. Aduce que la recurrida resolvió imponer una sanción por medio de una resolución que carece de todo fundamento que la legitime, aplicando una medida que no se encuentra contenida en el Código de Procedimiento de Penalidades de la ANFP. Alude al informe evacuado por la Unidad de Control Financiero de la ANFP y reitera la alegación relativa a la improcedencia de la aplicación supletoria de las normas que no se encuentren en el Libro I del Código de Procedimiento Civil.

Expone que la resolución recurrida carece de razonamientos y no indica cuáles son los hechos concretos cuya comisión se le atribuye, como tuvo por probadas las imputaciones en contra del club, ni por qué decide imponer de manera anticipada la medida más gravosa del catálogo contemplado al efecto. Como argumento nuevo en relación a los recursos a los que fue acumulado, manifiesta que el hecho de que el Secretario Ejecutivo de la ANFP al interponer la denuncia señale que lo hace por expreso acuerdo del Directorio de la Asociación, no obsta, a que éste haya obrado fuera de sus atribuciones por cuanto dicha circunstancia no es efectiva. Explica que los acuerdos del Directorio de la ANFP son publicados en su página web de manera íntegra.

Sustenta la vulneración de las garantías ya mencionadas en los mismos fundamentos de los otros recurrentes. En cuanto a la transgresión del artículo 19 N°21 de la Constitución, señala que el actuar de las recurridas les impide (sic) ejercer una actividad económica limita que forma parte de su giro, afectando el derecho de sus accionistas. Respecto a la conculcación del derecho constitucional de propiedad, expresa que se vulnera el derecho adquirido que el club mantiene para disputar el campeonato de Primera División B, habiendo cumplido con todos los presupuestos legales para ello.

Hace presente que Lautaro de Buin contrajo obligaciones para participar en el torneo, a saber, arriendo de estadios, contratación de servicios para el correcto desarrollo de los partidos y la compra de insumos médicos y de aseo, entre otros. Señala que Lautaro de Buin, pese a mantener la calidad de accionista en la sociedad recurrida, a consecuencia de la decisión que se reclama no ha podido ejercer la facultad que tal calidad de otorga, cual es, la de participar en las competencias deportivas, lo que priva al Club de contar con la base principal de sus fuentes de ingreso, impidiendo de esta forma tener la capacidad económica y solvencia necesaria para pagar parte de las remuneraciones de los jugadores y equipo técnico del plantel, así como cumplir con los contratos previamente suscritos, afectando el derecho de sus accionistas.

Pide que se acoja el recurso, declarando que se deja sin efecto todo lo obrado en el procedimiento originado desde la presentación de la denuncia realizada por el recurrido nombre reservadoödinger al Tribunal de Disciplina de la ANFP; que el recurrido nombre reservadoödinger, deberá atenerse estrictamente a las facultades que le confiere los estatutos de la ANFP en su calidad de Secretario Ejecutivo de la ANFP, absteniéndose de intervenir en procesos sancionatorios promovidos ante los órganos jurisdiccionales de la asociación; que el tribunal de Disciplina de la ANFP, tanto su Primera como Segunda Sala, deberá observar estrictamente la normativa interna que regula su funcionamiento y rechazará las solicitudes presentadas por denunciantes y otros sujetos procesales que no son intervinientes habilitados para realizar presentaciones ante dicho Tribunal de Disciplina; que se ordene a las recurridas adoptar por sí, o bien, promover que se adopten por quien corresponda; todas las medidas que resulten necesarias para restablecer la equidad deportiva y la reincorporación de Lautaro de Buin en la competencia del torneo de la categoría Primera B del Fútbol Profesional de Chile, debiendo disponerse en caso necesario, que se reagenden todos los partidos que su representada haya debido disputar a la fecha de ejecución de la sentencia, y que en definitiva se disputen tales partidos y se ponderen sus resultados efectivos con las consecuencias deportivas que corresponda según el reglamento del campeonato, retrotrayendo así el estado de cosas al inmediatamente anterior al del acto ilegal y arbitrario contra el cual se recurre; con costas;

Quinto: Que informó al tenor del recurso don Gonzalo Cisternas Sobarzo, abogado, en representación de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

En primer término, alega la falta de legitimación activa de los recurrentes por cuanto no han esgrimido un interés directo e inmediato en la protección de las garantías que invocan. Señala que no existe acción de Lautaro Buin S.A.D.P., el único miembro de la ANFP, y que gozaría de legitimación activa para recurrir, ya que solo a esa sociedad anónima le empecen los hechos del caso de marras. Indica que los recurrentes no han sufrido menoscabo en sus propios derechos ni actúan en representación de ningún perjudicado en particular, no gozan ni de la calidad de legitimado activo extraordinario, sea por sustitución procesal o por vía de una acción popular, ni han demostrado la amenaza o afectación del derecho de nadie en específico. Expresa que algunos recurrentes interponen la acción sobre la base de una supuesta vulneración de sus derechos de desarrollar una actividad laboral y la libre elección del trabajo, toda vez que su aparente empleador, Lautaro Buin S.A.P., estaría suspendido. Otros lo hacen en calidad de aparentes accionistas. Alega que todas sus afecciones, en caso de existir, son indirectas y ocasionadas por el Club deportivo, su empleador, o por el Directorio de la Sociedad Anónima, teniendo solo contra ellos acción.

En otro orden de ideas, afirma que la controversia de autos excede de la naturaleza cautelar del recurso de protección. Expresa que los actores plantean una controversia, en el marco de la pertenencia de un tercero a una asociación sin fines de lucro, la que debe ser resuelta conforme a los artículos 548 y siguientes del Código Civil, siempre con la intervención de dicho tercero, el club Lautaro de Buin. En cuanto a los jugadores de futbol, indica que éstos plantean una controversia laboral, constituida aparentemente, por contratos de trabajo celebrados con el Club y cuyo cumplimiento estaría aparentemente sujeto a la condición de permanencia del equipo en la División Primera B del futbol profesional. En tal sentido, los recurrentes atribuyen a la ANFP la responsabilidad de que el Club no pueda pagar sus sueldos, lo que en realidad obedece a las decisiones de un tercero. Refiere que algo similar ocurre con los recurrentes accionistas, quienes plantean un conflicto de gobierno corporativo, atribuyendo a su representada la responsabilidad de que sus títulos sean menos rentables, lo que no tiene sentido. Expone que a la ANFP le son inoponibles los contratos suscritos entre dos privados.

Esgrime la falta de legitimidad pasiva de la ANFP, por cuanto los contratos de trabajo suscritos entre los recurrentes y su empleador, y los efectos societarios, ente la sociedad y sus accionistas son de única y exclusiva responsabilidad de los recurrentes y el Club Lautaro de Buin, siendo la ANFP un tercero extraño. Manifiesta que es imposible acceder a lo solicitado en los arbitrios constitucionales, toda vez que ello implicaría que esta Corte se inmiscuyera en la gestión futura de la Asociación de Futbol Profesional, interviniendo en la administración de una corporación de derecho privado, cuestión que excede con creces la naturaleza y objetivo de la acción cautelar.

Explica que la ANFP es una persona jurídica de derecho privado, distinta e independiente de los clubes que la integran. Refiere que su autoridad máxima es el Consejo de Presidentes y que el Directorio de la Asociación está compuesto por un presidente y seis directores, todos ellos elegidos por el consejo. Refiere que como es natural, es obligación de los clubes asociados a la ANFP cumplir con los Estatutos y acatar los acuerdos del Consejo y Directorio y resoluciones de los órganos jurisdiccionales de la corporación, a saber, Tribunal de disciplina, Tribunal de Asuntos Patrimoniales y Tribunal de Honor. Indica que la interpretación del Estatuto, del Reglamento y de las Bases de las competencias corresponde al Directorio de la ANFP, sin perjuicio de las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales de la Asociación Expresa que dentro de la normativa interna está el Reglamento de Licencias de Clubes, que tiene por objeto regular la concesión de licencias por parte de la ANFP a sus clubes asociados, cumpliendo con la normativa sobre la materia expuestas por la Conmebol y FIFA. El numeral tercero, literal b de dicha regulación dispone los tipos de licencia; el numeral 11 señala cuales son los dos órganos encargados de revisar el proceso de otorgamiento y cancelación. Señala que el numeral 20 literal c, sub literal J.1. dispone que el solicitante de licencia debe presentar una declaración jurada, firmada por su representante legal y legalizada ante Notario del acuerdo adoptado por el órgano societario principal, ya sea, la Junta General de Accionista, de Socios o la Asamblea General de Asociados, en que reconoce como jurídicamente obligatorios los estatutos, normas, reglamentos y decisiones de la FIFA, Conmebol y ANFP; que a su vez reconoce la prohibición del recurso ante los tribunales ordinarios.

Pormenoriza la normativa aplicable a la institución, sus estatutos y reglamentos y señala que, de conformidad a ello, el Tribunal con jurisdicción para conocer de los hechos planteados en los libelos de autos corresponde al Tribunal de Disciplina, existiendo, en la especie, lo que podría denominarse como una cláusula compromisoria. Detalla que de conformidad a los artículos 29 y 30 de los Estatutos de la ANFP Lautaro de Buin consintió y se comprometió a someter dichas materias al conocimiento del referido tribunal, así como también, a la Segunda Sala del Tribunal Disciplinario, en segunda instancia.

Explica que los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales que participan en los torneos organizados por la ANFP deben ser registrados en ella, y en dichos contratos se debe mencionar “todo beneficio o prestación que reciba el deportista profesional, y que tenga como causa el contrato de trabajo” tal como lo establece el inciso segundo del artículo 152 bis C recién citado. Indica que a dicha obligación se suma la de acompañar planillas de pago que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores.

Señala que la decisión de denunciar ante el Tribunal de Disciplina al Club Lautaro de Buin se basó en la convicción apoyada de gran cantidad de antecedentes, de que el Club había cometido la infracción contenida en el artículo 85 letra f) del Reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la que corresponde a la presentación de documentación falsa o adulterada, representada por dos contratos de trabajos. Refiere que el 30 de diciembre de 2019 el Lautaro de Buin anunció la contratación de los jugadores nombre reservado y nombre reservado. Luego, el 7 de septiembre, el Club realizó el trámite de “solicitud e inscripción contrato de trabajo de futbol profesional”, en los términos que allí se indican, registrados excediendo el plazo legal y con renta y duración distinta a la informada, infringiéndose, además, lo dispuesto en el artículo 152 bis C del Código del Trabajo.

Refiere que el 25 de marzo pasado el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile realizó una declaración pública denunciando posibles irregularidades contractuales en el club Lautaro de Buin, por lo que, atendida la gravedad de las imputaciones, que en caso de ser efectivas implicarían la expulsión del club de la asociación, la ANFP instruyó una revisión completa de la situación contractual de los jugadores del equipo. Manifiesta que, constatándose las irregularidades denunciadas respecto de dos jugadores, el 1 de abril pasado el Directorio, a través del Secretario Ejecutivo de la Asociación presente una denuncia ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP.

Explica que debido a la gravedad de los hechos y de la sanción que se arriesgaba, se solicitó al Tribunal Autónomo de Disciplina decretar la medida preventiva de suspensión de participación del Lautaro de Buin en el Campeonato de Primera B Ascenso Temporada 2021, hasta la conclusión de la tramitación de la denuncia. Frente a tal requerimiento la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, conociendo de la apelación interpuesta en contra del rechazo decidido por la Primera Sala, resolvió el 15 de abril de 2021, la suspensión preventiva de la participación de Lautaro de Buin en el campeonato de Primera B Ascenso de Temporada 2021, hasta que concluya la tramitación de la denuncia. Da cuenta de todos los antecedentes que se acompañaron a la denuncia y procedimiento disciplinario, refiriéndose también a la defensa desarrollada por el club.

Refiere que por sentencia de 29 de abril de 2021 la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP concluyó que el jugador nombre reservado prestó servicios como jugador profesional del club entre el 30 de diciembre de 2019 y 31 de marzo de 2021; que la remuneración pactada en el contrato de 30 de diciembre asciende a la suma de $2.750.000, más premios; que las mismas parte suscribieron un contrato de trabajo de jugador de futbol profesional registrado e inscrito en el área “Registro de Jugadores” de la ANFO, de fecha 21 de julio de 2020, en el cual se pactó una remuneración mensual de $500.000; que el contrato anteriormente referido es el único que las partes, y más específicamente el Club inscribió en la ANFP; que las cotizaciones del jugador en cuestión fueron calculadas, enteradas y pagadas en base a la remuneración de $500.000 mensuales. Se constató la misma situación contractual respecto del otro jugador en cuestión.

Señala que en el procedimiento disciplinario la defensa del Club Lautaro de Buin estuvo a cargo del abogado Alejandro Preuss, quien alegó la inhabilidad del Secretario Ejecutivo de la ANFP, la falta de un Acta de Directorio, que la causa de pedir no está dentro de la competencia del tribunal, la existencia de una sentencia penal condenatoria previa como requisito previo a la denuncia, que el plazo para denunciar se encontraría prescrito, y una vulneración al debido proceso. Indica que en el juicio se recibió prueba documental y que declararon en calidad de testigos los dos jugadores involucrados. Añade que, como medida para mejor resolver, el tribunal ofició a la Unidad de Control Financiero de la institución.

Así las cosas, el fallo estableció que en ambos casos existe duplicidad de contratos de trabajo en calidad de jugadores profesionales de futbol, con remuneraciones diferentes entre las que se consignan en un contrato y en el registrado en la ANFP; en ambos casos los jugadores recibían mensualmente la remuneración pactada en el contrato privado, estipendio que era considerablemente más alto que el registrado en la ANFP. Asimismo, se estableció que las cotizaciones de los jugadores fueron mensualmente declaradas y pagadas tomando como base la remuneración menor. Señala que la sentencia sancionó al Club con la expulsión de la ANFP. Refiere que el denunciado apeló y que el 3 de junio pasado tuvo lugar la vista de la causa, encontrándose en estado de acuerdo.

Señala que de conformidad al artículo 32 literal a) del Estatuto de la ANFP las decisiones han sido adoptadas por el tribunal competente. Cita los artículos 25 y 29 del Estatuto de la ANFP, las Bases del Campeonato de Segunda División, el artículo 33 del Reglamento de Control Financiero y el párrafo 3 del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP. Esgrime que no puede concebirse como ilegal o arbitrario la aplicación de los estatutos de la ANFP, tal como lo dispone el artículo 553 del Código Civil, implica no sólo la aceptación de sus estatutos sino la obligación de acatarlos. Alega la existencia de cosa juzgada.

Expone que la pretensión de accionar contra los estatutos de una Corporación queda comprendida la acción especial y previa, consagrada en el actual artículo 548-4 del Código Civil.

Niega la vulneración de las garantías fundamentales invocadas en los recursos, refiere que no se transgredió la igualdad ante la ley, toda vez que se respetó la normativa interna. En cuanto al debido proceso, indica que el Club se defendió, rindió prueba y fue oído, con defensa letrada. Específicamente, en lo relativo a la constitución de una comisión especial indica que el Tribunal de Disciplina tenía existencia previa a los hechos, tampoco se trata de un órgano jurisdiccional creado especialmente al efecto, por el contrario, se trata de un órgano que tiene competencia para resolver sobre la suspensión de la participación del Club o su expulsión, en función de las obligaciones que los asociados deben cumplir y las prohibiciones que los asociados deben respetar.

Explica que en ningún caso la ANFP está buscando hacer efectiva la responsabilidad penal del Club por la presentación de documentación falsa, lo que en todo caso es imposible atendido que las personas jurídicas no responden penalmente por estos hechos, lo que se esta persiguiendo es la falta para con los estatutos y el reglamento propio de la asociación. En cuanto a la medida de suspensión propiamente tal, indica que el campeonato involucra a más clubes, los cuales tienen iguales derechos que los recurrentes que no pueden ver perjudicados sus resultados o desarrollo de su competencia por la probable expulsión de Lautaro de Buin.

Respecto a las facultades para denunciar del Secretario Ejecutivo de la ANFP, indica que la primera función del personero es la de comunicar por escrito, a quien corresponda, los acuerdos del Directorio que impliquen la realización de estudios, entrega de informes o instrucciones específicas. Cita el artículo 54 del Reglamento e indica que es el Secretario quien comunica los acuerdos de directorio y quien coordina el trabajo de los distintos órganos, no obstante, no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones de un órgano autónomo jurisdiccional, solo debe coordinar y vigilar su buen funcionamiento. Hace presente, en relación a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, que el recurso de protección procede solo en lo que a comisiones especiales se refiere.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución, refiere que, respecto a los clubes de futbol, la norma reconoce como limitación el propio mandato social a la actividad deportiva, que obliga al ejercicio transparente de la actividad deportiva adicionalmente, lo cubierto por la norma comprende sólo la vida privada, y no la vida pública de la personal. Alude al reconocimiento del derecho a informar. Indica que en el caso de marras la privacidad y vida familiar de los recurrentes no se ha visto afectada en cuanto todos son personas naturales distintas al club y la del club deportivo sí puede ser afectada en cuanto al cumplimiento con los estatutos, reglamentos y demás normas relacionadas, incluida la supervigilancia por parte de la ANFP.

Respecto a la libertad de trabajo, expresa que ésta implica el derecho a a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, de similar manera, existe el derecho a ejercer libremente una actividad económica a elección de su titular, refiere que los recurrentes están en todo su derecho de trabajar en la actividad que ellos escojan, y de pertenecer al club que ellos prefieran, alega que la ANFP no ha hecho nada que afecte dichos derechos. Añade que la estabilidad en el empleado no se encuentra protegida por la presente acción constitucional.

No vislumbra la vulneración al artículo 19 N°21 que se denuncia toda vez que no ha sido Lautaro de Buin S.A.D.P. quien ha recurrido en los presentes autos. En cuanto a la conculcación de la garantía al derecho de propiedad, indica que no existe en el patrimonio de los recurrentes el pretendido derecho respecto a la licencia nacional de un tercero, que es el Club Lautaro de Buin. Esgrime que en la especie no existe derecho indubitado. Señala que los derechos e intereses de los señores nombre reservado y nombre reservado, como accionistas del club, deben ser ventilados de acuerdo con la ley de Sociedades Anónimas o ejerciendo las acciones que como accionistas le franquea la ley. El único hipotéticamente afectad con el supuesto actuar de la ANFP sería el equipo de Buin, en su calidad de persona jurídica independiente a los recurrentes. Manifiesta que la condición de inversionista en acciones de sociedades anónimas conlleva la asunción de los riesgos propios de este tipo de colocaciones y afrontar los altibajos por los que atraviesan las empresas.

Solicita que se tenga por evacuado el informe y se rechacen los recursos de protección deducidos en contra de su representada, con costas;

Sexto: Que don Alejandro Preuss Lazo, abogado, en representación de LAUTARO BUIN S.A.D.P, informó al tenor del recurso, refiriendo, en lo pertinente, que su representada fue condenada, primero, con la suspensión de su participación en la competencia Primera B, y posteriormente condenada con la resta de 6 puntos, sanción que fue impuesta por la Segunda Sala -integrada con miembros respecto de los cuales se dedujeron sendas recusaciones. Añade que la sanción fue impuesta de manera retroactiva, en contravención al artículo 43 N° 4 del Código de Procedimiento y Penalidades. Detalla que se dispuso que la resta de puntos debía efectuarse en el campeonato de Segunda División año 2020, instruyendo su ejecución a la propia ANFP.

Refiere que la sentencia fue dictada sin el examen de elementos procesales básicos, tales como legitimación activa del denunciante, quien realizó la presentación sin tener las facultades para ello, aludiendo a un acuerdo del Directorio que no fue acompañado, lo que deviene en una falta de fundamentación del fallo. Señala que el tribunal subsanó la intromisión del órgano ejecutivo aludiendo a un error en la técnica legislativa, lo que no le resulta sensato atendido que la función desarrollada por el secretario ejecutivo lo inhibe de intervenir como litigante respecto de un procedimiento seguido por un Club asociado ante un Tribunal que el mismo supervigila, ello constituye una falta de imparcialidad y transparencia.

Reclama que la sentencia nada dice respecto a cómo el Directorio había llegado y acordado la decisión de denunciar. Hace presente que todas las diligencias probatorias solicitadas por su parte, a diferencia de aquellas pedidas por la contraria, fueron rechazadas, rompiendo, el tribunal, el principio de igualdad entre las partes. Indica que el fallo del tribunal de alzada confirmó con declaración la sentencia apelada, desestimando la denuncia interpuesta y modificando la sanción, extendiéndola más allá de lo pedido, en circunstancias que lo que correspondía de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 N4 del Código de Procedimiento y Penalidades era aplicar la resta en el actual campeonato de primera B;

Séptimo: Que por resolución de catorce de octubre pasado se tuvo al recurrido Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por incurso en el apercibimiento decretado en autos, prescindiéndose de su informe;

Octavo: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él;

Noveno: Que, sin perjuicio de los diversos fundamentos, garantías constitucionales que se denuncian como vulneradas y peticiones que se plantean a esta Corte, es lo cierto que, en los cuatro recursos acumulados, el acto recurrido es el mismo: la decisión de 15 de abril de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que, acogiendo una apelación de la denunciante, dispuso “la suspensión preventiva de la participación del club Lautaro Buin en el campeonato de Primera B –también denominado Ascenso- Temporada 2021, hasta que concluya la tramitación de la denuncia de autos”;

Décimo: Que, determinado así el acto que se denuncia como vulneratorio de garantías constitucionales, conviene analizar las peticiones que se formulan para remediar el perjuicio que dicho acto habría causado a los recurrentes: el primero –deducido en favor del socio fundador y accionista del Club Lautaro Buin, Sr. nombre reservado- pide dictaminar se deje sin efecto el acto recurrido y que las salas del tribunal de disciplina se abstengan de sanciones preventivas sin un juicio previo con sentencia condenatoria; idéntica petición se plantea en el segundo recurso, deducido en favor del capitán del referido club de fútbol, Sr. nombre reservado; en el tercer recurso, deducido en favor del jugador del equipo mencionado Sr. nombre reservado, se pide dejar sin efecto la resolución que dispuso la suspensión preventiva y declarar que dicho club puede participar en la competencia deportiva durante la tramitación de la denuncia mientras no medie sentencia que le declare culpable de la infracción denunciada y se ordene a la recurrida adoptar las medidas necesarias para la reincorporación del club a la competencia, reagendando los partidos que hubiese debido jugar sin tal medida de suspensión, se disputen dichos partidos y se ponderen adecuadamente sus resultados, retrotrayendo las cosas al estado anterior al del acto en contra del cual recurre.

Los tres recursos se dirigieron contra el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, específicamente contra su Segunda Sala, que dictó la resolución recurrida.

Teniendo en cuenta que las peticiones de los tres recursos antes referidos se orientan a dejar sin efecto un acto de naturaleza provisional, cual fue la suspensión preventiva de la participación del club Lautaro Buin en la competencia profesional de fútbol de la temporada 2021 en tanto no se dictara sentencia disciplinaria definitiva respecto de la denuncia deducida en contra de dicha entidad deportiva, ellos han perdido oportunidad, puesto que dicha resolución quedó naturalmente sin efecto por la dictación de la sentencia que se pedía esperar. Por tal motivo, no resulta necesario entrar a analizar los fundamentos ni imputaciones de ilegalidad del referido acto pues, de hacerlo, se estaría emitiendo una declaración que excede la naturaleza cautelar de los recursos intentados y respecto de la cual no existe actualmente medida alguna que adoptar en el ámbito del presente acción constitucional, pues ha quedado sobrepasada la posibilidad de que el club se reincorpore a la competencia en tanto se tramita la denuncia, desde que ésta ya culminó su tramitación;

Undécimo: Que el cuarto recurso, intentando a favor del accionista de la sociedad Lautaro Buin SADP, difiere de los anteriores en cuanto se lo endereza en contra del Sr. nombre reservadoödinger, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y contra la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la misma asociación, fundando el recurso en la misma resolución de 15 de abril de 2021, que dispuso la suspensión preventiva de la participación del club Lautaro Buin en la competencia de ascenso 2021. Las peticiones de dicho recurso son: que se deje sin efecto todo lo obrado en el procedimiento desde la presentación de la denuncia realizada por el Sr. nombre reservado; que dicha persona deberá atenerse a las facultades que le confieren los estatutos, absteniéndose de intervenir en procesos sancionatorios promovidos ante los órganos jurisdiccionales de la asociación; que el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá observar estrictamente la normativa interna que regula su funcionamiento y rechazar las solicitudes presentadas por denunciantes que no sean intervinientes autorizados para realizar presentaciones ante dicho Tribunal, y, por último, que se adopten las medidas necesarias para la reincorporación del club Lautaro de Buin a la competencia, reagendando los partidos que hubiese debido jugar sin tal medida de suspensión, se disputen dichos partidos y se ponderen adecuadamente sus resultados, retrotrayendo las cosas al estado anterior al del acto en contra del cual recurre.

Como se advierte, se incorpora como recurrido al mencionado Sr. nombre reservado y, en relación a él -cuestionando sus facultades para interponer la denuncia que originó el proceso disciplinario contra el club Lautaro de Buin-, se pide dejar sin efecto todo lo obrado en dicho proceso y que se atenga a sus facultades, absteniéndose de intervenir en los procesos sancionatorios. Sin embargo, tales peticiones no dicen relación con el acto recurrido, refiriéndose la primera a hechos anteriores a dicho acto, que sólo emana indirectamente de la denuncia del Sr. nombre reservado, sin que resulte admisible admitir el requerimiento de un accionista del club en orden a anular todo lo obrado, cuando la propia institución eventualmente perjudicada por tal denuncia utilizó en el proceso disciplinario las vías previstas en los estatutos para reclamar de esa actuación; la segunda petición relativa al recurrido nombre reservado es una recomendación de conducta que no guarda relación con la naturaleza del recurso de protección, concebido para adoptar pronto remedio a situaciones de transgresión de garantías constitucionales concretas y no para orientar el comportamiento futuro de las personas recurridas.

La misma consideración cabe formular sobre la declaración que se pide respecto del Tribunal de Disciplina de la ANFP, en cuanto a que deberá observar estrictamente la normativa interna que regula su funcionamiento y rechazar determinadas solicitudes, pues también refiere a un “deber ser” que no corresponde decretar por esta vía, con el aditamento que se pretende imponer a un tribunal interno de disciplina válidamente constituido los criterios que han de regir sus resoluciones, cuestión que excede las atribuciones de esta Corte, sin perjuicio de sus facultades para modificar o dejar sin efecto aquella o aquellas específicas que vulneren determinadas garantías constitucionales de la persona a quien eventualmente pudiesen perjudicar.

La última petición de este recurso, idéntica a la planteada en los tres primeros, ha perdido oportunidad por los motivos que se explicó en el considerando décimo precedente;

Duodécimo: Que el anterior análisis de las peticiones formuladas a esta Corte en cada uno de los recursos no implica desconocer el mandato constitucional de adoptar “las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”, conforme dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. Sin embargo, la respuesta cautelar que las Cortes de Apelaciones han de proveer frente al quebrantamiento de las garantías a que se refiere dicha norma debe relacionarse con el acto –u omisión- que las causa, en contra del cual se recurre. En la especie, dicho acto es específicamente la suspensión provisoria de la participación del Club Lautaro Buin en la competencia en tanto se tramitaba el proceso disciplinario y, frente a ello, no existe medida alguna, incluso distinta de las solicitadas por los recurrentes, que esta Corte pudiera adoptar para corregir los efectos de ese acto, culminado como está el referido procedimiento.

Por ello, ni lo concerniente a la legitimación activa de los recurrentes, la calidad jurídica de la recurrida, las implicancias de la calidad de socio del club Lautaro Buin respecto de la ANFP, el comportamiento de su tribunal de disciplina y ni siquiera la consideración relativa a la ilegalidad o arbitrariedad del acto denunciado son materias sobre las cuales resulte necesario emitir pronunciamiento en este caso, pues devendría en una mera declaración que no se aviene con la naturaleza del recurso, concebido para remediar los efectos vulneratorios del acto y no para su sola apreciación abstracta;

Décimo tercero: Que, sin haberse presentado como recurrente, se pidió informe al club Lautaro Buin S.A.D.P., quien lo evacuó dando cuenta de los avatares del procedimiento sancionatorio de que fue objeto, de las trasgresiones al debido proceso que a su parecer se suscitaron en su tramitación, de falta de imparcialidad y transparencia del tribunal de disciplina y otras materias que podrían eventualmente sustentar una acción distinta, pero que no pueden ser consideradas en el restringido ámbito de lo que -por vía de los cuatro recursos acumulados- ha sido sometido a esta Corte.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA los recursos de protección interpuestos en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado contra la resolución de 15 de abril del año en curso, de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que dispuso la suspensión preventiva de la participación del club Lautaro Buin en el campeonato de Primera B –también denominado Ascenso- Temporada 2021 hasta que concluyera la tramitación de la denuncia deducida contra dicho club ante ese tribunal. Ello, sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Cienfuegos.

Rol N° 485-2021 Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora M. Catalina González Torres y señora Claudia Lazen Manzur.