nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO

San Miguel, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 19: Téngase presente.

Vistos y tenido presente:

Primero: Que comparece Omar Ariel Astorga Báez, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, por estimar ilegales y arbitrarias la Resolución N° 1023/2025, de 9 de octubre de 2025, que dispuso el término de su relación laboral por falta de probidad, la Resolución N° 1114/2025, de 5 de noviembre de 2025, que rechazó la reposición deducida en su contra, y la subsecuente carta de término de contrato notificada el 14 de noviembre de 2025, invocando vulneración de las garantías contempladas en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñaba como paradocente en la Escuela Ejército Libertador, dependiente de la recurrida, sin anotaciones de demérito previas. Señala que durante 2023 hizo uso de dos licencias médicas: la primera, emitida el 25 de mayo de ese año por once días, y la segunda, extendida en octubre por quince días; y que durante sus respectivos períodos de reposo efectuó desplazamientos a Mendoza, Argentina, entre el 27 y 29 de mayo y el 18 de octubre de 2023, respectivamente, con el objeto —según afirma— de visitar a su hijo y adquirir alimentos aprovechando la diferencia cambiaria, sin finalidad vacacional ni intención de defraudar al empleador.

Refiere que, a raíz de información remitida por la Contraloría General de la República acerca de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, la Corporación instruyó una investigación interna mediante Resolución N° 467/2025, en la que prestó declaración y reconoció los viajes, explicando sus motivaciones.

Añade que se formularon cargos por haber “desnaturalizado” las licencias y cometido una falta grave a la probidad; que una de ellas fue posteriormente rechazada por la COMPIN por incumplimiento de reposo; y que, pese a ello, la recurrida aplicó la máxima sanción, sin ponderar adecuadamente —a su juicio— la ausencia de dolo o fraude, su conducta funcionaria anterior, sus circunstancias personales, la inexistencia de perjuicio concreto para el servicio y la falta de una prohibición clara, vigente a la época de los hechos, que calificara el viaje al extranjero como falta de probidad.

Sostiene, además, que la conducta ocurrió mientras se encontraba suspendida la obligación de prestar servicios, de modo que no podría subsumirse en la causal de falta de probidad “en el desempeño de sus funciones” del artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo; que la recurrida habría invadido competencias propias de la autoridad sanitaria; que existiría una doble sanción por los mismos hechos; y que el procedimiento y la decisión vulneran los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, non bis in idem y debido proceso, afectando asimismo su honra al atribuirle una conducta deshonesta. Agrega que la carta de término fue notificada el 14 de noviembre de 2025, durante el período previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En cuanto a la oportunidad de la acción, indica que contra la resolución de 9 de octubre de 2025 interpuso reposición administrativa, rechazada por Resolución N° 1114/2025, notificada personalmente el 14 de noviembre de 2025, por lo que invoca el efecto interruptivo previsto en el artículo 54 inciso segundo de la Ley N° 19.880.

Solicita dejar sin efecto la destitución y la carta de término, disponer su absolución o la aplicación de una sanción proporcional, ordenar su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas, con costas.

Segundo: Que informa don nombre reservado, abogado y Director Jurídico de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Explica que la Corporación es una entidad de derecho privado que administra establecimientos municipalizados y se financia principalmente con fondos públicos, cuyos trabajadores cumplen funciones públicas.

Señala que el 22 de mayo de 2025 recibió de la Contraloría General de la República el Oficio N° E82804/2025, que acompañó una nómina de personas que habrían salido o permanecido en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica y requirió investigar las eventuales responsabilidades, motivo por el cual se instruyó la investigación interna por Resolución N° 467/2025.

Afirma que el procedimiento culminó con la Resolución N° 1023/2025, de 9 de octubre de 2025, que dispuso el término de la relación laboral de la recurrente por falta de probidad, decisión contra la cual ésta repuso oportunamente, siendo rechazado el arbitrio. Sostiene que se respetó el debido proceso, pues la actora fue oída, prestó declaración, pudo aportar prueba, se le formularon cargos y tuvo acceso a impugnación administrativa.

Como cuestión previa, alega extemporaneidad, porque la resolución sancionatoria fue notificada por correo electrónico el 9 de octubre de 2025 y el recurso de protección se presentó el 14 de diciembre siguiente.

Añade que la controversia relativa al término de la relación laboral debe ventilarse por la vía laboral prevista en el artículo 168 del Código del Trabajo y que la protección no puede transformarse en una instancia destinada a revisar el mérito de la decisión disciplinaria ni la ponderación de la prueba o la proporcionalidad de la sanción. En cuanto al fondo, expone que la recurrente, mientras hacía uso de licencias médicas por enfermedad común, con reposo laboral total y domicilio determinado para su cumplimiento, viajó al extranjero, específicamente a Argentina, utilizando un instrumento que justificaba su ausencia laboral y permitía el pago de remuneraciones con recursos públicos para fines particulares, conducta que estima incompatible con el principio de probidad. Invoca los artículos 8° de la Constitución, 52 de la Ley N° 18.575 y 1° y 2° de la Ley N° 20.880, así como jurisprudencia administrativa que hace aplicable el principio de probidad a quienes laboran en corporaciones municipales con independencia de su régimen contractual.

Precisa que la competencia de la COMPIN para autorizar o rechazar una licencia médica no impide al empleador ejercer sus potestades disciplinarias respecto de la conducta funcionaria; que la sanción no se funda en una figura autónoma de “desnaturalización” de la licencia, sino en los viajes reconocidos por la propia interesada durante períodos de reposo; y que las razones personales invocadas, la ausencia de dolo o de un perjuicio institucional concreto y la falta de sanciones anteriores no eliminan, a su entender, la gravedad de la infracción ni justifican una medida menor.

Concluye que la decisión fue adoptada dentro de las atribuciones de la Corporación, mediante un procedimiento regular, sobre hechos comprobados y con fundamento suficiente, por lo que no existiría ilegalidad ni arbitrariedad.

Tercero: Que, evacuando el traslado conferido respecto de la extemporaneidad alegada, la recurrente solicita su rechazo. Expone que la resolución sancionatoria de 9 de octubre de 2025 fue impugnada ese mismo día mediante recurso de reposición administrativo, el que fue rechazado por Resolución N° 1114/2025, de 5 de noviembre de 2025, notificada personalmente el 14 de noviembre siguiente, fecha en que también se le entregó la carta de aviso de despido. Invoca el artículo 54 inciso segundo de la Ley N° 19.880, conforme al cual la reclamación administrativa interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional y éste vuelve a contarse desde la notificación del acto que la resuelve. Así, sostiene que entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025 transcurrieron treinta días corridos, por lo que la acción fue deducida dentro de plazo.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que esa disposición contempla, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que causen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, consta que la Resolución N° 1023/2025, de 9 de octubre de 2025, fue impugnada administrativamente por la actora mediante reposición, arbitrio que fue rechazado por Resolución N° 1114/2025, de 5 de noviembre de 2025, notificada el 14 de noviembre siguiente. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 54 de la Ley N° 19.880, planteada una reclamación administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el que vuelve a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve.

En consecuencia, habiéndose deducido esta acción el 14 de diciembre de 2025, esto es, dentro de los treinta días corridos siguientes a aquella notificación, la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Sexto: Que, despejada la cuestión anterior, debe tenerse presente que el control que corresponde ejercer por esta vía cautelar no está naturalmente destinado a revisar cuestiones de mérito propias de un procedimiento disciplinario, como la nueva valoración de la prueba o la sustitución del juicio de la autoridad acerca de la proporcionalidad de la sanción, sin perjuicio del control de legalidad y razonabilidad que compete a esta Corte cuando se denuncian vicios capaces de tornar ilegal o arbitraria la decisión.

Séptimo: Que de los antecedentes aparece que la investigación fue instruida a partir de información oficial remitida por la Contraloría General de la República; que la recurrente fue oída y reconoció haber viajado al extranjero durante la vigencia de dos licencias médicas; que se le formularon cargos; que pudo ejercer defensa y dedujo recurso de reposición; y que tanto la resolución sancionatoria como aquella que resolvió la impugnación expresaron los fundamentos por los cuales la autoridad estimó que el uso de licencias con reposo total y domicilio determinado, simultáneamente con viajes al extranjero por motivos particulares, comprometía gravemente los deberes de rectitud y confianza vinculados con su relación laboral.

Octavo: Que la circunstancia de que la COMPIN sea el organismo competente para autorizar o rechazar licencias médicas y determinar las consecuencias propias del incumplimiento del reposo no excluye, por sí sola, la potestad del empleador de apreciar los mismos hechos desde la perspectiva de los deberes laborales y disciplinarios que subsisten durante la relación contractual. Se trata de ámbitos de responsabilidad diversos, de modo que el rechazo sanitario de una licencia no impide que la conducta que lo origina pueda ser considerada, además, para efectos laborales, sin que ello importe necesariamente sancionar dos veces una misma infracción jurídica.

Noveno: Que tampoco resulta atendible sostener que, por haberse suspendido temporalmente la obligación material de prestar servicios durante la licencia, toda conducta desarrollada en ese lapso quede necesariamente sustraída de la causal de falta de probidad en el desempeño de las funciones. La jurisprudencia laboral reciente ha reconocido que dicha expresión no se agota en un criterio puramente espacial o cronológico y puede comprender actuaciones ejecutadas fuera de la jornada cuando presentan una conexión objetiva e intensa con la relación laboral, la justificación de la inasistencia y los deberes de buena fe y lealtad que subsisten durante la vigencia del contrato.

Décimo: Que, en el caso concreto, la conexión con la relación laboral no aparece construida sobre una intromisión genérica en la vida privada de la recurrente, sino sobre el uso de dos licencias médicas que justificaban precisamente su ausencia al trabajo, ambas con reposo total y lugar determinado para su cumplimiento, durante cuya vigencia salió voluntariamente del país por razones particulares. La autoridad ponderó que esas circunstancias comprometían la confianza inherente al vínculo y explicó por qué las motivaciones personales, la ausencia de dolo alegada y la inexistencia de un perjuicio patrimonial específico no desvirtuaban, a su juicio, la gravedad de la conducta.

Undécimo: Que, por otra parte, la alegación relativa a la prohibición de aplicar medidas expulsivas durante el período electoral tampoco permite calificar de ilegal el acto impugnado. Si bien las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República para las elecciones de 2025 contemplaron limitaciones para la aplicación, durante ese lapso, de causales del artículo 160 del Código del Trabajo respecto del personal comprendido en los artículos 156 y 157 de la Ley N° 10.336, el órgano contralor ha precisado posteriormente que dichas restricciones se refieren a funcionarios públicos y no operan respecto de los trabajadores de corporaciones municipales de derecho privado, calidad que corresponde a la recurrida de autos.

Duodécimo: Que, en estas condiciones, no se advierte que la recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus atribuciones, prescindiendo del procedimiento aplicable o sobre la base de hechos inexistentes. Por el contrario, la decisión aparece precedida de una investigación, fundada en hechos reconocidos por la propia recurrente y contiene las razones jurídicas y fácticas que condujeron a calificar la conducta como falta de probidad y a poner término a la relación laboral. La discrepancia de la actora con esa calificación y con la intensidad de la medida puede ser sometida a las acciones laborales que el ordenamiento contempla, pero no basta, en las circunstancias descritas, para configurar un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

Décimo tercero: Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado una actuación ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección 4835-2025.