nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE

San Miguel, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 15 y 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, médico cirujano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, representado legalmente por su Directora nombre reservado, por haber dictado la Resolución TRA N°449/17/2025, de 1 de septiembre de 2025, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 22 de octubre de 2025 y notificada a la recurrente el 18 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró vacante el cargo de Médico en Etapa de Destinación y Formación (EDF) que la recurrente servía en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Villa O’Higgins, de la comuna de La Florida, por salud incompatible con el desempeño del cargo, en los términos del artículo 151 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida se limitó a computar el número de días de licencia médica acumulados por la recurrente para declarar la vacancia de su cargo, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado, se ordene su reincorporación al cargo y el pago de las remuneraciones y demás estipendios dejados de percibir entre la notificación de la resolución recurrida y la dictación del fallo.

Expone que, en el año 2022, en el contexto del concurso CONISS 2022, ingresó al Servicio recurrido en calidad de médico en Etapa de Destinación y Formación (EDF), siendo destinada al CESFAM Los Quillayes de la comuna de La Florida. Señala que en enero de 2023 fue objeto de una amenaza y de un intento de agresión por parte de un paciente en estado de ebriedad, hecho que puso en conocimiento de la recurrida y que derivó en un tratamiento de salud mental, incluyendo terapia electroconvulsiva y hospitalización, así como en su reubicación al CESFAM domicilio reservado. Indica que se reintegró parcialmente a sus labores el 11 de marzo de 2024 y en forma total el 25 de marzo de 2024, desempeñándose con normalidad desde entonces, y que en su informe de precalificación correspondiente al período 2024 fue evaluada favorablemente por la propia recurrida.

Añade que, el 18 de noviembre de 2025, fue notificada de la Resolución TRA N°449/17/2025, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, no obstante que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur Oriente (“COMPIN”), mediante Resolución Exenta N°453, de 8 de julio de 2025, había resuelto que su estado de salud es recuperable. Sostiene que la recurrida se limitó a computar el número de días de licencia médica acumulados, sin efectuar ponderación objetiva alguna de la naturaleza de sus ausencias —originadas en el episodio de violencia sufrido en el ejercicio de sus funciones—, sin requerirle exponer los motivos de sus licencias ni acompañar antecedentes médicos, y sin considerar su reintegro efectivo y su buen desempeño posterior, todo lo cual configuraría un acto arbitrario e ilegal, contrario a la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia sobre el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que vulneraría las garantías constitucionales de los numerales 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrente acompaña, entre otros documentos, copia de la Resolución TRA N°449/17/2025, copia de la Resolución Exenta N°453 de la COMPIN, su informe de precalificación del período 2024 y un certificado de salud mental suscrito por el psicólogo tratante.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Denisse N. Morales Beretta, abogada, en representación del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, quien solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Expone que la recurrente fue destinada, en virtud del concurso CONISS 2022, al CESFAM Los Quillayes, y que, a raíz de la situación de violencia sufrida en enero de 2023, fue reubicada al CESFAM domicilio reservado de agosto de 2023, siempre dentro de la misma comuna. Señala que, según el informe de ausentismo detallado obtenido del Sistema Informático de Recursos Humanos, la recurrente hizo uso de licencias médicas entre los años 2022 y 2025 por un total de 523 días, motivo por el cual la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur Oriente, mediante Resolución Exenta N°453, de 8 de julio de 2025, evaluó sus antecedentes médicos y administrativos y resolvió que presenta un estado de salud recuperable. Añade que dichas licencias no tienen por causa un accidente en acto de servicio ni se vinculan a la maternidad de la funcionaria.

Sostiene que, con el mérito de dicha resolución, la Directora del Servicio, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el artículo 151 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, dictó la Resolución TRA N°449/17/2025, de 1 de septiembre de 2025, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 22 de octubre de 2025, que declaró la vacancia del cargo de la recurrente por salud incompatible con su desempeño, cumpliéndose con ello los supuestos objetivos que exige la norma, esto es, el uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años y la existencia de un pronunciamiento previo de la COMPIN sobre la recuperabilidad de la salud de la funcionaria. Indica que dicha facultad se ejerció fundadamente, en atención al impacto que el ausentismo prolongado de la recurrente provocó en la continuidad de la atención del CESFAM Villa O’Higgins y en la carga de trabajo de sus compañeros, en resguardo del principio de servicialidad que rige a los órganos del Estado, y que la circunstancia de haber sido bien evaluada en su precalificación del año 2024 carece de relevancia, por cuanto dicho período no fue objeto de calificación efectiva, conforme al artículo 40 de la Ley N°18.834, atendidos los 241 días de licencia médica que la recurrente registró durante el respectivo período calificatorio.

Alega, además, que la presente vía cautelar no resulta idónea para declarar derechos que exigen previamente el agotamiento de un juicio de lato conocimiento o de la respectiva vía administrativa, y que el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, cuando la COMPIN informa que la salud del funcionario es recuperable, se encuentra reconocido y validado por la jurisprudencia constante de la Excma. Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, citando al efecto los fallos de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel Rol N°2047-2025, de 8 de agosto de 2025, y de la Excma. Corte Suprema Rol N°3940-2024 y Rol N°35.371.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida acompaña, entre otros documentos, el informe de situación de licencias médicas de la recurrente, la Resolución Exenta N°453 de la COMPIN y la Resolución TRA N°449/17/2025.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que corresponde tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él—, que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte, en primer término, determinar si la actuación de la recurrida reúne tales características, para luego, en su caso, examinar si con ella se vulneró alguna garantía constitucional amparada por esta vía.

Cuarto: Que corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado, por la presente acción de protección, es ilegal o arbitrario y si afecta las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se denunciaron como vulneradas por la interesada.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (…)”.

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por ende, se observa, en las normas citadas, que la única limitante impuesta al Jefe de Servicio para poner término a la contratación por salud incompatible con el cargo consiste en el hecho de que la salud hubiere sido declarada irrecuperable por la Comisión de Medicina Preventiva, puesto que, en tal situación, esa sería la causa del cese de la función.

Sexto: Que, en el caso de marras, el término de los servicios no acaeció por la invocación de salud irrecuperable, sino que se estimó que se trataba de salud incompatible para el desempeño de la función.

Séptimo: Que es un hecho no controvertido que la recurrente hizo uso de licencias médicas entre los años 2022 y 2025 por un total de 523 días. A su vez, de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes, dichas licencias no tuvieron por causa un accidente en acto de servicio, enfermedad a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones, ni reposo vinculado con la maternidad de la funcionaria. En efecto, si bien no se encuentra controvertido el hecho de que la recurrente fue víctima de un intento de agresión por parte de un paciente ebrio en enero del año 2023, lo cierto es que en ese mes presentó licencias discontinuas por tres días en total, y en febrero dos también discontinuas por un total de catorce días, comenzando recién con licencias de mayor extensión y sucesivas desde marzo de ese año hasta julio de 2023, y luego desde el 28 de agosto hasta marzo de 2024, sin que alguna de ellas fuera por enfermedad profesional o accidente laboral.

A esto se suma que no medió, en este contexto, una declaración de salud irrecuperable, sino que, por el contrario, la COMPIN concluyó expresamente que la salud de la recurrente es recuperable.

Octavo: Que la situación descrita se enmarca en los presupuestos previstos en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo. De lo que, necesariamente, se sigue que el Servicio recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

En efecto, se desprende de las normas precedentemente transcritas que es facultad privativa del Jefe Superior del Servicio calificar si el goce de licencia médica por parte de un funcionario durante un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad, importa o no tener salud incompatible con el desempeño del empleo.

Noveno: Que tampoco el acto impugnado resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que servía y la consecuente declaración de vacancia, esto es, se observaron los fundamentos de hecho —el impacto del ausentismo prolongado en la continuidad de la atención del CESFAM y en la carga de trabajo de sus compañeros— y de derecho que le sirvieron de base de sustentación, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

A mayor abundamiento, la resolución objetada, en su oportunidad, fue sometida a control de legalidad por la Contraloría General de la República, la que, previa comprobación de la concurrencia de los supuestos de hecho y de derecho que la hacían procedente, tomó razón de la misma.

Décimo: Que cabe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo; ello en armonía con el objetivo de dicha labor, que implica prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, la que, conforme a la situación fáctica descrita, no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado.

Undécimo: Que la Excma. Corte Suprema ha resuelto en este sentido sobre la materia, en la sentencia de 22 de abril de 2025, relativa al Rol 3940-2024, la que fundamenta, en lo pertinente: “(…) la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años (…) no está de más recordar que, en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve”.

Duodécimo: Que la Contraloría General de la República, en el Dictamen N°E188441N22, de 24 de febrero de 2022, que ratifica el criterio del Dictamen N°17.351, de 2018, ha concluido que dicha entidad de control “no puede entender por la vía interpretativa que, frente a un informe de la COMPIN que declare que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra impedida de ejercer la facultad de declarar su salud incompatible, pues si aquella hubiese sido su intención, el legislador lo habría señalado expresamente”.

Decimotercero: Que, en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto arbitrario e ilegal denunciado, toda vez que el Servicio recurrido, frente al pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur Oriente, acerca de la recuperabilidad de la salud de la actora, decidió fundadamente, en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo. Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundada, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Decimocuarto: Que, conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4834-2025 Protección