nombre reservado con DICOM EQUIFAX S.A. Y OTRO

San Miguel, quince de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, trabajador, chileno, cedula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de Dicom Equifax Chile S.A., empresa del giro de procesamiento de datos personales, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal que señala, que coarta sus derechos e infringe las garantías consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 3, inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final,11,12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24, y 25 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 31 de enero 2023, solicitó un certificado a Equifax, en conformidad al artículo 12 de la Ley 19.628, el cual le fue entregado en esa misma fecha. Indica que dicho informe de deuda contenía una morosidad, proveniente de Falabella -aunque luego, en su parte petitoria, señala que la morosidad es informada por Clínica Indisa-, consistente en una deuda con vencimiento el 30 de enero de 2021 por un monto de $7.188.976. Agrega que no existe en la actualidad, ni con anterioridad, demanda alguna realizada en su contra por el cobro de este documento, encontrándose la deuda prescrita.

Señala que es ilegal comunicar datos que correspondan a obligaciones vencidas o que se hayan extinguido de algún otro modo legal y añade que hacer público dicho incumplimiento de carácter económico, fuera de los casos previstos por la ley, constituye una perturbación a su derecho a la honra y a la protección de su vida privada.

Añade que debe tenerse presente lo establecido en el artículo 2514 del Código Civil, el cual dispone que “la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”. Además, el artículo 98 de la ley 18.092, establece que; “el plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contando desde el día del vencimiento del documento”.

Indica que en este caso la fecha de vencimiento del documento es el 27 de julio 2021, encontrándose por tanto prescrita la acción para perseguir su cobro, y sin que éste se haya realizado.

Afirma que, por lo tanto, la comunicación de dicha deuda por parte de Dicom Equifax S.A., utilizando datos obtenidos de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., sin duda configura una situación que infringió lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 19.628, sobre tratamiento de datos personales.

Pide que se ordene a las recurridas dejar sin efecto las publicaciones referentes a las morosidades informadas por Falabella, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa la abogada doña María Fernanda Ortiz Fuentes, en representación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., solicitando el rechazo de la acción.

Como cuestión previa, alega la improcedencia de la acción, en el entendido que, cuando una actuación referente a publicación de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial en bancos de datos sobre información comercial es considerada contraria a nuestro ordenamiento jurídico, éste contempla la acción civil de amparo regulada en la Ley N°19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, conocida como Habeas Data, que es de sumarísima tramitación. De esta manera, el recurso de protección en cuestión pierde su naturaleza, por lo que necesariamente debe ser rechazado.

En cuanto al fondo de recurso, señala que la Ley N°19.628 en su artículo 4° establece el principio general que regula el tratamiento de los datos personales, conforme al cual, cuando éstos sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, no se requiere autorización del titular para el tratamiento de los mismos. Agrega que el artículo 17 de la señalada ley, preceptúa “que los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre… como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de... sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales”.

Por consiguiente, correspondiendo las publicaciones que motivan el presente recurso a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que la ley permite publicar sin la autorización del titular y que a la vez dan cuenta del incumplimiento de una obligación que deriva de un préstamo otorgado por una sociedad administradora de créditos otorgados para efectuar compras en la casa comercial Falabella y en sus comercios asociados, precisa que su representada se ha ajustado estrictamente a las normas legales que rigen la materia.

Destaca, asimismo, que no se ha acreditado que la obligación materia de autos se haya extinguido por haber operado a su respecto alguno de los modos que contempla al efecto nuestro ordenamiento jurídico, tras lo cual concluye aseverando que la deuda no estaría prescrita.

Finaliza señalando que, habiendo dado estricto cumplimiento la parte recurrida a las disposiciones que regulan el tratamiento de datos de carácter personal contenidas en la Ley N°19.628, desaparece uno de los supuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, cual es, la conducta ilegal o arbitraria exigida por el texto constitucional, por lo que éste necesariamente deberá ser desestimado en todas sus partes.

Tercero: Que informan los abogados Juan Enrique Nazar Muñiz y Claudia Andrea Concha Muñoz, en representación de Servicios Equifax Chile Limitada, solicitando el rechazo de la acción.

Explican que los sistemas de información o bases de datos de Equifax están compuestos no sólo por información entregada por aportantes directos al Boletín Electrónico Dicom, sino que también integran otros sistemas de información de otros responsables, como por ejemplo las bases de datos denominadas “BOLCOM”, “ICOM o INFOCOM”, que corresponden al Boletín Comercial, cuyo responsable es la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

Indican que la morosidad comunicada por Falabella proviene de la base de datos INFOCOM o ICOM.

Señala que la causa, por la cual los datos de las bases de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., son incluidos en los informes Equifax es por el contrato suscrito entre ambas recurridas, contrato del 11 de abril de 2000, siendo la información del sistema de morosidad en Sistemas Financiero/Comercial “INFOCOM o ICOM” sólo transmitida por su representada. Indica no tener ningún antecedente adicional, sobre las publicaciones denunciadas, que pueda ser aportado a esta Corte, dado que el responsable de las bases de datos materia del presente recurso es la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

Finaliza señalando que no existe acto ilegal y arbitrario que pueda ser imputado a su representada, debido a que ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales respecto a la acción entablada por el recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, de lo expuesto por las partes se desprende que la discusión dice relación con la legalidad -o no- de la publicación efectuada por Dicom Equifax Chile S.A. y de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., de la morosidad que el recurrente tendría respecto de una deuda que mantendría con la empresa Falabella, toda vez que no existiría demanda alguna realizada en su contra y, además, su cobro se encontraría prescrito.

Sin embargo, tal controversia no puede ser dilucidada en este procedimiento de naturaleza cautelar, puesto que no es ésta una instancia declarativa de derechos, sino que este procedimiento constitucional se cautelan derechos preexistentes e indubitados que se ven afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, tal como se ha precisado en el motivo primero.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, cualquiera sea la determinación que se adopte respecto del ámbito de aplicación de la Ley N°19.628, lo cierto es que en su artículo 4° permite el tratamiento de datos personales cuando una norma legal lo autoriza, o el titular consiente en ello, a la vez que regula el tratamiento de antecedentes de carácter financiero, económico, bancario o, en general, el comercial, por diferentes medios y formas. Ello ha sido reglado, además, por la Ley N°20.575 (que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales), determinando quiénes adquieren la calidad de distribuidores de esa información, la que puede estar referida a personas naturales o jurídicas, habilitándolas para realizar tal tratamiento.

En tal sentido, para sostener su recurso, el actor sólo ha acompañado copia de informe de fecha 31 de enero 2023, antecedente a partir del cual no se desprende la ilegalidad o arbitrariedad atribuida a las recurridas.

En efecto, tampoco se ha acreditado por el recurrente que la obligación que dio origen a la publicación se encuentre prescrita o extinta por otros medios, de modo que su comunicación no se encuentra prohibida, razones que determinan el rechazo de la presente acción de protección.

Séptimo: Que, en atención a lo razonado y, por haberse constatado en el presente caso la inexistencia del elemento esencial para la procedencia de un recurso de protección, este es, un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que, por el contrario, se trata de una mera transferencia de información sujeta a la normativa vigente, resulta innecesario analizar la presunta violación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Octavo: Que todo lo hasta aquí expuesto conduce naturalmente a desestimar el arbitrio intentado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Dicom Equifax Chile S.A. y de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

Se previene que, si bien el ministro Sr. Quezada concurre al rechazo de la acción cautelar en examen, no comparte lo razonado en el párrafo segundo del fundamento quinto del presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 483-2023-Protección.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por el ministro señor Danilo Quezada Rojas, por la fiscal judicial señora nombre reservado y por el abogado integrante señor Santiago Albornoz Pollmann.

No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado ni el Abogado Integrante señor Albornoz, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausentes.