nombre reservado con HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU

San Miguel, tres de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

Primero: Que el abogado Diego Vega Núñez, en representación de doña nombre reservado, médica cirujana, recurre de protección en contra del Hospital Barros Luco Trudeau, representada por su Director, Sr. nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución TRA N° 110228/32/2024, mediante la cual el hospital recurrido declaró vacante el cargo que servía con jornada de 11 horas semanales, ley N° 19.664, invocando como causal una supuesta salud incompatible con el desempeño del mismo.

En recurso de protección acumulado, Rol 5012-2024, se recurre además en contra de la Resolución TRA N° 110228/30/2024, de fecha 9 de julio de 2024, en virtud del cual se declara vacante cargo con jornada de 11 horas semanales, ley N° 19.664 y Resolución TRA N° 110228/33/2024, de fecha 11 de julio de 2024, en virtud del cual se declara vacante cargo con jornada de 28 horas semanales, ley N° 15.076.

En cuanto al plazo para recurrir, sostiene que las acciones constitucionales fueron presentadas dentro de plazo, por cuanto la recurrente tomó conocimiento de las resoluciones recurridas con fecha 27 de septiembre de 2024 al recibir por parte del conserje de su domicilio, Sr. nombre reservado, las cartas enviadas desde el Hospital Barros Luco Trudeau.

Estima que los actos constituyen una afectación arbitraria e ilegal de los derechos fundamentales de la recurrente garantizados en el artículo 19 N° s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes señala que la Dra. nombre reservado ha prestado servicios profesionales en el Hospital Barros Luco Trudeau desde julio de 2018, ocupando tres cargos públicos regulados por la Ley N° 19.664 y la Ley N° 15.076, prorrogados todos hasta el 31 de diciembre de 2024.

Expone que a contar de junio de 2023 la recurrente hizo uso de licencias médicas por diagnóstico de estrés agudo, originado por un ambiente laboral adverso, situación que fue denunciada mediante los canales internos del Hospital en octubre 2023 y, posteriormente, ante la Contraloría General de la República en enero 2024, sin obtener una resolución sustantiva por falta de informe de la recurrida.

Señala que en cumplimiento del artículo 151 del Estatuto Administrativo, el Hospital recurrido solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación médica de la recurrente, emitiendo este organismo con fecha 9 de abril de 2024 la Resolución Exenta N° 145.014, declarando que la salud de la recurrente es recuperable, es decir, compatible con el ejercicio del cargo. Sin embargo, indica que, a pesar de dicho pronunciamiento técnico, el Hospital emitió las resoluciones de vacancia impugnadas, poniendo término a la relación estatutaria, afectando las remuneraciones correspondientes al cargo.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que el artículo 151 del Estatuto Administrativo, modificado por la Ley N° 21.050, obliga en el inciso tercero a contar con una evaluación técnica previa de la COMPIN antes de declarar la salud de un funcionario como incompatible y solo si dicha evaluación determina que la salud es irrecuperable, procede aplicar la causal de vacancia.

Aduce que en el caso la COMPIN estableció que la salud de la Dra. nombre reservado es recuperable, por lo que la resolución dictada por el Hospital carece del requisito legal habilitante, resultando, por tanto ilegal y arbitraria.

Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentencias Roles N° 2024-11-INA y N° 3006-16-INA, en que ha sostenido que no basta el uso de licencias médicas superiores a seis meses para declarar salud incompatible y sentencia de la Corte Suprema de 13 de septiembre de 2023, recaída en Rol N° 167.324-2023, que ha ratificado que el pronunciamiento técnico de la COMPIN tiene carácter vinculante.

Sostiene que la actuación ilegal del hospital recurrido ha afectado la Igualdad ante la ley, amparado en el artículo 19 N° 2 CPR al haberse otorgado a la recurrente un tratamiento desigual en comparación con otros funcionarios en condiciones similares, sin justificación razonable y su derecho de propiedad, amparado en el N° 24 del mismo artículo, por cuanto se le ha privado de percibir las remuneraciones que legítimamente le correspondían, afectando su patrimonio sin fundamento legal válido.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso, declarando que las resoluciones administrativas impugnadas son ilegales y arbitrarias, dejando sin efecto la vacancia de los cargos de la recurrente, ordenando su reincorporación inmediata y el pago íntegro de las remuneraciones retenidas indebidamente;

Segundo: Que, informando el recurso, el Hospital señaló que durante el período comprendido entre el 20 de abril de 2022 y el 15 de abril de 2024, la recurrente presentó un total de 374 días de ausentismo laboral por licencias médicas, acumulando un historial total de 573 días en años anteriores.

Agrega que de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, el Jefe Superior del Servicio requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación de la salud de la funcionaria, la que mediante Resolución Exenta N° 145014, de fecha 09 de abril de 2024 concluyó que el estado de salud de la funcionaria era recuperable.

Expone que, conforme a la normativa vigente y fundado en el dictamen de la COMPIN, el Jefe Superior del Servicio dictó las siguientes resoluciones declarando vacante los cargos por haber hecho ésta uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable:

1. Resolución TRA N° 110228/32/2024, de fecha 11 de julio de 2024 (toma de razón: 30 de agosto de 2024) cargo a contrata grado Ley N° 19.664, con jornada de 11 horas semanales.

2. Resolución TRA N° 110228/30/2024, de fecha 09 de julio de 2024 (toma de razón: 16 de septiembre de 2024), cargo a contrata grado Ley N° 19.664, con jornada de 11 horas semanales.

3. Resolución TRA N° 110228/33/2024: de fecha 11 de julio de 2024 (toma de razón: 16 de septiembre de 2024), cargo a contrata sin grado Ley N° 15.076, con jornada de 28 horas semanales.

Indica que las resoluciones fueron notificadas mediante carta certificada a la exfuncionaria, con comprobantes de entrega por parte de Correos de Chile en fechas 6 y 27 de septiembre de 2024.

En cuanto a la ilegalidad alegada por haberse declarado la vacancia sin que mediara una declaración de salud irrecuperable por parte de COMPIN, invocando una supuesta interpretación restrictiva del artículo 151 del Estatuto Administrativo, sostiene que el artículo 151 establece expresamente que la autoridad puede declarar la salud incompatible con el cargo si el funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, sin necesidad de que se declare la irrecuperabilidad, siendo suficiente la recuperación no inmediata para configurar dicha incompatibilidad. Agrega que dicha interpretación se ajusta a lo resuelto reiteradamente por la Contraloría General de la República, que ha determinado que la declaración de recuperabilidad no impide declarar la salud incompatible, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 151, entre ellos, contar con el informe previo de la COMPIN.

En informe complementario añade que se evidencia una confusión normativa, ya que se confunde la institución de “salud incompatible con el cargo” y la “irrecuperabilidad de la salud del funcionario”, la primera de estas se encuentra regulada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo y la segunda en el artículo 152, afirmando que la declaración de ser recuperable o irrecuperable la salud del funcionario no determina la aplicación o no de la declaración de salud incompatible con el cargo, sino que, por el contrario, en caso de considerar la COMPIN que mantiene una salud recuperable, dicha consideración habilita al Jefe Superior del Servicio a declarar vacante el cargo por salud incompatible con el mismo; en caso contrario, de declararse la irrecuperabilidad de la salud, corresponde la aplicación del artículo 152 del Estatuto Administrativo, interpretación que indica, es concordante con la que mantiene Contraloría General de la República en dictamen 17351- 2018, al pronunciarse sobre los nuevos incisos terceros de los artículos 151 de la ley N° 18.834 y 148 de la ley N° 18.883, que exigen para declarar la salud incompatible una evaluación previa de la comisión de medicina preventiva e invalidez.

En suma, afirma que las resoluciones impugnadas fueron tomadas razón por la Contraloría General de la República y gozan de presunción de legalidad conforme al artículo 3 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, por lo que no se advierte acto u omisión arbitraria o ilegal por parte del Hospital, habiéndose actuado conforme a la normativa aplicable y respetado las garantías del debido proceso, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, por no concurrir vulneración de garantías constitucionales, con expresa condena en costas;

Tercero: Informando Contraloría General de la República señaló que, por medio de sus resoluciones TRA Nos 30, 32 y 33, de 9 y 11 de julio de 2024, el Servicio de Salud declaró la vacancia de los cargos de 11 y 28 horas semanales en los que se encontraba designada la recurrente, actos tomados razón por esta institución de fiscalización el 16 de septiembre de 2024.

Agrega, en cuanto a las denuncias efectuadas por la recurrente, que de la revisión de los registros fue posible comprobar que la recurrente realizó dos presentaciones el 5 de febrero de 2024, ingresadas bajo las referencias folios Nos W17.007 y W17.011, por las que, en síntesis, reclamó que el mencionado centro hospitalario no había dispuesto gestión alguna en torno a una denuncia por acoso laboral que dedujo ante aquel establecimiento en octubre de 2023, denuncias que fueron atendidas mediante el oficio No E451.253, de 2024, por el que se remitieron dichos antecedentes al reseñado complejo asistencial, para que este brindara una respuesta directa en torno a la problemática planteada, debiendo dar cuenta de ello en los términos que ahí se indicaron.

Añade que posteriormente, el 4 de marzo de 2024, se recibió una nueva presentación de la recurrente, mediante la cual denunció que el nombrado recinto asistencial no le había brindado una respuesta en relación con lo instruido.

Indica que, por su parte, el Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, por medio de su oficio No 189, de 2024, comunicó que, de acuerdo con el mérito de los antecedentes aportados por la recurrente de autos, decidió no instruir un procedimiento disciplinario, toda vez que los hechos denunciados guardaban relación con instrucciones propias de un cometido funcionario, no siendo, por tanto, conductas constitutivas de acoso laboral, lo que fue comunicado a la recurrente para su conocimiento y fines que resultaran pertinentes;

Cuarto: Que, informando COMPIN al tenor de lo solicitado, señaló que a través de la Resolución Exenta N° 145014, de fecha 9 de abril del año 2024, emanada de dicha Subcomisión, y ante la solicitud efectuada por el director del Hospital Barros Luco TRUDEAU, se evaluó la recuperabilidad del estado de salud de la recurrente, declarando que su salud es recuperable.

Quinto: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley– o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se ha indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Política;

Sexto: Que, como se advierte del recurso, los actos que se califica como ilegales y arbitrarios son aquellos que declararon la vacancia de los cargos que servía la actora en el Hospital Barros Luco Trudeau por ser su salud incompatible con ellos, específicamente la Resolución TRA N° 110228/32/2024, mediante la cual el hospital recurrido declaró vacante el cargo que la Dra. nombre reservado servía con jornada de 11 horas semanales, ley N° 19.664 y, además –en el recurso de protección acumulado-, la Resolución TRA N° 110228/30/2024, de 9 de julio de 2024, que declaró vacante cargo con jornada de 11 horas semanales, ley N° 19.664 y Resolución TRA N° 110228/33/2024, de 11 de julio de 2024, que declaró vacante cargo con jornada de 28 horas semanales, ley N° 15.076;

Séptimo: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por el jefe superior del Servicio recurrido, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró recuperable la salud de la recurrente;

Octavo: Que es del caso señalar que, entre el 20 de abril de 2022 y el 15 de abril de 2024 la recurrente presentó un total de 374 días de ausentismo laboral por licencias médicas, lo que ciertamente se enmarca en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

Dicha norma sólo establece una relación entre la salud –recuperable- de los funcionarios y su compatibilidad con el desempeño del cargo para el cual fueron nombrados, facultando al jefe del servicio para calificar esa situación, distinta de aquella que ocurre si la salud es irrecuperable, evento en el cual rige el artículo 152 de la misma norma, que da lugar a otras situaciones, como la posible jubilación anticipada por invalidez en las condiciones establecidas en esa disposición.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo y en la forma prevista por la ley, lo que impide calificar su accionar como ilegal;

Noveno: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria obstaculiza -ciertamente- la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado. Ello impide considerar que el acto sea arbitrario, sin que corresponda analizar en estos recursos acumulados las razones que habrían motivado la extensión de licencias médicas por un período tan prolongado, puesto que las supuestas conductas de acoso que el recurso menciona ya fueron calificadas por la recurrida, sin que tal calificación haya sido objeto de reproche en esta sede;

Décimo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Jefatura Superior del Hospital Barros Luco Trudeau, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de la salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta y teniendo en cuenta el tiempo de ausencia por licencias médicas, decidió fundadamente conforme lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que le faculta para ello, disponer la vacancia de los cargos servidos por la recurrente.

Por consiguiente, la decisión de declarar tal vacancia ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración;

Undécimo: Que, no siendo ilegales ni arbitrarios los actos denunciados, resulta inoficioso el análisis de las garantías constitucionales cuyo legítimo ejercicio se dice conculcado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Hospital Barros Luco Trudeau.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministro Sra. Cienfuegos.

Rol 4801-2024 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte, integrada por la ministra señora Ana Cienfuegos Barros, fiscal judicial señora nombre reservado y abogado integrante señor Hugo Caneo Ormazábal. No firma el abogado integrante señor Caneo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.