COMERCIALIZADORA LAGOS-INFANTE LIMITADA con DIRECCIÓN DEL TRABAJO - (SANTIAGO SUR)

Certifico que se anunció y alegó contra el recurso de protección la abogado doña Amparito Cruchaga. En San Miguel, 07 de julio de 2020. nombre reservado. Relatora ad-hoc.

En San Miguel, siete de julio de dos mil veinte.

Al folio 49.864: A lo principal: Por acompañado; Al otrosí: Téngase presente.

Al folio 51.543: Téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en representación de Comercializadora Lagos-Infante Limitada, LAIN Chile, representada por nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Resolución ORD. 287 de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, de la que tomó conocimiento el día 18 de abril de 2020, por haber sido afectada en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19°, números 2, 21 y 24 de la Constitución, al haber rechazado sin fundamento legal e irracionalmente una solicitud de sustitución de multa por capacitación.

Expuso que con fecha 30 de diciembre de 2019 se solicitó una sustitución de multa por capacitación ante la Inspección Comunal del Trabajo Sur. Ello, según dispone el artículo 506 ter del Código del Trabajo, al señalar que “Tratándose de micro y pequeñas empresas, y en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 de este Código, el inspector del trabajo respectivo autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por alguna de las modalidades siguientes:

1. Si la multa impuesta es por infracción a normas de higiene y seguridad, por la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento, en el que se acredite la corrección de la o las infracciones que dieron origen a la sanción y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dicho programa deberá implementarse con la asistencia técnica del organismo administrador de la ley N° 16.744, al que se encuentre afiliada o adherida la empresa infractora y deberá ser presentado para su aprobación por la Dirección del Trabajo, debiendo mantenerse permanentemente a su disposición en los lugares de trabajo. La presente disposición será igualmente aplicada por la autoridad sanitaria que corresponda, en aquellos casos en que sea ésta quien aplique la sanción.

2. En el caso de multas no comprendidas en el número anterior, y previa acreditación de la corrección, de la o las infracciones que dieron origen a la sanción, por la asistencia obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño, o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, los que tendrán una duración máxima de dos semanas. La solicitud de sustitución deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución de multa administrativa.

Autorizada la sustitución de la multa de conformidad a lo dispuesto precedentemente, si el empleador no cumpliere con su obligación de incorporarse en un programa de asistencia al cumplimiento o de asistencia a programas de capacitación, según corresponda, en el plazo de 60 días, procederá al aumento de la multa original, el que no podrá exceder de un 25% de su valor”.

Indicó que se hizo la solicitud ya que se le cursó sólo una multa en el año, y la infracción fue corregida, y sin embargo, la resolución ORD. 287 de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, de fecha 01 de abril de 2020, rechazó su petición, sin fundamento, ni lógica, y de manera ilegal y arbitraria. Expresó que en la misma resolución se rechazaron 2 multas, por 9 UTM cada una, habiéndose acreditado su corrección, y que como fundamento expuso, respecto de la primera, que “"Se rechaza: Revisados los antecedentes de la solicitud se advierte que no presenta justificación y acredita corrección con documentación relacionada a no contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales art. 10 y 506 del Código del Trabajo."; y de la segunda que “Se rechaza: Revisados los antecedentes de la solicitud se advierte que no presenta justificación y acredita con documentación corrección relacionada con el finiquito de trabajo y no poner el pago a disposición del trabajador dentro del plazo de 10 días arts. 177 y 506 del Código del Trabajo." Señaló que las multas fueron porque la empleadora no había indicado en un anexo del contrato de trabajo, un bono consistente en el pago de un plan básico de celular, siendo que dicho bono sí se pagaba pero por un error administrativo no fue agregado. Y, en relación con la segunda multa, manifestó que la confusión fue asimilar el plazo de pago del finiquito con el de la remuneración mensual, ya que era el último mes de trabajo, por lo que, nunca hubo una intención de no remunerar, sino que se pagaron todos los estipendios correspondientes, aunque con un retardo de más o menos 5 días, por el error en el concepto de finiquito.

Arguyó que por dichos errores de conceptos y necesidad de aprender sobre mejor administración y aplicación de asuntos técnicos sobre normativa laboral, solicitó la sustitución de las dos multas por capacitación, de conformidad con el artículo 506 ter del Código del Trabajo, lo que fue rechazado por, la Inspección del Trabajo, a pesar que tuvo a la vista que se acreditó con antecedentes la corrección de la infracción y por tanto de lo que había originado la multa, lo que genera un acto ilegal y arbitrario. Indicó que se trataba de un acto ilógico, caprichoso, irracional, en el que se sanciona incluso habiendo dado cumplimiento de la normativa laboral, constatado por la misma Inspección.

Argumentó que los hechos expuestos vulneran las garantías constitucionales de los números 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución. Respecto del N°2, indicó que la resolución de la Inspección del Trabajo, constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra la igualdad ante la ley, por cuanto, si la Inspección del Trabajo autoriza la sustitución de multa por capacitación a una serie de empresas y a LAIN Chile no, sin motivo ni justificación razonable, se está ante una ilegalidad y al mismo tiempo discriminación arbitraria. Agregó que la misma Dirección del Trabajo en su sitio electrónico indica los requisitos para solicitar la sustitución de la multa por capacitación, y que éstos fueron cumplidos por la recurrente.

También expuso que la Inspección, de acuerdo con el artículo 506 ter, no tiene discrecionalidad administrativa en estas materias, por lo que con el solo hecho de revisar los antecedentes y constatar la corrección de la infracción debiese acceder a la sustitución de la multa por capacitación, y al no hacerlo se ha discriminado a su representada, de manera ilegal y arbitraria.

Asimismo argumentó que atentó contra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, establecido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, por cuanto el artículo 506 ter está enfocado a las micro y pequeñas empresas, buscando ayudarlas a través de la posibilidad de capacitar a su personal, para así desarrollar de mejor forma una actividad económica, por ello, si la Inspección del Trabajo está privando de una capacitación a una microempresa, está atentando contra su crecimiento, su aprendizaje, su desarrollo de la actividad económica, es decir, atenta contra la actividad económica de los emprendimientos, en este caso de los más pequeños, coartándoles la posibilidad de "desarrollarse". Agregó que en el caso de autos, se imposibilita o perturba en el desarrollo de una actividad económica, ya sea para capacitarse o realizar de mejor manera un rubro por una microempresa, porque se quedará en un registro de multas en el que nunca debió estarse.

Arguyó que en cuanto al derecho de propiedad, el rechazo de la solicitud de sustitución de las multas afectas directamente el patrimonio de la empresa, ya que las multas son 18 UTM ($906.696 pesos a junio 2020), las que para una microempresa afectan su desempeño, especialmente en la época actual de recesión económica.

Por lo anterior solicitó que se deje sin efecto la resolución ORD. 287 de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, de fecha 01 de abril de 2020, que rechaza la solicitud de sustitución de multa por capacitación a la Comercializadora Lagos-Infante Limitada, y ordenar que la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur dicte una resolución de reemplazo, que autorice la sustitución de multa por capacitación, y/o cualquier otra medida tendiente a restablecer el imperio del Derecho relacionadas con las garantías constitucionales afectadas, con costas.

Para fundar sus asertos acompañó a su recurso la Resolución ORD. 287 de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, de fecha 01 de abril de 2020, que rechaza la solicitud de sustitución de multa por capacitación; Sitio electrónico de la Dirección del Trabajo donde constan los criterios para otorgar capación por multa; y Mandato judicial otorgado por el demandante ante la Notaria Sra. Pilar Gutiérrez, Repertorio N° 794 – 2018.

SEGUNDO: Que informó al tenor del recurso doña Amparito Cruchaga Valenzuela, abogada en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, quien alegó primero la improcedencia del recurso, argumentando que la acción constitucional de protección debe reunir los siguientes requisitos de procedencia: a) la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal; c) que, como consecuencia de ello, se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; y d) que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada.

Expuso que el acto administrativo impugnado era legal y carecía de rasgos arbitrarios, para lo que definió acto arbitrario como aquel que es fruto del capricho o de la sinrazón, y definió acto ilegal como aquel contrario a la ley, citando para ello el artículo 1 del Código Civil. Indicó que el Ordinario recurrido fue dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por el artículo 506 ter N°2 del Código del Trabajo, por lo que no podía ser considerado como ilegal, ni tampoco como arbitrario, pues éste fue razonado, argumentado y fundado conforme a Derecho.

Argumentó que lo ocurrido fue que la empleadora interpretó incorrectamente el Ordinario contra el que recurre, puesto que el Ordinario N° 287 Informa el estado de la solicitud de sustitución de la multa N°4160/2019/29-1 y 2 y señala expresamente que se rechaza su solicitud, indicando como fundamento de tal rechazo, respecto de la multa N°1: "Revisados los antecedentes de la solicitud se advierte que no presenta justificación y –según indica la recurrida, por un error de tipeo se omitió la palabra NO- (NO) acredita corrección con documentación relacionada a no contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales art. 10 y 506 del Código del Trabajo." Y sobre la multa N°2 que "Revisados los antecedentes de la solicitud se advierte que no presenta justificación y –según indica la recurrida, también por un error de tipeo se omitió la palabra NO- (NO) acredita con documentación corrección relacionada con el finiquito de trabajo y no poner el pago a disposición del trabajador dentro del plazo de 10 días art. 177 y 506 del Código del Trabajo." Explicó que tales fundamentos eran producto de la propia solicitud de sustitución de multa presentada por la empresa donde indica expresamente que, respecto de la multa N°1, "Se emitió anexo de contrato donde se indica el pago de un bono Teléfono por $20.000. -, el cual NO FUE FIRMADO POR EL TRABAJADOR...", lo que no constituía una corrección de la infracción, y de la multa N°2, el empleador reconoció el hecho por el cual se cursó la multa señalando: "Por error administrativo se puso fecha de emisión del finiquito con fecha 30 de octubre de 2019, pero después de sus faltas reiteradas dentro de los 10 días se informó al trabajador telefónicamente que su finiquito se encontraba en notaría" e hizo presente que la multa se cursó por no otorgar finiquito ni poner su pago a disposición del trabajador nombre reservado dentro de los 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador, de modo que el reconocimiento de la falta no podía considerarse como una corrección.

Arguyó que la Constitución consagró en los Artículos 6° y 7° el denominado "Principio de Legalidad" o de "Juridicidad" que prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. Así, conforme al principio constitucional referido, la Inspección del Trabajo debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral, que en el caso sub lite, significó su pronunciamiento sobre la solicitud de sustitución de multas por programas de capacitación en virtud de sus facultades conferidas en el artículo 506 ter del Código del Trabajo que señala expresamente en su numeral segundo: "En el caso de multas no comprendidas en el número anterior, y previa acreditación de la corrección, de la o las infracciones que dieron origen a la sanción…”, debiendo por lo tanto, resolver conforme a derecho dichos requerimientos, con pena de incurrir en una falta funcionaria, por lo que actuó en ejercicio de sus facultades específicas, limitándose a pronunciarse respecto a la solicitud de sustitución de multa por programa de capacitación, resolviendo que dicha solicitud era rechazada por no presentar justificación que acredite la corrección según lo establecido en los artículos citados.

Por los fundamentos antedichos, solicitó que se desechase el recurso de protección, en razón de no existir ningún acto ilegal o arbitrario del Servicio, por lo que el recurso carece de los requisitos de procedencia, con costas.

En subsidio de lo anterior, informó sobre los hechos que dieron lugar a la acción interpuesta, y señaló que con fecha 13 de noviembre de 2019, la fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, doña nombre reservado, cursó una multa administrativa al empleador Comercializadora Lagos Infante Ltda., mediante la Resolución N° 4160/2019/29-1 y 2, notificada por correo certificado el día 11 de diciembre de 2019. La empresa sancionada solicitó la sustitución de multa por programa de capacitación, la que fue presentada con fecha 30 de diciembre de 2019. Indicó que dicha presentación no cumplió con el requisito de acreditar la corrección de las infracciones según lo previsto en el numeral segundo del artículo 506 ter del Código del Trabajo, por lo que, con fecha 01 de abril de 2020, mediante el Ordinario N° 287, el Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur, rechazó su solicitud de sustitución de multa por programa de capación, en atención a que no presentó justificación que acredite la corrección de las infracciones por las que se cursó la multa ya referida.

Argumentó que los derechos fundamentales que la recurrente reclamaba como lesionados, no se habrían afectado con la dictación del Ordinario N° 287, que rechazó su solicitud de sustitución de multa por programa de capacitación, como ya se señaló, y añadió que, sin perjuicio de ello, en contra del Ordinario 287, correspondía utilizar la vía judicial, a través de Tribunales Contenciosos Administrativos, o bien la vía administrativa, en virtud del Recurso de invalidación, extraordinario de revisión o el de aclaración, todos de la Ley 19.880, mas no la acción de protección.

En consecuencia solicitó el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Finalmente, acompañó a su informe la Copia de Resolución de Multa N° 4160/2019/29, de fecha 13 de noviembre de 2019 con su notificación; Solicitud de Sustitución de Multa por Programa de Capacitación, presentado por la empresa Comercializadora Lagos Infante Ltda., de fecha 30 de diciembre de 2019, con escrito adjunto de fundamentación; y Copia de Ordinario N° 287, de fecha 01 de abril de 2020. CUARTO: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos y garantías constitucionales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por tanto, supone la existencia de hechos indubitados que posibiliten actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela.

TERCERO: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos y garantías constitucionales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por tanto, supone la existencia de hechos indubitados que posibiliten actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela.

A su vez, para que el recurso de protección pueda ser acogido, debe existir una acción u omisión, arbitraria o ilegal actual, que prive, perturbe o impida el ejercicio de un derecho garantizado por la Constitución, y que la Corte pueda dictar medidas que permitan el restablecimiento del imperio del derecho.

CUARTO: Que de los antecedentes expuestos por la recurrente y los aportados por la Inspección del Trabajo, se verifica que el acto que se indica como ilegal y arbitrario corresponde a una resolución dictada por la recurrida, que rechazó la solicitud de sustitución de multa por capacitación, de lo cual se desprende que obró dentro de sus facultades conforme lo señala el artículo 505 del Código del Trabajo y en la forma prevista por la ley, de modo que no puede calificarse de ilegal dicho acto. Además, la resolución contiene los fundamentos que la sustentan -sin perjuicio del error anotado, que no obsta a su comprensión-, lo que excluye la arbitrariedad de dicho acto.

QUINTO: Que no siendo ilegal ni arbitrario el acto impugnado resulta innecesario referirse a cada una de las garantías constitucionales que se dice perturbadas o amenazadas.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la empresa Comercializadora Lagos Infante Ltda. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 4783-2020-PROT.