nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZMO REGION METROPOLITANA

San Miguel, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

A los folios 21 y 22: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado interpone recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, fundado en la dictación de la Resolución Exenta N° 3753, de 21 de octubre de 2025, notificada el 7 de noviembre del mismo año, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° 89 de 2025, que la excluyó del proyecto habitacional “Conjunto Habitacional Nueva Ilusión”, código 121007, comuna de San Bernardo, acto que la priva y perturba de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N°2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que fue seleccionada para recibir un subsidio habitacional del D.S. N° 49 en el marco de una postulación colectiva; que se le asignó formalmente el subsidio en 2016; que en 2017 se descontaron 20 UF de su cuenta de ahorro para la vivienda; que en mayo de 2019 recibió materialmente la vivienda y comenzó a habitarla, asumiendo los pagos de servicios básicos y gastos de conservación; que la recepción definitiva de las obras se verificó en diciembre de 2024; y que en mayo de 2025 concurrió a suscribir la escritura respectiva. Añade que, pese a ello, en septiembre de 2025 fue notificada de su exclusión del proyecto por estimarse que su cónyuge, con quien contrajo matrimonio bajo régimen de separación total de bienes, figuraba como propietario de un sitio eriazo en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos.

Sostiene que dicha decisión constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto carece de fundamentación suficiente y vulnera sus derechos constitucionales de propiedad, honra, igual protección de la ley e igualdad ante la ley. Afirma que el SERVIU actuó sin otorgarle una instancia previa para formular descargos y que, al rechazar su reposición, le atribuyó incluso la existencia de eventuales conductas delictivas sin competencia legal para ello, afectando indebidamente su honra.

Alega además que la exclusión desconoce circunstancias esenciales del caso, tales como el excesivo tiempo transcurrido entre la adjudicación del subsidio y la escrituración, su régimen matrimonial de separación total de bienes, el hecho de que el inmueble adquirido por su cónyuge corresponde sólo a un sitio eriazo y no a una vivienda, y que tal adquisición tuvo lugar muchos años después de adjudicado el subsidio.

Añade que la Administración no puede pretender que durante más de una década de tramitación su situación personal y familiar permaneciera inmutable, ni transformar su propia inactividad en una causal para privarla del beneficio habitacional ya otorgado y de los derechos adquiridos sobre la vivienda que se le entregó materialmente en 2019.

Solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, se la reincorpore a la nómina de beneficiarios y se ordene gestionar la escrituración definitiva del inmueble.

Segundo: Que, al evacuar informe, Víctor Mardones Soto, abogado en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido por nombre reservado.

Expone, en primer término, que, si bien existe coincidencia entre los hechos relatados por la recurrente y la tramitación administrativa de su caso, discrepa completamente de la valoración que ésta efectúa, negando que el SERVIU Metropolitano haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria al excluirla de la nómina de beneficiarias del proyecto habitacional. Añade que dicha exclusión se enmarca dentro de los procedimientos de postulación colectiva a programas de vivienda del MINVU y de las facultades del Servicio para revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto Supremo N° 49 de 2011.

Sostiene que la Resolución Exenta N° 3753, de 21 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora en contra de la Resolución Exenta N° 89, fue dictada con estricto apego a la legalidad. Señala que la Resolución N° 89 modificó la nómina original de beneficiarios del proyecto “Conjunto Habitacional Nueva Ilusión”, excluyendo a la recurrente en aplicación de la normativa sectorial, particularmente de los artículos 61 y 4 letra a) del D.S. N° 49 de 2011, que impiden postular o aplicar el subsidio a quienes, o cuyos cónyuges o integrantes del núcleo familiar declarado, sean propietarios o asignatarios de una vivienda, impedimento que se mantiene hasta el momento de la escrituración. Sobre esa base, afirma que no concurre ilegalidad alguna, desde que el acto impugnado fue dictado conforme a la Constitución, a la Ley N° 19.880 y a la normativa especial que regula el subsidio habitacional en cuestión.

En cuanto a la arbitrariedad denunciada, expresa que su actuación no obedece a un capricho ni a una decisión antojadiza, sino al cumplimiento obligatorio de la normativa sectorial aplicable. Precisa que el subsidio habitacional constituye una ayuda estatal directa, otorgada por una sola vez y sujeta no sólo al nacimiento de un derecho para quien cumple los requisitos, sino también a las cargas jurídicas que dicho beneficio impone. Añade que no existió una predisposición del Servicio para afectar particularmente a la recurrente, ni patrimonial ni extrapatrimonialmente, sino que la medida adoptada fue la consecuencia proporcional de la verificación de una infracción a las reglas del programa. Sostiene asimismo que se otorgó traslado a la actora para formular alegaciones y acompañar antecedentes, los que fueron ponderados antes de resolver, descartando así un actuar desprovisto de razonabilidad.

Rechaza además que con su actuación se hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la actora, esto es, las previstas en el artículo 19 N° 24, N° 4, en relación con el N° 3, y N° 2 de la Constitución. Al efecto, sostiene que no se ha afectado el derecho de propiedad, porque el subsidio no puede entenderse al margen de las cargas y condiciones que la propia normativa le impone y porque no se trata de un derecho absoluto, transferible o inmune al control de legalidad administrativo. Añade que tampoco se configura una afectación a la honra ni a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, así como tampoco una vulneración a la igualdad ante la ley, ya que no ha existido trato diferenciado arbitrario respecto de otros postulantes, sino la aplicación uniforme de las reglas del programa habitacional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 4 del Decreto N°49 de 2011 que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, dispone: “Impedimentos para postular y para aplicar el subsidio habitacional, en los casos que se indica.

Sin perjuicio de los otros impedimentos establecidos en este reglamento, no podrán postular a este subsidio ni aplicarlo las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Las que a la fecha de postular sean propietarias o asignatarias de una vivienda o de una caseta sanitaria o cuando lo fuere su cónyuge o conviviente o alguno de los otros miembros de su núcleo familiar declarado, aun cuando la asignación provenga de una cooperativa. Este impedimento se mantendrá hasta el momento de la escrituración de la vivienda del beneficiario y su no concurrencia se acreditará mediante una declaración jurada simple del postulante, sin perjuicio de lo cual el MINVU podrá consultar directamente al Servicio de Impuestos Internos u otra entidad la existencia de un bien raíz habitacional a nombre del postulante o de algún otro miembro del núcleo familiar declarado.

b) Los propietarios de uno o más sitios, o cuando lo sea su cónyuge. En este caso, sólo podrán postular a este subsidio para efectos de construir en alguno de dichos sitios, salvo que ninguno de esos terrenos fueren aptos para la construcción de una vivienda, lo cual deberá ser acreditado ante el SERVIU, en cuyo caso podrán postular a alguna de las otras alternativas…”.

A su turno, el artículo 61 del mismo decreto señala: “Infracciones a las Disposiciones de este Reglamento.

Si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo organizado, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda, y en el caso que la vivienda se encuentre terminada, el SERVIU podrá reasignarla de común acuerdo con el respectivo grupo organizado.

Si las solicitudes, documentos anexos a ellas, u otros documentos exigidos por este reglamento, adolecieren de alguna inexactitud que a juicio del SERVIU haya incidido en la selección del beneficiario, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.

Las infracciones a las disposiciones de este reglamento, detectadas con posterioridad a la aplicación del beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija la restitución de la totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidios, al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha de la restitución.

Los efectos en caso de infracciones que sean imputables a la Entidad Patrocinante, quedarán establecidos en el convenio que suscriba con la SEREMI, de acuerdo a lo señalado en al artículo 52 del presente reglamento”.

Quinto: Que, en conformidad con la normativa citada precedentemente y lo expuesto en el informe por la recurrida, se le excluyó de la nómina de beneficiarios por aplicación de la letra a) del artículo 4 precitado, sin embargo, para ello es necesario como presupuesto básico e indispensable la comprobación fehaciente de que el bien inmueble adquirido por el cónyuge de la actora sea una “vivienda” o “caseta sanitaria”, situación que no fue acreditada en el presente caso, respecto del cual las partes están contestes de que se trata de un sitio eriazo.

Sexto: Que en consecuencia, el acto del recurrido no se sustenta en causal legal, lo convierte en ilegal, toda vez que fue adoptado sin la concurrencia de un fundamento claro e indiscutible que otorgue certeza a la verificación del hecho con aptitud suficiente para determinar la exclusión de la recurrente del beneficio de vivienda aludido en la causa y que pide se mantenga a su favor, con lo que se ha quebrantado a su respecto la garantía prevista en el artículo 19 número 2 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de igualdad ante la ley y de propiedad, al tener por concurrente el sustento de una medida sancionatoria que para la generalidad de los beneficiarios hace necesaria la comprobación del presupuesto fáctico que la funda, pero que en el caso de la especie no lo fue y, aun así, obligaría a la restitución del inmueble que habita desde que le fuere asignado en el año 2019 y respecto del cual ha ejercido derechos y cumple obligaciones reales.

Séptimo: Que, por lo antes dicho, procede que la acción constitucional sea acogida, a fin de brindar a la recurrente una medida urgente que resulte oportuna frente a la conculcación de los derechos de rango constitucional antes referidos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°3753 de 21 de octubre de 2025, debiendo emitir un nuevo pronunciamiento acerca del recurso de reposición interpuesto por la actora.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°4733-2025 Protección