nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARÍA PINTO

San Miguel, doce de mayo de dos mil veintiséis.

A los folios 14 y 15: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de María Pinto, con domicilio en domicilio reservado, por los actos que califica de ilegales y arbitrarios consistentes en la Resolución N°179-2025, de 10 de octubre de 2025, que aplicó la sanción administrativa de destitución y la Resolución N°211-2025, de 24 de noviembre de 2025, notificada el 25 de noviembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición contra dicha decisión, lo que estima infringe los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que 26 de mayo de 2025 se instruyó un sumario administrativo en su contra fundado en faltas a la probidad e infracción a las normas que regulan el uso de licencias médicas. Indica que el 2 de julio prestó declaración y reconció la efectividad de la salida del país. Añade que en sus descargos solicitó que se ponderara su intachable conducta anterior, sus 12 años de trabajo como docente, la colaboración prestada en el sumario, la existencia de una condición de salud real, la obtención regular de la licencia médica y la falta de dolo y conciencia de la ilicitud de la conducta.

Sostiene que el 8 de octubre de 2025, se evacuó el informe final de sumario administrativo que propuso la medida disciplinaria de destitución de conformidad a lo establecido en el artículo 72 letra b de la Ley N°19.070, y artículos 144 b) y 146 del Decreto Supremo N°453 sobre Reglamento de Estatutos Docentes en relación con lo dispuesto en los artículos 127 al 143 de la Ley N°18.883, propuesta aceptada por la resolución N°179-2025 que le aplicó la sanción de destitución y por Resolución N°211-2025 de 24 de noviembre de 2025 que rechazó la reposición contra dicha decisión.

Arguye que la sanción aplicada resulta desproporcionada ya que se aplicó sin la ponderación de las circunstancias fácticas que rodearon el hecho. No se ponderó su trayectoria ni la colaboración efectuada.

Adiciona que se incurrió en una ilegalidad en la tramitación del Sumario Administrativo dada la vulneración de las normas establecidas para la emisión del dictamen que propone la imposición de la medida disciplinaria correspondiente, ya que el informe final del fiscal se elaboró dos meses después de comenzado a correr el plazo determinado por la ley desde los descargos.

Afirma que la resolución resolvió el recurso de reposición infringió el artículo 139 de la Ley N°18.883, ya que fue fallado 37 días después de su presentación.

Pide que se dejen las resoluciones sin efecto y de ordene la adopción de la medida disciplinaria que estime pertinente conforme a derecho Segundo: Que el abogado de la Corporación Municipal de María Pinto informa que la recurrente prestaba servicios como docente regida por la Ley 19.070 sobre Estatuto docente desde el 6 de mayo de 2013, y durante el presente año se desempeñaba como docente “titular” (indefinido) por 39 horas, con una extensión horaria de 5 horas a contrata en el establecimiento educacional Liceo Municipal Polivalente de la comuna de María Pinto.

Agrega que mediante el oficio confidencial número N°E 82804-2025 del 22 de mayo del 2025, del Jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, se remitió el listado de funcionarios que conforme a los registros de la Policía de Investigaciones de Chile y la Superintendencia de Seguridad Social, la recurrente habría salido del país el 26 de octubre de 2023, mientras se habría encontraba con licencia médica otorgada el 26 de octubre de 2023,.a las 10:02 hrs; con inicio de reposo el mismo 26 de octubre del 2023, por 11 días, y que habría retornado al país por vía aérea a través del aeropuerto nombre reservado con fecha 01 de noviembre de 2023.

Refiere que por resolución N°069-2025 de 26 de mayo del 2025 se instruyó el Sumario Administrativo, el 2 de junio de 2026 la recurrente prestó declaración en la que señaló que solicitó licencia médica porque sufría de afonía y que no tenía conocimiento de las restricciones que impone la licencia médica por lo que viajó a Brasil por motivos personales.

Agrega que mediante la Resolución N°179-2023 de 10 de octubre de 2025, se aprobó el informe final de sumario y resolvió la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, por falta de probidad establecida fehacientemente en un sumario por haberse acreditado que la docente realizó un viaje al extranjero con destino a Brasil, entre el 26 de Octubre y el 01 de noviembre de 2023, mientras se encontraba con licencia médica folio N°3 093557986-4 emitida el 26 de octubre de 2023, situación la cual corresponde a infracción constitutiva de grave falta a la probidad y que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa e infringe lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto N°3/1984 del Ministerio de Salud.

Agrega que la sanción de destitución fue aplicada por haberse acreditado fehacientemente en sumario legalmente tramitado la causal legal del artículo 72 letra b) Ley N°19.070, y en el procedimiento disciplinario se respetaron todas y cada las garantías del debido proceso.

Finalmente sobre los vicios de ilegalidad del sumario afirma que el artículo 142 de la Ley N°18.883 señala expresamente que “Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario”, razón por la cual el simple retardo en los plazos señalados por la recurrente y, al constar que pudo ejercer oportunamente todos los derechos derivados del debido proceso, no existe vulneración al debido.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 8° de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Por su parte, el artículo 52 de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consagra que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. A su turno, el artículo 58 letra g) de la Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, impone a los funcionarios la obligación de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, mientras que el artículo 123 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente dicho principio.

Quinto: Que, en este caso, la sanción cuestionada fue adoptada en un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas legales que resultan aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente. En efecto, el procedimiento sumarial fue iniciado por Decreto Alcaldicio 069-2025, en el marco del cual se recibió declaración de la funcionaria, se incorporó el certificado de viajes de la Policía de Investigaciones de Chile, se formularon cargos, se presentaron descargos y se evacuó vista fiscal que propuso la destitución, quedando de manifiesto que la recurrente pudo exponer sus alegaciones en todas las etapas del sumario. Además, con posterioridad a la dictación del Decreto Alcaldicio Nº179-2025, la recurrente ejerció el recurso de reposición contemplado en la ley, siendo este resuelto mediante el Decreto Nº211-2025, que lo rechazó. En consecuencia, no se advierte vicio de ilegalidad alguna en la sustanciación del procedimiento disciplinario que justifique la intervención de esta sede cautelar.

Sexto: Que el hecho imputado —haber viajado al extranjero mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica con reposo total prescrito en su domicilio en este país luego de que le fuera rechazado un permiso administrativo— fue reconocido por la propia recurrente, quien lo justificó invocando desconocimiento de las limitaciones de movilidad. Sin embargo, tales argumentos no logran desvirtuar el hecho objetivo del incumplimiento del referido reposo, el cual fue utilizado para realizar un viaje internacional, conducta que quebranta la lealtad y honestidad exigibles a todo servidor público. En efecto, el uso del tiempo de reposo médico remunerado para fines ajenos al restablecimiento de la salud constituye una utilización desleal de un beneficio previsional financiado con recursos públicos, afectando el cumplimiento de los deberes funcionarios y la confianza institucional, configurándose de ese modo una infracción grave al principio de probidad administrativa en los términos exigidos por el artículo 123 de la Ley Nº18.883. Acreditada la ocurrencia de dicho hecho, la autoridad se encontraba en el imperativo legal de aplicar la sanción de destitución, sin que pueda aplicar otra medida correctiva ni analizar las circunstancias que eventualmente podrían aminorar la responsabilidad funcionaria, pues al estar asignada por la ley una sanción específica para las infracciones graves a la probidad, la jefatura está en el imperativo de disponerla, teniendo además presente que la licencia médica fue rechazada por la COMPIN y que igualmente recibió remuneración de parte del empleador. Por consiguiente, la alegación de falta de proporcionalidad de la sanción de destitución carece de sustento legal en el contexto de una infracción de esta naturaleza y entidad.

Séptimo: Que, de otro lado, es necesario consignar que la presente vía cautelar no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo, ni a revisar la ponderación probatoria o la graduación de la sanción disciplinaria aplicada. El recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de derechos y/o garantías constitucionales, de modo que el control judicial que por esta vía se ejerce se limita a determinar si concurre una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sin que resulte procedente sustituir el criterio de la autoridad administrativa ni revisar el mérito de sus decisiones disciplinarias. En este sentido, la infracción a la probidad administrativa que ha resultado acreditada obliga a la autoridad a imponer la sanción de destitución prevista en la ley, sin que resulte procedente que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la medida si no aparece vicio de ilegalidad o falta de razonabilidad de la actuación.

Octavo: Que, atendido lo precedentemente expuesto, se hace innecesario analizar la afectación de algún derecho o garantía constitucional de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de María Pinto.

Sin perjuicio de lo anterior, remítanse estos antecedentes al Ministerio Público para los efectos a que haya lugar, en atención a lo dispuesto en los artículos 470 N°8 del Código Penal y 175 letra b) del Código Procesal Penal.

La señora Secretaria de esta Corte velará por el íntegro y oportuno cumplimiento de lo antes decretado.

Acordada la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, contra el voto del abogado integrante don Rodrigo Azócar quién fue del parecer de no remitirlos, por no existir mérito para ello.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4728-2025