nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, nacional de Venezuela, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundada en la Ley N°18.156.

Expone que la recurrente solicitó ante la AFP recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, bajo determinadas condiciones. Señala que el 26 de noviembre de 2025 fue notificada por correo electrónico del rechazo de su solicitud.

Indica que la AFP fundamentó el rechazo señalando que, para acreditar la cobertura previsional en el país de origen exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no basta un documento genérico ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere una certificación de la autoridad previsional competente que indique específicamente que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, debidamente legalizada o apostillada. Asimismo, la recurrida sostuvo que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas, y que no señalen en forma específica las coberturas y períodos, no acreditan debidamente el requisito legal.

Sostiene que dicha interpretación es ilegal y arbitraria, por cuanto la Ley N°18.156 exige que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que el artículo 7 de la misma ley permite solicitar la devolución de los fondos previsionales cuando se cumplen los requisitos del artículo 1°.

Afirma que la recurrente cumplió íntegramente los requisitos legales, acompañando contrato de trabajo, anexo de contrato individual, certificado de cotizaciones electrónicas del IVSS, título profesional apostillado y certificado de no nacionalizado. Señala que la recurrida realiza una interpretación extra legal o supralegal de la norma, incorporando exigencias no previstas expresamente por el legislador y desatendiendo la finalidad de la ley, consistente en permitir al técnico extranjero disponer de sus ahorros previsionales.

Agrega que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela, se utilizaba una declaración jurada autorizada por funcionario competente de dicha representación diplomática, en la que se indicaban las contingencias cubiertas por el IVSS, tales como “Maternidad, vejez sobrevivencia, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso y enfermedad; en este último caso, comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral”. Sostiene que dicho documento no difiere sustancialmente de la constancia electrónica de cotizaciones acompañada, la que acredita suficientemente la afiliación al sistema previsional venezolano.

En cuanto a las garantías vulneradas, invoca la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, señalando que la recurrente recibió un trato desigual respecto de otros solicitantes que, en circunstancias equivalentes y cumpliendo los requisitos legales, obtuvieron respuestas favorables. Afirma que la AFP incorporó una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156 ni en la Ley N°18.726, interrumpiendo indebidamente el proceso de retiro de fondos previsionales.

Asimismo, invoca el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, afirmando que los fondos previsionales pertenecen a la recurrente y que la negativa a devolverlos constituye una retención injustificada de sus ahorros. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que ha calificado como ilegal y arbitraria la negativa de administradoras de fondos de pensiones a restituir fondos previsionales a técnicos extranjeros cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156.

Solicita ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y que, dentro de un plazo razonable, efectúe la devolución de los fondos previsionales solicitados, o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe, solicitando el rechazo en todas sus partes, con costas, por estimar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, porque su representada no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, sino que ha actuado conforme a la ley y a la normativa impartida por la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene, en primer lugar, que la acción de protección resulta improcedente, porque lo discutido no corresponde a una materia cautelar ni a un derecho indubitado, sino a una controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero. Afirma que la recurrente pretende que se establezca a su favor un derecho controvertido, lo que exige un procedimiento de lato conocimiento y no puede ser resuelto mediante una acción constitucional de urgencia.

En cuanto a los hechos, reconoce que nombre reservado solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 y que ProVida rechazó dicha solicitud el 26 de noviembre de 2025. Explica que la negativa se fundó en que la documentación acompañada no acreditaba suficientemente la cobertura previsional exigida en el país de origen, pues, conforme a los criterios de la Superintendencia de Pensiones, no basta una constancia genérica de cotizaciones ni un documento que mencione en términos generales las prestaciones del sistema previsional extranjero, sino que debe existir certificación de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, que indique que el trabajador contó efectivamente con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que la recurrente acompañó una constancia de cotizaciones sin firma, emitida electrónicamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual no cumple con las exigencias establecidas por la normativa previsional chilena ni por la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Señala que las certificaciones electrónicas del IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas por la autoridad competente venezolana, que no indiquen las coberturas del afiliado y que no permitan inferir un período determinado de cobertura, no sirven para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Indica que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela Estado Parte, la certificación previsional extranjera debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Precisa que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la constancia de afiliación emitida por la delegación consular en representación de la autoridad previsional venezolana era útil para acreditar el requisito, pero que la documentación presentada en este caso carece de firma, apostilla y especificidad suficiente.

Respecto de las declaraciones juradas, sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha instruido que no constituyen medios idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito previsional extranjero, aun cuando sean otorgadas ante notario chileno y cuenten con apostilla, porque la certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país en que el trabajador habría tenido cobertura. Añade que la declaración del propio afiliado no tiene valor probatorio suficiente en materias propias de seguridad social.

Agrega que la parte recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, circunstancia que, según oficio de la Superintendencia de Pensiones, no garantiza su retorno al país de origen y genera el riesgo de que, pese al retiro de sus fondos previsionales, en el futuro deba cubrirse su pensión con fondos fiscales. Invoca además fallos recientes de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que han rechazado recursos similares, especialmente cuando la documentación aportada consiste en constancias electrónicas de cotizaciones del IVSS no firmadas, no apostilladas o no legalizadas, y sin certificación específica de coberturas.

Expone que el sistema previsional del Decreto Ley N°3.500 tiene por finalidad financiar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden otorgar beneficios distintos de aquellos previstos expresamente por la ley. Señala que los fondos previsionales tienen un destino legal específico y que la devolución anticipada constituye una excepción estricta, regulada por la Ley N°18.156, aplicable solo cuando se cumplen copulativamente sus requisitos.

Afirma que, para acceder a la exención de cotizar o a la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, el trabajador debe acreditar su calidad técnica, encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Sostiene que ProVida se limitó a verificar el cumplimiento de estos requisitos, conforme a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que, por último, nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social de la Superintendencia de Pensiones, informa que, en la legislación chilena de seguridad social, la regla general es que todo trabajador que presta servicios en Chile debe cotizar en el sistema previsional nacional, cualquiera sea su nacionalidad, y que dichas cotizaciones no constituyen un fondo de ahorro libremente disponible al término de los servicios. Agrega que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicha ley.

Precisa que la Ley N°18.156 permite la exención de cotizar o la devolución de fondos previsionales únicamente cuando el trabajador extranjero acredita encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y cuando en el contrato de trabajo respectivo consta su voluntad de mantener dicha afiliación. Por tratarse de una norma de excepción, sostiene que debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo cuando se acreditan todas sus exigencias.

Agrega que corresponde a la Superintendencia de Pensiones interpretar administrativamente las normas del sistema previsional, conforme al artículo 47 N°8 de la Ley N°20.255, al artículo 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500 y al artículo 3 letra i) del D.F.L. N°101 de 1980. Refiere que en ejercicio de esa potestad, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que el trabajador extranjero acompañe certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Señala que, para acreditar la cobertura previsional en el país de origen, no basta un documento que mencione de manera genérica las coberturas de un sistema previsional, sino que debe certificarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, que el trabajador contó efectivamente con protección por vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Añade que, respecto de la cobertura de salud, se exige que sea integral, comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias.

En relación con el caso concreto, informa que la recurrente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitida el 22 de diciembre de 2022, con vigencia de 120 días, por lo que expiró en abril de 2023, mientras que la solicitud de retiro habría sido ingresada en 2025. En consecuencia, sostiene que dicho documento se encontraba vencido a la fecha de presentación de la solicitud y no podía ser admitido para acreditar la cobertura exigida.

Asimismo, indica que la recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la que no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, por no encontrarse firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada. Agrega que dicho certificado no señala las coberturas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las prestaciones del sistema previsional venezolano.

Finalmente, informa que mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de afiliados venezolanos, ratificando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS y la declaración suscrita por el trabajador extranjero no son documentos idóneos para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que la recurrente cumple las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, y solicita tener por cumplido lo ordenado.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la parte recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, y en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales si se cumplen los requisitos del artículo 1°, en particular acreditar afiliación a un sistema extranjero que cubra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato contemple su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°4718-2025 Protección