ISS FACILITY SERVICES S.A. con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MELIPILLA

En Santiago, a cinco de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 9 doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS Facility Services S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Ordinario N°798 de 30 de noviembre de 2016, que el fuera notificado el 6 de diciembre de 2016, que declaró extemporáneo su recurso de reconsideración administrativo, al no haber sido presentado dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de la notificación de la Resolución N°4552/16/58, de 4 agosto de 2016, que la sancionó con cuatro multas equivalentes a 1) 3,75 unidades de fomento por infracción al artículo 19 incisos 1º, 5º, 6º y 7º del D.L. 3.500 de 1980, 2) 9 Unidades de fomento por infracción a artículo 10 incisos 1º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley 19.728 que establece el seguro de cesantía; 3) 40 Unidades Tributarias Mensuales por infracción a los artículos 209 y 506 del Código del Trabajo y 4) 60 Unidades Tributarias Mensuales por infracción al artículo 55 inciso 1º en relación con los artículos 7 y 506 todos del Código del Trabajo..

Considera que con tal actuación se han vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución Ordinario N° 798 de 30 de noviembre de 2016, ordenando al órgano administrativo conocer su solicitud de reconsideración de la resolución de multa N°4552/16/58 presentada por su parte.

Explica que con fecha 26 de septiembre de 2016 se envía por Chile Express a la recurrida formulario F10 junto con su anexo con el objeto de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de la multa, sin embargo la Inspección Comunal del Trabajo de Melipilla decide no dar curso a su solicitud de reconsideración por estimar que fue presentado fuera del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Argumenta que lo resuelto por la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera constituye una actuación ilegal y arbitraria.

En cuanto a la ilegalidad afirma que la correcta interpretación de la ley es aplicar el plazo como de días hábiles, pues si bien el artículo 512 del Código del Trabajo no señala si el plazo es de días corridos o hábiles, se debe relacionar ese vacío con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado que establece que los plazos del procedimiento administrativo son de días hábiles (entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos). Por otra parte, en cuanto a la arbitrariedad, señala que el acto por el que recurre no tiene sustento fáctico ni jurídico valedero, más aún cuando la jurisprudencia judicial ha sido clara y tajante al respecto.

En cuanto a las garantías vulneradas, expone que la del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental se ve afectada pues no se ha respetado el plazo legal para ejercer determinadas defensas o prerrogativas, privándolo de una defensa jurídica pertinente, excediendo sus atribuciones legales con su actuación Respecto de la infracción al derecho de propiedad consagrado en el Nº 24 del estatuto de garantías de la Constitución, señala que se afecta gravemente su derecho de propiedad ya que en forme indebida y arbitraria se le obliga a pagar una multa de 180 UTM habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida dar curso a la reconsideración en referencia.

A fojas 33, el abogado Cristián Nuñez Orrego, en representación del Inspector Provincial del Trabajo de Melipilla, informa el recurso de autos, solicitando su íntegro rechazo, con costas.

Sostiene que la acción cautelar se ha interpuesto en de un ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multas, sin pronunciarse sobre el fondo, por haber sido interpuesto fuera de plazo legal, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo y que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados, por lo expuesto solicita se declare que el recurso incoado es improcedente.

Agrega que su representada actuó en ejercicio de sus facultades, limitándose a decidir en forma clara, precisa y determinada la solicitud de reconsideración administrativa de la multa, resolviendo que era inadmisible por haber sido presentada fuera de plazo. Así, considera que el recurrente impugna el ordinario -legalmente pronunciado- por el solo hecho de ser desfavorable a sus intereses, utilizando un procedimiento impropio, pues debió impugnar lo resuelto ante el juez de fondo competente según lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Indica que su actuar no es caprichoso toda vez que se fundamenta en una instrucción e interpretación emanada de la Contraloría General de la República la cual mediante dictamen Nº 64.985 de fecha 20/11/2009 se pronunció sobre la materia discutida disponiendo que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los Inspectores del Trabajo, que prevé el artículo 512 del Código antedicho es de días corridos, citando al efecto jurisprudencia en apoyo de la doctrina invocada.

Señala que su actuación no ha sido arbitraria e ilegal toda vez que el acto administrativo que declaró inadmisible la solicitud de reconsideración de la multa Nº 4552/16/58 carece de ilegalidad pues fue dictado con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y artículo 1º del DFL Nº 2 de 1967 el cual transcribe.

Respecto de las garantías constitucionales que se denuncian conculcadas señala que no se observa de que manera se habrían vulnerado estos derechos. En lo que se refiere al derecho de propiedad indica que en modo alguno la obligación de pagar una multa administrativa impuesta por el incumplimiento de la legislación laboral constituye una conculcación de su derecho de propiedad toda vez que la obligación pecuniaria a la que se ve expuesto no es más que la consecuencia de sus actos ilícitos en materia laboral. En cuanto a la garantía del artículo 19 Nº 3 referida al legítimo ejercicio del derecho a defensa señala que no existe transgresión a tal estatuto constitucional pues la actuación de su representada se ajustó a la ley no siendo efectivo que haya ejercido facultades jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia o que se haya estado en presencia de una comisión especial o que se trate de algún acto jurisdiccional.

Finaliza solicitando el completo rechazo del recurso de protección incoado, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que se ha amagado los derechos garantizados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad.

Tercero: Que la recurrente acompañó los siguientes documentos:

a) Copia de la resolución de multa N°4552/16/58 de 04 de agosto de 2016.

b) Acta de notificación de la multa de fecha 11 de agosto de 2016 c) Copia del Ord N°568 de 20 de julio de 2016 de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera.

d) Copia de formulario F10 de 26 de septiembre de 2016.

e) Boleta electrónica Nº 1557724 de fecha 26 de septiembre de 2016 y orden de transporte Nº 290122613362 con fecha de admisión 29 de septiembre de 2016 en la cual figura como destinatario “IPT Melipilla”.

f) Copia del recurso de reconsideración.

g) Copia Ordinario 798 de fecha 30 de noviembre de 2016.

h) Mandato judicial en el cual consta la personería de la recurrente.

Por su parte la recurrida acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de la resolución de multa N°4552/16/58 de 04 de agosto de 2016.

2. Copia Ordinario 798 de fecha 30 de noviembre de 2016.

3. Copia de formulario F10 de 26 de septiembre de 2016.

4. Mandato judicial de fecha 16 de agosto de 2012.

Cuarto: Que por la presente acción cautelar, la parte recurrente reclama de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida, que estima arbitraria e ilegal, por la que se rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada ésta de forma extemporánea.

Sexto: Que como lo ha resuelto reiteradamente la Excma Corte Suprema, en los autos Roles N° 8384-2014 y 18414-2015, entre otros, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Ello se explica porque se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el día 26 de septiembre de 2016, por lo que el mismo fue deducido dentro del plazo aludido en el considerando anterior, desde que la resolución impugnada le fue notificada el día 11 de agosto de 2016.

Octavo: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha perturbado el ejercicio el derecho del recurrente a reclamar administrativamente de las multas impuestas consagrado en el artículo 25 de la ley 19.880.

En atención a dichas consideraciones y lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido en lo principal de fojas 9 por la abogada doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación de ISS Facility Services S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, dejándose sin efecto la Resolución Ordinario N°798 de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente, respecto de la Resolución de Multa N°4552/16/58, de 04 de agosto de 2016.

Regístrese y archívese.

ROL N°4718-2016.

Redacción del Abogado nombre reservado Sr. Juan Kadis Cifuentes.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por la Ministro señora Claudia Lazen Manzur, Fiscal Judicial señora nombre reservado señor Juan Kadis Cifuentes. Se deja constancia que no firma el Abogado nombre reservado señor Kadis, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.