AT SERVICIOS LTDA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO STGO PONIENTE

4 Dejo constancia que alegó contra el recurso la abogada Andrea Calderón Roa. San Miguel, a 26 de junio de 2020.

En San Miguel, a veintiséis de junio de dos mil veinte.

A los folios 47242 y 47732: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos ingreso Corte N° 4713-2020 Protección comparece el abogado Jorge Brown Luna en representación de la sociedad “A. T. Servicios Limitada” quien deduce acción de protección constitucional en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en informar a la Tesorería General de la Republica, 4 multas cursadas a su representada en la resolución Nº8048/19/80 de fecha 25 de Setiembre de 2019, como si estuvieran impagas, a pesar de existir a la fecha de la interposición de la presente acción, recursos administrativos pendiente de resolver por la señalada recurrida en relación a las referidas las Multas cursadas, lo que podría significar dejarlas sin efecto lo que podría implicar que Tesorería General de la Republica se hiciera pago del monto de las multas con la devolución de impuesto a la que tenía derecho su representado en la operación renta del año 2020, afectando de esta forma, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 2,3, 4 y 24 de la Constitución Política de la Republica, Relata que por Resolución de Multas Nº8048/19/80 de fecha 25 de Septiembre de 2019, en el curso de la fiscalización efectuada por el fiscalizador don nombre reservado, al empleador A.T. se cursaron 4 multas por 4 supuestas infracciones cometidas por su parte 60 UTM por cada una de ellas.

Indica que el 23 de diciembre del mismo año dedujo solicitud de reconsideración ante la Inspección recurrida conforma a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo la que fue denegada el 13 de enero del año en curso mediante ordinario N° 28 aduciendo que no habría sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos desde su notificación.

Expresa que el 29 de enero su representado interpuso solicitud de invalidación del acto administrativo, respecto del ordinario Nº028 de fecha 13 de Enero de 2020, en virtud de lo señalado en el artículo 53 de la ley 19.880, dado que el acto administrativo que denegó la solicitud de reconsideración, era contrario a derecho toda vez que no habían transcurridos los 30 días que señala la norma citada del Código del Trabajo, ya que A.T. recibió recién con fecha 20 de Noviembre de 2019 la resolución que se solicitaba reconsiderar administrativamente a pesar que en el escrito se señalara originalmente el día 13 de Noviembre contando con el respaldo de Correos de Chile para clarificar la fecha exacta de presentación de la reconsideración.

Luego, el 30 de Enero de 2020, mediante la resolución Nº1 dictada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Melipilla, se rechaza la invalidación interpuesta por A.T fundado en que la fecha de notificación de la resolución de las multas cursadas, se hizo con fecha 22 de octubre de 2019, el que se considera en virtud de la presunción de legal señalada en el artículo 508 del Código del Trabajo que dispone que la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos respectiva y que no se aportan antecedentes ni prueba que permita acreditar que fue notificada el 13 de noviembre de dicho año.

Que, respecto a esta última resolución el 28 de Febrero su representado interpuso un recurso de revisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 19880, respecto de la resolución de manera de anular la resolución en cuestión, aportando los antecedentes que, a su juicio, respaldan que la resolución de multas Nº8048/19/80 DE fecha 25 de Septiembre de 2019 fue notificada con fecha 20 de Noviembre de 2019; y no 13 de Noviembre como se menciona en el resto de los escritos, para lo cual se acompañó un respaldo emitido por Correos de Chile, que muestra que recibió la notificación el 15 de octubre del año 2019.

En estas circunstancias el 12 de mayo del año en curso el contador general del recurrente al revisar el estatus de la operación renta 2020, se enteró que la Tesorería General de la Republica había procedido a hacerse pago de 4 multas cursadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, y que habían sido informadas como morosa por la señalada repartición, descontando la suma total de $10.808.820, encontrándose aún pendiente de resolver un recurso extraordinario ante tal repartición.

Afirma, así, que la actuación por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla es arbitrario e ilegal por cuanto, por una parte carece de un fundamento racional siendo una manifestación del simple capricho del agente, contrario a la justicia, y en el caso de marras, que existiendo un recurso pendiente de resolver por parte del recurrido se proceda a informar como impagas las 4 multas cursadas a su representada, cuando se declara extemporáneo un recurso de revisión, sin tener en consideración los acontecimientos vividos por el país completo en el mes de Octubre de 2019; desconociendo como de caos y convulsión en todo los ámbitos del que hacer nacional, incluyendo obviamente Correos de Chile, que recibió solo el 15 de Octubre la resolución a notificar la multa cursada.

Por otro lado es ilegal información entregada a la Tesorería General de la Republica por parte de la recurrida, respecto de las multas cursadas y sobre las cuales aún se encuentra pendiente de resolver recursos contemplados en la ley 19880, lo que se traduce en un descuento sin una causa real, afectando el derecho de propiedad de su representado, como también el derecho a un debido proceso, para invalidar actos administrativos.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas expresa que se afectan:

a)19º número 2: La igualdad ante la ley, refiriendo que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas debe ser iguales para todas las personas que se encuentren en la mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares.

b) 19º número 3: respecto a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos ya que en su actuar, la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla establece una diferencia arbitraria, al desconocer que los efectos del recurso de revisión, de anular el acto administrativo que declaro extemporáneo el recurso de reconsideración, debido a que estas acciones legales resultarían contraproducentes y dilatorias de la actividad de la administración del Estado.

c) 19º número 24: que protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, que se traduce en el caso, en verse privado de la devolución de impuesto, que por derecho le correspondía recibir a su representado, después de cumplir con cada una de las exigencias y requisitos que la operación renta 2020 había establecido.

En virtud de lo anterior solicita se deje sin efecto la información entregada a la Tesorería General de la Republica de las 4 multas cursadas según la resolución 8048/19/80 de fecha 25 de Septiembre de 2019, mientras no se resuelvan todos los recursos que la ley confiere para reclamar las mismas, de manera que dicha entidad proceda a reversar los pagos efectuados con las multas informadas por el recurrido, y el recurrente pueda disponer de los fondos a la brevedad, y que mientras existan recursos pendientes respecto de la resolución cursada el 25 de Septiembre de 2019, no es procedente informarla a la Tesorería General de la Republica además de las costas de la causa.

Segundo: Que Andrea Calderón Roa, abogada, en representación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla informa al tenor del recurso solicitando sea rechazado por no existir en la actualidad la amenaza que reclama la actora Explica que tal como indica la recurrente, con fecha 28 de Febrero de 2020 se interpuso recurso de revisión contra la Res. 1 de fecha 31 de Enero de 2020, que rechazó el recurso de invalidación respecto de la multa 8048/2019/80. De esta forma con fecha 19 de Marzo de 2020, la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana, en conocimiento del recurso de revisión acogió la solicitud de la recurrente planteada en dicho recurso, mediante la resolución N° 274, la cual fue notificada a la recurrente con fecha 23 de marzo de 2020, sin que al momento de la notificación de la presente resolución, se ingresara a sus registros, por una omisión involuntaria y sin que su representada se percatara de ello.

Añade que tan pronto se notificó el presente recurso de protección, se revisó el estado de la multa en sus registros computacionales, verificando la efectividad de lo denunciado por la recurrente, procediendo de inmediato a remediar la situación, solicitando a la Tesorería General de la República que se descargara la multa de sus registros a fin de ingresar la solicitud de reconsideración administrativa dentro de plazo, tal y como lo instruyó la resolución N° 274. Es así como en la actualidad, la multa ya no se encuentra en estado de ser cobrada por el Órgano recaudador, sino que en estado de “Reconsideración en trámite”, estado en el que se encontrará hasta que se resuelva de la solicitud de reconsideración ante su Servicio.

Por consiguiente, habiendo reparado la omisión que causaba agravio a la actora, no existiendo por lo tanto, la amenaza a las garantías constitucionales que indica en su recurso, la acción ha perdido su causa y su objeto por lo que pide sea rechazada.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que del mérito de los antecedentes, y en especial los dichos y documentos acompañados por la recurrida, con lo que se comprueba que fueron reversadas las 4 multas referidas en el libelo de protección, a la espera de la resolución administrativa que se encuentra pendiente, no se advierte en la actualidad la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere alguna de las garantías constitucionales de la recurrente, presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección, toda vez que, habiendo reconocido su error, ha cesado el acto que fundamentaba acción intentada por cuya razón el recurso ha perdido oportunidad.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por A.T. Servicios Limitada contra Inspección Provincial del Trabajo Melipilla.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 4713-2020-Protección.