EULEN CHILE S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE

Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 5, comparece don Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación judicial de la empresa EULEN CHILE S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE, representada por su Inspector Comunal don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, señalando que con fecha 11 de mayo de 2017, el fiscalizador del servicio recurrido, dictó la resolución N° 7917.17.40 - 1, 2, notificada a su representada con fecha 19 de mayo de 2017, por medio de la cual se aplicó una multa administrativa ascendente a la cantidad de 10,00 UTM, y 15 IMM, equivalentes a $ 3.020.910.

Agrega, que con fecha 22 de junio de 2017, procedió a presentar vía carta certificada un recurso de reconsideración, por no estar conforme con la multa cursada, el que fue resuelto con fecha 7 de agosto de 2017, declarando inadmisible por extemporánea dicha solicitud, por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos desde la notificación de las multas.

Estima que los hechos resultan ilegales y arbitrarios, vulnerando las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 2 (la igualdad ante la ley), y N° 3 inciso 1° (la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos), de la Constitución Política de la República.

Argumenta que el artículo 512 del Código del Trabajo, que regula los plazos para presentar las reconsideraciones administrativas, es un plazo de días hábiles, por tratarse la reconsideración de una gestión que se realiza ante un órgano administrativo -Inspección del Trabajo -, los que son regulados por norma especial, esto es, por la ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos, la que en su artículo 25, prescribe que en los procedimientos administrativos los plazos son de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos, según así lo ha razonado la Excma. Corte Suprema en las causas cuyos roles cita al efecto. Asimismo, al aplicar la Inspección del Trabajo, una norma jurídica distinta, ha privado a su parte no solo de acceder a la legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa por las multas cursadas, sino que también ante los Tribunales de Justicia.

En consecuencia, concluye que el actuar de la recurrida constituye un atropello al sentido de justicia, careciendo de una fundamentación lógica o técnica, privando a su parte de derechos esenciales, y violando flagrantemente la igualdad ante la ley, y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas., por lo que solicita se deje sin efecto la resolución N° 7917.17.40-1,2, de fecha 7 de agosto de 2017, que niega lugar al recurso administrativo de reconsideración, declarándose que éste sea acogido, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña documentación con su recurso, consiste en: a.- las resoluciones de fecha 11 de mayo de 2017, y 7 de agosto de 2017; y b.- copia de sobre de envío certificado con timbre de correo de fecha 12 de mayo de 2017.

SEGUNDO: Que, a fojas 29, comparece informando el recurso doña María Esther Ravinet Knittel, abogado, en representación de la recurrida, representada por doña nombre reservado, quien hace una relación de los hechos que motivaron la aplicación de la multa administrativa a la entidad reclamante, señalando que la solicitud de reconsideración administrativa, fue presentada fuera del plazo establecido, indica que el recurso de autos resulta improcedente, toda vez que se ha dirigido en contra de una resolución administrativa respecto de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judicial, de manera que el recurrente ha optado indebidamente por la acción de protección evidenciando la utilización de ésta como sustituto procesal.

Enfatiza que la resolución recurrida se ha apegado a la normativa legal, por cuanto el artículo 512 del Código del Trabajo dispone un plazo de 30 días, los que se contabilizan desde la fecha de la resolución que aplicó la multa administrativa, de manera corrida, por cuanto no aplicaría en forma supletoria la norma del artículo 25 de la ley N° 19.880, la que prescribe que los plazos dispuestos en este cuerpo legal, son de días hábiles, entendiéndose como inhábiles los días sábados, domingos y festivos, por resultar inconciliable con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo, según así ha sido concluido por la Contraloría General en oficio N° 2.882, de 2008. Cita en igual sentido de interpretación del artículo 512 del citado Código, jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, y de Antofagasta. De manera que, habiéndose notificado la resolución de multa el día 11 de mayo de 2017, el plazo para ejercer el derecho de reconsideración lo era hasta el día 19 de junio de 2017, en tanto que la recurrente presentó el recurso el día 23 de junio de 2017, esto es, fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la multa.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso, con costas, por inadmisible, improcedente y por no haber vulnerado la garantía constitucional aludida por el recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho, y asegurar la debida protección del afectado cuando alguno de los derechos taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, hubieren sido privados, perturbados o amenazados por una actuación arbitraria o ilegal.

CUARTO: Que, de la norma citada fluye que la acción de protección tiene como finalidad la de reaccionar en contra de una vulneración evidente a una (s) garantía (s) allí establecidas, siendo impertinente a ésta el resolver conflictos de interés o dificultades de interpretación en relación con la aplicación de normas legales, contractuales o reglamentarias.

QUINTO: Que, consecuente, con lo relacionado la recurrida al resolver escogiendo una interpretación razonable y plausible del artículo 512 del Código del Trabajo, al tenor de las normas legales y dictamen de la Contraloría que cita, lo ha hecho en el campo de sus facultades discrecionales, no pudiendo atribuirse a la resolución motivo del presente recurso, una calificación de ilegalidad.

SEXTO: Que, tampoco cabe estimar arbitraria la resolución de marras, por cuanto para que un acto denote arbitrariedad, debe observarse carente de razón en su fundamento, sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes, antojadizo, en pugna con la lógica y recta razón, lo que no acontece en la especie, desde que ésta aparece fundada en forma precisa y suficiente, en las circunstancias de hecho y derecho, sustentando su decisión en la contabilización que hace del plazo “en días corridos”, como se ha venido relacionando, obstando el calificar como arbitrario una diferente interpretación a la norma del artículo 512 del Código del Trabajo, como reprocha el recurrente.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, como se ha razonado en el motivo cuarto, constituyendo el fundamento del acto impugnado una materia que el recurrente ha centrado en torno a la interpretación del precepto legal contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo, ello se aparta del propósito que informa la presente acción de protección excediendo el ámbito a dilucidar a través de esta vía.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto a fojas 5, por don Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, abogado, en representación judicial de la empresa EULEN CHILE S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Talagante, sin costas.

Acordada contra el voto del Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional en base a las siguientes consideraciones:

1º) Que necesario resulta tener presente que nos encontramos en la fase administrativa de reclamación de multas impuestas por la Dirección del Trabajo y para lo cual resulta conveniente consignar el marco normativo aplicable en la especie, vale decir, las disposiciones atingentes del Código Civil y Código del Trabajo relativas al plazo para recurrir;

2º) Que el Código Civil en su artículo 50 dispone que los plazos que dispusieren las leyes o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contaran los feriados. A su vez, el Estatuto Laboral no contiene norma expresa al no indicarse la forma en que han de computarse los mismos;

3º) Que en consecuencia, encontrándonos en presencia de un reclamo administrativo necesariamente nos tenemos que dirigir a la norma supletoria para este tipo de actuaciones contenida en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que dispone que los plazos en los procedimientos administrativos establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, norma que teniendo el carácter de especial debe primar sobre aquella de carácter general contenida en Código de Procedimiento Civil, cobrando especial relevancia una cuestión de orden práctico, en cuanto que los servicios públicos no tienen atención de público los días sábados;

4º) Que dentro de este orden de ideas, la Dirección del Trabajo al resolver de manera distinta, declarando la extemporaneidad del reclamo ha incurrido en una ilegalidad, que a juicio de este disidente habría hecho necesario acoger el recurso, disponiendo que el referido servicio público debía resolver el fondo del asunto sometido a su consideración.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 4711-2017-pro Redacción a cargo de la Ministra Sra. Ana Cienfuegos Barros, y del voto disidente su autor, Abogado Integrante don Manuel Hazbún Comandari, concurriendo además la ministro señora María Soledad Espina Otero quien no firma por encontrarse ausente.