nombre reservado con DESTACAME SPA

San Miguel, veintiuno de julio de dos mil veintiuno Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don David Villegas Merino, abogado, en representación de nombre reservado recurre de protección en contra de Dicen Esquifas S.A. y de Destácame SpA, por informar una deuda prescrita, lo que conculca las garantías constitucionales de los números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación y lo establecido en su inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 30 de diciembre de 2020 su representado obtuvo un informe de DICOM Equifax en el cual figura un protesto del 29 de enero de 2018 de la Clínica Bicentenario SpA por un monto de $713.575. Indica que la referida deuda no debió ser publicada por cuanto dicho protesto no se encontraba debidamente notificado. Refiere que el 4 de enero pasado don nombre reservado en la causa C-16279-2018 presentó un escrito de prescripción de la acción. Añade que el 10 de abril último el recurrente obtuvo un informe comercial del portal Destácame SpA en el cual también aparece registrado el protesto del pagaré prescrito.

Esgrime que los informes comerciales anteriormente referidos impiden que su representado pueda acceder a un crédito financiero o abrir una cuenta corriente, lo que causa un menoscabo financiero y en su persona toda vez que necesita adquirir un vehículo para trasladar a sus dos hijos pequeños y mantener a su familia. Alega que las publicaciones recurridas son ilegales y arbitrarias y vulneran las garantías de los números 3 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Expone que las recurridas, al mantener al recurrente como moroso en sus registros, han emitido un pronunciamiento sobre la deuda y su exigibilidad, erigiéndose como un tribunal de la república, privando al recurrente de su derecho a que la decisión sea establecida por el juzgado competente. Expresa que las empresas que procesan y comunican datos personales tienen responsabilidad por la información que publica, lo que se encuentra refrendado por el inciso segundo de la ley 19.628 que exige veracidad y certeza.

Expresa que las recurridas instan a que su representado se comunique con la Clínica Bicentenario SpA para regularizar la situación, utilizando la publicación como un medio de presión ilegitimo para que se pague una obligación prescrita. Indica que la recurrida, sin especificar cuál de las dos, elabora un predictor con datos que no corresponden a la realidad y que no corresponden a información objetiva relativa a las 16 morosidades o protestos de las personas naturales de las cuales se informa.

Finalmente solicita que se acoja el presente recurso ordenando que se dejen sin efecto las publicaciones referentes al protesto del pagaré prescrito de 29 de enero de 2018 por un monto de $713.575 emitido por la Clínica Bicentenario SpA, con expresa condena en costas de las recurridas.

Segundo: Que don nombre reservado, en representación de la recurrida Destácame SpA, informó al tenor del recurso expresando que Destácame SpA es un servicio gratuito de información en que la empresa en cuestión pone a disposición del titular de los datos su reporte comercial con la finalidad que pueda conocer su propia salud financiera. Señala que el reporte está constituido por información obtenida del Boletín de Informes Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago (BIC) y Morosidades Consolidadas del Comercio (MCC), a quienes las instituciones financieras reportan directamente. Detalla que su proveedor de información es Transunión Soluciones de información Chile S.A., que es un buró de crédito con quien su representada tiene un contrato vigente. Añade que Destácame es solo un facilitador de información para los usuarios y que no es la entidad a las que las entidades financieras reportan las morosidades.

Explica que en el caso de marras el recurrente obtuvo directamente su certificado luego de una validación de identidad. Manifiesta que no se está informando a terceros sino que es el propio solicitante quien con su consentimiento pide la obtención del certificado, él, a su vez, puede o no hacerlo público. Indica que, si la información reportada al Boletín Comercial tiene errores, se recomienda a los usuarios acerarse directamente a la institución financiera a fin de que dejen de informar al Boletín Comercial.

Tercero: Que también informó al tenor del recurso don nombre reservado, en representación de la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada. Explica que Equifax presta servicios de información comercial a entidades del sector público y privado y que sus bases de datos están compuestas no sólo por información entregada por aportantes directos al boletín electrónico Dicom, sino que también por sistemas de otros responsables, como por ejemplo, la base de datos denominada BOLCOM que corresponde al Boletín Comercial, cuyo responsable es la Cámara de Comercio de Santiago. Indica que en lo que respecta al caso de marras, la morosidad comunicada por la Clínica Bicentenario SpA proviene justamente de dicha base de información.

Señala que el 11 de abril del 2000 su representada suscribió un contrato con la referida Cámara de Comercio en virtud del cual dicha base de datos es incluida en los informes de Equifax. Dicha información solo es transmitida por su representada, estando imposibilitada contractualmente de alterarla. Indica que el responsable de los datos materia del presente recurso es la Cámara de Comercio de Santiago a través de su base BOLCOM y no Equifax.

Expone que el inciso primero del artículo 17 de la ley 19.628 permite comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial cuando estas consten en letras de cambio y pagarés protestados, por lo que la propia ley permite la publicación del pagare reclamado. Señala que ninguna persona ni institución le ha informado que la obligación en cuestión se encuentra pagada o extinguida, y que según el artículo 1698 del Código Civil incumbe probar la extinción de una obligación a quien a alega. Sostiene que su representada ha actuado de conformidad con la normativa vigente y solicita que se rechace la acción con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección, que contempla el artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Quinto: Que atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca, acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista y que se encuentre debidamente determinado, correspondiendo a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados de forma indubitada y que hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que de lo expuesto se colige que para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Séptimo: Que como se aprecia de la lectura del libelo pretensor, el recurrente señala un gran número de garantías constitucionales esto es las contenidas en los números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación y lo establecido en su inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y luego menciona como afectadas las establecidas en los números 3 y 21 de la Constitución que nos rige “al mantener al recurrente como moroso en sus registros, han emitido un pronunciamiento sobre la deuda y su exigibilidad, erigiéndose como un tribunal de la república, privando al recurrente de su derecho a que la decisión sea establecida por el juzgado competente”. Ello al informar la recurridas Dicom Equifax S.A. y de Destácame SpA, una deuda prescrita, publicando el protesto de un pagare.

Octavo: Que tal como se adelantó precedentemente, la presente acción tiene ciertos límites para su procedencia, entre ellos encontrarse afectado un derecho indubitado, esto es, certeramente determinado y no discutido por las partes, lo que en la especie no ocurre. En efecto, el recurrente pretende que no se publique una deuda por que en su concepto se encuentra prescrita, sin embargo, no aportó antecedente alguno que respaldara dicha situación.

Noveno: Que así las cosas, y considerando que no consta que los actos por los cuales el Sr. nombre reservado deduce el recurso afecten un derecho indubitado del que es titular, el recurso de protección interpuesto a su respecto no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción deducida por don David Villegas Merino, abogado, en representación de don nombre reservado en contra de Dicom Equifax S.A. y de Destácame SpA.

Redactada por la Ministra (S) Sra. Villegas Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°469-2021-PROT.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por las Ministros Sra., Ma. Carolina Catepillán Lobos, Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado. Se deja constancia que no firma la ministro (S) señora Villegas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.